Cuando el presidente Donald Trump dejó el cargo en enero de 2021, su administración era considerada casi unánimemente un fracaso. Había quedado muy por debajo de las expectativas que él mismo había creado —construir un muro en la frontera con México, revitalizar la manufactura estadounidense y transformar la economía— y había gestionado de forma caótica una pandemia de coronavirus que devastó al país.
Tras perder con claridad las elecciones de noviembre de 2020, Trump recurrió a una serie de demandas infundadas y otros métodos para tratar de alterar el recuento de votos: intentos descarados de mantenerse en el poder que culminaron en el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Aunque Trump eludió la condena en su juicio político en el Senado, los votantes de todo el espectro político lo consideraron responsable del motín, al igual que muchos cargos electos del Partido Republicano.
Pero incluso mientras la prensa escribía el obituario político de Trump, un pequeño grupo de antiguos miembros de su administración comenzaba a reunirse en torno a una visión diferente: Trump no había fracasado, había sido saboteado. Seguían convencidos de que las elecciones habían sido robadas —aunque no existiera prueba alguna de ello—, y aunque no necesariamente discrepaban de quienes consideraban la presidencia de Trump un fracaso en materia de políticas públicas, creían que el problema residía en que el sistema lo había traicionado.
En su opinión, una administración prometedora y un presidente visionario habían sido obstaculizados por nombramientos perezosos, saboteadores republicanos fieles a los viejos dogmas del partido y burócratas profesionales.
Estos disidentes creían que la única forma de lograr la nación cristiana y de derechas que anhelaban era mediante un asalto cuidadosamente organizado al Gobierno de los Estados Unidos tal como existía. El próximo presidente republicano tendría que replantearse no solo las políticas y la estrategia política, sino las cuestiones más fundamentales sobre el funcionamiento del Estado y, quizás igual de importante, sobre quién debía hacerlo funcionar. No se trataba de una visión conservadora del gobierno, sino de una postura abiertamente radical, basada en la convicción de que ya no quedaba ningún orden constitucional que preservar. Y sus promotores creían no solo que su oportunidad llegaría pronto, sino que había un único hombre capaz de llevarla a cabo: Donald J. Trump.
Durante los cuatro años de la presidencia de Joe Biden, figuras como Paul Dans, Russell Vought y Kevin D. Roberts se dedicaron a preparar una segunda administración Trump que superara con creces a la primera.
Aunque algunos de los colaboradores también participaban en su equipo de reelección, este trabajo se centraba exclusivamente en lo que ocurriría una vez que Trump regresara al poder.
Bajo el amparo de la Heritage Foundation, un think tank conservador fundado hace cincuenta años, diseñaron un plan de cuatro pilares que incluía una plataforma política detallada, una enorme base de datos de posibles miembros de la administración, programas de formación para futuros funcionarios y un manual para ejecutar un asalto relámpago al Gobierno desde el primer día. Lo llamaron Proyecto 2025.
El Proyecto 2025 es la clave maestra para comprender la segunda presidencia de Trump, así como el futuro del Partido Republicano y de la derecha estadounidense. No coincide exactamente con la agenda de Trump, pero su planificación meticulosa —en contraste con la improvisación caótica que suele caracterizar al expresidente— le permite situarse como la fuerza dominante dentro de la administración y ofrecer el plano intelectual para las decisiones políticas y de gobierno durante los próximos cuatro años y más allá.
Roberts, presidente de Heritage, escribe que el Proyecto 2025 tiene cuatro objetivos: “Restaurar la familia como núcleo de la vida estadounidense y proteger a nuestros hijos; desmantelar el Estado administrativo y devolver al pueblo estadounidense el autogobierno; defender la soberanía, las fronteras y la prosperidad de nuestra nación frente a las amenazas globales; y asegurar nuestros derechos individuales otorgados por Dios para vivir en libertad —lo que nuestra Constitución llama ‘las Bendiciones de la Libertad’”.
Este resumen insinúa algunas de las ideas más extremas del proyecto, especialmente al destacar los temas familiares y el ataque al llamado Estado administrativo, un término académico que se refiere a la mayor parte de la burocracia federal tal como la conocemos.
