Ariel Ruiz Urquiola: un hombre libre a pesar de la violencia de Estado

“Cuando te han privado de tu libertad, tú puedes optar por liberarte a ti mismo”.
Ariel Ruiz Urquiola.

La historia reciente de Ariel Ruiz Urquiola es un tratado de tácticas intimidatorias y violentas por parte del Estado. No hay un elemento sorpresa aquí. Los Estados modernos han sido la primera entidad en ejercer violencia dentro de sus comunidades nacionales, ya sea para abortar ejercicios de protesta ciudadana, para ignorar reclamos de minorías poblacionales, o para desconocer principios básicos relativos a los derechos humanos (Breen-Smyth: The Ashgate Research Companion to Political Violence, 2012).

Charles Tilly, en War Making and State Making as Organized Crime (1985), recuerda que los propios gobiernos suelen simular, estimular o incluso fabricar amenazas, aunque sus actividades represivas y extractivas a menudo constituyen las mayores amenazas actuales para los medios de vida de sus propios ciudadanos.

Cierto es que hay tantos tipos de gobiernos como formas de enfrentarlos. Sin embargo, los testimonios de Ariel Ruiz Urquiola y sus acciones de legitimación son un ejercicio necesario de revisión y reclamo, sobre todo para la “excepcionalidad” cubana.

Por su inmutable posición de disentir de la injusticia y las malas prácticas, Ariel Ruiz Urquiola ha sufrido violencia burocrática y estatal, directa y transversal, en su persona, en la de sus familiares y contra sus posesiones.

Cuando la coerción de cátedra le hizo imposible seguir ejerciendo como científico, asumió lo que a su entender era la vía más inmediata para desentenderse de la burocracia maltrecha y lograr sus objetivos de vida. En un plano de retiro personal, Ariel, junto a su familia, construyó su imperio: una biogranja, especie de vivero inteligente con estación ecológica en un punto recóndito de la Sierra de los Órganos (Pinar del Río). 

No voy a enumerar aquí los cultivos y especies que han proliferado en un espacio que hacía veinte años no se cultivaba, ni los recursos, escasos pero ingeniosos y bioconscientes, con los que estos se lograron, porque ya muchos se han adelantado en la cuestión. Pero sí voy a condenar las prácticas contrahechas de la coerción política y la manipulación legal que han ignorado y destruido los resultados del trabajo de Ariel, en favor de esas conveniencias políticas que conviven en la turbia legalidad de la Isla. 

Ariel ha soportado las consecuencias de la violencia estatal representada en la coerción burocrática (con la obstaculización de proyectos, la anulación de su agencia científica y la expulsión de su centro de investigación); la intimidación psicológica y física (con la promoción de incursiones en su finca para envenenar animales y destruir cultivos, el acoso de autoridades locales, el desconocimiento de sus reclamos al exponer irregularidades y violaciones en la comunidad), la violencia legalista (con la represión judicial a través de la imposición del cargo de “desacato”, las malas prácticas y violaciones del debido proceso penal), el agravio a terceros (aleccionamiento en forma de represalias contra su hermana, enferma de cáncer, a la que le han obstruido la atención profesional y su tratamiento médico). 

El último evento que alega Ariel, y por el que se ha sometido a una huelga de hambre hasta ser escuchado por representantes de las Naciones Unidas en Ginebra, es la infección intencionada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), mientras estuvo siendo atendido por su huelga de hambre en la sala de reclusos del Hospital Abel Santamaría, en Pinar del Río (mayo de 2018). 

Ariel ha logrado documentar su denuncia sometiéndose a exámenes médicos en Alemania y Suiza. Con los resultados, dos organizaciones no gubernamentales de Europa han pedido a la Organización de Naciones Unidas y a la Unión Europea exigir una revisión del caso en La Habana, pero Ariel nunca ha recibido una respuesta institucional por la parte cubana que garantice sus derechos. 

La desprotección que atestigua Ariel, como científico, como ecologista y como ciudadano, puede considerarse una práctica sistémica de violencia estatal, que la distingue de otras formas de violencias y que implica, según Ruth Blakeley en State violence as state terrorism (2012), el ataque ilegal a individuos que el Estado tiene el deber de proteger, con el objetivo de infundir miedo o neutralizar a un público objetivo como la víctima directa. 

