En marzo de 2023, una joven camagüeyana de 43 años resultó detenida por postear en sus redes sociales un puñado de fotos con la bandera nacional tendida sobre su cuerpo, en claro gesto de solidaridad con el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Aniette González fue llevada inicialmente a Villa María Luisa, centro principal de detención de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, sitio que cuenta en su haber con numerosos testimonios de tortura, para luego ser trasladada a la cárcel conocida como Kilo 5 en la misma provincia, donde ha permanecido hasta hoy.
Después de más de diez meses de espera, la activista fue sentenciada a tres años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios, tipificado en la Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, publicada en 2019 en la Gaceta Oficial. El tribunal que la juzga manifestó en el documento de la sentencia que se desestimó el argumento de la defensa de que las fotos tenían una intención artística; en su lugar, son catalogadas como “una directa y agresiva burla hacia la enseña nacional”.
Queremos destacar que las fotografías de Aniette fueron realizadas en su propia casa y posteadas en sus redes privadas, como parte de una convocatoria para reactivar el performance La Bandera es de todos, inicialmente concebido por el artista Luis Manuel Otero en el 2019, justo después de aprobada la citada Ley de los Símbolos Nacionales. El solo hecho de enmarcar su acción solidaria dentro de un performance colectivo convocado como remake de una obra artística, es razón suficiente para validar las intenciones artísticas y cívicas de las fotos de Aniette, según los estándares del arte contemporáneo a escala nacional e internacional. La decisión del tribunal provincial de Camagüey no responde, sin embargo, a criterios de experticia artística, ni a una intención real de salvaguardar la dignidad de los símbolos patrios, sino a una sostenida práctica represiva que cancela toda expresión libre de los ciudadanos cubanos, sean artistas o no, que no venga de la mano del apoyo político incondicional al Estado cubano y a la ideología pautada por el Partido Comunista.
La necesidad de enmascaramiento de estas razones de exclusión política produce la emergencia de artilugios legales de todo tipo, como la citada Ley de los Símbolos, para poder reprimir a opositores, disidentes o librepensadores, bajo el ropaje de delitos penales y civiles construidos. La prueba mas fehaciente de lo anterior es que también el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue procesado y condenado a cinco años de prisión por varios delitos comunes, entre ellos el de ultraje a los símbolos patrios, incluso cuando contó como testigos de su defensa con reconocidos críticos y artistas cubanos, un Premio Nacional de Artes Plásticas entre ellos. Todos atestiguaron que el performance Drapeau, por el que Luis Manuel estaba siendo acusado, no se trataba de una ofensa a la bandera nacional, sino de una apropiación artística con pretensiones estéticas justificadas. El tribunal desoyó a los expertos. La decisión de culpabilidad ya estaba tomada, y no precisamente en la audiencia donde se le juzgó, sino por la plana alta de la policía política.
Lo mismo está ocurriendo hoy con Aniette González, solo que con menor visibilidad y con tintes claros de escarmiento público para todo aquel que se atreva a solidarizarse o siga los pasos de un activista que confronte al poder político.
Adicionalmente, la sentencia de Aniette sale a la luz en un momento en que la comunidad artística camagüeyana vive una conmoción a causa de la censura de la obra A imagen y semejanza, versión dos, del reconocido artista visual y también profesor de la filial provincial de la Universidad de las Artes, Nelson Miranda. La pieza formaba parte de la exposición personal Trastorno Bipolar, a presentarse en el marco del Salón de la Ciudad, que se realiza todos los años en el mes de febrero en la capital agramontina. Las razones para la censura de la obra en cuestión también se asocian, supuestamente, a la Ley de los Símbolos Patrios, pues contiene la representación de una bandera cubana con texto de publicaciones periódicas encima y también grafitis con la palabra justicia y la escolta instalada de cartones de huevos vacíos y botellones de aceite.
Según la declaración del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, firmada por su presidente Juan Carlos Mejías Ruiz y publicada el 2 de febrero de 2024, el jurado del evento fue unánime en proponer al artista que modificara o no incluyera la obra en cuestión, como condición para el mantenimiento de la muestra. Como sugieren las palabras de Carlos Mejías, este procedimiento es propio de cualquier curaduría, confundiendo convenientemente diálogo o decisión consensuada entre curador y artista con una acción de censura. La declaración también deja claro que la decisión inapelable de los curadores se debe a penalizaciones en el uso de la bandera nacional, que aparecen en la mencionada ley, también inapelable. Todo apunta a que Nelson Miranda, con carné del Registro del Creador, con currículo extenso dentro de instituciones cubanas, también ofende a la bandera cubana.
Salta a la vista la sensible diferencia que suponen tres años de privación de libertad, al lado de la censura de una obra visual y de la consecuente no realización de una exhibición artística, lo que demuestra una vez más cómo la discriminación es una herramienta de la represión política para el totalitarismo cubano. Sin embargo, queremos hacer notar que el reforzamiento de la rigidez institucional a la hora de aceptar o vetar obras y significados públicos referidos a realidades y representaciones sociales y políticas, en este caso referidas al uso de los símbolos nacionales, contribuye a hacer expansivo el escarmiento y el inmovilismo en términos de libertades, tanto privadas como colectivas. El poder desiguala entre unos y otros y decide el tamaño del castigo que debe ser impuesto a cada infractor, pero la lógica de control absoluto y de la represión a todo lo que no responda a sus estándares de idoneidad política es la misma.
El Observatorio de Derechos Culturales, creado para respaldar y fomentar el arte independiente cubano, así como para dar fe de la violación sistemática de los derechos culturales por parte del Estado, amparado en la complicidad de la estructura institucional que desdice de su encargo social, condena enérgicamente la represión a la libertad de expresión de los cubanos y la instrumentalización del arte y la cultura por el sistema penal cubano, funcional al poder político. Los símbolos patrios pertenecen a toda la ciudadanía, hacen parte del imaginario colectivo de la nación que, a su vez, se ha nutrido de la historia construida a lo largo de nuestro devenir en el tiempo. El impulso romántico decimonónico tributó a la constitución de los estados nacionales y a la tipificación de sus referentes de identidad, consolidando ideales mediante la alegoría poética de la cual las banderas son parte. Nada en esa tradición conlleva atribuirse el derecho a su uso por unos en detrimento de los otros. Las representaciones visuales de un país no están concebidas para ejercer la discriminación entre sus ciudadanos, no están al servicio del estamento político, conciernen y pertenecen a todos en condiciones de igualdad.
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
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