Fue a través de Facebook que se hizo de conocimiento público lo que ocurría el 11J en San Antonio de los Baños. Desde sus teléfonos móviles, algunos pobladores compartieron fotos y videos tomados durante la protesta. De allí pasaron a Twitter y, en solo minutos, fueron replicados por medios periodísticos extranjeros e independientes —con varios de sus periodistas agredidos y/o detenidos.[1]
Compartir imágenes sobre un suceso a través de Internet es un hecho cotidiano y normal para los millones de usuarios de telefonía móvil en el mundo occidental desde hace algo más de una década y que se hizo posible en Cuba a partir de 2018. En ese año, el monopolio estatal de comunicaciones ETECSA comenzó a ofrecer este servicio a través de los dispositivos móviles mediante tecnología 3G.
Si bien las cifras oficiales informan que alrededor de 68% de la población cubana tiene hoy acceso a Internet,[2] al menos dos características del servicio en el país lo limitan: los altos precios —prohibitivos para una parte considerable de la población que sobrevive a una crisis económica casi endémica con bajos salarios— y la mala calidad de la conexión. Otro factor limitante es el control monopólico gubernamental sobre el servicio que le permite recurrir a cortes discrecionales dirigidos a usuarios específicos o zonas residenciales completas por el tiempo que sea conveniente a los fines del control social y de censura.
‘Pueblo’: un constructo que en el lenguaje oficialista no significa comunidad cultural, nación o etnos; sino que es cargado de connotaciones ideológicas y políticas.
Secuestro de la condición ciudadana
El control social y la dominación política de toda la sociedad son rasgos esenciales de los regímenes totalitarios. Para hacerlo posible, los gobiernos totalitarios proceden a modificar el entramado institucional hasta convertirlo en un aparato funcional a los intereses de conservación del poder.
Las organizaciones sociales y políticas permitidas —incluso las que contribuyeron a llevar al movimiento al poder— suelen difuminar su identidad hasta fusionarse con el Estado. Y es que, para la vocación totalitaria, la noción de ciudadanía según Touraine[3] (“sujeto con derecho a tener derechos”) resulta profundamente subversiva. Por ello impone su concepción de los ciudadanos como “masas”[4] receptoras pasivas, movilizables y leales al poder.
Lo anterior se hace visible en la narrativa gubernamental cubana y su frecuente elusión del término ciudadanía para referirse a la comunidad de individuos que conforman la nación. En su defecto, se entronizó el uso discursivo de pueblo: un constructo que en el lenguaje oficialista no significa comunidad cultural, nación o etnos; sino que es cargado de connotaciones ideológicas y políticas.
“La calle es de los revolucionarios” es el epítome de estas prácticas de exclusión social en el espacio público físico.
El pueblo es —para el discurso oficial— una amalgama homogénea de personas y grupos sociales que abrazan el proyecto de la “Revolución”. Desde esta noción se ha edificado una construcción retórica y simbólica del pueblo como “ideal revolucionario” que, a la vez, responde a otras adscripciones descriptivas: “antimperialista”, “socialista” e “internacionalista”.
Tal construcción discursiva ha sido utilizada eficazmente para construir e imponer sentidos convenientes al poder. La idea de “unidad indisoluble entre pueblo y revolución”, o la que implanta sinonimia entre “partido-gobierno y pueblo”, forma parte de ese imaginario que hace de la “Revolución” cubana un símbolo para la izquierda mundial.
Esta narrativa ha sido coherente con prácticas sociales de exclusión, estigmatización y criminalización de la disidencia política, establecidas por el poder totalitario a través de la cooptación del entramado social, las instituciones estatales y la esfera pública. De esta forma, el ejercicio de la condición ciudadana ha quedado constreñido por las limitaciones impuestas a los cubanos desde un Gobierno que se autodefine como representante de los intereses del pueblo, pero que solo entiende como parte de este a los individuos y grupos sociales que le son leales.
