“El pájaro que vuela sobre los árboles es el primero en ser derribado”1
A la luz de los acontecimientos nacionales e internacionales que han impactado en el sector privado en Cuba entre los años 2014 y 2018, intento examinar el significado, el funcionamiento y el entorno de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) cubanas durante este período, señalando las implicaciones que estos significativos cambios de políticas representan para el futuro del sector privado en la mayor de las Antillas.
Dentro del proceso más abarcador de las reformas económicas sin precedentes de Raúl Castro, y en medio de un movimiento histórico hacia la “normalización” de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, iniciado bajo el gobierno de Barack Obama —y ahora pausado bajo la administración de Donald Trump— surgen las siguientes interrogantes:
¿Cómo los cubanos están reconfigurando el emprendimiento?
¿Cuáles serán los efectos de dicha reconfiguración en la conformación de una respuesta popular al modelo ultrasimplista (“o esto o aquello”) de una mera “actualización” del socialismo según la línea partidista, por un lado, versus una “transición” implícita hacia una economía mixta de mercado, por el otro?
¿Cuáles son las implicaciones del emprendimiento en el contexto cubano, específicamente desde la perspectiva de los propios emprendedores?
¿Se ven a sí mismos como actores en el “perfeccionamiento” del socialismo cubano, como pioneros en el establecimiento eventual del sector privado de las PYMES en Cuba, o como ingeniosos supervivientes sin objetivos ni postura ideológica en particular?
Esta atención al emprendimiento adquiere mayor urgencia (y exige un análisis más profundo) en el contexto cambiante de las relaciones bilaterales Cuba-EE. UU. tras el deshielo iniciado el 17 de diciembre de 2014, que culminó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas el 20 de julio de 2015. En efecto, la política de Obama de “empoderamiento mediante acercamiento” (empowerment through engagement) identificó explícitamente a la clase empresarial emergente como agente del cambio tras las liberalizaciones del sector privado permitidas por Raúl Castro en 2010. Ahora bien, las posibilidades económicas que se abrieron para los emprendedores cubanos, y entre ellos y sus potenciales inversionistas, socios y patrocinadores estadounidenses durante 2015 y 2016, se han puesto en tela de juicio (por no decir que se han congelado) debido a varios acontecimientos posteriores.
Primero llegó el estancamiento de las reformas económicas en Cuba y una renovada reticencia por parte del Estado hacia una apertura más amplia, profunda y acelerada del sector privado. Esta reticencia se hizo especialmente evidente durante el VII Congreso del Partido (abril de 2016), sorprendentemente defensivo y enérgicamente nacionalista, que siguió a la visita del presidente Obama, en marzo de ese año, y que daba la impresión de ser una respuesta directa a la misma. Entre agosto de 2017 y julio de 2018, lo que era una supuesta “pausa para arreglos” parecía tomar la forma de una “contrarreforma” dirigida a detener el avance del sector privado y la emergencia de una clase media en la Isla. Esta contrarreforma se hizo evidente el 10 de julio de 2018 con el anuncio de un nuevo paquete de leyes para “perfeccionar” el trabajo por cuenta propia.
El segundo suceso fue la inesperada elección de Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos (noviembre de 2016). A ello le siguió rápidamente, a finales de noviembre, el fallecimiento histórico del inveterado máximo líder cubano, Fidel Castro.
Por último, en abril de 2018, llegó la igualmente histórica transferencia del poder ejecutivo de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel (una sucesión originalmente programada para febrero), quizás señalando el fin de casi sesenta años de la era castrista.
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El mambo económico de Raúl Castro: dos pasos para adelante y un paso para atrás
A partir de 2010, la actividad empresarial en Cuba ha experimentado una explosión cuantitativa bastante inaudita: con un crecimiento de solo 157.371 cuentapropistas cuando se reinició en septiembre de ese año a 591.456 a finales de mayo de 2018 —casi se ha cuadruplicado en ocho años.2 La sumatoria de estos cuentapropistas con el medio millón estimado de emprendedores no autorizados, y los empleados no registrados de los cuentapropistas sin autorización que trabajan informalmente, más los 575.000 campesinos privados y miembros de cooperativas, y unos 50.000 empleados de las empresas mixtas de Cuba con compañías extranjeras, hace que el total del “sector no estatal” constituya casi un tercio (32%) de la fuerza laboral cubana.
