El 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con el Día del Archivero Cubano, la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana inauguró la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”, una muestra dedicada a presentar parte del patrimonio documental cubano reconocido en los registros internacionales, regionales y nacionales del Programa Memoria del Mundo.
Cartel de la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
La iniciativa, organizada por la propia Oficina Regional de la UNESCO, la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y el Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo, reunió reproducciones de fondos y colecciones vinculados con la historia política, social, cultural y científica de la Isla; entre ellos, el Fondo José Martí Pérez —primera inscripción cubana en el Registro Internacional (2005)—, los negativos originales del Noticiero ICAIC Latinoamericano, los carteles cubanos de cine, las Actas del Ayuntamiento de La Habana correspondientes al período colonial de 1550-1898 y la colección documental “En Canoa del Amazonas al Caribe”.
Fragmento de la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
La recomendación de la UNESCO de 2015 insta a los Estados a maximizar el acceso, ofrecer catálogos y herramientas de búsqueda actualizados, facilitar consultas presenciales y digitales, y someter las restricciones legítimas a criterios claros, limitados en el tiempo y susceptibles de revisión. Ante ello, la normativa cubana reconoce el derecho a consultar documentos de archivos públicos y, desde 2026, la Ley 168 de Transparencia y Acceso a la Información Pública amplía las obligaciones de las instituciones en materia de información; el propio régimen archivístico en Cuba permite restringir fondos clasificados, de acceso limitado o sujetos a condiciones fijadas por sus entidades productoras. Igualmente, el reglamento de 2020 establece que la consulta en archivos históricos puede requerir autorización previa del director o acreditación institucional. Por eso, el ODC considera oportuno subrayar no solo cuánto patrimonio documental cubano logra preservarse o incorporarse a registros internacionales, sino cuánto de ese patrimonio puede ser localizado, consultado, reproducido y estudiado por cualquier ciudadano sin barreras discrecionales.
Vista frontal de la sede de la UNESCO con muestras de “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
¿Qué es Memoria del Mundo y cómo sirve al archivo cultural cubano?
Creado por la UNESCO en 1992, Memoria del Mundo no concibe la conservación como un fin aislado: sus objetivos declarados son facilitar la preservación del patrimonio documental, promover su acceso universal y permanente, y aumentar la conciencia pública sobre su importancia. Para el Registro Internacional, las candidaturas deben superar criterios que incluyen autenticidad e integridad y demostrar significación mundial (relevancia histórica, forma, estilo y otros valores comparativos); la inscripción busca hacer ese patrimonio más conocido y favorecer su utilización para la investigación, la educación y la preservación futura. En el caso cubano, la UNESCO contabiliza actualmente cinco inscripciones en el Registro Internacional; entre ellas, el Fondo José Martí Pérez, el Noticiero ICAIC Latinoamericano y la colección sobre la vida y obra de Ernesto Che Guevara; a escala regional, además, existen reconocimientos como las Actas del Ayuntamiento de La Habana y los carteles cubanos de cine.
En memoria documental, el Programa Memoria del Mundo (UNESCO) obliga a los países miembros a salvaguardar y difundir su patrimonio documental. La UNESCO declara que su registro “implica un compromiso mayor con la digitalización y la posibilidad de hacer accesibles los documentos a toda la ciudadanía”. Cuba ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1980) y concurre a múltiples convenios sobre Patrimonio Mundial, Inmaterial, Diversidad Cultural, Memoria Documental.
En Cuba, la Constitución de 2019 garantiza el derecho ciudadano a solicitar y recibir “información veraz, objetiva y oportuna” de los órganos del Estado. La Ley 168/2024 de Transparencia reglamenta dicho derecho, estableciendo el acceso a la información pública y sistemas de solicitud. Sin embargo, esta ley también autoriza amplias excepciones. Por ejemplo, dispone proteger “la información que ponga en riesgo la defensa y la seguridad nacional”, y exige al Estado ponderar en cada caso el “daño previsto” antes de liberar datos. En la práctica, estas cláusulas permiten un acceso muy limitado dentro de la cosmovisión cubana de disidencia como asunto de seguridad nacional. Por añadidura, según la directora del Archivo Nacional, corresponde a cada “Jefe de Archivo” decidir sobre la restricción o limitación del acceso por motivos de “estado de conservación” u otros, lo que provoca personalismos dentro de esa misma cadena de poder.
Fragmento de la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
Acceso al patrimonio vs. discursos oficiales
La exposición de la UNESCO subraya el valor histórico de documentos y afirma que “preservar la memoria garantiza el conocimiento pleno del pasado”. También destaca que las colecciones exhibidas demuestran “la voluntad política de mantener ese patrimonio vivo y accesible”. Por ejemplo, las Actas del Ayuntamiento de La Habana (1550-1898) fueron inscriptas como “tesoro” nacional; pudiéndose consultar de modo digital a través de la Digital Library of the Caribbean(DLOC) de la Universidad de Florida, que ha escaneado buena parte. Paradójicamente, esas actas son más accesibles fuera de Cuba que en su archivo original.