La consolidación de la virtualidad como forma de realidad es una dinámica que también matiza a la sociedad cubana actual.
En consecuencia, cualquier intento de construir y ejercer ciudadanía desde posiciones disidentes al poder hegemónico ha sido desactivado o reducido a personas y grupos excluidos de los espacios públicos de participación. Ciudadanos que viven bajo constante vigilancia, persecución y represión gubernamental no solo por las instituciones del Estado, también por las organizaciones de “masas”. El gobernante Partido Comunista ha sido eficiente en el secuestro de la condición ciudadana, produciendo segregación ideológica y fragmentación social. De ello dan cuenta las cárceles cubanas y el exilio.
Contestación ciudadana: del espacio físico al espacio virtual
En los regímenes iliberales el control del espacio público y su cooptación por el poder es esencial y persigue varios fines. Además de impedir la irrupción de grupos contestatarios que le confronten, se trata también de dificultar al máximo las posibilidades de articulación, creación de redes y fortalecimiento de la ciudadanía al margen del poder. Otro fin es mantener la imagen de estabilidad, fuerza y respaldo social que convierte al poder en el “elegido” del pueblo.
En Cuba, la captura de lo público por lo político-partidista tiene su expresión en un uso monopólico del espacio público por parte del poder gubernamental; con implicaciones severamente restrictivas y violatorias del ejercicio de los derechos de libertad de expresión y asociación. La frase “la calle es de los revolucionarios” es el epítome de estas prácticas de exclusión social en el espacio público físico.
Antes del 11J, el gobierno cubano ya controlaba el acceso a contenidos incómodos.
La efectividad del control de este espacio ha tenido confrontaciones cada vez más visibles en los últimos años. Una visibilidad que ha estado posibilitada y ampliada por el acceso a las tecnologías digitales y que marca diferencias sustanciales con acciones de toma del espacio público físico realizadas en años anteriores al acceso a Internet. Estas tecnologías se han constituido en un agente de cambio que introduce novedosas posibilidades de participación y construcción de ciudadanía y de organización social para la acción colectiva, gracias a su carácter interactivo, horizontal y democrático. Cualidades incompatibles con el diseño del entramado institucional y social totalitario.
La consolidación de la virtualidad como forma de realidad es una dinámica que también matiza a la sociedad cubana actual. La aparición del espacio virtual ha posibilitado recoger y amplificar las narrativas alternativas y contestatarias, construir organización ciudadana en torno al activismo, desplegar actos de ayuda solidaria durante la crisis sanitaria por la covid-19 y articular esfuerzos para organizar tomas del espacio público físico.
Un recorrido por las acciones más conocidas de estos últimos años permite confirmarlo: la marcha de la comunidad LGBTIQ luego de la negación oficial para llevarla a cabo, las protestas de los grupos animalistas, la organización del activismo feminista, el activismo nucleado alrededor del Movimiento San Isidro, la acción del 27N y el propio 11J.
Esta nueva esfera pública virtual se constituye en condiciones de alteridad ante el poder.
Del 11J es oportuno rescatar el significado de la posibilidad que las plataformas ciudadanas dan al ciudadano común para narrar su propia realidad. La misma que permitió que Yoan de la Cruz y otros usuarios a lo largo de la Isla compartieran imágenes de las protestas. Hay en ese acto una disrupción que confronta la eficacia de los mecanismos de control social del gobierno totalitario; los cuales comienzan a responder y a entender el desafío que representa.
Antes del 11J, el gobierno cubano ya controlaba el acceso a contenidos incómodos, bloqueaba páginas web y aplicaciones digitales, y suspendía el servicio de forma discrecional y conveniente a sus intereses. Después de ese día, aumenta su intento por controlar a los ciudadanos con la aprobación del Decreto-Ley 35. Este nuevo marco regulatorio es un paso más en la criminalización de la disidencia; ahora en el espacio virtual. La nueva regulación penaliza la presentación y/o difusión de contenidos que el poder considera perjudiciales para “el prestigio del país” y ampara, entre otras cosas, la vigilancia y el espionaje de las publicaciones y de los propios usuarios en sus redes sociales.