Pero Roberts pasa por alto gran parte del radicalismo del plan. El Proyecto 2025 es un esquema destinado a ampliar de forma masiva el poder del presidente. Sus impulsores quieren que Trump pueda llenar el poder ejecutivo de cargos políticos, despedir a los funcionarios públicos a voluntad, eliminar la imparcialidad histórica del Departamento de Justicia, socavar la independencia legal de organismos como la Comisión Federal de Comunicaciones y apropiarse de las facultades del Congreso para concentrarlas en la presidencia.
Un artículo de fe para el Proyecto 2025 sostiene que el movimiento progresista, a diferencia de la derecha, está muy organizado y regimentado. Esta visión puede sorprender a quien haya observado a la izquierda en acción durante la última década, pero los autores lo plantean con total seriedad. A veces los progresistas descalifican a los líderes conservadores como cínicos; sin embargo, estas son las argumentaciones de los verdaderos creyentes.
“La cruda realidad en Estados Unidos es que estamos en las etapas finales de una completa toma marxista del país, en la que nuestros adversarios ya controlan las armas del aparato gubernamental y las han apuntado contra nosotros”, ha dicho Vought, jefe del presupuesto de Trump y figura clave de Proyecto 2025. “Y van a seguir apuntando hasta que ya no tengan que ganar elecciones”.
Dans, director del Proyecto 2025 y un miembro de rango medio de la primera administración Trump, ha advertido que los estadounidenses estaban “viviendo bajo una suerte de reinado tiránico de Joe Biden” y “en medio de una revolución neomarxista aquí, en Estados Unidos, y tenemos que despertarnos ante lo que está ocurriendo”.
Esa visión apocalíptica hace eco de “The Flight 93 Election”, un artículo publicado en 2016 de manera póstuma en la Claremont Review of Books que se convirtió en un grito de guerra para los intelectuales radicales de la derecha. (El título alude al vuelo secuestrado del 11 de septiembre cuyos pasajeros y tripulantes sacrificaron sus vidas forzando a los terroristas a estrellar el avión lejos de su objetivo previsto: el Capitolio). El autor describía las elecciones de 2016 en términos apocalípticos, sosteniendo que para la derecha, para los estadounidenses y para Occidente en su conjunto, eran necesarias acciones drásticas y posiblemente de carácter sacrificial.
“2016 es la elección del vuelo 93: cargar contra la cabina o mueres. Puede que mueras de todas formas. Tú —o el líder de tu partido— puedes llegar a la cabina y no saber pilotar ni aterrizar el avión”, advertía el ensayo. “No hay garantías. Excepto una: si no lo intentas, la muerte es segura. Para agravar la metáfora: una presidencia de Hillary Clinton es ruleta rusa con un semiautomático. Con Trump, al menos puedes girar el tambor y jugártela”.
El autor, luego identificado como Michael Anton, llegó a formar parte del Consejo de Seguridad Nacional de Trump. Más tarde contribuyó al Proyecto 2025, que incorpora su tono y su visión. Un principio central del proyecto es que la única forma de revertir la peligrosa politización del poder ejecutivo es politizarlo aún más: que, como decía la infame frase de la guerra de Vietnam, hay que destruir la aldea para salvarla. Esta visión nihilista ha encontrado audiencia entre el número creciente de votantes que dicen a las encuestas que creen que el sistema estadounidense está tan podrido que prefieren verlo totalmente destruido.
Si el diagnóstico del Proyecto 2025 es dramático, sus ambiciones lo son aún más. Dans ha dicho: “Será un momento al estilo JFK. Es un auténtico renacimiento, si se quiere, en la gobernanza”. Vought declaró que 2024 sería un año que “rivalizaría con 1776 y 1860” en importancia para la nación. Y Roberts expresó con aún mayor contundencia tanto lo que está en juego como sus intenciones respecto a cualquiera que intente interponerse: “Estamos en medio de la segunda Revolución Americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, afirmó en una entrevista en julio de 2024.