En contraste, otros “tesoros” nacionales señalados por la exposición tienen un acceso muy restringido:
- Fondo José Martí y Pérez (1853-1895): reconocido por UNESCO (2005) y custodiado en el Centro de Estudios Martianos de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Esta institución no es accesible al público y a la vez, no existe una plataforma pública de consulta en línea de los manuscritos.
- Colecciones cinematográficas (ICAIC): la Cinemateca de Cuba conserva el Noticiero ICAIC Latinoamericano y los carteles cubanos de cine, ambos inscritos en Memoria del Mundo. En teoría, son patrimonio nacional; pero, en la práctica, solo se difunden en eventos oficiales o exhibiciones cerradas. No hay repositorio público en internet para estos archivos audiovisuales.
- “En canoa del Amazonas al Caribe” (1988): expedición de antropólogos liderada por Antonio Núñez Jiménez e inscrita en 2009 en Memoria del Mundo. Según la UNESCO, esta colección está “parcialmente digitalizada”, pero todavía no está disponible en internet. Se encuentra en la Fundación ANJ, también de acceso controlado.
Fragmento de la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
Si bien la UNESCO indica que estos archivos deben “ponerse al alcance de toda la ciudadanía”, el ciudadano promedio, investigador independiente o la comunidad emigrada carecen de canales directos para ello. En paralelo, el discurso oficial deja fuera voces históricas incómodas, nunca inscriptas ni promovidas en estas actas. Por ejemplo, durante las últimas décadas han aparecido archivos, museos virtuales, proyectos de historia oral y bases de datos independientes que documentan ámbitos escasamente representados en el relato institucional: disidencia política, censura cultural, violencia de género, encarcelamiento por motivos políticos, protestas, exilio, migración y producción artística independiente.
Entre ellos, destacan el Museo de la Disidencia en Cuba, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Justicia 11J, Cubalex, Archivo Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio de Libertad Académica (OLA-Cuba) y el propio Observatorio de Derechos Culturales. Sus colecciones no tienen el mismo origen, estatuto ni metodología, pero comparten una característica fundamental: preservan materiales que difícilmente podrían aparecer en los repositorios oficiales. Por ejemplo, INSTAR incluye tres fondos, en formato digital y con acceso gratuito: la obra, fotografías y documentos del poeta Luis Marré; el archivo de la Peña del Júcaro Martiano; y el archivo de Espacio Aglutinador, uno de los proyectos artísticos independientes más importantes de Cuba desde los años 90.
Justicia 11J surgió a raíz de las protestas de julio de 2021 para documentar detenciones y desapariciones, ampliando luego su trabajo a protestas públicas, procesos judiciales y otras formas de represión. Su metodología pública describe el uso de testimonios familiares, redes sociales, documentos legales, peticiones fiscales y sentencias. La organización afirma mantener bases de datos con miles de registros relativos a personas reprimidas, acontecimientos penitenciarios y responsables de violaciones de derechos humanos, aunque reconoce que sus cifras representan subregistros debido al miedo, la falta de conectividad y otras condiciones. En paralelo, el ODC ha realizado nueve informes que certifican tanto iniciativas como artistas y obras históricas y contemporáneas, detallando los casos de censura cultural. También realiza de forma sistemática un inventario biográfico de artistas e intelectuales presos.
Esta circunstancia resulta central para el debate sobre Memoria del Mundo. Si la memoria documental de un país se define solo mediante instituciones autorizadas por el propio Estado, las experiencias generadas por actores perseguidos, censurados o legalmente no reconocidos quedan excluidas desde el origen. Una política cubana de memoria documental tampoco puede ignorar que una parte importante de la documentación nacional se encuentra fuera del país. La Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, por ejemplo, es uno de los mayores repositorios de materiales sobre Cuba existentes fuera del territorio nacional, con libros, periódicos, archivos personales, registros de organizaciones, correspondencia, fotografías, mapas, materiales audiovisuales y fondos en un repositorio digital relacionados tanto con la Isla como con la diáspora.
Impacto en los derechos culturales
El resultado de esta dinámica es una afectación severa de los derechos culturales, que incluyen la producción, acceso y participación cultural en Cuba:
- Producción e investigación: los intelectuales y académicos pierden material clave. Sin acceso a archivos nacionales, los historiadores dependen de copias fuera del país o de documentos filtrados. Además, se obstaculiza la diversidad de interpretaciones históricas. Por ejemplo, la independencia cubana está narrada oficialmente desde el prisma “martiano” o “cespedista”; pero otras perspectivas quedan vedadas.
- Acceso del público: el ciudadano común no puede leer históricamente sus fuentes de forma autónoma. Los recursos estatales digitales son escasos. Aunque el Ministerio de Cultura promueve portales en línea (Biblioteca Digital Cubana), estos ofrecen muy poco de los registros originales. No hay proceso formal de “liberación de información histórica” comparable a una ley de archivos abiertos.
