El teniente Pedro Naranjo era piloto de helicópteros de la Guardia Nacional de Venezuela. Su padre, el general Pedro Naranjo Suárez, fue acusado de rebelión y delito contra el decoro por el régimen de Maduro y encarcelado inicialmente, para luego ser puesto bajo arresto domiciliario por problemas de salud.
Padre e hijo huyeron de Venezuela tras enterarse de que el arresto domiciliario del general Naranjo podría ser revocado. Emprendieron un peligroso viaje a través del golfo de Darién hasta Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Mientras que al padre se le concedió el asilo, la solicitud de Pedro fue denegada, supuestamente debido a la insuficiente demostración de “temor creíble”.
A pesar de la persecución política en su país de origen, Pedro Naranjo fue deportado a Venezuela, donde actualmente se enfrenta a un proceso judicial.
El papel de la administración Biden
El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, ha acusado a Nicolás Maduro y a su gobierno de narcoterrorismo, con la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiendo una orden de captura y una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro.
A pesar de estas acusaciones y de la ruptura de los lazos diplomáticos entre EE.UU. y Venezuela, la administración Biden procedió a la deportación de Pedro Naranjo. Esta acción ha sido criticada por contradecir la postura de EE.UU. sobre el régimen de Maduro y las leyes internacionales relativas al tratamiento de los solicitantes de asilo y refugiados políticos.
Implicaciones legales y éticas
Los críticos argumentan que la decisión del gobierno de Estados Unidos viola varios acuerdos y leyes internacionales, incluyendo la Convención de Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la Convención contra la Tortura. Estas leyes y convenciones exigen la protección de las personas que temen ser perseguidas en sus países de origen.
La decisión de la administración Biden podría exponer a Estados Unidos a desafíos legales en sus propios tribunales por no respetar las obligaciones internacionales y las leyes nacionales relativas a los refugiados.
Cuestiones de derechos humanos
El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma el derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en caso de persecución en otros países, un principio aparentemente contravenido en este caso.
Las organizaciones de derechos humanos y los críticos exigen responsabilidades a la administración Biden, haciendo hincapié en las compromisos morales y legales del gobierno estadounidense en la tramitación de los casos de asilo.
El caso del teniente Pedro Naranjo representa una compleja interacción de política internacional, marcos jurídicos y problemas de derechos humanos. Pone de relieve los retos y controversias de la política exterior y las prácticas de asilo de Estados Unidos, especialmente en relación con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
La administración Biden se enfrenta ahora al escrutinio y a las reacciones en contra por lo que muchos consideran un incumplimiento del compromiso histórico de Estados Unidos con la libertad y la protección de los derechos humanos.
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Por Nieves Roger
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