Este tipo de retórica, así como el nombre que parece sacado de una película de James Bond, explica por qué el Proyecto 2025 ha recibido mucha más atención que otros documentos preelectorales que los think tanks partidistas publican cada cuatro años.
El documento principal, titulado Mandate for Leadership, es una lectura desconcertante, donde descripciones técnicas y objetivas de los organismos del poder ejecutivo —esas oficinas con siglas ininteligibles— conviven con ideas políticas extravagantes, a veces, incluso, en la misma página.
Los políticos suelen acusar a sus adversarios de concebir planes siniestros e impopulares y ocultarlos al electorado. En este caso, Heritage reunió todas esas ideas y las publicó en un PDF en línea, disponible para quien quisiera leerlas, un año y medio antes de las elecciones.
Las primeras alertas sobre el Proyecto 2025 surgieron cuando Mandate fue publicado en 2023, pero muchos votantes oyeron hablar del proyecto por primera vez en el verano de 2024.
En los BET Awards del 30 de junio, la actriz Taraji P. Henson animó a la audiencia a recordar su nombre: “El plan Proyecto 2025 no es un juego. Búscalo”. Muchos lo hicieron: las búsquedas en internet se dispararon. Durante la Convención Nacional Demócrata en agosto, varios oradores mostraron una enorme réplica del libro para atraer la atención de los votantes hacia el Proyecto 2025.
Trump reaccionó furioso. “No tengo nada que ver con el Proyecto 2025”, dijo durante su debate de septiembre con Kamala Harris, quien lo acusó de querer aplicar el plan. “Eso está ahí fuera. No lo he leído. No quiero leerlo, deliberadamente. No voy a leerlo”. (Probablemente era cierto: aunque Dans esperaba que “unos ojos leyendo estos pasajes fueran los del 47.º presidente de Estados Unidos”, Trump rara vez lee nada). Aun así, pese a afirmar no saber nada al respecto, calificó algunas de las ideas como “absolutamente ridículas y deplorables” y aseguró: “No tengo ni idea de quién está detrás de eso”.
Sus protestas eran absurdas. Aunque el Proyecto 2025 no estaba formalmente vinculado a la campaña de Trump, estaba profundamente entrelazado con su órbita. Tres cuartas partes de los autores y colaboradores trabajaron en su primera administración, cuatro de ellos —Vought, Ben Carson, Chris Miller y John Ratcliffe— en el nivel de gabinete. Decenas de colaboradores adicionales también habían servido bajo Trump. Como candidato, nombró a Vought director de políticas del comité de plataforma de la Convención Nacional Republicana de 2024. El vicepresidente J. D. Vance escribió el prólogo de un libro de Roberts que finalmente se pospuso después de la oleada de críticas al Proyecto 2025.
“El presidente Trump está totalmente comprometido con esto”, dijo Dans en 2023. Al año siguiente, declaró a la Australian Broadcasting Corporation: “Tenemos integración con la gente de la campaña. La realidad es que… a menudo somos nosotros quienes aportamos las ideas”. Añadió: “Este será realmente el motor de la próxima administración. Muchos de los que participaron serán convocados para servir de nuevo”.
Trump tenía razones prácticas para distanciarse del Proyecto 2025: muchas de sus propuestas son profundamente impopulares y complicaban sus intentos de evitar los temas más espinosos. Su campaña presentó solo una plataforma ambigua de 20 puntos que eludía las decisiones y concesiones más controvertidas. En cambio, a lo largo de casi mil páginas, Mandate se adentra de lleno en esos campos minados.
Cuando Heritage encargó una encuesta a finales de julio y principios de agosto de 2024, descubrió que dos tercios de los votantes habían oído hablar del Proyecto 2025, y solo un 14% lo apoyaba. Otro 47% lo desaprobaba. En los Estados clave en disputa, el número de votantes que lo conocían y lo desaprobaban era aún mayor. En medio del revuelo, Dans abandonó Heritage a finales de julio de 2024, aunque el trabajo principal del Proyecto 2025 ya estaba prácticamente concluido.
