La guerra de todo el pueblo

En Cuba hay una dictadura militar en el poder.

Las acciones del Ministro de Cultura y de los funcionarios del Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero fueron la respuesta al llamado a la defensa de la patria socialista, definida en el Artículo 4 de la Constitución como “el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.

El 29 de noviembre de 2020, Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo pública, a través de su cuenta de Twitter —al estilo de Trump—, una declaración de guerra:

“Quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de país, se equivocaron de historia y se equivocaron de cuerpos armados.
No admitimos injerencias, provocaciones ni manipulaciones. Nuestro pueblo tiene todo el valor y la moral para sostener una pelea por el corazón de Cuba”.

En contraposición con otros países que han adoptado un modelo de defensa basado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la doctrina militar cubana, de acuerdo con la Ley No. 75 (1994) de la Defensa Nacional, tiene como fundamento la concepción de “La guerra de todo el pueblo”.

Esta “concepción estratégica” sostiene su “poderío militar” en el despliegue del Sistema Defensivo Territorial, entendido como “el conjunto de medidas y actividades políticas, económicas, militares, jurídicas, de seguridad, orden interior y de defensa civil, que se organiza y realiza desde tiempo de paz por los órganos y organismos estatales, las entidades económicas, instituciones sociales y los ciudadanos, en los diferentes niveles de la división político‑administrativa con el objetivo de garantizar la defensa del país”.

Esta ley estipula que todos los recursos y actividades del país podrán ser puestos en función de satisfacer las necesidades de la defensa nacional durante las situaciones excepcionales, y “todos los ciudadanos tienen el derecho de disponer de un lugar, un medio y una forma de participar en el rechazo y derrota del agresor, a recibir la preparación necesaria para lograrlo; y el deber de incorporarse a la defensa al ser llamados a las filas del servicio militar o al ser movilizados”.

En la lucha armada participan las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), los órganos y unidades del Ministerio del Interior y las Brigadas de Producción y Defensa. El Servicio Militar —con carácter obligatorio entre los 17 y los 45 años para los ciudadanos cubanos de sexo masculino— se compone del Servicio Militar Activo y el Servicio Militar de Reserva.

Esta Ley define las situaciones excepcionales —el estado de guerra o la guerra, la movilización general y el estado de emergencia— durante las cuales el Consejo de Defensa Nacional puede regular el ejercicio de derechos como el derecho al trabajo; la libertad de palabra y prensa; los derechos de reunión, manifestación y asociación; la inviolabilidad del domicilio; la inviolabilidad de la correspondencia y el régimen de detención de las personas. La Constitución aprobada en 2019 concentra en el Jefe de Estado la función de presidir el Consejo de Defensa Nacional y de proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular —o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquella—, la declaración de cualquiera de estos estados de excepción.

El jurista Eloy Viera ha llamado la atención sobre el carácter de facto (sin sustento legal) que ha signado a la activación de los Consejos de Defensa Nacional durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 en Cuba. Esta situación plantea un excelente marco para explicar el estado permanente y no declarado de suspensión de garantías constitucionales que se vive en Cuba, en otras ocasiones también justificado en la guerra económica del gobierno norteamericano. A esto se suma la ausencia de un marco legal que permita reclamar ante tribunales cubanos la vulneración de derechos constitucionales.

“No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte. Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro”, reiteró Díaz-Canel el 28 de enero en otro tuit.

Alpidio Alonso debe haber cumplido su Servicio Militar Obligatorio a principios de los años ochenta, y todavía estaría en edad de ser movilizado como miembro del Servicio Militar de Reserva en 2006, cuando se inició la Operación Caguairán. Coincidiendo con el ascenso de Raúl Castro al poder, el objetivo de esta Operación era perfeccionar los procesos de movilización y despliegue de las tropas, así como la preparación sistemática de reservistas y milicianos.

Ante la desobediencia del grupo que se negó a entrar al Ministerio el pasado 27 de enero, Alpidio reaccionó como el teniente de compañía que, durante el ensayo del juramento obligatorio al concluir el Servicio Militar Activo, le dio un palazo en la espalda a un amigo —el puño alzado y el brazo a 45º— porque se había puesto una media para amortiguar el dolor de presionar durante horas la rodilla contra el asfalto.