- Participación comunitaria: grupos sociales (comunidades afrodescendientes, identidades LGBT, diáspora cubana) ven su memoria excluida. Por ejemplo, el patrimonio oral y etnográfico (prácticas y voces de la sociedad civil) no figura en exposiciones oficiales. Las comunidades afectadas no pueden proponer inscripciones ni influir en qué se digitaliza.
- Preservación selectiva: aunque se habla de proteger el patrimonio, en la práctica hay prioridades políticas. Se salvan documentos “fundacionales” del Estado y se subraya la identidad revolucionaria.
Contraargumentos oficiales y respuestas críticas
La exposición de la UNESCO y las leyes señalan el deber de acceso, pero omiten las restricciones de facto. En la práctica, varios investigadores admiten navegar trámites complejos para visitar archivos (visados de investigación, vínculos con instituciones oficiales, cartas de invitación). Por ejemplo, Piero Gleijeses afirma en su investigación Inside the Closed Cuban Archives (2017) haber recibido un acceso excepcional a documentación sobre la participación cubana en África durante la Guerra Fría, aunque la ausencia de procedimientos establecidos obligaba a negociar individual y condicionadamente la consulta.
En El acceso a los archivos en Cuba. Un análisis histórico-jurídico, Yorlis Delgado López señala que las exigencias burocráticas han limitado la consulta de documentos históricos por investigadores, profesores y ciudadanos. En el texto de 2022, también examina la necesidad de autorizaciones de los directores de archivos y las diferencias entre investigaciones respaldadas por instituciones estatales y proyectos individuales.
Por otro lado, aunque la cultura oficial promueve eventos públicos donde se desarrollan talleres de archivística, o se celebra el Día del Archivero buscando reforzar la imagen de apertura, ello no cambia el control político sobre los contenidos. Es así cómo, a pesar de las promesas de transparencia de la Ley 168, la mayoría de sus solicitudes son denegadas con argumentos de seguridad. Casi toda la información estratégica (política, militar, económica) sigue clasificada en Cuba y la difusión estatal se ciñe a datos favorecedores del régimen.
La exhibición “Cuba en la Memoria del Mundo” resulta, entonces, un esfuerzo diplomático para proyectar una imagen de tutela cultural. Sin embargo, en ausencia de acceso real, la preservación oficial se convierte en un recurso de propaganda. El modelo actual empobrece los derechos culturales en tanto reduce la diversidad de narrativas y margina comunidades.
Fragmentos de la exposición “Cuba en la Memoria del Mundo”. Imagen: ODC (2026).
El ODC recuerda que, si bien “Cuba en la Memoria del Mundo” constituye una oportunidad para impulsar transformaciones en el acceso archivístico, no puede considerarse por sí misma una garantía de estas. La preservación y la difusión no son objetivos contrapuestos, sino responsabilidades complementarias de toda política cultural orientada al interés público. Conservar documentos mientras se restringe injustificadamente su consulta significa proteger los soportes materiales de la historia sin asegurar el derecho de las personas a conocerla, estudiarla e interpretarla.
Cuba necesita avanzar desde la celebración institucional de su memoria hacia una gestión abierta, plural y verificable de sus archivos. El ODC vuelve sobre la verdadera protección de la memoria, que no consiste únicamente en impedir que los documentos desaparezcan, sino también en garantizar que la sociedad pueda acceder a ellos y ejercer su derecho a construir, cuestionar y transmitir su propia historia.
La democratización de la memoria también exige revisar quiénes intervienen en su construcción y cuáles experiencias reciben reconocimiento. La historia de Cuba no puede reducirse solo a los documentos producidos y conservados por las instituciones estatales. Los archivos familiares, las memorias orales, las colecciones comunitarias y los testimonios de grupos históricamente subrepresentados constituyen fuentes indispensables para comprender la diversidad de la experiencia nacional.
El desafío, por tanto, no consiste en sustituir el archivo estatal por el archivo disidente, sino en abandonar la idea de que existe una única institución autorizada para determinar qué constituye la memoria nacional. Una política documental compatible con el espíritu de Memoria del Mundo debería permitir que los archivos públicos, las colecciones comunitarias, los repositorios del exilio y los fondos creados por organizaciones de derechos humanos puedan dialogar entre sí sin perder su autonomía ni poner en peligro a sus fuentes.
Por último, una política comprometida con el derecho a la memoria debe someterse a mecanismos públicos de evaluación. Las instituciones responsables de la gestión patrimonial, incluido el Ministerio de Cultura y las instancias vinculadas al Programa Memoria del Mundo, deberían publicar periódicamente información sobre los fondos conservados. Estos indicadores permitirían distinguir entre los avances en materia de preservación y los resultados concretos en términos de accesibilidad. Asimismo, facilitarían la evaluación independiente por parte de investigadores, organizaciones culturales y entidades de derechos humanos. Sin información pública sobre el funcionamiento de los archivos, resulta difícil determinar hasta qué punto los compromisos institucionales se traducen en beneficios reales para la ciudadanía.
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