Diasniurka Salcedo: “Muchas más van a perder el miedo”

“El 13 de marzo del 79, casi a la medianoche, me entregaron el pasaporte ya con la foto que me habían tomado y me dijeron: ‘Mañana tiene que presentarse con estos papeles, váyase’. Yo protesté: ‘Pero, son las doce de la noche, si no me van a llevar, déjenme llamar a mi hermana porque yo no tengo dinero’. La respuesta no se hizo esperar: ‘Ni puede llamar ni hay dinero para eso, coja por ahí para abajo!’.

Bajé las cuatro leguas a monte cerrado pero no cogí miedo, fue muy agradable. Yo me crie en el monte y, ya grande, estuve alzada en el monte. A mí me gusta mucho el olor de la madrugada, de la tierra, del rocío, de las florecitas silvestres, el olor a mango de El Caney. Llegué al pueblo como a las dos de la madrugada, me senté en el parque y se me acercó un mulatico preguntándome: ‘¿Qué le pasa?’. Le expliqué que yo era una presa recién puesta en libertad, pero que ni tenía dinero para el transporte ni podía llegar caminando hasta Santiago de Cuba”.

En enero, mientras leía el desenlace de los dieciocho años de presidio político que sufrió Dora o Doris Delgado, “Japón”, a través de su testimonio recogido en el libro Todo lo dieron por Cuba, pensaba en la activista Diasniurka (Eli) Salcedo Verdecia.

“Japón” dejaba entonces la prisión de mujeres Nuevo Amanecer, luego conocida como Manto Negro. Dos décadas más tarde, a la una de la madrugada del pasado 29 de noviembre, Diasniurka sería abandonada a catorce kilómetros de su finca, luego de ser detenida arbitrariamente en la patrulla número 167 durante cinco horas, descritas por ella como “horas de tortura sicológica y amenazas”.

Días antes, ahogada en rabia, Eli Salcedo acusaba públicamente a su represor Oscar, “jefe de la Contrainteligencia” en su municipio, de cometer delitos de abuso sexual y otras agresiones físicas durante la detención arbitraria que sufrió en La Habana el 18 de noviembre. Luego de este hecho, Salcedo acudió inmediatamente a un hospital y documentó la agresión, para iniciar un proceso legal contra él.

“Yo, Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, no voy a parar hasta que pagues lo que me hiciste, y lo que estoy segura, que le has hecho a más mujeres”, prometió en su directa de Facebook.

Los días siguientes, este agente la citó en repetidas ocasiones a la estación de policía y la amenazó, con la complicidad de sus colegas.

El oficial de la Seguridad del Estado Oscar ya la había interrogado y amenazado el 18 de septiembre de 2020 en la unidad policial de Alquízar. Según reportó Camila Acosta, después de una detención arbitraria ejecutada por una mujer uniformada y dos hombres de civil en la patrulla 7022, una vez en la estación, “dos mujeres oficiales le ordenaron que se desnudara; al ella negarse, la golpearon, obligándola a hacerlo e incluso hacer cuclillas para cerciorarse de que no llevaba nada escondido en sus genitales”.

El 23 de febrero se denunciaba en las redes que cuando Diasniurka acudió a una citación en una unidad de policía, fue nuevamente forzada a quedarse en ropa interior, y que la intentaron grabar así.

El 25 de marzo denunció haber sido víctima de otra desaparición forzosa, esta vez ejecutada por agentes sin identificar en un Lada blanco. Después de retenerla por alrededor de media hora, la abandonaron “en medio de la maleza”, en un lugar desconocido para ella. En esta situación de vulnerabilidad, Eli relata que un hombre que pasaba en bicicleta intentó arrebatarle el móvil, mientras otro que pasaba a caballo intervino para ahuyentarlo. El forcejeo con su agresor le ocasionó la desgarradura de un tendón del brazo, según le diagnosticaron al día siguiente en el hospital. Ella asegura haber caminado unos quince kilómetros para regresar a su casa. Esta pudiera haber sido la escena de otra agresión sexual.