En el ensayo Sobre la violencia (1969), Hannah Arendt concluye que “cada reducción de poder es una abierta invitación a la violencia; aunque solo sea por el hecho de que a quienes tienen el poder y sienten que se desliza de sus manos, sean el Gobierno o los gobernados, siempre les ha sido difícil resistir a la tentación de sustituirlo por la violencia”.

Desde una lectura feminista, esta idea se pudiera explicar también en las palabras de la antropóloga Rita Segato: “La precarización de la posición masculina pone en cuestión su potencia. Y por lo tanto solo queda la violencia —sexual, física, bélica— para restaurarse en la posición masculina”.

El colectivo de Mujeres Antimilitaristas del Movimiento de Objeción de Conciencia (M.O.C.) de Paraguay^[1] propone un cuadro que confronta valores genéricos militares y civiles:

“Uniformidad-Pluralismo / Jerarquía-Igualdad / Autoritarismo-Democracia / Sumisión-Libertad / Intolerancia-Tolerancia / Subordinación-Independencia / Patriarcalismo-Respeto de género / Obediencia debida-Responsabilidad / Fines bélicos-Fines pacíficos”.

También señala otros aspectos de la cultura militarista, como la lógica Amigo-Enemigo, la respuesta violenta a los conflictos y la organización vertical autoritaria, que potencian el control patriarcal de la sociedad. En este sentido, la pensadora feminista Cynthia Enloe plantea que la militarización de las personas, hombres y mujeres, además de forzarlas a un comportamiento que permita a los militares afianzarse en el poder, puede contribuir a la internalización y legitimación de valores y actos militares.

En una sociedad profundamente militarizada, el uso de la violencia se naturaliza como respuesta a la desobediencia y la insubordinación, que constituye la principal amenaza al poder.

Desde una perspectiva histórica, el carácter militar del proceso revolucionario antecede a su carácter policial e incluso a la ideología comunista. Desde el inicio de la lucha armada en el siglo XIX, la internalización de los valores militares y de la violencia en la sociedad cubana se puede analizar como un proceso ininterrumpido, reforzado por la sucesión de las dictaduras militares de Machado y Batista —quien desde 1933 deponía presidentes— y la resistencia armada que estas provocaron.

Esto no cambió con la llegada de Fidel Castro al poder.

En una entrevista publicada en Bohemia el 22 de febrero de 1959, Camilo Cienfuegos prometía el fin de la época “en que el presupuesto de nuestra nación se despilfarre en la compra de armamentos. Donde se levantaron amenazadoramente los cuarteles militares, se alzarán escuelas técnicas. (…) ¡Aquí no hace falta más arma que la Constitución!”.

En efecto: a partir de 1959, los cuarteles se transformaron en escuelas, pero la educación se militarizó.

En violación de la Convención de Derechos del Niño (1989) y su Protocolo Facultativo (2002), que prohíbe a gobiernos y grupos armados reclutar a menores de 18 años, aún hoy el Estado enseña a disparar con rifles en los patios de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria: “hay que saber tirar y tirar bien”.

Mi hermana recuerda que una niña con quien cursaba el sexto grado en la primaria Raúl Silvio Vega —nombrada así por un miliciano—, terminó con un perle incrustado en el hombro después de una práctica de tiro. Tuvieron que llevarla corriendo al hospital, por fortuna cercano a la escuela.

Incluso en la enseñanza artística, tanto en nivel medio como superior, las asignaturas de preparación militar son de carácter obligatorio, y desaprobarlas acarrea perder el curso. Cuando yo estudiaba en la Academia de Bellas Artes San Alejandro, entre 2006 y 2010, un reajuste del plan de estudios recortó las horas de taller de las especialidades de escultura, pintura, grabado y arte digital, mientras la asignatura Instrucción Militar Elemental de Preparación para la Defensa se continuó impartiendo sin perjuicios a su horario, desde primero hasta tercer año. Lo mismo ocurrió en la Universidad de las Artes con las asignaturas de Seguridad y Defensa Nacional.

En el año 2017, mi hermana, junto a una amiga cubana, se sorprendió introduciendo a sus compañeros de la Banda Municipal de Niza al paso marcial, para tocar en un acto nacional frente al presidente Macron.

Mi amiga Y renunció a estudiar criminalística en Cuba para evitar el juramento militar que exige la carrera. Este juramento indica que todo delito en el país tiene el potencial de constituir una amenaza a la seguridad nacional.