Dentro de los cuentapropistas autorizados, la empresa más popular es la de los servicios alimentarios, representando un 9,8% de todas las licencias (58.101), seguido por un 9,7% en el transporte (57.289), y 6,3% para las casas particulares de alquiler (37.369) y otro 5% para los agentes de telecomunicaciones. Otro 27.6% de las licencias no las tienen los propios emprendedores sino sus empleados (162.995) que están legalmente autorizados como partes contratadas y se concentran en los servicios alimentarios y en la hospitalidad (especialmente con el auge de las paladares y las casas particulares).3
Además de esta expansión cuantitativa ha ocurrido alguna mejora cualitativa en la estructura de oportunidad logística para los cuentapropistas, que incluye una mayor facilidad para solicitar y obtener licencias, una lista más amplia de ocupaciones a escoger, un sistema tributario ligeramente mejorado y la capacidad legal para contratar empleados privados por primera vez desde 1968. No obstante, persisten muchos frenos onerosos, frustrantes y aparentemente arbitrarios que contrarrestan el óptimo funcionamiento y la expansión del sector empresarial cubano. Quizás el principal y mayor obstáculo es la continua prohibición a que la mayoría de los profesionales se conviertan en trabajadores autónomos en sus profesiones.
De las aproximadamente 200 ocupaciones, solo el 21% se consideran “calificadas”, con un minúsculo 6% dentro de los servicios profesionales tales como programador de computación, contador, fotógrafo, o traductor, dejando la vasta mayoría dentro de las categorías semicalificadas (52%) y no calificadas (21%). Esto encierra eficazmente a la clase profesional altamente calificada de Cuba dentro del sector estatal, mal remunerado y centralmente contralado, o los obliga a renunciar a sus profesiones cuando eligen convertirse en autónomos (típicamente en el creciente sector de los servicios del turismo).
Algunas de las ocupaciones más “medievales” presentes en la lista oficial del cuentapropismo son: afilador de cuchillos, arriero, encargado de los servicios, podador de palmas, esquilador de ovejas y adivinador.4 Esta singular situación condujo a la periodista Julia Cooke a afirmar irónicamente en un artículo de opinión del New York Times que “una cubana puede entrar en los negocios como payasa pero no como abogada; puede abrir un bar pero no una clínica privada”.5 Eso sin mencionar lo errado de publicar una lista de solo 201 (o 123) ocupaciones privadas aprobadas, política que proscribe todas las demás por defecto. Una política mucho más sabia y generadora de empleos sería listar solo aquellas ocupaciones privadas que están prohibidas, permitiendo un amplio margen a la innovación empresarial a fin de fomentar la creación de nuevas ocupaciones e industrias insospechadas.6
La lección aquí es que a pesar de que las reformas empresariales y promercado de Raúl Castro fueron bastante significativas y cuantitativamente exitosas en comparación con las liberalizaciones de Fidel Castro durante el Período Especial, aún carecen de la profundidad, la amplitud, y la velocidad que permitiría a los emprendedores cubanos emergentes desempeñar un papel en la economía que no fuese solo complementario. Por ejemplo, mientras que el sector turístico de Cuba se expande rápidamente con un récord de cuatro millones de visitantes en 2016 (un 13% más que en 2015) y 4,7 millones más en 2017 (un incremento de un 17,5% respecto de 2016),7 los restaurantes privados, las habitaciones de alquiler y los taxis de la Isla que brindan servicio a una creciente proporción de esos turistas no tienen acceso a mercados mayoristas, se les impide importar bienes para sus negocios y tienen que lidiar con altos costos en dólares en las transferencias de dinero (12-18%) y en el intercambio de moneda (13%), considerando que tales transferencias son una de las pocas fuentes de inversión disponibles a ellos.
Asimismo, dado los esfuerzos históricos del expresidente Obama en aras de la promoción de los viajes de los estadounidenses a la Isla y del comercio con el sector privado cubano, resulta particularmente irónico que el gobierno cubano siga manteniendo un monopolio en las exportaciones e importaciones, haciendo que los importantes cambios regulatorios de los Estados Unidos en dichas áreas durante los años 2015 y 2016 sean en su mayoría letra muerta.
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La revocación de Trump de las medidas liberalizadoras de Obama: ¿plus ça change?
