Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sido por décadas las organizaciones no gubernamentales de mayor reconocimiento a nivel global en la defensa de los derechos humanos. América Latina no ha sido la excepción. El trabajo de ambas ONG en dicha región se ha enfocado en investigar y denunciar violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos dondequiera que estas se produzcan; todo dentro un marco ajeno a cualquier gobierno, ideología política u organización religiosa. Es por ello crucial conocer de primera mano, en las voces de las líderes de ambas organizaciones en el continente, sobre el alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina, y qué hacer para revertirlo.
Hypermedia Magazine ofrece un resumen de la conversación que tuvieron en Twitter Spaces Erika Guevara Rosas (directora para las Américas de Amnistía Internacional) y Tamara Taraciuk Broner (directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch), donde esbozan los retos y oportunidades que implican la defensa de los Derechos Humanos en América Latina.
Carlos Mendoza: Muy buenos días, soy Carlos Mendoza, content manager para las Américas de Amnistía Internacional. Me es grato presentar a dos mujeres extraordinarias, expertas en la defensa y promoción de los derechos humanos en la región. Hablo de Tamara Taraciuk Broner, con una carrera de más de 15 años en Human Rights Watch y quien hoy en día es la directora en funciones de esta organización para América Latina, y de Erika Guevara Rosas, destacada feminista, defensora de los derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Me gustaría empezar con Tamara. Este es el primer Twitter Spaces que hacen juntas. ¿Háblanos de las amenazas y desafíos que enfrentan las personas —periodistas, jueces, fiscales, etc.— que defienden los derechos humanos en América Latina? ¿Cuál es la pertinencia de este debate hoy?
Tamara Taraciuk: Sí, en una de las charlas que tuvimos recientemente, Erika y yo compartimos la preocupación de nuestras organizaciones por los enormes desafíos de América Latina en materia de derechos humanos. Estamos experimentando un retroceso. Nos preocupan las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, claro, pero también hay países en la región donde líderes que son electos democráticamente llegan al poder y luego atacan a la sociedad civil independiente, vulneran la libertad de prensa y la independencia judicial. Esta inquietud nos motivó a tener este encuentro hoy para charlar un poco sobre cuáles son los problemas y desafíos que observamos; también para resaltar el valiente trabajo de la sociedad civil y la prensa independiente, así como de jueces y fiscales en América Latina.
Carlos Mendoza: Amnistía Internacional y Human Rights Watch acaban de sacar un comunicado conjunto sobre un proyecto de ley en México que amenaza el trabajo de la sociedad civil independiente. Erika, ¿nos podés contar de qué se trata?
Erika Guevara: Efectivamente, hace algunos días publicamos un comunicado conjunto con mucha preocupación sobre un proyecto que ha presentado el partido oficialista de Morena ante la Cámara de Diputados; una iniciativa de ley que podría imponer serias limitaciones al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Este proyecto de ley intenta prohibir que organizaciones sin fines de lucro influyan sobre la adopción o modificación de leyes, ya sea mediante la incidencia directa con órganos legislativos, o a través del litigio estratégico. El gobierno mexicano con esta ley podría revocar el reconocimiento de organizaciones que reciban financiamiento extranjero directa o indirectamente. No se trata de una iniciativa aislada, es parte de un contexto de deterioro del espacio democrático de la sociedad civil.
En México, el propio presidente López Obrador utiliza una narrativa estigmatizante contra organizaciones que defienden los derechos humanos, el medioambiente, así como contra aquellas organizaciones que cuestionan la transparencia gubernamental. Sus “conferencias” matutinas se han convertido en una especie de Tribunal Público para atacar a aquellas personas que cuestionan o critican sus políticas de gobierno.
Desafortunadamente se trata de una tendencia en la región. Por ejemplo, en Guatemala, durante el año 2020, el Congreso reformó una controvertida Ley de ONG, otorgando amplios poderes a las autoridades para clausurar organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se consideren “perturbadoras del orden público”. Y este término es tan ambiguo… El año pasado la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar los amparos que habían presentado varias organizaciones contra esta ley. Sin embargo, Guatemala sigue siendo uno de los países más peligrosos, más letales para el ejercicio de la defensade los derechos humanos.
En Honduras, por ejemplo, también Amnistía Internacional ha documentado el uso indebido del sistema de justicia, particularmente del delito de usurpación, como base para procesos penales infundados en contra de personas defensoras de los derechos humanos.
