La administración Biden anunció el jueves un nuevo proceso para acelerar la resolución de los casos de inmigración de personas que han entrado recientemente en Estados Unidos sin autorización. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para hacer frente a los niveles sin precedentes de migración y a la creciente acumulación de casos.
El nuevo proceso pretende acortar significativamente el tiempo necesario para los procedimientos de asilo, reduciéndolo de años a meses. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hizo hincapié en la urgencia de la medida, declarando: “Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo, de modo que las personas que no reúnan los requisitos para el alivio puedan ser expulsadas más rápidamente y las que sí reúnan los requisitos puedan obtener protección antes”.
Este proceso acelerado se pone en marcha en un momento en que el presidente Joe Biden se enfrenta a una creciente presión electoral para que controle la inmigración, uno de los principales asuntos para muchos votantes según las últimas encuestas. La iniciativa se centrará inicialmente en las personas puestas en libertad con avisos para presentarse ante los tribunales de inmigración de Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Los jueces de estas ciudades tratarán de resolver los casos en un plazo de 180 días, lo que supone una reducción significativa de los plazos actuales, que pueden alargarse varios años.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia tiene actualmente más de 3,5 millones de casos pendientes, según investigadores de la Universidad de Syracuse. El nuevo programa de la administración Biden pretende aliviar parte de esta presión, aunque los funcionarios reconocen que se trata de un arreglo temporal y no de una solución global.
“Esta medida administrativa no sustituye a los cambios radicales y tan necesarios que aportaría el proyecto de ley bipartidista del Senado”, declaró Mayorkas. “Pero en ausencia de una acción del Congreso, haremos lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más eficaz y desalentar la migración irregular”.
El fiscal general Merrick Garland también destacó la importancia de las nuevas medidas, declarando: “Los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficaz de las leyes de inmigración. Estas medidas impulsarán esa misión ayudando a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y equidad.”
Para garantizar el cumplimiento del nuevo proceso acelerado, la Administración tiene previsto utilizar diversas medidas, entre ellas la vigilancia por GPS y la obligación de presentar informes. Las autoridades confían en que estas herramientas contribuyan a reducir los retrasos. Se ha determinado que los jueces de las ciudades seleccionadas tienen capacidad para tramitar los casos en el plazo de 180 días.
“Siempre estamos deseosos de recibir recursos adicionales”, señaló un funcionario. “Más jueces de inmigración y otros recursos sin duda ayudarían, pero hemos estructurado este expediente para aprovechar al máximo lo que tenemos actualmente”.
A pesar de estos esfuerzos, persisten las dudas sobre el impacto global de la nueva lista de casos sin más recursos y personal judicial. El gobierno de Biden sigue instando al Congreso a que promulgue reformas más amplias en materia de inmigración para abordar los problemas sistémicos del sistema de tribunales de inmigración.
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