El controvertido programa de parole humanitario, una iniciativa de la administración Biden destinada a proporcionar un paso seguro a Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, se enfrenta este jueves a su día en los tribunales. El destino del programa, que ha sido un faro de esperanza para decenas de miles de personas en busca de refugio, está ahora en manos del juez de distrito Drew Tipton en Victoria, Texas.
Menos de un mes después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el programa en enero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con los líderes de otros 20 estados republicanos, impugnaron su legalidad. Los estados argumentan que el programa es en realidad una iniciativa de visados puesta en marcha sin la aprobación del Congreso, eludiendo así los controles y equilibrios esenciales.
La iniciativa de parole humanitario ha sido testigo de una demanda abrumadora. A 31 de julio, más de 181 000 personas de los cuatro países mencionados habían entrado en Estados Unidos por esta vía. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos limitó las autorizaciones a 30 000 al mes, al menos 1,5 millones de solicitudes seguían pendientes en mayo, según un informe de la CBS.
En un intento de apoyar el programa, 15 estados, entre ellos Nueva York, California y el Distrito de Columbia, han presentado una petición al juez Tipton, haciendo hincapié en las nefastas consecuencias de detener la iniciativa. Sus preocupaciones giran en torno a posibles trastornos sociales y económicos, la trágica perspectiva de separaciones familiares y la amenaza de deportación de personas a países de origen inestables.
El gobierno de Biden ha trabajado para hacer frente a los problemas de la inmigración, en particular la afluencia de refugiados haitianos y cubanos por vía marítima. Este programa de libertad condicional es una de las diversas medidas adoptadas para gestionar tanto el flujo de inmigrantes a la frontera entre EE.UU. y México.
Los posibles beneficiarios del programa de parole humanitario deben superar varios trámites. Deben tener un patrocinador financiero en EE.UU., someterse a controles médicos y de antecedentes y, una vez aprobados, tienen un plazo limitado para viajar a EE.UU. A su llegada, pueden solicitar permisos de trabajo, pero la administración no ha dicho nada sobre lo que viene después del periodo de dos años de parole.
En particular, el marco del programa parece estar influido por una iniciativa anterior para los ucranianos que huyen del conflicto. A diferencia del programa para los países latinoamericanos y caribeños, el programa ucraniano no ha sido impugnado por los gobernadores demandantes.
A pesar de las estrictas medidas de la administración Biden contra la inmigración ilegal, incluida una posible prohibición de cinco años para los infractores, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró cerca de 2 millones de encuentros en la frontera suroeste entre octubre de 2022 y julio de 2023. Además de la presión migratoria, las Naciones Unidas revelaron que 250 000 migrantes atravesaron a pie la peligrosa selva del Tapón del Darién para llegar a Estados Unidos.
A medida que se acerca el juicio, la cuestión más general sigue siendo si Estados Unidos mantendrá sus compromisos sobre inmigración o si prevalecerá la preocupación por la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes. El veredicto tendrá profundas implicaciones para los beneficiarios actuales y futuros del programa de parole humanitario.
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