Tradicionalmente, el Estado socialista, dada su narrativa polarizada de confrontamiento, ha intentado redimir el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia cuando se recurre a ella en defensa propia (soberanía). Pero incluso en este concepto manido de guerra defensiva, el Estado no puede aplicar impunemente su peso sobre sus ciudadanos, independientemente de cuán criminalizados los represente. 

Si bien esta dimensión de violencia estatal no tiene estatus de acto ilegal en el derecho internacional, algunos de sus actos sí están sancionados por el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIH), si implican el uso deliberado de la violencia al punto de violar los principios consagrados para la protección de los derechos humanos: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la retroactividad, entre otros (CICR 2003). 

Ariel no es un criminal ni un “mercenario” que busca la caída de su propio país, pero lleva en la carne el estigma del libre pensador, con tal rigor que su praxis personal se torna política, y la política isleña, dogma. El desacuerdo moral que ello genera pone en evidencia la diplomacia de conga de la delegación cubana en las Naciones Unidas contra el recogimiento sincero de Ariel frente a la misma institución; expone la práctica sistemática de depauperación y explotación de un Estado que en su momento promovió la agroecología como finalidad política, contra el ejercicio apasionado de Ariel, su madre, su hermana y muchos amigos que cooperan en su finca “El Infierno”. 

La honestidad de Ariel deja in fraganti al Estado: Ariel no busca la política en lo personal, no intentaría politizar su testimonio personal si no fuera porque el Estado ha privatizado su vida. 

Sin embargo, no considero coherente pedir libertad para Ariel, porque las acciones de Ariel siempre han sido las de un ser humano libre, que respeta y defiende su libertad y la de sus semejantes. Considero vertebral exigir justicia obligatoria para la revisión transparente de su caso y el de su hermana Omara (también separada de la institución educativa donde era profesora), porque es necesario tanto en un plano individual como en el cambio de una narrativa cosmovisiva del proceso cubano. Y es que existe una resistencia considerable, por parte tanto de la academia como de la agencia occidental, para elucidar la violencia estatal en su propia lógica y lenguaje. 

La mistificación de la violencia política reducida a las guerras, al terrorismo patrocinado por el Estado o a campañas de exterminio, ha creado la percepción de que no existe una violencia injustificada desde la práctica diaria, o que no tiene mayor repercusión si esta se concentra en un individuo aislado —visto, en todo caso, como error aislado del sistema. 

Este reduccionismo placentero también intenta ignorar los operativos y plataformas para el monopolio del poder coercitivo, como actores paramilitares o agencias de contrainteligencia vinculadas a la seguridad nacional, así como la unificación de poderes y la capacidad burocrática que lo legitima. Ello implica repensar la violencia política más allá de sus actores estatales tradicionales y más como árbitro de interacciones políticas constantes que incluyen narrativas estatales, modificaciones constitucionales, manipulación de la memoria y de discursos de representación, y la negación de identidades colectivas y agencias ciudadanas, tanto en la esfera pública como en la privada. 

La historia de Ariel, sin desviarnos por la teoría, incluye múltiples formas e intensidades de violencia estatal, cuyo análisis desdibuja los límites conceptuales entre lo violento y lo no violento, lo coyuntural y lo estructural, lo legal y lo ilegal, lo físico y lo psicológico, lo cotidiano y lo excepcional, lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil. 

Ariel Ruiz Urquiola se ubica incómodamente entre la narrativa del Estado y el orden interno que persigue, y haciendo esto, pone en perspectiva la violencia en relación con la organización y legitimación del poder que pretende el Estado. La violencia y represión a la que ha sido objeto Ariel obliga a replantear hasta qué punto la violencia estatal puede ser justificada, bajo qué principios, a cuántos ciudadanos debe afectar para resultar sistémica, que métodos son aceptables y cuáles no. 

Para todo esto, dígase un Estado que se dice humanista o un gobierno golpista sin necesidad de legitimación, se llega a la misma respuesta: ni la violencia que postula la ley ni la que la preserva, son justificaciones de razón alguna, sino demostraciones condenables dentro de una estructura que padece de manera crónica la ausencia de democracia.

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