Eli Salcedo reconoce que estas actuaciones tienen la intención de degradarla e intimidarla para que no continúe con su activismo, pero no piensa parar.

Los agentes de la Seguridad del Estado le impiden constantemente abandonar su casa, le han confiscado dinero, le han roto su teléfono, la han amenazado con quitarle la custodia de su hijo. Personas no identificadas le han organizado actos de repudio, han apedreado su hogar, la han amenazado de muerte en las redes sociales, han intentado envenenar a sus mascotas. Quienes colaboran con ella, sobre todo en la transportación, también son amenazados con represalias.

A sus 39 años, Diasniurka se dedica a entregar donaciones de medicamentos, comida (autoproducida) y otros bienes, a personas necesitadas. Gestiona apoyos desde el exilio a través de su proyecto comunitario “Casa a Casa” y su página Mambisas y Mambises. Actualmente, también es miembro de la Red Femenina de Cuba, portavoz de las Madres Cubanas y colaboradora de ADN Cuba. 

Estas actividades, que en otros contextos se conocen como redes comunitarias de apoyo mutuo, en Cuba son calificadas por el Estado como “contrarrevolución”. Esto solo puede entenderse desde su efectividad para desarticular el mito del “maravilloso sistema de salud cubano” que “garantiza el acceso universal y gratuito a la salud” con un “modelo de atención primaria orientada a la comunidad”.

El Estado cubano impide el ejercicio de la solidaridad, así lo ha condenado Anamely Ramos, y se muestra con el acoso policial que sufren activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quienes desarrollan una labor similar a la de Eli Salcedo en su comunidad de Santiago de Cuba.

La realidad es que hoy en Cuba no hay medicinas, y hay muy poca comida. Las redes sociales contribuyen a visibilizar un abandono institucional sistemático patente en la desinversión en bienestar social, la insalubridad de cualquier instalación pública, la pobreza extendida y las desigualdades económicas agudizadas por las políticas segregacionistas impulsadas por el Estado para recaudar divisas, que afectan de manera particular a las madres cubanas y sus hijes.

He podido conversar durante varios días con Diasniurka (Eli) Salcedo Verdecia acerca de su activismo, desde su condición de mujer y madre. Por primera vez, relata públicamente su experiencia en prisión, luego de sufrir un proceso judicial que ella considera que fue politizado.

¿Cómo y cuándo llegas al activismo?

En el 2008 comienza mi activismo. En estos momentos solo tengo un hijo, de dieciocho años; en aquel entonces tenía unos cinco años, y le descubren un osteosarcoma parostal, es decir, un cáncer en el húmero izquierdo, el cual es operado. Y empiezo a ver todas las dificultades que había en los hospitales, y me doy cuenta de la gran realidad. El niño debuta más adelante con una leucemia linfoblástica aguda, que aún tiene, y eso me hizo empezar a denunciar. Iba a las instituciones, en aquel entonces a la Plaza de la Revolución, porque en aquel entonces yo no tenía Internet.

Y empecé a denunciar, aprendí a no quedarme callada, empecé a ir al Poder Popular. Pero yo trabajaba en la Vivienda en ese momento, y tanto y tanto empecé a molestar que la Seguridad del Estado me conformó un delito amañado, como hacen ellos, y es ahí cuando me sancionan a seis años de privación de libertad. Nunca se supo, porque imagínate, yo no tenía las relaciones, tenía el desconocimiento total de cómo se manejaba todo, y realmente fue muy difícil.

De los seis años solamente pasé dieciocho meses, porque me tuvieron que dar una licencia extrapenal por enfermedad, por mi diabetes, porque estuve descompensada en ese tiempo. Perdí a mi padre, que vivía en Manzanillo, y no pude ni despedirme, ni tan siquiera verlo. Eso me hizo ponerme aún más rebelde.