No obstante, el espacio virtual continúa evadiendo el control totalitario, que aún no logra imponer su presencia y fuerza en las redes sociales ni disciplinar allí a una ciudadanía que aprovecha su potencial democratizador para desplegar procesos autogestionados de formación cívica. El acceso a las plataformas digitales representa una grieta en el muro totalitario a través de la cual la ciudadanía accede a información de contenido político al margen del control del Estado, despliega acciones de contraloría ciudadana sobre funcionarios e instituciones gubernamentales, denuncia la ineficiencia en la gestión de gobierno y abre canales para la participación, la articulación y la educación cívica.
La ciudadanía en las redes sociales ha sido un factor de peso en la difusión, amplificación y apoyo concreto.
En las redes sociales, los ciudadanos cubanos encuentran también posibilidades para difundir las acciones que ejecutan en contestación al poder y los discursos que emanan de sus reales condiciones de vida. Es quizá este el recurso más confrontacional de los ciudadanos al Estado totalitario, porque contribuye al desmontaje de la narrativa oficial; esa que le ha permitido al Estado “revolucionario” erigirse como símbolo de luchas sociales de grupos oprimidos, mientras reprime y violenta los derechos humanos de su propia ciudadanía.
Esfera pública contrahegemónica
En Cuba existe una esfera pública hegemónica, cooptada por el poder totalitario —como todas las demás esferas de la vida social. Tal hegemonía ha podido imponerse mediante el control absoluto de los medios de comunicación y del espacio público, la colocación de agendas que refuerzan el discurso oficial y la presencia de actores leales. El espacio público virtual, debido la dificultad de su control absoluto por el Estado, se ha convertido en el medio idóneo para la emergencia de una esfera pública contrahegemónica.
Esta nueva esfera pública virtual se constituye en condiciones de alteridad ante el poder, definiéndose por su relación de conflicto con la esfera pública hegemónica, de donde han sido excluidos sus protagonistas. Es así que las posibilidades de las tecnologías digitales son aprovechadas por estos ciudadanos para organizar espacios de encuentro, discusión y formación cívica.
Sin embargo, el conflicto entre ambas esferas en Cuba no se sitúa exclusivamente en el ámbito discursivo; también implica diferencias en las maneras de concebir y permitir la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos relevantes. Estas formas de participación confrontan las nociones sobre ciudadanía y “pueblo revolucionario”, y ponen el foco sobre las dicotomías: toma de decisiones inconsultas vs.deliberativas; verticalidad vs. horizontalidad; fragmentación social vs. Articulación y creación de redes de solidaridad; homogeneidad vs. heterogeneidad/pluralidad; imposición vs. construcción de consenso.
Los procesos de construcción de ciudadanos autónomos, críticos y activos están estrechamente relacionados con las posibilidades de participación en contextos democráticos.
Es una esfera pública que ejerce influencia sobre los ciudadanos, que permite movilizar, convocar, crear articulaciones y redes. No reduce el activismo ni la acción social y política de los ciudadanos al espacio virtual e incorpora la condición transnacional de la ciudadanía cubana.
Dos ejemplos son emblemáticos: la red de apoyo y solidaridad creada entre la diáspora y grupos de activistas dentro del país que movilizó medicamentos, alimentos y material sanitario durante la pandemia; y la plataforma Justicia11J con su trabajo conjunto entre activistas en el exilio y en la Isla, y las madres y familiares de los detenidos. En ambos casos, la ciudadanía en las redes sociales ha sido un factor de peso en la difusión, amplificación y apoyo concreto. Desde la creación de campañas como el #SOSCuba y #LibertadParaLosPresosPolíticos hasta la articulación para brindar apoyo material y financiero a enfermos y detenidos.
