El caso del teniente Pedro Naranjo y la polémica decisión de la administración Biden

El teniente Pedro Naranjo era piloto de helicópteros de la Guardia Nacional de Venezuela. Su padre, el general Pedro Naranjo Suárez, fue acusado de rebelión y delito contra el decoro por el régimen de Maduro y encarcelado inicialmente, para luego ser puesto bajo arresto domiciliario por problemas de salud.

Padre e hijo huyeron de Venezuela tras enterarse de que el arresto domiciliario del general Naranjo podría ser revocado. Emprendieron un peligroso viaje a través del golfo de Darién hasta Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Mientras que al padre se le concedió el asilo, la solicitud de Pedro fue denegada, supuestamente debido a la insuficiente demostración de “temor creíble”.

A pesar de la persecución política en su país de origen, Pedro Naranjo fue deportado a Venezuela, donde actualmente se enfrenta a un proceso judicial.




El papel de la administración Biden

El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, ha acusado a Nicolás Maduro y a su gobierno de narcoterrorismo, con la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiendo una orden de captura y una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro.

A pesar de estas acusaciones y de la ruptura de los lazos diplomáticos entre EE.UU. y Venezuela, la administración Biden procedió a la deportación de Pedro Naranjo. Esta acción ha sido criticada por contradecir la postura de EE.UU. sobre el régimen de Maduro y las leyes internacionales relativas al tratamiento de los solicitantes de asilo y refugiados políticos.




Implicaciones legales y éticas

Los críticos argumentan que la decisión del gobierno de Estados Unidos viola varios acuerdos y leyes internacionales, incluyendo la Convención de Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la Convención contra la Tortura. Estas leyes y convenciones exigen la protección de las personas que temen ser perseguidas en sus países de origen.

La decisión de la administración Biden podría exponer a Estados Unidos a desafíos legales en sus propios tribunales por no respetar las obligaciones internacionales y las leyes nacionales relativas a los refugiados.




Cuestiones de derechos humanos 

El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma el derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en caso de persecución en otros países, un principio aparentemente contravenido en este caso.

Las organizaciones de derechos humanos y los críticos exigen responsabilidades a la administración Biden, haciendo hincapié en las compromisos morales y legales del gobierno estadounidense en la tramitación de los casos de asilo.

El caso del teniente Pedro Naranjo representa una compleja interacción de política internacional, marcos jurídicos y problemas de derechos humanos. Pone de relieve los retos y controversias de la política exterior y las prácticas de asilo de Estados Unidos, especialmente en relación con regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela. 

La administración Biden se enfrenta ahora al escrutinio y a las reacciones en contra por lo que muchos consideran un incumplimiento del compromiso histórico de Estados Unidos con la libertad y la protección de los derechos humanos.


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