Con esas cosas bien resumidas empecé a coger más valor, y mi respuesta hacia el régimen siempre fue más fuerte. Pero me hizo ponerme aún más fuerte le hecho de seguir siendo objeto y víctima de violaciones de todo tipo.

Pero desgraciadamente salgo embarazada de cuatrillizos, y empiezo a denunciar la falta de medicamentos y demás, y es entonces que debido a un subidón de presión y falta de medicamento pierdo a mis bebés, que eran la esperanza para mi hijo con leucemia de poder hacer un trasplante de médula. Eso fue la tapa, vamos a decir, la gota que desbordó el pomo o la copa.

Ya con eso fue suficiente para que yo arremetiera completamente contra el régimen, y de manera bien frontal. Es ahí que empiezo a hacer un trabajo. Lo hago fundamentalmente en el municipio donde radico, pero también me traslado hacia los lugares donde están las personas, en La Habana. Donde exista un problema, yo voy a estar presente y trato de ayudar.

Me muevo por toda la provincia, pero también fuera de la provincia [Artemisa]. He ido a La Habana, a Ciego de Ávila. He tratado de moverme y de llegar a los lugares donde me solicitan ayuda, a pesar de la vigilancia constante que me tienen, y de mi situación. He creado cuatro grupos de doscientos cincuenta mujeres; muchas son maltratadas, muchas tienen miedo a hablar, pero ellas son el ejército con el que pienso contar llegado el momento.

¿Te consideraste en algún momento una presa política? ¿Alguna organización te ha reconocido como presa política o de conciencia?

No, porque yo protestaba sola. Después, cuando tuve Internet, ya pude ser reconocida.

¿Cuál es el delito por el que te condenan?

Ellos primeramente me pedían ocho años: quisieron irse por un delito de malversación y no pudieron. Yo apelé. Y ya por último lo dejaron en no preservar los bienes del Estado^[1], lo dejaron en seis años. Y ya te digo, ellos intentaron ponerme una malversación, que era de ocho años para arriba. Lo que pasa es que les fue imposible, porque me querían realizar conjunta. Mi petición fiscal fue de ocho, pero la primera, donde venía una supuesta malversación, fue de dieciséis años de privación de libertad.

En ese entonces mi hijo estaba con cáncer y tratamiento. No quiero recordar todo lo que pasé. Fueron días negros.

¿Quién quedó al cuidado de tu hijo?

Mi esposo y los amigos que ayudaron.

¿Su enfermedad no fue un atenuante en la sentencia?

No, nunca lo tuvieron en cuenta. Solo dentro la prisión, para que fuera a visita todos los sábados.

¿Fuiste arrestada antes del juicio o esperaste el juicio fuera de prisión? ¿Durante qué período estuviste recluida?

Esperé el juicio bajo medida cautelar. Estuve 18 meses. Me dieron licencia extrapenal el 30 de agosto del 2014 por el término de un año y seis meses^[2].

Y me obligaron a pagar una indemnización dentro la prisión^[3]. Tuve que limpiar piso obligado. Al llegar allí también te obligaban a pasar cursos.

¿En qué prisión te confinaron?

En el Guatao^[4], prisión de mujeres. De ahí me llevaron para Ceiba Cuatro^[5] por conducta.

¿Consideras que sufriste tratos crueles allí?

El más cruel: no permitir que fuera a despedirme de mi padre.

Incluso cuando llegué, por falta de cama me pusieron en un pabellón de peligrosidad, en el Colectivo 3, donde pasé cosas terribles. Es denominado destacamento severo. ¡Donde están las asesinas! Y yo iba por un delito común, de no proteger los bienes del Estado, delito que ellos crearon. Y para completar, dormí en el piso, porque me mandaron para la última galera y la presa que dormía abajo decía que yo me movía en la litera arriba, y me amenazó. Llevaba 18 años presa por matar a su hijo, le decían Bárbara “cuerpo”. Por lo que decidí dormir en el piso y no molestar a nadie.