A medida que Trump avanza en su segundo mandato, muchas voces lo rodean —algunas procedentes de entornos distintos y con visiones diferentes a las de los autores del Proyecto 2025. Pero, una vez concluida la elección, abandonó cualquier pretensión de distancia con el proyecto. Su primera ronda de nombramientos incluyó a muchos de sus colaboradores: Tom Homan (zar fronterizo), John Ratcliffe (director de la CIA), Brendan Carr (presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones), Paul Atkins (presidente de la Comisión de Bolsa y Valores), Peter Navarro (asesor principal), Michael Anton (director de planificación política del Departamento de Estado), Pete Hoekstra (embajador en Canadá) y Russell Vought (jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto).
Sin embargo, el Proyecto 2025 no necesita nombres célebres en los puestos más visibles para tener éxito. Su teoría es que construir sistemas y ocupar los niveles medios y bajos del poder ejecutivo son las claves para tomar el control efectivo del Gobierno.
Un análisis de Bloomberg Government halló que treinta y siete de las cuarenta y siete acciones ejecutivas adoptadas por Trump en sus primeros días de regreso al poder coincidían directa o parcialmente con las recomendaciones del Proyecto 2025.
Inmigración y seguridad fronteriza
Ningún tema ha definido tanto la carrera política de Donald Trump —ni ha despertado tanto entusiasmo entre sus votantes— como la seguridad fronteriza. Desde su primera aparición como candidato presidencial en 2015, ha demonizado a los inmigrantes (a menudo en términos abiertamente racistas) y ha prometido impedir la entrada de personas en Estados Unidos, no solo deteniendo y deportando a los inmigrantes indocumentados, sino también reduciendo la inmigración legal.
La inmigración fue el tema central de la primera campaña presidencial de Trump, y con frecuencia sugería que un líder con suficiente determinación podría cerrar la frontera con facilidad. Una vez en el cargo, descubrió que era mucho más difícil. Su administración estuvo marcada por los enfrentamientos entre los sectores más duros contra la inmigración —como su asesor Stephen Miller— y otros colaboradores que deseaban reducir la inmigración ilegal pero se esforzaban por cumplir las órdenes de Trump sin violar la ley. Durante sus cuatro años en la Casa Blanca, Trump aplicó una serie de medidas con resultados dispares y un apoyo público variable, como la separación de familias en la frontera y la construcción improvisada e ineficaz de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Nada de eso detuvo el flujo migratorio. Trump aumentó las detenciones en la frontera, pero deportó a menos personas que Barack Obama.
Solo la pandemia de COVID-19 marcó una diferencia significativa. A comienzos de 2020, los viajes internacionales se paralizaron, y la administración Trump recurrió a una ley sanitaria existente, el Título 42, para cerrar de facto gran parte de la frontera. Esta norma permitió a Estados Unidos rechazar a quienes cruzaban la frontera sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo, un derecho reconocido por la legislación estadounidense e internacional.
El Título 42 permaneció vigente hasta 2023, cuando la administración Biden puso fin a las emergencias sanitarias relacionadas con la pandemia. Según el Gobierno, se rechazó la entrada de 2,8 millones de personas bajo esta medida, aunque algunas pudieron haber intentado cruzar nuevamente después.
El Proyecto 2025 se enfrenta al mismo desafío fundamental en materia migratoria que afrontó Trump en su primer mandato. El sistema migratorio estadounidense está, según un consenso casi unánime, profundamente roto. Desde George W. Bush, varios presidentes han intentado reformarlo y aplicar sus propias prioridades políticas, pero los mayores problemas escapan al control de la Casa Blanca.
Entre ellos figuran un sistema de asilo con un personal insuficiente para atender el enorme atraso de solicitudes y la necesidad de crear una vía hacia la ciudadanía para quienes ya viven ilegalmente en el país, pero están profundamente integrados en las comunidades y la economía estadounidense.
Solo el Congreso puede resolver estos problemas, pero varios intentos de reforma migratoria integral han fracasado porque ni demócratas ni republicanos han querido hacer las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo. Además, el Gobierno federal tiene un control limitado sobre los factores que impulsan a las personas a emigrar a Estados Unidos, como las oportunidades económicas, la inestabilidad o represión política en sus países de origen y los desastres naturales.
