Los Marshals subastarán la casa del comisionado Joe Carollo

Los Marshals han iniciado el proceso para subastar la casa de Coconut Grove del Comisionado de Miami Joe Carollo. Esta acción tiene por objeto ejecutar la sentencia federal de 63,5 millones de dólares dictada contra él, derivada de una demanda de derechos civiles. La ejecución dio un paso significativo el viernes, cuando el alguacil Gadyaces S. Serralta colocó públicamente un aviso de embargo en la residencia de Carollo, señalando la intención del gobierno de subastar la propiedad.

El aviso afirma explícitamente que se embargarán todos los derechos, títulos e intereses del demandado, refiriéndose a Carollo, sobre los bienes inmuebles especificados situados en el condado de Miami-Dade. Esta acción está respaldada por abundante documentación legal, incluido un mandamiento de ejecución firmado el mes pasado y una detallada sentencia federal, todo lo cual apunta a la venta de la propiedad de Carollo para satisfacer la multimillonaria sentencia.

Sin embargo, la situación es compleja. El abogado de Carollo, Marc Sarnoff, argumenta que la propiedad está protegida por la exención de bienes inmuebles de Florida, lo que la hace inmune a tales acciones judiciales. Sarnoff destaca las mociones pendientes ante el tribunal, algunas a la espera de decisiones durante más de 120 días, que en su opinión deberían abordar estas cuestiones. Pide al tribunal que respete las garantías procesales del comisario Carollo.

Esta confusión jurídica se produce tras una sentencia de junio en la que Carollo fue declarado responsable de violar los derechos de la Primera Enmienda de los empresarios locales William Fuller y Martin Pinilla. Los empresarios acusaron a Carollo de aprovechar los recursos de la ciudad, incluidos la aplicación del código, la policía y el departamento de bomberos, contra sus establecimientos en la Pequeña Habana, una represalia que atribuyen a su apoyo al rival político de Carollo en las elecciones de 2017.

El veredicto del tribunal no fue una mera declaración, sino que vino acompañado de una fuerte repercusión financiera, al condenar a Carollo a pagar 63,5 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y punitivos. En respuesta a la sentencia, se ordenó a la ciudad de Miami, principal empleador de Carollo, que comenzara a retener sus salarios a partir de noviembre para contribuir a la abultada multa.

Carollo, por su parte, no se da por vencido. Impugna el embargo de su salario y de sus bienes, alegando que es el principal proveedor de su hogar, que incluye a su esposa y a una familia de emigrantes venezolanos. Su salario anual de la ciudad, aunque significativo, palidece en comparación con el importe de la sentencia.

La inminente subasta de la propiedad por los Marshals no es sólo una preocupación financiera para Carollo, sino que también podría afectar a su carrera política. Si la subasta provoca el desplazamiento de Carollo de su casa, podría poner en entredicho su elegibilidad como comisionado municipal, un cargo que exige residir en el distrito representado.




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