Allí fui víctima de maltratos de todo tipo. Falta de medicamentos. Ver como las presas se maltrataban entre sí. Tomar agua en una nevera con un ratón descompuesto.

Me bebo mis lágrimas de pensar en lo que pasé. Recuerdo cuando me dijeron que mi padre había muerto. Me arrastré por el cemento de la plaza hasta perder la piel. No lo podía creer, no.

En la prisión viví un motín de las internas, que le pegaron candela a los colchones. Casi morimos asfixiadas, porque no abrían las galeras. Fue porque una interna quería salir del Colectivo, a llevarle alimentos a su mamá, y a la guardia no le dio la gana de abrir, y la maltrató de palabra. Ella empezó a quemar todo.

¿Era normal que las guardias las maltrataran?

Sí, era frecuente.

¿Solo de palabra o también físicamente?

De las dos formas. Por ejemplo, una interna que se llamaba O tenía hambre, no la visitaban, y una interna trató de darle alimento por la puerta, cuando iba saliendo del comedor. Era un día de visita, y la guardia le tumbó la comida en el piso y ahí mismo respondieron con golpes y le cayeron todas las guardias.

¿Había vías para denunciar estos abusos dentro de la prisión?

No. Para nada. Si te quejabas te llevaban a cortes disciplinarias. En las cortes disciplinarias te quitaban tus beneficios. Tus beneficios son los dos meses por cada año.

Es decir, que te castigaban por reclamar tus derechos.

Así es. Una debe permanecer callada porque toman represalias.

Y dentro de la prisión, ¿existe algún programa de atención sicológica para estas mujeres condenadas por delitos de violencia? ¿Consideras que se vuelven más violentas en este ambiente?

En el tiempo que estuve no había ningún programa. La unidad tiene sicóloga, pero por gusto. Creo que volverán más violentas. Allí lo viví. A mí me correspondía el Colectivo medio, y nunca pasé por él.

En cuanto a higiene menstrual, ¿tienen garantizadas almohadillas sanitarias, o eso lo traen sus familiares?

La familia. Los aseos, por lo general, nunca los dan, y cuando lo hacen no va completo.

¿Con qué frecuencia pudiste recibir visitas de tu familia?

Mi hijo podía ir todos los sábados, no así el resto de la familia: solo cada 45 días. Me gané un permiso de salida por mi comportamiento y nunca me lo dieron.

Cuando fuiste liberada, ¿te ofrecieron algún recurso o una vía para acceder a empleo y facilitar esta transición?

No. Me sacaron por licencia extrapenal porque estuve grave por mi diabetes, descompensada, en el hospital La Covadonga, durante más de tres meses. Nunca cogí pase, porque me encontraba ingresada en la sala de penados, y perdí mis pases. Estando en el campamento [Ceiba Cuatro] me atacó un gato y por falta de atención casi pierdo mi pie. Estuve muy descompensada, aún guardo mi historia clínica. Y quedó la marca en el pie. Pasé mucho. Puedo hacerte anécdotas que te harán llorar.

Por ejemplo, ya cuando el nivel de la infección era tan grande, me tenían en el campamento, no permitían visitas, porque tenía mucho mal olor en la pierna, y para que mis familiares no se dieran cuenta me quitaron las visitas. Las internas empezaron a quejarse porque me tenían en la enfermería sin ningún tratamiento, y lograron que me sacaran para La Covadonga. Me llevaron en el famoso catamarán, que es un carro para presos, y al llegar a La Covadonga yo no podía bajar el pie, no podía caminar, y un preso llamado A, que era el cocinero, me fue a ayudar, y la jefa de la sala de penados le dijo que si me ayudaba lo iba a sacar de la cocina y lo iba a mandar para la prisión. Y a él no le importó. Subió al carro y me bajó cargada, porque se dieron cuenta de que yo no podía caminar. El nivel de inflamación del pie era demasiado grande, tenía un hueco y se me veía prácticamente el hueso.