La serie de restricciones internas que permanecen en detrimento de la libertad y de la expansión del sector privado en la Isla (que los cubanos denominan “autobloqueo”) se exacerba aún más con el embargo estadounidense, recrudecido recientemente por las nuevas restricciones de viajes y comercio impuestas por el presidente Donald Trump. Anunciadas con gran fanfarria por Trump y el Senador Republicano de la Florida, Marco Rubio, en la Pequeña Habana de Miami el 16 de junio de 2017, las medidas se justificaron en ese momento como un intento de cortar los fondos al gran número de empresas estatales y de propiedad militar, mientras se seguía permitiendo a los estadounidenses patrocinar (y presumiblemente “empoderar”) el sector privado de la Isla.
Sin embargo, en la práctica, el riesgo legal que una vez más se asocia con viajar a Cuba a la luz de las medidas de Trump perjudicará a los emprendedores a los que supuestamente debería ayudar. Aunque puede que las medidas redireccionen una parte del flujo de visitantes estadounidenses, alejándolos de las propiedades estatales y militares, y empujándolos hacia el sector privado, el precio de esta porción ligeramente mayor del sector privado sería una reducción sustancial del número total de viajeros estadounidenses. Dada esta probabilidad, al parecer las nuevas medidas están más dirigidas a lacerar al gobierno cubano (y aceptar el daño colateral que se inflige a la población), en vez de dar prioridad al acercamiento y al empoderamiento del pueblo (mientras se permite algún beneficio colateral para el gobierno).
Durante mi visita a La Habana en los días siguientes al anuncio del presidente Trump sobre su nueva política hacia Cuba, hablé con el exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos, John Caulfield (2011-2014), quien se encontraba presente en la Isla por asuntos de negocios. Aunque insistió en que era todavía demasiado pronto para saber cómo la política agresiva de Trump impactaría en el acercamiento cubano-estadounidense en proceso o en el naciente sector empresarial, este experimentado diplomático estadounidense resumió el quid de la política de Trump con palabras incisivas: “A veces en la política, lo que se dice es más importante que lo que se hace”.
De hecho, a pesar del discurso grandilocuente de Trump a su público extremista cubano-americano en Miami, prometiendo una “cancelación total” del “mal acuerdo” de Obama con Cuba, al principio daba la impresión de que dejaría inalteradas la mayoría de las políticas de Obama —en especial aquellas encaminadas a apoyar el sector privado cubano— mientras que simultáneamente apuntaba a modificaciones en tres áreas relativamente estrechas, pertinentes a la economía y a los viajes.
Según se anunció en junio y se hizo política oficial de EE. UU. en noviembre de 2017, cuando las regulaciones en cuestión se publicaron en el Registro Federal, el gobierno de Trump: 1) eliminó la categoría de viajes individuales “people to people”, exigiendo que los futuros visitantes estadounidenses viajasen como miembros de grupos turísticos organizados; 2) prohibió todos los futuros acuerdos financieros con entidades que fuesen controladas por el ejército, la seguridad o los servicios de inteligencia cubanos; y 3) impuso una definición mucho más abarcadora de “funcionarios cubanos de alto nivel”, de manera que una mayor proporción de empleados estatales quedaría restringida de recibir remesas monetarias de sus familiares cubano-americanos.
Dicho esto, se mantendrían las relaciones diplomáticas y las recién inauguradas embajadas en las capitales de ambos países permanecerían abiertas; los viajes aéreos y en cruceros a Cuba desde EE. UU. continuarían siendo legales; la capacidad de los cubano-americanos para viajar y enviar remesas a Cuba seguiría en vigor; Cuba permanecería fuera de la lista del Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo; los 20 memorandos de entendimiento firmados en una diversa serie de áreas, incluidos la protección del medio ambiente y la interdicción de drogas serían respetados; todos los acuerdos comerciales previamente ejecutados entre compañías estadounidenses (entre ellos Starwood Hotels) quedarían exentos y considerados legales; y (nada sorprendente dado la recia posición de Trump en temas de inmigración) el último acto legal de Obama como presidente respecto a Cuba —la eliminación de la política especial migratoria conocida como “pies secos, pies mojados” — permanecería inalterado. Ningún otro cubano de “pie seco” sería admitido automáticamente como refugiado.
La política de Trump hacia Cuba representa un retroceso significativo en las relaciones bilaterales de Cuba-EE. UU. Además de inyectar un nuevo e innecesario antagonismo y desconfianza en unas relaciones diplomáticas ya escabrosas, las medidas de Trump también tendrán consecuencias negativas para los propios emprendedores cubanos que supuestamente deberían apoyar. Incluso las tres medidas relativamente limitadas que mencionamos empañarán la creciente confianza que había estado experimentando el sector cubano debido al influjo de nuevos negocios estadounidenses y especialmente de los viajeros estadounidenses, quienes se habían convertido en clientes frecuentes y entusiastas de la “Cuba emprendedora”.