También existen leyes en El Salvador, Nicaragua, Cuba y Venezuela que estigmatizan la defensa de los derechos humanos utilizando la arquitectura legal e institucional creada a conveniencia de estos regímenes.
Carlos Mendoza: Muchas gracias, Erika. Hay ataques directos a la libertad de prensa y al ejercicio de los derechos humanos en toda la región. Pensemos en la implementación del software malware Pegasus en México y en El Salvador.
Erika Guevara: Muy recientemente hubo una investigación realizada por 80 periodistas independientes y varios medios de comunicación, coordinada por Forbidden Stories, en donde Amnistía Internacional participó como un socio técnico elaborando metodologías para identificar agresiones cibernéticas de vigilancia sobre personas defensoras de derechos humanos. El caso de México llamó la atención porque de una lista de 50.000 números telefónicos que fueron ingresados al sistema de la empresa israelí NS Group, creadora del software de espionaje Pegasus, 15.000 correspondían a personas mexicanas.
Hoy se sabe con claridad que la utilización de Pegasus se ha masificado y que México fue el primer comprador en el mundo, el principal usuario, esto es: el país en donde todo indica que se utilizó como en ningún otro de forma masiva y legal para vigilar a personas defensoras de los derechos humanos y a periodistas.
La vigilancia cibernética pareciera que se estira y se extiende en nuestra propia región. En enero de este año se hicieron públicos decenas de casos de periodistas y personas de interés que estaban siendo vigiladas con Pegasus en El Salvador, lo que develó una nueva etapa de preocupación respecto al ejercicio de la libertad de expresión en el país, que como sabemos también ha estado bajo ataque con el gobierno de Bukele.
Carlos Mendoza: Se plantean nuevas formas de ataque a la libertad de prensa, continúa el amedrentamiento a quienes defienden los derechos humanos. Tamara, algo más que quisieras agregar sobre este tema?
Tamara Taraciuk: Comparto plenamente las preocupaciones que mencionaba Erika. Creo que también es importante resaltar la situación en Colombia, por ejemplo. Probablemente Colombia es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años. De hecho, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, desde el 2016, hay más de 500 asesinatos, incluyendo líderes sociales, comunitarios, indígenas. La mayoría de estos casos son responsabilidad de grupos armados. Lo que ocurre es que los grupos armados asesinan a estos líderes porque los acusan de tener vínculos con el grupo armado opositor, digamos. Y si bien hay muchos mecanismos en Colombia para proteger a defensores, yo creo que hay que resaltar el trabajo de la Unidad Nacional de Protección en general. La implementación de estos mecanismos de protección ha sido muy deficiente; falta avanzar más en las investigaciones en contra de los autores intelectuales de los homicidios y en los esfuerzos para desmantelar a los grupos armados.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, hubo hace un tiempo una campaña sistemática por parte de las autoridades en contra de organizaciones de derechos humanos que incluyó congelar cuentas bancarias, emitir órdenes de detención, el allanamiento de oficinas, etc. Inclusive llegaron a detener a algunos defensores para interrogarlos.
Por otra parte, está el gobierno de Ortega y su intentona de desarticular a la sociedad civil, hecho que llevó a que muchos tengan que estar hoy en el exilio o detenidos por pronunciarse sobre la situación en su país.
Y, por último, creo que no podemos dejar de mencionar la situación de las amenazas y los ataques contra ambientalistas en distintos lugares de la región. Tal es el caso de Honduras: casi tres de cada cuatro ataques que son registrados contra defensores de los derechos humanos en el país fueron contra personas que son defensores del medioambiente. El caso emblemático fue el asesinato de Berta Cáceres en 2016, ambientalista y defensoras de derechos humanos; todavía hoy la organización que ella presidía y su familia siguen luchando por justicia.
El otro caso que mencionaría solo para terminar es Brasil. Desde que asumió en enero del 2019 el gobierno de Jair Bolsonaro se dedicó a debilitar la implementación de las leyes ambientales y esto, en la práctica, lo que generó fue un fortalecimiento de redes delictivas que están impulsando la deforestación en el país.
Carlos Mendoza: También se enfrentan a la desaparición forzada, como en el caso de Honduras. Yo quisiera volver a México, el país más letal para el ejercicio del periodismo en América Latina. Erika, nos puedes contar un poco de esta situación en México.
