Una juez federal dice que los agentes de la Patrulla Fronteriza han retenido ilegalmente a cientos de jóvenes inmigrantes en sitios de detención sin techo al sur de San Diego, sin comida adecuada, agua o protección contra los elementos.
La juez Dolly Gee ordenó el miércoles a los agentes de inmigración que dejen de enviar a los menores a los centros de detención desprotegidos y que los reúnan con sus padres u otros familiares adultos, afirmando que las prácticas del gobierno desde finales de 2022 han violado un acuerdo jurídicamente vinculante que los funcionarios federales firmaron 25 años antes.
La sentencia fue “una tremenda victoria para los niños”, dijo Neha Desai, directora de inmigración del National Center for Youth Law, la organización sin ánimo de lucro que presentó la demanda.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. dijo que estaba revisando el fallo, y no dijo si apelaría. “CBP continuará transportando a las personas vulnerables y los niños que se encuentran en la frontera a sus instalaciones lo más rápido posible”, dijo Jason Givens, portavoz de la agencia.
La práctica comenzó en octubre de 2022, cuando un gran número de migrantes comenzó a cruzar la frontera al oeste de San Ysidro. Después de tomarlos bajo custodia, dijo Gee en su fallo, la Patrulla Fronteriza los colocó durante horas o varios días en siete sitios al aire libre en el desierto, donde las temperaturas oscilaban entre más de 110 grados en el verano y solo 20 grados en el invierno, antes de trasladarlos a centros de detención interiores.
El saneamiento en los lugares al aire libre consistía en unos pocos lavamanos y puestos de agua que se llenaban rápidamente de basura y suciedad, dijo Gee. Según las normas federales, los detenidos debían recibir una comida cada seis horas y dos comidas calientes al día, pero en lugar de ello, según los testimonios, su suministro diario consistía en una botella de agua y un paquete de galletas. Gee dijo que también recibió testimonios de que los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. hicieron caso omiso de las peticiones de ayuda médica.
Gee dictaminó que el gobierno estaba violando un acuerdo legal de 1997, conocido como el acuerdo Flores, que exige a los funcionarios de inmigración estadounidenses que detienen a menores que los coloquen en el “entorno menos restrictivo disponible”. Luego deben ser entregados, sin demoras innecesarias, a un padre, pariente adulto o tutor legal, o, si no hay ninguno disponible, deben ser liberados y colocados en un programa que proporcione educación y servicios sociales.
La administración del presidente Donald Trump intentó poner fin al acuerdo Flores en 2019, diciendo que era innecesario e inviable, argumentos que Gee rechazó en 2020. La administración del presidente Joe Biden no ha cuestionado el acuerdo -aunque ha propuesto regulaciones que podrían reemplazarlo-, pero sus abogados argumentaron que los jóvenes en el caso actual no estaban realmente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y, por lo tanto, no estaban cubiertos por Flores.
Gee no estuvo de acuerdo. La agencia de los agentes, Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., “ejerce control sobre la salud, el bienestar y el movimiento físico (de los jóvenes)” en los centros de detención al aire libre, dijo. Y añadió que los lugares sucios y malolientes, donde los jóvenes a menudo deben hacer sus necesidades al aire libre, violan el requisito del acuerdo de instalaciones “seguras e higiénicas”.
La juez ordenó al gobierno que dejara de enviar a los menores a lugares al aire libre y que los pusiera en contacto con familiares adultos que hubieran sido detenidos. Ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras que notificara a un supervisor designado por el tribunal, antes del 10 de mayo, el número de menores que estaba deteniendo y cómo estaba cumpliendo su sentencia.
“Después de más de un año de sufrimiento innecesario de los niños en centros de detención al aire libre, estamos encantados de que el tribunal esté de acuerdo en que el gobierno ha estado violando el acuerdo Flores al retener a los niños en condiciones sucias e inseguras, al no proporcionarles alimentos adecuados y al no procesar a los niños con la mayor rapidez posible”, dijo la abogada Mishan Wroe, que defendió el caso en nombre del Centro Nacional para la Ley de la Juventud.
Aunque acogió con satisfacción el fallo, Desai, directora de inmigración del grupo, dijo que “sigue siendo una tragedia que un tribunal haya tenido que ordenar al gobierno que haga lo que la decencia humana básica y la ley exigen claramente”.
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