A pesar de esto, un nítido rayo del sol en la agresiva nube retórica de Trump es que los previos cambios de Obama se habían hecho tan populares y exitosos en esos dos años y medio, entre 2014 y 2017, que crearon un “nuevo normal”, protegiendo gran parte de la existente política de pro-acercamiento de la muy cacareada “cancelación total” de Trump. De hecho, el antiguo vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, sonó muy parecido a un funcionario del gobierno de Obama en favor de la política de acercamiento cuando en junio de 2017 defendió la nueva política de Trump con las siguientes palabras: “Respecto a Cuba, lo primero que hizo el Presidente fue sentar las bases para empoderar al pueblo cubano en aras de un mayor desarrollo económico y político”. En efecto, los observadores de Cuba podrían ser perdonados por llegar a la conclusión —apresurada, resulta— de que la nueva política de Trump no era mucho más que “plus ça change, plus c’est la même chose” (mientras más cambian las cosas, más iguales se quedan).
Ahora bien, existe una diferencia fundamental entre las políticas de Obama y de Trump hacia Cuba y en especial hacia su emergente clase emprendedora. El giro político de Obama estaba encaminado a eliminar a EE. UU. como antagonista (y chivo expiatorio) del gobierno cubano; resuelto a cambiar el régimen mientras empoderaba al sector privado de la Isla involucrándolos abiertamente a ellos y a los funcionarios estatales cubanos simultáneamente. En cambio, el enfoque Trump-Rubio está encaminado a golpear económicamente a los últimos mientras intenta continuar brindado más oportunidades a los primeros. Este enfoque agresivo de “brecha”, encaminado a separar estratégicamente al pueblo cubano del gobierno cubano, es en esencia un regreso a las políticas idénticas de la Guerra Fría de aislamiento y empobrecimiento consagradas en el Embargo, aunque estén disfrazadas y justificadas con el lenguaje del enfoque de Obama de “empoderamiento”.
Dicho esto, la reacción de gobierno cubano a la ofensiva de “poder blando” de Obama, magistralmente ejecutada durante su histórica visita a Cuba (marzo de 2016), indica que los funcionarios del Estado consideraron el enfoque de Obama, mucho más equilibrado, respetuoso y sensible, como un “profundo ataque a nuestras ideas, nuestra historia, nuestra cultura y nuestros símbolos”, según las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. En efecto, la reacción del gobierno cubano a la nueva política de Trump, publicada como una posición oficial del Estado en el periódico Granma en junio de 2017, argumentó que la política estadounidense del gobierno de Trump solo era retóricamente diferente a la de Obama. Mientras que Trump retornaba a la política arrogante del pasado de imponer exigencias a Cuba, el enfoque más cortés y sutil de Obama era en esencia el mismo lobo disfrazado en piel de oveja, puesto que Estados Unidos nunca ha abandonado su objetivo de “cambio de régimen”: “Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al fracaso”.
Una acotación final acerca de una serie de “ataques sónicos” contra diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana es necesaria para explicar a cabalidad el continuo deterioro de las relaciones bilaterales de Cuba-EE. UU. y cómo esto impacta negativamente en el sector privado cubano.
Desde noviembre de 2016 y hasta al menos agosto de 2017, más de 22 diplomáticos estadounidenses y al menos uno canadiense informaron haber experimentado misteriosos “ataques” sónicos que provocaron dolores de cabeza, mareos, pérdidas auditivas, e incluso ligeras lesiones cerebrales. Aunque estos incidentes comenzaron cuando Obama aún ocupaba la presidencia, en ese entonces no habían alcanzado las proporciones “epidémicas” que tuvieron luego. Al principio, ni la nueva presidencia de Trump ni el Departamento de Estado culpaba al gobierno cubano, e incluso Raúl Castro se reunió en privado en La Habana en la primavera de 2017 con el Charge D’Affaires de la Embajada de los Estados Unidos, Jeffrey DeLaurentis, para prometer su cooperación en la investigación de la causa. Sin embargo, en agosto de 2017, tanto el presidente Trump como el entonces Secretario de Estado Rex Tillerson comenzaron a sugerir que Cuba era responsable de los incidentes ya sea por comisión u omisión puesto que, para empezar, no había impedido que sucedieran.