La solución preferida por el Proyecto 2025 consiste en concentrar tanto poder como sea posible en el poder ejecutivo. Siguiendo las opciones planteadas en el proyecto, la administración Trump podría endurecer drásticamente las políticas contra la inmigración ilegal y legal por igual.
El plan propone aumentar de manera considerable las deportaciones de inmigrantes indocumentados, además de emplear otros medios para hacer la vida más difícil a quienes se encuentran en el país sin autorización, y castigar a los Estados que no cooperen. También contempla revocar el estatus legal de ciertos inmigrantes admitidos en Estados Unidos y restringir aún más la inmigración legal, aunque algunos de los métodos que propone son de dudosa legalidad o constitucionalidad.
En conjunto, estos cambios supondrían una transformación radical del sistema migratorio estadounidense, convirtiendo a un país famoso por su población inmigrante en uno mucho más duro y menos hospitalario.
La administración Trump parece contar con apoyo popular para al menos algunas de estas medidas: un número creciente de estadounidenses quiere ver menos inmigración y una frontera más segura. Sin embargo, varias de estas medidas podrían perjudicar la economía, y no está claro que reducirían el número de inmigrantes en el país ni de cerca a la magnitud que Trump ha exigido.
Los votantes también han reaccionado con rechazo ante el terrible coste humano de propuestas como las que plantea el Proyecto 2025. En 2017 y 2018, Trump implementó una política de separación de niños y adultos en la frontera. El objetivo explícito era disuadir a las personas de intentar entrar en Estados Unidos arrebatándoles a sus hijos, pero las historias, imágenes y grabaciones de niños pequeños y bebés separados de sus padres y retenidos en centros de detención insalubres y con personal insuficiente conmocionaron y escandalizaron al país. Incluso los defensores de las restricciones migratorias se horrorizaron, y Trump se vio obligado a cancelar la política.
El daño, sin embargo, perdura: miles de niños fueron separados de sus padres, y algunos aún no han sido reunificados. El debate sobre la política migratoria (incluso aquí) puede abordarse de manera desapasionada, centrado en estadísticas, sistemas y leyes, pero la separación familiar recordó que, en última instancia, se trata de seres humanos.
El capítulo del Proyecto 2025 dedicado al Departamento de Seguridad Nacional fue escrito por Ken Cuccinelli, un exfuncionario de la administración Trump con un historial peculiar. Ferviente conservador social y activista contra los derechos LGBTQ+, fue candidato a gobernador de Virginia en 2013, sin éxito.
Durante la administración Trump, se desempeñó como director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y como subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, aunque ambos nombramientos fueron posteriormente declarados ilegales.
Cuccinelli comienza con una idea sorprendente: abolir por completo el Departamento de Seguridad Nacional y crear una sola agencia encargada de supervisar las fronteras y la inmigración, redistribuyendo las demás oficinas entre el resto del poder ejecutivo.
El Congreso creó el departamento tras los atentados del 11 de septiembre, combinando una serie de entidades poco relacionadas entre sí: diversas oficinas dedicadas a inmigración y control fronterizo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la recién creada Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Cuccinelli considera que este modelo ha fracasado: “Las distintas misiones de sus componentes han prevalecido sobre su intento de funcionar durante décadas como un solo departamento, haciendo que el conjunto sea disgregado más que cohesivo”. Tiene razón, y el mismo argumento ha sido planteado en otros lugares, incluido el medio progresista The New Republic.
Desde la perspectiva de Cuccinelli, la gran ventaja sería crear una sola agencia dedicada por completo a sus prioridades en materia migratoria, sin distracciones.
En cuanto al resto, propone privatizar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que supondría volver a una situación similar a la anterior al 11-S; trasladar la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras al Departamento de Transporte; y enviar la Guardia Costera al de Justicia o al de Defensa.
En una decisión sensata, plantea dividir el Servicio Secreto estadounidense. Creado originalmente para combatir la falsificación, pero hoy más conocido por su función de protección presidencial, el Servicio Secreto combina misiones poco compatibles y ha sufrido una serie de fallos vergonzosos y casi catastróficos, incluidas las dos tentativas de asesinato contra Trump en 2024.
