En un hecho crucial en la política española, el Partido Socialista (PSOE) y el partido catalán Junts per Catalunya (Junts) han alcanzado un acuerdo que despeja el camino para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Este acuerdo, que va más allá de un mero pacto de investidura, promete estabilizar la legislatura durante los próximos cuatro años. Santos Cerdán, del PSOE, ha anunciado el carácter integral de la ley de amnistía incluida en el acuerdo, asegurando que abarca a las personas implicadas en el intento independentista catalán, conocido como “el procés”, desde 2012 hasta 2023.
Este enfoque integrador del PSOE y Junts no sólo trata de resolver el impasse de la investidura, sino también de abordar la larga pugna política entre Cataluña y el Gobierno central español.
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El consenso alcanzado por PSOE y Junts supone un giro estratégico hacia la politización del conflicto catalán. Ambos partidos, a pesar de mantener profundas diferencias, se han hecho eco de que el acuerdo representa una vuelta al ámbito político para resolver los problemas. El ex presidente catalán Carles Puigdemont destacó el potencial de este acuerdo para abordar tensiones históricas a través del diálogo y la negociación. Cerdán se hizo eco de esta opinión y anunció el pacto como una “oportunidad histórica” para resolver un conflicto que sólo puede abordarse adecuadamente por medios políticos.
El acuerdo va más allá de la amnistía e introduce una mesa de diálogo con mediadores internacionales, atendiendo así a una vieja reivindicación de Puigdemont. La narrativa presentada en el acuerdo se alinea estrechamente con la perspectiva separatista, y aunque el texto se abstiene de criticar el proceso de independencia o a los jueces involucrados en los procedimientos legales, sí reconoce resoluciones internacionales pertinentes para la causa de los separatistas y denuncia las acciones policiales durante el referéndum de 2017.
Preparando el terreno para la negociación
Un punto central del acuerdo es el reconocimiento de “profundas discrepancias” en torno a la resolución de la cuestión catalana. PSOE y Junts han consentido que un mecanismo internacional supervise y haga un seguimiento del proceso de negociación, una concesión digna de mención por parte del PSOE, que anteriormente había rechazado la idea de un mediador externo.
La mesa de diálogo abordará tanto los agravios económicos como el reconocimiento de la identidad nacional catalana. Aunque no se ha articulado una renuncia explícita a medidas unilaterales, el texto sugiere un acuerdo indirecto de Junts para buscar un referéndum en el marco de la Constitución, a diferencia del referéndum unilateral celebrado en 2017.
El pacto también aclara la postura de cada partido en cuestiones críticas. Mientras Junts mantiene la legitimidad del referéndum de 2017 y la posterior declaración de independencia, el PSOE refuta su legalidad y sigue oponiéndose a las acciones unilaterales. No obstante, ambos partidos reconocen la posibilidad de alcanzar acuerdos sustanciales sin renunciar a sus respectivas posiciones.
Divergencias económicas y judiciales
Las divergencias económicas entre los dos partidos también se abordan en el acuerdo, con Junts abogando por la autonomía fiscal de Cataluña y el PSOE centrándose en la independencia financiera de la región y el acceso a los mercados.
La polémica ley de amnistía también se detalla, abarcando los actos relacionados con “el procés” desde 2012 hasta 2023 y evitando referencias explícitas a casos individuales que han aumentado las tensiones durante las negociaciones. El acuerdo también establece un marco para futuras enmiendas legislativas que podrían derivarse del concepto de “lawfare” o de la politización del poder judicial.
El anuncio del acuerdo ha suscitado duras críticas por parte de los líderes de la oposición. La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, calificó el día de “vergonzoso” para los españoles, mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue más allá y describió la vía del acuerdo como similar a entrar en una dictadura, lo que provocó una fuerte reacción del gabinete de Sánchez.