La violencia es, según Hannah Arendt, instrumental: “como todos los medios, siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin que persigue”.

La violencia del Ejército Rebelde tenía, al menos hacia la opinión pública, el fin de acabar con el gobierno dictatorial y restituir los derechos constitucionales suspendidos. El fusilamiento de los esbirros de Batista se justificaba en un proceso cuyo límite temporal se fijaba en el momento en que fueran todos alcanzados por la “justicia revolucionaria”.

El académico y militante comunista español Manuel Silva Ardanuy, quien ha sistematizado^[2] el devenir del Ejército Rebelde en Fuerzas Armadas Revolucionarias en el contexto del Caribe, sentencia, sin embargo, que tanto para Fidel como para Raúl Castro “existía un hecho incuestionable desde su alzamiento armado en Sierra Maestra; habrían de librar una guerra, regular o irregular, declarada o encubierta con los Estados Unidos”.

Silva Ardanuy resume:

“Desde la victoria del proceso revolucionario cubano el 1ro. de enero de 1959, la institución de mayor presencia e importancia en el país fue la militar. El Ejército Rebelde transitó desde una fuerza insurgente irregular eminentemente adscrita al arma de infantería hasta la conformación de un ejército regular de tres armas (Infantería, Marina y Fuerza Aérea) inserto en la estructura del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionaria donde se aglutinaron hasta un total de 375.000 soldados, 100.000 miembros de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), 15.000 miembros de los organismos de Seguridad del Estado y 100.000 miembros del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) que siguieron un proceso de perfeccionamiento y adaptación a los cambios que se produjeron en la República de Cuba desde enero de 1959”.

Al ser la Revolución un proceso popular donde resultó vencido el ejército nacional, necesitaba para su legitimación la constitución tanto de un nuevo ejército como de las milicias. A la vez, el compromiso colectivo con la incorporación a un sistema defensivo basado en la regularidad, posibilitó la consolidación de las Fuerzas Armadas como un instrumento disuasorio, al representar un coste humano y material inasumible para un potencial Estado agresor.

“Desde su creación, las Fuerzas Armadas han respondido al mando unipersonal ejercido por Fidel Castro Ruz y del entonces Comandante y posterior General de Cuerpo de Ejército Raúl Castro Ruz. En este ámbito la ayuda militar soviética fue esencial para el mantenimiento de la dirección militar y política del país. Dicho apoyo sirvió inicialmente para combatir enemigos internos, para posteriormente servir a una estrategia de defensa contra los intereses estratégicos de los Estados Unidos de Norteamérica y los miembros de la OTAN”.

La tesis política de Carl Schmitt del antagonismo Amigo-Enemigo constituye, de acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Myrna Villegas^[3], el elemento central de la denominada doctrina de la “seguridad nacional” manifestada en las dictaduras militares. En ausencia de la tolerancia (elemento de lo democrático) y el reconocimiento al otro (supuesto enemigo político), esta lógica legitima la exterminación física del sujeto devenido “enemigo”, como ha sucedido en regímenes fascistas.^[4]

En el centro de la identidad de la Revolución-Dictadura militar está el antagonismo con Estados Unidos, pero el “enemigo” no solo se ubica en la potencia imperialista externa y su agencia de inteligencia que atenta constantemente contra la soberanía nacional. En Cuba, a partir de 1959, la constante amenaza de una invasión —de carácter militar o en forma de “penetración ideológica”— permitió la construcción en el imaginario colectivo de un enemigo interno. Es así como se justifica la aniquilación física no solo de los “contrarrevolucionarios”, los “alzados”, los “bandidos”, los “mercenarios”, sino también de toda persona que intentase la salida ilegal del país, pues se convertía en un invasor en potencia.

Arendt distingue el terror de la violencia, y afirma que el primero surge como forma de gobierno cuando la violencia no abdica tras cumplir su fin destructor, sino que se mantiene en el poder. Para desencadenarse con toda su fuerza, el terror requiere de la aniquilación previa de todo tipo de oposición organizada. Su eficacia depende del grado de atomización social, reforzada con la desconfianza que produce el fantasma del informante, quien a la vez se refugia en el entramado de la burocracia —en Cuba también militarizada—, haciendo imposible la localización de la responsabilidad.

