El régimen de Ortega-Murillo ha expulsado del país al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El CICR, destacada organización conocida por su labor humanitaria, anunció el cierre de sus operaciones a petición de las autoridades nicaragüenses, poniendo fin a su misión en la nación.
La expulsión del CICR se produce en medio de una escalada de tensiones por el trato a los presos políticos. Recientemente, familiares de siete presos políticos denunciaron que las autoridades de la cárcel La Modelo trasladaron a estos reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia por una huelga de hambre que iniciaron para exigir una mejor alimentación y el respeto a su descanso nocturno. Los presos también protestaban contra los malos tratos de los carceleros y pedían más tiempo al aire libre y acceso a material de lectura. Según los informes, uno de los presos políticos fue brutalmente golpeado.
El papel del CICR en Nicaragua ha sido crucial. En 2019, en medio de críticas internacionales, el gobierno Ortega-Murillo aprobó una controvertida Ley de Amnistía. Durante este periodo, el CICR medió entre el gobierno y la oposición para facilitar la liberación de 200 presos de conciencia. En 2021, tras las reiteradas denuncias de torturas y tratos inhumanos en la prisión de El Chipote, el CICR solicitó una visita para inspeccionar las condiciones de los opositores, que posteriormente se exiliaron a Estados Unidos, en febrero de 2023. El régimen sandinista nunca concedió permiso para esta visita.
El CICR fue autorizado a establecer una misión en Nicaragua, en 2018, centrada exclusivamente en objetivos humanitarios. En enero de 2019, se instituyó una misión permanente en Managua, y, en marzo del mismo año, se formalizó un acuerdo con el gobierno nicaragüense para visitar a personas detenidas. Sin embargo, los detalles de su reciente expulsión no se dieron a conocer en su totalidad.
La relación entre el CICR y el régimen de Ortega-Murillo ha sido tensa. En marzo de 2022, Thomas Ess, jefe de la misión del CICR, fue expulsado sin una explicación clara por parte del gobierno nicaragüense.
El trabajo del CICR en Nicaragua se centraba en tres áreas principales: apoyar a la Cruz Roja nicaragüense en el restablecimiento del contacto entre las familias, abordar las consecuencias humanitarias de la detención e impartir formación sobre derecho internacional humanitario y normas de derechos humanos a las fuerzas armadas y de seguridad.
Este reciente acontecimiento se produce tras la represión de mayo, cuando el gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica de la Cruz Roja nicaragüense, confiscando sus bienes, que fueron entregados al Ministerio de Salud y rebautizados como “Cruz Blanca de Nicaragua”.
La expulsión del CICR deja a más de 90 presos políticos en un estado de vulnerabilidad, especialmente durante la temporada de vacaciones. El número de detenidos políticos no ha dejado de aumentar bajo el régimen de Ortega-Murillo, que también ha puesto en su punto de mira a sacerdotes y académicos como Freddy Quezada, antiguo profesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua). Quezada, de 65 años, fue secuestrado tras criticar a la pareja presidencial en las redes sociales y posteriormente fue trasladado a la cárcel La Modelo.
El CICR reitera su disposición a reanudar su diálogo y acciones humanitarias en Nicaragua. El trabajo de la organización, presente en más de 80 países, se adhiere estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, con el objetivo de promover entornos respetuosos con la vida y la dignidad humanas.
Las historias detrás de las 23 banderas LGBTQ+
Por Isabel Díaz
Cada una de estas banderas cuenta una historia de identidad, lucha y unidad.
