El ex presidente Donald J. Trump, con vistas a regresar a la Casa Blanca en 2025, ha esbozado una expansión radical de las políticas de inmigración, que recuerdan, pero superan con creces las aplicadas durante su primer mandato. Estos planes, que pretenden endurecer significativamente los controles de inmigración de Estados Unidos, incluyen redadas a gran escala de inmigrantes indocumentados, deportaciones masivas y el establecimiento de extensos campos de detención.
Un elemento central de la estrategia propuesta por Trump es la reactivación de los planteamientos de línea dura de su mandato, como el restablecimiento de la prohibición de entrada de determinados países de mayoría musulmana. Un añadido llamativo a estas políticas es la reintroducción de una táctica de la era Covid-19 consistente en rechazar las solicitudes de asilo. A diferencia de antes, esta denegación se basaría ahora en el argumento de que los inmigrantes pueden ser portadores de enfermedades infecciosas como la tuberculosis.
Esta estrategia delinea una ofensiva integral contra la inmigración legal e ilegal, con redadas de gran envergadura planificadas en todo el país para identificar y deportar a millones de inmigrantes no autorizados cada año. Para facilitar esta ambiciosa empresa, Trump pretende reasignar recursos federales. Esto incluye la reasig**Amplia represión de la inmigración: La agenda de Trump para 2025**
En un movimiento audaz y controvertido, el ex presidente Donald J. Trump, con vistas a regresar a la Casa Blanca en 2025, ha esbozado una expansión radical de las políticas de inmigración, que recuerdan pero superan con creces las aplicadas durante su primer mandato. Estos planes, que pretenden endurecer significativamente los controles de inmigración de Estados Unidos, incluyen redadas a gran escala de inmigrantes indocumentados, deportaciones masivas y el establecimiento de extensos campos de detención.
Un elemento central de la estrategia propuesta por Trump es la reactivación de los planteamientos de línea dura de su mandato inicial, como el restablecimiento de la prohibición de entrada de determinados países de mayoría musulmana. Un añadido llamativo a estas políticas es la reintroducción de una táctica de la era Covid-19 consistente en rechazar las solicitudes de asilo. A diferencia de antes, esta denegación se basaría ahora en el pretexto de que los inmigrantes pueden ser portadores de enfermedades infecciosas como la tuberculosis.
Esta estrategia delinea una ofensiva integral contra la inmigración legal e ilegal, con redadas de gran envergadura planificadas en todo el país para identificar y deportar a millones de inmigrantes no autorizados cada año. Para facilitar esta ambiciosa empresa, Trump pretende recolocar recursos federales. Esto incluye la reasignación de varios agentes, así como el reclutamiento de policías locales y unidades de la Guardia Nacional de los estados liderados por los republicanos, para aumentar los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Otro aspecto controvertido del plan de Trump implica el uso de un proceso de expulsión acelerado, evitando las audiencias estándar de debido proceso para agilizar las deportaciones. Para gestionar la afluencia de detenidos, el plan prevé la construcción de campamentos masivos, destinados a alojar a las personas mientras se tramita su proceso de deportación. Haciéndose eco de las tácticas de su anterior mandato, Trump propone sortear posibles negativas de financiación del Congreso reasignando fondos del presupuesto militar, una estrategia que ya empleó anteriormente para ampliar el muro fronterizo.
Estas medidas están suscitando un amplio debate, reflejo de la naturaleza polarizadora de la postura de Trump en materia de inmigración. Sus defensores argumentan que estas disposiciones son esenciales para la seguridad nacional y el control de la inmigración, mientras que los críticos las condenan por constituir una grave violación de los derechos humanos y del debido proceso.
Mientras el panorama político se prepara para la carrera presidencial de 2025, estos planes sitúan la reforma de la inmigración en el primer plano del discurso nacional, lo que promete una campaña acalorada y divisiva.