Sin embargo, si el Congreso no llegara a disolver el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Cuccinelli propone fusionar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en una sola unidad dentro del departamento.
Con o sin reorganización, quiere más cargos de designación política, mayor dependencia de funcionarios interinos antes de que se confirmen los nombramientos permanentes y, por supuesto, un fuerte aumento del presupuesto del DHS. “El próximo presidente debería solicitar un presupuesto realista que cubra plenamente estos costos”. Una red de control migratorio de gran escala no puede funcionar con recursos mínimos.
Uno de los efectos secundarios más peligrosos de esta obsesión con la inmigración es que FEMA podría quedar relegada. Su desempeño durante la administración Trump fue irregular, y los expertos en gestión de desastres culparon al presidente de haber concebido el DHS únicamente como una agencia fronteriza.
Cuccinelli dedica poca atención a FEMA en su capítulo, y lo poco que menciona se centra en reducir el papel de la asistencia federal y trasladar la carga a los Gobiernos estatales y locales, una idea imprudente en un momento en que el país afronta un aumento de desastres meteorológicos de gran escala, pero que Trump ya había planteado en su primera semana de regreso al poder.
El primer gran objetivo en materia migratoria que expone el Proyecto 2025 es garantizar que muchas menos personas entren al país, tanto legal como ilegalmente.
Cuccinelli imagina una autoridad similar al Título 42, pero activada no por una emergencia sanitaria, sino por una declaración de “pérdida de control operativo de la frontera”. Esto permitiría a Estados Unidos rechazar a solicitantes de asilo que, de otro modo, tendrían derecho legal a presentar su petición.
También pretende elevar el umbral para acreditar un temor creíble de persecución en el país de origen y reducir de forma significativa las visas disponibles para víctimas de delitos que colaboran con las fuerzas del orden.
Cuccinelli considera que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos está demasiado inclinado a conceder permisos de entrada —lo describe como una “agencia de fronteras abiertas”— y quiere ralentizar su funcionamiento mediante un examen más estricto de las solicitudes por posibles causas de inelegibilidad o fraude.
Sin embargo, haría una excepción: propone ampliar el sistema de “tramitación premium”, que permite a quienes puedan y quieran pagar más adelantar su turno en la fila.
El Proyecto 2025 recomienda incorporar a una serie de otras oficinas federales para asistir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a la agencia que lo sustituya con un enfoque exclusivo en inmigración.
El Departamento de Trabajo limitaría y luego eliminaría progresivamente el visado H-2A, que permite la entrada temporal de cientos de miles de trabajadores agrícolas estacionales a Estados Unidos; también se eliminaría otro visado temporal destinado a trabajadores no agrícolas.
Asimismo, se restringiría el H-1B, un visado para trabajadores especializados utilizado con frecuencia en la industria tecnológica.
El Departamento de Estado también contribuiría a cerrar las vías de entrada legal a Estados Unidos.
“Hasta cierto punto, el Departamento de Estado y muchos de sus empleados parecen considerar el sistema migratorio estadounidense menos como una herramienta para fortalecer al país y más como un programa de asistencia global”, se queja Kiron K. Skinner.
Propone que el Departamento aplique con mayor rigor las tasas de visado a los ciudadanos de países que exigen visado a los estadounidenses, suspenda todos los visados a los nacionales de países que no acepten deportados y reduzca los visados de estudiante para personas procedentes de naciones no aliadas.
Al igual que Trump —quien redujo drásticamente la admisión de refugiados durante su primer mandato—, Skinner sostiene que la oficina de refugiados del Departamento de Estado “debe reasignar sus recursos a los desafíos derivados de la situación migratoria actual hasta que la crisis pueda ser contenida”, lo que en la práctica cerraría cualquier vía de entrada para los refugiados.
Mientras tanto, las fuerzas armadas ayudarían a impedir la entrada ilegal.