Como respuesta, Cuba ha negado responsabilidad en reiteradas ocasiones e incluso cuestionó la legitimidad de los síntomas mientras se comprometía simultáneamente a cooperar con Estados Unidos para encontrar la causa. En un paso sin precedente, Cuba incluso permitió acceso a la Isla a investigadores del FBI para que profundizasen en su pesquisa, pero estos y otros funcionarios estadounidenses se han negados constantemente a compartir sus hallazgos, aún no concluyentes, con los investigadores y funcionarios cubanos.
En septiembre de 2017, Estados Unidos anunció una drástica reducción del personal de su embajada como medida preventiva mientras la investigación estaba en curso. El senador Marco Rubio entonces exigió que la misión diplomática cubana en Washington, D.C. se redujera también a dos tercios, a manera de paridad. El gobierno de Trump respondió con la expulsión de 17 diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba en Washington. Además, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje (nivel tres) contundentemente escrita, aconsejando a todos los potenciales visitantes estadounidenses a Cuba que “reconsideraran viajar a Cuba debido a ataques dirigidos a los empleados de la Embajada de EE. UU. en La Habana”, a pesar de que ningún civil había informado síntoma alguno y aún no existían pruebas de que los incidentes informados fuesen “ataques” en lo absoluto.
Las consecuencias de esta serie de acontecimientos verdaderamente raros y bastante inauditos (incluso en los anales singulares de las relaciones bilaterales entre Cuba y EE. UU., históricamente antagónicas) han sido la reducción drástica de la presencia diplomática y del alcance de los funcionarios cubanos y estadounidenses en los respectivos países, otorgando así, a quien quiera que esté detrás de estos incidentes, exactamente lo que estaba buscando: una reversión de facto al statu quo de tratos diplomáticos mínimos y antagónicos y una pérdida significativa de confianza mutua. Los incidentes también pueden haber dado a la administración de Trump el pretexto perfecto para llevar a hechos lo que no se ha atrevido a hacer en la ley: revocar la apertura diplomática de Obama a La Habana.
En efecto, la periodista Mimi Whitefield del Miami Herald informa el hecho irónico de que el personal de lo que es oficialmente la Embajada de Estados Unidos “está ahora mucho más reducido que cuando la base diplomática estadounidense funcionaba como Sección de Intereses” antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el verano de 2015. En la Embajada no trabaja ningún funcionario político, económico, de relaciones públicas, ni culturales, y solo hay un funcionario consular para una nación entera que se encuentra normalmente entre los diez primeros emisores de inmigrantes a EE. UU. del mundo. En resumen, los diplomáticos estadounidenses han sido removidos del terreno de la participación precisamente durante un momento que se da solo una vez en una generación, cuando Cuba atraviesa una transición gubernamental histórica, limitando así la capacidad de Estados Unidos para defender o influenciar estos cambios en favor de sus intereses.
En marzo de 2018, seis meses después de la reducción inicial, el gobierno de Trump determinó hacer de esta reducción de personal una situación indefinida en la Embajada de La Habana, convirtiendo a la misión diplomática en un “puesto sin acompañantes”, una sombra de lo que era antes, con solo 10 miembros del personal quienes trabajan allí sin ningún familiar. El personal esquelético de la Embajada ha paralizado la inteligencia estadounidense, la migración, los esfuerzos “people-to-people”, eso sin contar la capacidad de EE. UU. para finalmente llegar al fondo de la causa de los propios incidentes acústicos.
Por otra parte, según informa el Cuba Central Blog: “prácticamente todas las funciones normales de la Embajada han sido suspendidas… obligando a los cubanos que quieren ir de visita o inmigrar a Estados Unidos a viajar a terceros países para las entrevistas y las tramitaciones”. De hecho, en diciembre de 2017 solo se emitieron 22 visas de inmigrante en comparación con un promedio de 800 por mes, con anterioridad a septiembre de 2017.
Como respuesta, algunos políticos estadounidenses que favorecen el acercamiento, como la representante Kathy Castor, de Florida, y un consorcio de 28 turoperadores y organizaciones de viajes educacionales, han pedido al Departamento de Estado que anule la alerta de viaje que según sus argumentos “ha perjudicado significativamente a los emprendedores cubanos que han desarrollado sus negocios con los servicios a los visitantes estadounidenses”. A finales de agosto de 2018, el Departamento de Estado anunció un cambio ligero a su advertencia, ahora diciendo que viajeros solo deben “ejercer mayor precaución” durante sus viajes (nivel dos), no reconsiderarlos como antes.