Allí en el hospital, ya solamente con verte vestido de preso, y en el catamarán, es como que suficiente para que no te atiendan bien. Un médico cubano no le dio importancia a lo que tenía, no me mandó ni a curar, y un médico peruano le dijo: “Profe, por favor, déjeme a mí curarla”. Y él fue quien se encargó de mis curas diarias. En algún momento llamaron a mi familia para decirles que me iban a amputar el pie.

Viví algo único. Fue muy duro cuando salí, me sentía rara en casa. Veía mi casa pequeña. En más de una ocasión, mientras dormía, despertaba y golpeaba a mi esposo porque pensaba que había un extraño durmiendo conmigo. Me asustaba y le respondía con un golpe.

¿Mantienes contacto con algunas de las mujeres con las que compartiste prisión?

Muy pocas. Pero conocí personas excepcionales. Muchachitas jóvenes que se resguardaban en mis consejos. Tenía muchas personas buenas a mi alrededor.

Vives cerca de varias prisiones, y estuve leyendo que uno de tus proyectos consiste en llevar comida a las personas encarceladas. ¿Has podido llevarlo a cabo?

Vivo a unos doce kilómetros de la prisión de hombres y sí, he ayudado a través de mi esposo. A mí no me permiten ni acercarme. He ayudado a varios. Sé lo que se pasa, porque sufrí en mi piel cómo es, y me duele.

Incluso he ido al hospital de Artemisa a llevar cigarros a muchas que ni conozco que están trabajando allí [limpiando pisos]. Lo que no lo publico, para cuidarlas.

Las figuras delictivas más comunes utilizadas para privar de libertad a disidentes y activistas por los derechos humanos en Cuba son las de desacato, peligrosidad y peligrosidad social predelictiva, impago de multas, desorden público y resistencia o rebelión, según han reconocido organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, no se puede descartar el uso de otras figuras, como podría ser el caso de Diasniurka. De acuerdo con cifras ofrecidas en 2013 a IPS por la directora de la Prisión de Mujeres de La Habana, el 63 % de las presas cubanas^[6] cumplían condenas por conductas asociadas al delito económico y la corrupción. 

Numerosos testimonios, denuncias y campañas respaldan las resoluciones condenatorias que indican que el gobierno cubano ha violado sistemáticamente, durante décadas, el derecho a la libertad de expresión, a la participación política, al acceso a la justicia y al debido proceso, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (entre los cuales se ha señalado, en informes recientes, la denegación de atención médica), la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, firmadas y ratificadas por Cuba.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) estipula que la violencia contra la mujer abarca “la violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”. En este sentido, se han emitido observaciones específicas para actualizar los protocolos y manuales relativos a la protección de derechos humanos con un énfasis en la prevención de la violencia basada en género. En particular se ha señalado el riesgo de sufrir abusos y torturas sexuales^[7], ya sean en forma física o verbal, quedando estrictamente prohibida la reclusión de mujeres en lugares de detención no oficiales o secretos^[8].

El testimonio de Diasniurka Salcedo respalda, además, otras denuncias de violaciones^[9] en establecimientos penitenciarios cubanos de las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes, aprobadas en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como complemento de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (las Reglas de Tokio).

¿A partir de qué momento empiezan a acosarte funcionarios del Estado, del Ministerio del Interior? ¿Cuántos eventos de acoso (detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, vigilancia, amenazas, violencia sexual) has documentado? ¿Cuántos has denunciado formalmente?

Los funcionarios empiezan a acosarme desde que yo no tenía Internet y empezaba a ir a las instituciones de reclamar. Eso fue en el año 2008.

He denunciado formalmente acoso, violación. Se comenzó un proceso penal, del que no me han dado respuesta porque, según ellos, por el tema del coronavirus todo está detenido. Se presentaron certificados, se contrataron abogados, se han presentado todas las pruebas, y ellos sencillamente no se han pronunciado, con la justificación de que no están haciendo juicios, de que toca esperar hasta que la situación epidemiológica mejore. Terrible.