Gutiérrez Contreras y Villegas señalan que en la ley internacional se reconocen tres tipos penales de violencia de Estado: Genocidio, Terrorismo y Tortura. Las dos primeras se basan en la aplicación de métodos de guerra de exterminio para resolver conflictos internos, calificando a una parte importante de la población como “enemigos” esencialmente ajenos a la nacionalidad, contra quienes se justifica el ejercicio extremo del poder. En esta categoría se ubicarían en Cuba la masacre de Barlovento y el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo.

El objetivo de la tortura, por otra parte, no es la eliminación física de la víctima sino su reducción a una posición inferior y la penetración en su intimidad para que construya una verdad que no es la suya, sino la de su verdugo. Su aplicación en Cuba ha sido más notoria a través de las UMAP, del encarcelamiento a objetores de conciencia del Servicio Militar, de los trabajos forzados a los que eran sometidxs lxs presxs políticxs plantadxs, o de la práctica sistemática de desapariciones forzadas.

La militarización de la sociedad cubana ha permitido esta alternancia entre terror y violencia. En cuanto se materializa una forma organizada de oposición que supone una amenaza de desestabilización del poder, el Estado moviliza al “pueblo enardecido” como instrumento disuasorio o aniquilador.

Lxs intelectuales asumen su rol en el “rechazo al agresor” mediante declaraciones públicas, que han justificado desde el terrorismo de Estado hasta el asesinato del “enemigo” en nombre de la defensa de la patria socialista. Así ocurrió en abril de 2003^[5], con el fusilamiento de tres jóvenes afrodescendientes condenados en juicio sumario por delitos previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, luego del secuestro de la Lanchita de Regla^[6]. Sin los argumentos del financiamiento extranjero y del intento de desestabilización del país, reforzados en el debate público, estas personas hubieran sido condenadas por el delito de Salida Ilegal del Territorio Nacional, sancionado en el Artículo 216 del Código Penal con hasta diez años en prisión.

Los burócratas parecen dominar la definición de Hannah Arendt de la violencia como dependiente de herramientas para aumentar y multiplicar la potencia humana. Es en esos términos, desprovista de instrumentos, que Ernesto Limia describe la represión que sufrió el grupo que intentó secuestrar un remolcador el 5 de agosto:

“No hubo, sin embargo, carros lanza agua, gases lacrimógenos ni policías con escafandras; miles de trabajadores, deportistas y jóvenes salieron a defender las calles. En medio de tanta tensión, un grupo de muchachas se lanzó a encarar las acciones violentas con una bandera cubana. Luego llegó Fidel con la escolta desarmada. Una marea de pueblo se sumó a su avance. La gente aplaudió, dio vivas; se le aproximaban para protegerlo y contarle lo que estaba pasando. Los que tiraron piedras se escondieron; los que gritaban improperios se evaporaron; los provocadores se desmoronaron”.

Es con esa misma estrategia que los burócratas intentaron negar la violencia sufrida y testimoniada por Celia González el 27 de enero:

“Le recordé que Camila Lobón estaba toda arañada, y en ese momento entró una mujer canosa a la oficina y gritando: ‘Camila no está arañada, ya la vio un médico’. Y miraba a Yoel de Villa, aclarándole: ‘No está arañada’. (Luego supe que esa oficial del MININT es la que interroga a Camila Lobón y a Tania Bruguera). Seguían con la negación: ni hubo detenidos, ni hubo brutalidad policial. Cuando dije que a mí me habían golpeado, me preguntaron por los morados: sin signos visibles, no hubo golpes”.

Es precisamente ese enmascaramiento de la violencia en instrumentos jurídicos —como el delito de desacato o la clandestinidad de impresos—, o en la instrumentalización de cuerpos desarmados con comportamientos militares interiorizados, lo que minimiza su gravedad y dificulta su denuncia, en contraposición con la violencia ejercida en otros contextos por cuerpos policiales y militares en extremo tecnificados.

Los medios de comunicación controlados por el Comité Central del Partido Comunista, cuyo mandato se corresponde con la comandancia de las Fuerzas Armadas, se han encargado históricamente no solo de manufacturar consenso, sino también de ejecutar el borrado epistémico y el asesinato de reputación como alternativa al exterminio físico.