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© Tomado del libro de próxima aparición La Cuba empresarial. El paisaje cambiante de la política cubana (Hypermedia, 2018), de Ted A. Henken y Archibal R. M. Ritter.
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Notas: 1 La cita es del cuentapropista cubano Ramón Bedias en la publicación de Ted A. Henken: “Is Cuba ‘Open for Business’?”, Cuban Counterpoints, 1ro de septiembre de 2016. 2 De acuerdo con el artículo de Granma, “Proceso de preparación sobre nuevas normas de trabajo por cuenta propia”, publicado el 3 de octubre de 2018: “En la actualidad en Cuba ejercen esta actividad 593 mil 664 personas, lo que representa el 13 por ciento de la ocupación del país y el cinco por ciento de los ingresos tributarios”. 3 Ted A. Henken, “Entrepreneurial Activity in Cuba’s Private Sector”, Engage Cuba Coalition y Cuba Emprende Foundation, febrero de 2017. El blog cubano independiente Postdata, que se centra en el periodismo de datos empleando conjunto de datos (data set) oficiales del gobierno, informó recientemente un desglose ligeramente diferente. Según ellos, a comienzos de 2017 había más de 35.000 casas particulares de alquiler autorizadas y la distribución de licencias de trabajo por cuenta propia era la siguiente: empleados contratados (19,4%), actividades del transporte (14%), servicios alimentarios (10,7%), casas de alquiler (6,7%) y agentes de telecomunicaciones (4,4%). El resto de las actividades en conjunto representan el 44,9% del número total de licencias en las entonces 201 categorías legales. 4 De hecho, adivinador y otras ocupaciones tradicionales orientadas al turismo que incluyen cochero, barbero tradicional, expositor de perros entrenados, “habaneras” (mujeres que posan para el turista con coloridos atuendos coloniales), bailarines folclóricos, caricaturistas y “dandy” (hombre vestido con atuendo colonial) son ocupaciones por cuenta propia especiales, restringidas exclusivamente al área de Habana Vieja y autorizadas por la Oficina del Historiador. Hasta julio de 2018 estaban burocráticamente separadas de las otras 173 ocupaciones por cuenta propia. Durante el verano de 2018 esta lista fue “simplificada” de acuerdo con las nuevas regulaciones del gobierno, consolidando la lista en un total de 123 ocupaciones sin eliminar ninguna. 5 Sin embargo, es en realidad más restrictivo de lo que afirma Cooke en tono de burla puesto que técnicamente abrir un bar no era legal cuando ella escribió su artículo. Los bares privados sí existían, pero estaban usualmente encubiertos como práctica de los restaurantes. A partir de diciembre de 2018, será posible conseguir una licencia para montar un bar sin tener que esconderlo por detrás de una licencia para una paladar. 6 Así fue el consejo principal del cuentapropista Camilo Condis durante su intervención en una mesa redonda organizada por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE por sus siglas en inglés) y Cuba Study Group en Miami en el verano de 2018: “Con respecto a qué esperamos, yo no quiero hablar de lo que espero, sino de qué quisiera. Porque esperar ya dije que no espero mucho. […] Yo quisiera una lista diferente. Nosotros tenemos una lista de licencias […]. Yo quiero una lista de prohibiciones. […] Esa es la lista que yo quiero. Qué es lo ilegal, qué es lo que yo no puedo hacer. […] No puedes tener una escuela privada porque la educación es gratuita en Cuba, no puedes tener una clínica privada porque la salud es gratuita en Cuba. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver una lista de qué es lo que no podemos tener. Ponme un marco regulatorio dentro de lo lógico. […] Dime qué es lo sagrado dentro del proyecto socialista cubano. Dime qué es lo sagrado y déjame trabajar fuera de ese marco sagrado, y déjame hacer lo que yo sea capaz de crear”. 7 Este incremento durante 2016 y 2017 fue impulsado por una nueva ola de visitantes de los Estados Unidos (formada por cubano-americanos y otros estadounidenses). El crecimiento fue especialmente marcado por una explosión en el número de llegadas de residentes estadounidenses no cubanos quienes vieron una expansión significativa de su acceso legal a la Isla con la relajación de las restricciones de viaje por parte de Obama. De hecho, el Ministerio de Turismo de Cuba reportó a principios de 2018 que más de un millón de individuos estadounidenses visitaron Cuba el año anterior. Este total fue conformado por 453.905 cubano-americanos (un 37,8% más que en 2016) y 619.523 individuos sin ascendencia cubana, con un incremento de un 117,4% respecto a 2016.
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