El número de mi denuncia es 9738/20.

No podría decirte con números cuántos he denunciado. Han sido tantas que ya perdí la cuenta. Pero sí, todas mis detenciones, todas las cosas que me han sucedido violentamente, yo he tratado de documentarlas hasta donde he podido, por supuesto. Algunas no las he podido documentar, porque no he sospechado que van a suceder, pero por lo general casi todas están en mi muro, y están denunciadas públicamente.

¿Qué seguimiento le han dado las instituciones del Estado a tus denuncias?

He ido a Fiscalía a reclamar, he ido a Atención a la Ciudadanía, y realmente ellos nada, es por gusto. Tú vas a esos lugares y ni cumplen con términos ni tenemos una respuesta, porque no hay respuesta para eso. Simplemente soy una víctima de los acosos y los maltratos que ellos le dan a las personas que piensan diferente como yo.

Después de que denunciaste formalmente, ¿ha disminuido o aumentado el acoso?

No disminuye, todo lo contrario: aumenta. Aumenta la vigilancia, aumenta el acoso, aumentan las amenazas. A ellos realmente no les interesa. Ellos todos son lo mismo.

¿Has logrado identificar con nombres y apellidos a los oficiales que abusaron sexualmente de ti?

Uno se llama Oscar Rodríguez, el otro Yosvany.

Luego de la denuncia ¿te siguen acosando esos mismos oficiales, o son otras personas?

Sí, siguen otros oficiales. Nunca más los he visto a ellos.

Entonces la denuncia al menos sirvió para eso, pero no hay ninguna garantía de que no los vuelvan a mandar en algún momento.

Así es.

¿Cómo consideras que ha influido tu condición de mujer en tu activismo y en los métodos que usa el Estado para reprimirte?

Pienso que mi condición de mujer les ha favorecido, porque para ellos somos el sexo débil y desgraciadamente no tenemos una ley que nos defienda, o que nos haga sentir que estamos protegidas, y ellos se aprovechan de eso. Sí, pienso que tiene que ver mucho con la represión y los tipos de métodos que han utilizado conmigo y con otras personas.

Además de tu activismo en redes de apoyo en el ámbito comunitario, recientemente has comenzado a trabajar como periodista ciudadana para ADN Cuba, y a través de ese medio has denunciado varios casos de violencia machista. ¿Habías trabajado este tema anteriormente o te has acercado más a partir de tus experiencias recientes?

El trabajo que he hecho en ADN no lo había hecho antes. La parte susceptible mía, debido a la pérdida de mis bebés, me ha hecho trabajar siempre por la parte de los niños. Y sí, la experiencia que estoy teniendo con el régimen es lo que me hace girarme ahora a lo que estoy trabajando más de cerca, que es el caso de las mujeres maltratadas, de los femicidios. Realmente mi experiencia personal es lo que me está haciendo irme más a ese entorno, por todo lo que me está sucediendo.

Ya en los primeros tres meses del año 2021, en la provincia de Artemisa, las familias de dos mujeres, Diane Díaz Santana y Maribel Torres Mora, han cuestionado los reportes forenses de sus muertes. Reclaman que las autoridades no procedieron correctamente en estas investigaciones. Luego de las denuncias en redes sociales, las autoridades arrestaron a dos sospechosos por la muerte de Maribel. Según tu experiencia, y la de redes de mujeres a las que perteneces, ¿consideras que estas actuaciones se deben a negligencias de oficiales específicos en ese ámbito territorial, o representan la situación que se da en el resto del país?

Las negligencias que ocurren, en los casos de las violaciones hacia la mujer y hacia la infancia, pienso que es algo a nivel nacional. El régimen no presta atención a las denuncias que nosotros realizamos, y se mantienen callados ante los femicidios. No se pronuncian. Pienso que no es solamente en mi municipio, ni en mi provincia: ya es un tema generalizado en Cuba.