Un componente esencial en esta esfera pública contrahegemónica lo constituye el periodismo independiente. Estos medios se abren paso en el espacio público virtual al crear oportunidades para difundir el acontecer cotidiano de los ciudadanos, recogiendo las voces excluidas en los medios oficiales. Sus contenidos incluyen las demandas de la ciudadanía y el activismo, contribuyen a poner temas en la agenda oficial, y posibilitan que actores y asuntos sistemáticamente excluidos de la narrativa oficial sean conocidos por el público.
El pueblo es —para el discurso oficial— una amalgama homogénea de personas y grupos sociales que abrazan el proyecto de la “Revolución”.
La relevancia que ha venido ganando el periodismo independiente para la ciudadanía es considerable. En los últimos años se le ha visto crecer en su profesionalismo, credibilidad y cercanía a la ciudadanía. Hoy desempeña una función esencial en la contestación al poder totalitario al poner las herramientas de investigación y colaboración en función de la contraloría ciudadana. Varios de sus trabajos han logrado documentar y denunciar tramas de corrupción gubernamental o violaciones de derechos humanos, escondidas a la opinión pública por el Gobierno.
Por otra parte, al amplificar los temas en debate en la esfera pública contrahegemónica, el periodismo independiente ha contribuido a su posicionamiento en la agenda de los medios oficialistas y en el discurso de los funcionarios gubernamentales. Marcar la agenda del discurso oficial es, sin duda, una ganancia importante en la disputa al poder político totalitario.
Al rescate de la condición ciudadana
Desde la perspectiva de Habermas,[5] los procesos de construcción de ciudadanos autónomos, críticos y activos están estrechamente relacionados con las posibilidades de participación en contextos democráticos. Siguiendo esta noción y la evidencia empírica, puede atenderse a las correlaciones entre la emergencia de una esfera pública contrahegemónica, los procesos de construcción de ciudadanía y la posibilidad de democratización de la sociedad cubana.
Un Gobierno que se autodefine como representante de los intereses del pueblo, pero que solo entiende como parte de este a los individuos y grupos sociales que le son leales.
Una hipótesis plausible es que la apropiación de lo virtual, en tanto espacio público, y la consolidación en él de una esfera pública contestataria al poder totalitario ha permitido la consolidación, en el imaginario colectivo, de una noción de ciudadanía que encuentra sus referentes en las vivencias de la diáspora en las sociedades de acogida y la apropiación del principio de universalidad de los derechos humanos. Esta noción imaginada comienza a concretarse en prácticas sociales desarrolladas por ciudadanos que, reconociendo su agencia, se transforman en sujetos del cambio social y político que anhelan para sí y los suyos.
Estas prácticas sociales contienen un ejercicio de la ciudadanía imaginada que confronta a la ciudadanía secuestrada. Busca intersticios en la institucionalidad totalitaria para demandar derechos y contestar al poder. Pero hace algo mucho más importante a largo plazo: construye una red significativa de relaciones intersubjetivas en oposición al Estado, adquiere autonomía y se plantea la acción colectiva como una opción necesaria para la confrontación al poder.
Notas:
[1] https://articulo19.org/a-un-mes-de-distancia-article-19-denuncia-agresiones-contra-15-periodistas-en-el-marco-de-las-protestas-del-11-de-julio/.
[2] https://www.granma.cu/cuba/2021-10-07/mas-de-cinco-millones-de-personas-tienen-acceso-a-internet-en-cuba.
[3] A. Touraine: ¿Podremos vivir juntos? El destino del hombre en la aldea global, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1995.
[4] H. Arendt: Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
[5] J. Habermas: La inclusión del otro, Paidós, 1999.
El 11J: la misma guerra de razas
Hay que advertir que, tras las protestas del 11J, quedó claro muy pronto que la delincuencia, la marginalidad, la indecencia y el anexionismo, para el Estado,tenían una geografía: la de los barrios.