Además de desplegar tropas para construir muros fronterizos y trabajar en los puntos de acceso, Cuccinelli escribe que la próxima administración debería usar “personal militar en servicio activo y miembros de la Guardia Nacional para ayudar en operaciones de arresto a lo largo de la frontera, algo que aún no se ha hecho”.
Esto no se ha hecho porque existe un consenso general de que la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley dentro del territorio nacional.
Trump desplegó tropas en activo en la frontera durante su primer mandato, pero la mayoría terminó sin funciones debido a estas restricciones. Aun así, el Pentágono anunció en enero de 2025 el envío de cinco mil soldados de combate a la frontera.
Russell Vought, el cerebro detrás del Proyecto 2025, ha argumentado en otros contextos que los cruces fronterizos constituyen una “invasión”, lo que justificaría legalmente el uso de las fuerzas armadas: “Debemos ser radicales al descartar o replantear los paradigmas jurídicos que han limitado nuestra capacidad para volver a la Constitución original”.
En otras palabras, ignorar las leyes que resulten incómodas. Cuccinelli también busca crear vías para que las agencias policiales locales puedan aplicar las leyes migratorias, algo que, en general, no está permitido desde una sentencia del Tribunal Supremo de 2012.
Lo que la nueva administración no puede hacer es reanudar la separación familiar. Un acuerdo de 2023 entre el Gobierno federal y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) prohíbe la aplicación de esa política durante los próximos ocho años.
Incluso mientras intenta sellar la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajaría para deportar al mayor número posible de personas que ya se encuentran en el país.
Un primer paso sería eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mediante el cual el secretario de Seguridad Nacional otorga derechos de residencia y trabajo en Estados Unidos a personas procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras calamidades.
Trump comenzó a hacerlo en febrero de 2025. Según el Brookings Institution, en diciembre de 2024 había en Estados Unidos unas 850.000 personas con este estatus.
Las administraciones presidenciales también han utilizado una autoridad denominada “parole”, que permite admitir a personas en el país por “razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo”. Biden, por ejemplo, intentó emplearla para permitir que los cónyuges no ciudadanos de estadounidenses permanecieran en el país. Cuccinelli quiere que el Congreso limite su uso.
Las administraciones recientes han tendido a priorizar los delitos más graves y a no perseguir todos los casos posibles, pero Cuccinelli propone destinar muchos más recursos a la aplicación estricta de las leyes.
El Departamento de Justicia instruiría a los fiscales federales para que se concentren en delitos relacionados con inmigración.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS) investigaría casos de ciudadanos naturalizados cuya ciudadanía pudiera revocarse legalmente por fraude.
Además, cualquier empleado del DHS con capacidad de hacer cumplir la ley sería trasladado de las oficinas al terreno.
Varios cambios en los procedimientos provocarían que muchos más inmigrantes fueran detenidos, mantenidos bajo custodia o deportados sumariamente.
El proceso de “expulsión acelerada” permite a los agentes de inmigración deportar a determinadas personas sin audiencia judicial, pero actualmente solo se aplica dentro de un radio de 100 millas desde la frontera, una directriz que Cuccinelli revocaría.
Esto generaría el riesgo de que residentes legales —e incluso ciudadanos— fueran deportados sin ningún procedimiento legal que les permitiera impugnar su expulsión.
También eliminaría el uso del “cierre administrativo”, un mecanismo que retira audiencias migratorias del calendario judicial de forma indefinida y, con frecuencia, permanente.
Las directrices actuales impiden asimismo a los agentes del ICE arrestar personas en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias o durante funerales, pero Cuccinelli eliminaría esas restricciones. La segunda administración Trump emitió órdenes para ampliar la expulsión acelerada y revocar la política de lugares sensibles inmediatamente después de asumir el poder.
Muchos inmigrantes detenidos en Estados Unidos son liberados bajo fianza, ya que el gobierno dispone de un espacio limitado en los centros de detención y afronta un enorme retraso en los procedimientos. Cuccinelli pretende restringir el uso de la fianza y solicitar al Congreso fondos para construir grandes nuevas instalaciones de detención y contratar más agentes de deportación que gestionen a las personas mantenidas bajo custodia.