Ahora, la guerra abierta del Estado contra quienes disentimos ha sido también declarada en el ciberespacio. Esta “batalla” se libra en un terreno desigual, pues el Estado ha diseñado instrumentos jurídicos como el Decreto-Ley 370 para perseguir los gestos contestatarios en el espacio digital, o el Decreto-Ley 389 que autoriza el espionaje electrónico.

Los burócratas que —en el Granma, en Cubadebate, en Razones de Cuba, en La Jiribilla — califican toda disidencia como un “show mediático”, parte de una estrategia de “guerra no convencional” y un “golpe blando”, son agentes o exagentes del Ministerio del Interior, con libros publicados en editoriales de las Fuerzas Armadas. En su profunda carencia de imaginación citan constantemente el manual del Center for Applied Nonviolent Action and Strategies (Canvas), que les garantiza mantenerse en la comodidad del marco teórico del “enemigo” del Norte.

¿No está en su imaginario la estrategia de “guerra en red” del devenido movimiento político pacifista Ejército Zapatista de Liberación Nacional?

¿No conocen la articulación en las redes de las protestas #EndSARS contra la brutalidad policial en Nigeria, liderada por la Coalición Feminista?

¿O es que no quieren invocar movimientos insurreccionales o comunitarios articulados al margen de los Estados?

Hoy existe una toma de conciencia colectiva de que la violencia del proceso revolucionario de Fidel Castro no trajo el progreso al que se aspiraba.

Incluso las agendas de igualdad en materia de género, impulsadas en los primeros años de la Revolución por los cambios estructurales en el país, chocaron eventualmente con el marcado carácter patriarcal de la estructura a la que el movimiento feminista aceptó subordinarse. Este “feminismo verdeolivo”, como le llama Teresa Díaz Canals, que responde a una única organización, la Federación de Mujeres Cubanas, confirma la sentencia de las Mujeres Antimilitaristas del M.O.C.: “Integrar a las mujeres en estructuras militares implica socializar explícitamente a la otra mitad de la población en los valores militaristas y por lo tanto patriarcalizarla aún más”.

La lógica autoritaria y militar ha sido interiorizada por mujeres integradas al sistema de dominación patriarcal; mujeres que hoy ejercen violencia sobre otras mujeres, justificándose en la defensa de la seguridad nacional, a la vez que niegan la urgencia de leyes que nos protejan, al menos en el ámbito doméstico.

Los acontecimientos del año 2020 demostraron que, bajo un mandato militar, poco importan los cambios constitucionales, pues se vive en un constante estado de excepción.

Desde 1959 el Estado cubano se ha dedicado a la guerra, en su proyección externa e interna. Falta mucho aún para reconocer, en su dimensión más amplia, el rol intervencionista de la Revolución Cubana y la relación de complicidad de Fidel Castro con dictadores fascistas como Francisco Franco o Jorge Rafael Videla.

El elevado presupuesto destinado cada año a la defensa representa un problema para la sostenibilidad económica del país. A pesar de que desde el fin de la Guerra Fría no ha existido un peligro inminente de agresión militar hacia Cuba, al menos en la última década este gasto se ha situado por encima del 3 % del Producto Interno Bruto, en la misma escala que Estados Unidos y Colombia, dentro de la región americana, y en el rango de Irán, Iraq, Rusia o Ucrania, a nivel global. A esto se suma el desvío de gran parte de las inversiones sociales del Estado hacia el Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En Cuba hay una dictadura militar en el poder.

Estoy segura de que todxs, incluso lxs no convencidxs, hemos jugueteado ya con esa idea o hemos insertado la frase en broma, por accidente (o no), en una conversación.

Es necesario, para lxs cubanxs de hoy, transitar de una sociedad militarista a una sociedad democrática desmilitarizada. En nuestra región, Costa Rica o Panamá representan posibilidades para la eliminación de esta estructura de dominación patriarcal.

Para desmovilizar a los instrumentos de la violencia, es urgente abolir la estructura antagonista Amigo-Enemigo. Lxs artistas, intelectuales y periodistas que hoy enfrentan al poder en Cuba, desafían esa lógica porque manejan las herramientas semióticas para desarmarla, pero también porque cuentan con amplias redes de afecto.