Al régimen no le importa proteger a la mujer porque, verdaderamente, te diré lo que pienso: la mujer es la que más lleva la voz cantante en pensar diferente. Si aprueban una ley que nos proteja va a ser bien complejo para ellos, porque vamos a ser muchas las mujeres, pues ya nosotras alzamos la voz. Una vez que estemos protegidas, muchas más van a perder el miedo, y eso puede provocar en cualquier momento el estallido social.

Pienso que por eso ellos no se pronuncian, porque realmente no les conviene. Porque los hombres sí, muchos hombres piensan diferente, y mis respetos hacia ellos, pero somos nosotras las mujeres las que llevamos la voz cantante. Es mi punto de vista.

¿Si vivieras en una Cuba democrática, a qué te gustaría dedicarte?

Si tuviera la oportunidad, estaría bien cerca de una organización que atienda a mujeres y niños, pero sería después de tomarme unas merecidas vacaciones.

El pasado 15 de marzo, un juicio contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos abriría un capítulo inédito, según una editorial de El Tiempo. Por primera vez, el más alto tribunal americano de derechos humanos se pronunciaría sobre la violencia contra las mujeres periodistas y la violencia sexual en Colombia. Sería la segunda condena de este organismo con enfoque de género, siguiendo el precedente sentado en 2006 con el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú.

En el año 2000, la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por tres paramilitares mientras investigaba una historia de tráfico de armas en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Según sus declaraciones, fue una trampa preparada por agentes de la policía. En 2003 volvió a ser secuestrada por la guerrilla, y asegura seguir recibiendo amenazas hasta el día de hoy. Después de estos hechos, Bedoya, quien se mueve en carros blindados y con escolta, se ha comprometido con la visibilización del machismo, la violencia sexual y la inacción de las instituciones públicas en su país y en la región, por medio del periodismo y el activismo, al frente de la campaña “No es hora de callar”.

Bedoya se convirtió en investigadora de su propio caso, declarado crimen de lesa humanidad. En 2018 dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales de estos delitos, pero los autores intelectuales del crimen no han sido juzgados. En este juicio se determinaría la responsabilidad del Estado por las amenazas, agresiones y violencia sexual sufridas por Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

El Estado de Colombia se retiró del juicio alegando que estaba comprometida la imparcialidad de los jueces, lo cual generó la condena de la Corte IDH y otras organizaciones como Human Rights Watch. Los representantes de Bedoya consideraron que esta acción “demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”.

Para acudir a esta Corte, Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia tendría que agotar primero los recursos internos del sistema judicial cubano, subordinado al Partido Comunista y al Ministerio del Interior. Pero el Estado de Cuba, al no ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), no está adherido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante las audencias que celebra la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en Cuba, las sillas reservadas a la delegación del gobierno cubano permanecen vacías, señala Amnistía Internacional.

Las Naciones Unidas han sentenciado que la violencia contra las mujeres en política es una grave violación de los derechos humanos y constituye una de las principales barreras para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y decisión política, y ha publicado una “Hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla”, con el reto de transformar las prácticas patriarcales que caracterizan al sistema político en su conjunto.

El Comité contra la Tortura (ONU) prohíbe invocar circunstancias excepcionales, como el estado o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna, la amenaza de actos terroristas o delitos violentos, o un conflicto armado, para justificar actos de tortura. A la vez, señala que la negligencia del Estado al no intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura, facilita y hace posible la impunidad, constituyendo una forma de incitación y de autorización de hecho.

La reparación de las violencias sexuales y otras formas de tortura es, desde un enfoque feminista, un elemento esencial para alcanzar justicia. El acceso a mecanismos legales, indemnizaciones económicas por daños morales o disculpas públicas, deben acompañarse de cambios estructurales que garanticen la no repetición.