Incluso sin deportar realmente a las personas, el Gobierno federal podría adoptar una serie de medidas para hacer de Estados Unidos un lugar menos hospitalario para los inmigrantes sin autorización.
El sistema E-Verify, utilizado para comprobar si los trabajadores están legalmente autorizados a trabajar en el país, es opcional para las empresas privadas, salvo los contratistas del Gobierno. Cuccinelli quiere que el Congreso lo declare obligatorio, lo que dificultaría que los inmigrantes sin papeles encontraran empleo.
Aunque los conservadores tradicionalmente han defendido el control local de muchas políticas, el Proyecto 2025 propone reforzar el poder federal sobre los gobiernos estatales y locales.
Muchas agencias policiales se han negado a cooperar con ICE por presiones de sus votantes, por preocupaciones sobre abusos o por el coste que supone, pero Gene Hamilton recomienda condicionar 7.000 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Justicia a la cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional.
Cuccinelli propone hacer que parte de los fondos de FEMA dependan de la aplicación de las leyes migratorias, y que el Departamento de Educación corte el acceso a préstamos federales en los Estados donde los inmigrantes sin autorización puedan beneficiarse de las matrículas universitarias estatales.
En conjunto, estas medidas podrían provocar una fuerte reducción en el número de inmigrantes sin papeles en el país, aunque Cuccinelli no estima cuántos. Trump ha prometido deportar a veinte millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero eso es probablemente imposible: los mejores datos disponibles sugieren que ni siquiera hay veinte millones de inmigrantes sin autorización en el país.
Durante el primer mandato de Trump, las objeciones más sonoras a su política migratoria no fueron de tipo procedimental, sino moral. Además de separar familias, Trump atacó a refugiados, solicitantes de asilo y otras personas vulnerables. Como escribió Adam Serwer en The Atlantic, “la crueldad es el objetivo”.
En un segundo mandato, muchas de las objeciones morales seguirán vigentes, pero las ideas expuestas por Trump en la campaña y las que figuran en el Proyecto 2025 plantean la posibilidad de que se vea obligado a elegir entre sus políticas migratorias y económicas.
Ha prometido reducir la inflación, pero una deportación masiva podría paralizar sectores de la economía estadounidense dependientes de la mano de obra inmigrante, como la agricultura y la construcción, elevando los costes.
Oren Cass, uno de los autores del Proyecto 2025, sostiene que la necesidad de trabajadores inmigrantes está sobrevalorada, pero incluso así, el efecto inmediato de una deportación masiva sería un daño económico.
Un buen ejemplo es Springfield, Ohio, la ciudad cuya población haitiana Trump difamó sin fundamento durante la campaña de 2024. Como señalaron muchos de sus dirigentes y residentes, la llegada de haitianos revitalizó una ciudad industrial en decadencia. Expulsarlos revertiría esos avances.
Las deportaciones masivas casi nunca se han intentado en la historia de Estados Unidos, y el único ejemplo destacado sirve de advertencia. En 1954, la administración Eisenhower emprendió una gran redada de migrantes mexicanos en la zona fronteriza, deteniendo a más de un millón de personas, según el propio Gobierno estadounidense.
El programa fue una pesadilla: ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en las redadas, los deportados quedaron en condiciones inhumanas y muchos murieron. (Por si fuera poco, la operación fue bautizada con un insulto racista: “Operación Espalda Mojada”). Pero también fue un fracaso político. Los cruces ilegales se redujeron, sí, pero sobre todo porque, en respuesta a la demanda de los empleadores, el Gobierno creó un cauce legal para que los trabajadores pudieran entrar al país.
* Sobre el autor:
David A. Graham es redactor de The Atlantic, donde cubre temas de política y asuntos nacionales. Ganó el Premio Toner a la Excelencia en Información Política Nacional por su cobertura de las elecciones presidenciales de 2020. Vive en Carolina del Norte.
* Fuente: Capítulos “Introduction” e “Immigration and Border Security”, del libro The Project: How Project 2025 Is Reshaping America, de David A. Graham.