Si esta identidad del “enemigo” y la amenaza de la invasión externa se han mantenido más allá del fin de la Guerra Fría, es porque no han existido intentos de reparación por parte de la cúpula militar que sostiene el poder en Cuba, lo cual refuerza los odios a ambos lados de las fronteras físicas del país. Si bien sabemos que el gobierno no tiene interés en pedir disculpas por las violencias ejercidas, nosotrxs, en un ejercicio civil, sí podemos pedir disculpas por nuestra participación en el ejercicio de la violencia, que incluye la violencia epistémica de ignorar los testimonios. Y este ejercicio de desobediencia, de capitular ante el odio, debe realizarse desde ambos lados.

Al decir de Arendt:

“Donde las órdenes no son ya obedecidas, los medios de violencia ya no tienen ninguna utilidad; y la cuestión de esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia sino por la opinión y, desde luego, por el número de quienes la comparten”.

El sostenimiento de la guerra depende no solo de la obediencia, sino de la participación de todo el pueblo. Solo los actos constantes, articulados, no violentos, de desobediencia, pueden desarmar al poder.

La caída de la dictadura va a depender de que una mayoría de cubanxs, aunque no participe de la rebeldía, se niegue a justificar la violencia.

Después de siglos de dominación colonial, neocolonial, y un continuo de dictaduras militares, un cambio radical es posible.

© Imagen de portada: Simone García, El patio de recreo.

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Notas:
^[1] En Paraguay, donde se vivió durante casi 35 años bajo la dictadura militar de Alfredo Stroessner, el servicio militar es obligatorio para todo ciudadano desde los veinte años, y hasta los cuarenta y cinco años de edad en la reserva. Según El Orden Mundial, 66 países mantienen el carácter obligatorio del servicio militar, la gran mayoría situados en el Sur Global.
^[2] “Gasto militar y políticas de excepción en la República de Cuba (1952-1965)”. Publicado en Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano. Año 11, No. 22. Barranquilla: Enero-Abril, 2014.
^[3] “Derechos Humanos y Desaparecidos en Dictaduras Militares” (1998) es un artículo elaborado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Myrna Roxana Villegas Díaz para el XI Congreso de alumnos de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Juan Carlos Gutiérrez Contreras ha sido Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México, Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Director de la oficina regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
^[4] Antes de que se extendiera el uso del término “totalitarismo” en referencia a las similitudes entre el nacional socialismo y el estalinismo, el sacerdote y politico italiano Luigi Sturzo ya había usado “fascismo de izquierda” para caracterizar a la dictadura bolchevique en “Italia y el fascismo” (1926). El término “fascismo rojo” sería utilizado también por el anarquista italiano Luigi Fabbri, en “La contrarrevolución preventiva” (1922). Bruno Rizzi, marxista italiano fundador del Partido Comunista de Italia (PCI), se refería también a la URSS como un estado fascista en su obra La burocratización del mundo, publicada en 1939 en París.
^[5] El “Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos”, publicado en el periódico Granma el 19 de abril de 2003, fue firmado por Alicia Alonso†, Miguel Barnet, Leo Brouwer, Octavio Cortázar†, Abelardo Estorino†, Roberto Fabelo, Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar†, Julio García Espinosa†, Fina García Marruz, Harold Gramatges†, Alfredo Guevara†, Eusebio Leal†, José Loyola, Carlos Martí, Nancy Morejón, Senel Paz, Amaury Pérez, Graziella Pogolotti, César Portillo de la Luz†, Omara Portuondo, Raquel Revuelta†, Silvio Rodríguez, Humberto Solás†, Marta Valdés, Chucho Valdés y Cintio Vitier†.
^[6] El 9 de abril de 2003, el canciller Felipe Pérez Roque reconocía en editorial de Granma que los días 3, 4, 5 y 7 de abril se celebraron 29 juicios en Cuba, prácticamente en todas las provincias del país. Fueron acusados 75 personas, 74 de ellos hombres, incluidos 37 periodistas independientes, y se han impuesto por los tribunales correspondientes sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Se aplicaron el Artículo 91 del Código Penal cubano, Ley 62 de 1987: Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, y varios artículos de la Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Por tanto, es falso que haya habido sanciones de penas de muerte. Sin embargo, otra nota del 11 de abril confirmaba que la pena capital había sido aplicada esa mañana contra Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, “los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores”, por delitos previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre de 2001.

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