Mientras el Estado cubano no sea enjuiciado por su responsabilidad en los crímenes contra Diasniurka, ninguna mujer cubana tendrá justicia.

---

Notas:
^[1] El delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Unidades Económicas Estatales está tipificado en el Artículo 222 del Título V, “Delitos Contra la Economía Nacional”, del actual Código Penal cubano (Ley 62/1987): “El que, a consecuencia de incumplir las medidas a que está obligado por razón del cargo, ocupación u oficio que desempeña en una entidad económica estatal, para impedir que se deterioren, corrompan, alteren, inutilicen, desaparezcan o sustraigan materias primas, productos elaborados, frutos, recursos financieros o cualquier otra sustancia útil, ocasione un daño o perjuicio de valor superior a la cuantía dispuesta en cada caso por la legislación sobre la responsabilidad material, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.
^[2] De acuerdo con el documento ofrecido por la entrevistada, causó baja del establecimiento penitenciario Ceiba Cuatro de la provincia de Artemisa el día 30 de agosto de 2014, por una Licencia Extrapenal, “Por el término de 1 Año y 6 Meses deja extinguida el día 26.2.16”. El número de su expediente es 15800909.
^[3] Según sentencia dictada con fecha 2012/06/04 por la Sala 1 de lo Penal del Tribunal Provincial de Artemisa, Idelisa Diasniurka Salcedo se vio obligada a pagar por concepto de indemnización la suma de 649 pesos cubanos a la Caja de Resarcimiento del Ministerio de Justicia.
^[4] La Prisión de Mujeres conocida como El Guatao, por la localidad de la provincia de Artemisa donde se ubica, es una de las dos penitenciarías de régimen cerrado para mujeres en Cuba. La población del penal, según reportan varios medios, es de alrededor de 400 reclusas.
[5] El Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba Cuatro se ubica en el municipio de Caimito de la provincia de Artemisa, y es una de las prisiones de régimen abierto que se han establecido en los inmuebles abandonados de antiguas escuelas secundarias y preuniversitarias, para implementar, según fuentes oficiales, “programas educativos con el objetivo de contribuir a la plena reintegración social de las internas”. Organizaciones independientes se han referido a estos centros como Campamentos de Trabajo Forzado. 
^[6] En el reportaje publicado en IPS, el coronel Osmani Leyva, segundo jefe de la Dirección Nacional de Establecimientos Penales, y la directora de la Prisión de Mujeres de La Habana, teniente coronel Sara Rubio, declararon que de una población penal que superaba las 50 000 personas a nivel nacional, casi 4 000 eran mujeres. El elevado número de mujeres privadas de libertad por delitos económico refleja la percepción de que los bajos ingresos son el principal problema para las mujeres cubanas, según reconoció el 72,8 % de la población en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016.
^[7] El Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU, 2004) señala que: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror sicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer el toqueteo es traumático en todos los casos y se considera tortura”.
^[8] En la Observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas, aprobada por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su 98º período de sesiones (ONU, 2012) se indica: “El riguroso cumplimiento de las normas internacionales relativas a la reclusión de mujeres es fundamental para la prevención de las desapariciones forzadas. Está estrictamente prohibida la reclusión de mujeres en lugares de detención no oficiales o secretos. En esas circunstancias, las mujeres podrían sufrir abusos sexuales y de otro tipo”.
^[9] Entre las reglas violadas, de acuerdo con el testimonio de Diasniurka Salcedo, podemos señalar:
Regla 5: “Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con los medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”.
Regla 23: “Las sanciones disciplinarias para las reclusas no comprenderán la prohibición del contacto con sus familiares, en particular con sus hijos”.
Regla 25: “Las reclusas que denuncien abusos recibirán protección, apoyo y orientación inmediatos, y sus denuncias serán investigadas por autoridades competentes e independientes, que respetarán plenamente el principio de la confidencialidad. En toda medida de protección se tendrá presente expresamente el riesgo de represalias”.

---

---