Erika Guevara: La situación de violencia contra el periodismo es alarmante en México. Se ha convertido, como tú mencionabas, en uno de los países más letales, inclusive en comparación con otras situaciones, otros países en conflicto armado. Se calcula que desde el año 2000 han sido asesinados por lo menos 145 periodistas en México. Y tan solo en este año, ocho periodistas han sido asesinados; lo que proyecta al 2022 como uno de los años más letales para el periodismo en México.
El país carece de verdaderas políticas públicas integrales de protección. Si bien cuenta desde el 2012 con una ley, un mecanismo de protección de personas, este ha resultado claramente insuficiente. Lamentablemente, esta violencia contra el periodismo independiente, no son un tema aislado de México.
En Cuba, por ejemplo, el periodismo independiente está prácticamente prohibido y criminalizado constantemente; informar a través de medios alternativos, medios digitales, se ha convertido en una labor peligrosa; los periodistas cubanos son acusados, estigmatizados y detenidos arbitrariamente de manera constante, incluso en sus propios hogares; confinados forzosamente sobre todo en momentos de alta tensión social, como lo vimos el año pasado en las históricas manifestaciones masivas del 11 de julio, por citar un ejemplo.
Esta violencia se repite en otras partes de nuestro continente: en El Salvador, Venezuela, Nicaragua; países donde se limita el periodismo independiente. En Haití el periodismo también ha sufrido embates. En febrero fue asesinado el periodista Lasser Maxim durante una protesta pacífica que fue reprimida violentamente por la policía. Otros dos periodistas fueron quemados vivos por miembros de pandillas locales.
Carlos Mendoza: Muchas autoridades, sobre todo los operadores de justicia, también se encuentran bajo ataque. Tamara mencionaba la situación de jueces y fiscales.
Tamara Taraciuk: El ejemplo claro es Centroamérica. Por ejemplo, en Honduras hubo esfuerzos por investigar incidentes de corrupción, pero cuando empezaron a tocar los intereses cercanos al Gobierno anterior, llevaron al desmantelamiento de la Comisión Internacional que tenía como propósito realizar la investigación. Entonces estamos hablando de un sistema donde, por ejemplo, el procedimiento que existe para elegir a los jueces de la Corte Suprema no es ni transparente ni está basado en el mérito, en la práctica.
Mencionaría el ejemplo de Brasil, donde el Gobierno actual ha hostigado e intimidado a jueces y magistrados de la Corte Suprema en repetidas ocasiones.
Carlos Mendoza: ¿Cómo trabajan en la región con las personas hostigadas? ¿Cuál es el papel de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional?
Erika Guevara: Amnistía Internacional y Human Rights Watch son organizaciones que denuncian las violaciones a los derechos humanos. Hacemos incidencia a nivel nacional con los gobiernos y también a nivel regional e internacional. Acompañamos el litigio estratégico para revertir prácticas abusivas, amenazas, etc.
Tamara Taraciuk: Erika seguramente va a estar de acuerdo conmigo: nuestro propósito es acompañar a quienes están en el terreno, y hacerlo de la manera más útil. Eso, en la práctica, significa mucho trabajo. Hay personas que están poniendo el pecho y nuestro trabajo consiste en apoyarlos con nuestra metodología, con nuestro trabajo de investigación, con nuestros esfuerzos de visibilización.
Carlos Mendoza: ¿Qué mensaje desean enviar a las personas que en este minuto están siendo víctima de acoso o persecución?
Tamara Taraciuk: Lo más importante es que sepan que tienen el respaldo de organizaciones internacionales. Que cuenten con nosotros para ganar visibilidad y para elevar estas causas justas al nivel de actores que puedan tomar decisiones cruciales e influir en los gobiernos.
Erika Guevara: Y yo coincido totalmente con Tamara: el espacio de colaboración, de solidaridad, tiene que fortalecerse, sobre todo con movimientos sociales, movimientos por la justicia de género, por la justicia racial. Todas las organizaciones de derechos humanos en la región tenemos que hacer un frente común. Somos una región de víctimas, de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En cada rincón de nuestro continente se atraviesan múltiples crisis. No podemos dejar de mencionar que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las dificultades. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian, brindan visibilidad, acompañan…
Carlos Mendoza: Muchas gracias a ambas. El ejercicio del periodismo libre, la independencia judicial y la protección de las personas que defienden los derechos humanos son cruciales, ahora más que nunca; solo así prevalecerán las libertades fundamentales y el Estado de derecho.
La única opción del pueblo es la libertad
El núcleo de la doctrina del cambio-fraude consiste en negar los derechos al pueblo y sustituir los cambios hacia la democracia verdadera por la continuidad del totalitarismo.
