Ortega blinda su régimen de terror con un nuevo ministerio

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la transformación del actual Ministerio de Gobernación en Ministerio del Interior. Este cambio, declarado en una sesión especial el jueves (28.12.2023), es visto como un movimiento estratégico para reforzar los mecanismos de seguridad y defensa de la nación contra los percibidos “planes enemigos”. El cambio de denominación recuerda la función del Ministerio durante la época de la guerra de los años ochenta.

La decisión del presidente Ortega de volver al nombre y la estructura del Ministerio del Interior es un intento de “regresar a las raíces del sandinismo”. Esta estructura prevaleció en su gobierno tras la revolución de 1979, en la que desempeñó un papel importante contra los “Contras” apoyados por Estados Unidos, que pretendían derrocar su régimen.

Las declaraciones de Ortega, recogidas por el medio nicaragüense La Prensa, subrayan la importancia de esta medida. “Con la reactivación del Ministerio del Interior estamos ganando una fuerza enorme. Ahora contamos con los dos instrumentos claves que nos ayudaron a derrotar a la contrarrevolución: el Ejército y el Ministerio del Interior.”

El Ministerio del Interior, conocido por su férreo control de la oposición en Nicaragua durante la década de 1980, pasó a denominarse Ministerio de Gobernación en 1990, tras la derrota electoral de Ortega ante Violeta Barrios de Chamorro. Según Ortega, el cambio fue una maniobra calculada por “los enemigos del pueblo, los enemigos de la revolución” para desmantelar el Ministerio del Interior original.

En la estructura revisada, siguiendo el modelo cubano, una sola autoridad supervisará la policía, el sistema penitenciario, los bomberos, los servicios de inteligencia, y la migración. Ortega afirma que esta reorganización equipará mejor a Nicaragua para desbaratar los planes del enemigo.

El anuncio se produce después de un período turbulento en 2018, cuando Ortega se enfrentó a tres meses de protestas de la oposición, que describió como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra su gobierno, condenando la dura represión de las protestas, que, según Naciones Unidas, causaron unos 300 muertos.

La oposición critica la medida de Ortega como un paso más en la consolidación del poder, señalando su control directo sobre el ejército y la policía, y su influencia sobre instituciones críticas como la Asamblea Nacional (parlamento), el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Electoral. Este último acontecimiento hace temer una mayor centralización del poder y la posibilidad de que aumente la represión en Nicaragua.





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