En el léxico político de la Cuba contemporánea, el término “economía de guerra” ha dejado de ser una metáfora retórica para convertirse en una directriz administrativa oficial. En julio de 2024, el gobierno cubano declaró formalmente que el país operaría bajo este esquema, justificándolo por la combinación del embargo estadounidense, la exclusión de los circuitos financieros internacionales y las ineficiencias internas. Este año, en la primera quincena de enero, el primer ministro Manuel Marrero Cruz ha vuelto a utilizar el término en las reuniones del Consejo de Ministros para referirse a la implementación de las nuevas medidas tributarias y de control de divisas con el fin de gestionar la escasez de combustible y alimentos que persiste en la Isla.
Aunque la frase apareció en el discurso oficial en 2024, su uso en Cuba no es una novedad semántica, sino una constante histórica que ha definido la relación entre el Estado, la producción y la ciudadanía desde 1959. Este concepto, que ha mutado a lo largo de seis décadas, pasó de ser una respuesta a una amenaza militar real a convertirse en un mecanismo de gestión de crisis sistémicas y herramienta de control político.
Desde los primeros años de la Revolución, la economía cubana se estructuró bajo la premisa de la supervivencia ante un enemigo externo. La adopción del concepto de “plaza sitiada” no fue solo una postura retórica, sino una realidad tras la invasión a Playa Girón (1961) y la Crisis de los Misiles (1962).
Entre los años 60 y 80, la economía de guerra se entendió en el país de manera convencional: la movilización de recursos civiles para fines de defensa. Bajo la influencia de Ernesto Guevara como ministro de Industrias, la planificación económica adquirió un carácter cuasimilitar. La disciplina, el racionamiento —instaurado formalmente en 1962— y el voluntarismo no se veían como medidas temporales de crisis, sino como las virtudes de un “Hombre Nuevo” que debía estar listo para el combate en cualquier momento. El marco histórico permanente para argumentar una economía que priorizaba el gasto militar y la centralización absoluta sobre la eficiencia del mercado fue justificado por el embargo estadounidense.
Ya en la década de 1980, con la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos, Cuba formalizó su doctrina militar definitiva: la “Guerra de Todo el Pueblo”, que borró las fronteras entre la vida civil y la militar. Con este paso, la “economía de guerra” adquirió una dimensión estructural.
Según este esquema, cada centro de trabajo y unidad productiva del país tenía un plan asignado para tiempos de guerra. La economía debía ser capaz de fragmentarse y sobrevivir en condiciones de aislamiento total. Fue en esta etapa cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) comenzaron a insertarse profundamente en el tejido económico mediante proyectos como el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), vinculando la producción de alimentos con la estructura militar. El término ya no se refería solo a una emergencia, sino a una forma de organizar la sociedad de manera permanente.
Con la caída de la Unión Soviética en 1991 y sin el subsidio del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el producto interno bruto cubano cayó 35% en tres años. Fidel Castro, si bien no utilizó el término “economía de guerra” de forma administrativa, declaró un “Período Especial en Tiempo de Paz”.
El Período Especial fue una economía de guerra en todo, menos en el nombre oficial, en la que se implementaron medidas de supervivencia extrema: uso de tracción animal en la agricultura, racionamiento de energía eléctrica (apagones de hasta 16 horas) y búsqueda de sustitutos nutricionales. La guerra era contra la hambruna y la desaparición del Estado.
Lo relevante de este período es que el concepto de “economía de guerra” permitió al Gobierno justificar inmensos sacrificios humanos en nombre de la soberanía. La resistencia no era por el bienestar, sino por la supervivencia del sistema político, asimilando la escasez a una trinchera ideológica.
Ya para finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, bajo el mando de Raúl Castro, la economía de guerra evolucionó hacia una corporativización militar. La creación y expansión de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) —el conglomerado de las FAR que hoy controla el turismo, las remesas y el comercio exterior— fueron el resultado histórico de aplicar la lógica militar a la gestión empresarial.
En este sentido, la economía de guerra dejó de ser una medida de austeridad para convertirse en un modelo de gestión en el que la jerarquía, la opacidad y el control militar sobre los sectores estratégicos (divisas) se volvieron la norma. El término mutó de “resistencia popular” a “administración de activos por militares”.
A diferencia de años previos, la más reciente declaración del término no responde a una amenaza de invasión inminente, sino a una crisis multifactorial, agravada desde 2021 por la “Tarea Ordenamiento”. Convenientemente, para no reconocer sus errores, la apelación a una economía de guerra le permite al Gobierno tres acciones importantes: centralizar aún más su poder al consentirle al poder ejecutivo tomar decisiones por encima de los marcos legales ordinarios, interviniendo precios y controlando la asignación de divisas de forma discrecional; tener mayor control social al transformar la ineficiencia administrativa en un deber patriótico, en el que la queja es vista como deserción y la exigencia de derechos como una traición; y justificar la escasez, al ubicar la causa del problema en una guerra externa (el embargo), con lo cual el Estado se exime de la responsabilidad por el colapso de la producción nacional.
¿Pero qué significa realmente este término y cuál es la diferencia entre su implementación en Cuba y en otros países?
La economía de guerra, como tal, encarna la movilización total de los recursos de una nación para garantizar la supervivencia del Estado y la población bajo una amenaza externa. En el ámbito alimentario, este estado de excepción suele implicar racionamiento, control de precios y una reorientación radical de la producción agrícola. En teoría, debería conducir a una soberanía alimentaria, pero en la práctica se manifiesta como un racionamiento agudo ya que el Estado asume que la prioridad no es la variedad ni la calidad, sino la distribución mínima de energía para evitar un estallido social.
Sin embargo, no todas las economías de guerra funcionan de igual manera. Mientras que para algunos países ha sido un motor de innovación nutricional y eficiencia logística, en Cuba describe una parálisis productiva crónica.
Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Alimentación del Reino Unido se vio obligado a fomentar la producción nacional de alimentos debido al racionamiento de alimentos. Con tal motivo, destinó recursos para la distribución de insumos agrícolas (mano de obra, piensos, fertilizantes, maquinarias, etc.) y garantizó precios y salarios mínimos para productos y productores agroindustriales.
Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido importaba más de 60% de sus alimentos. Por tanto, el gobierno de Winston Churchill se vio obligado a imponer un nuevo racionamiento y a nacionalizar la logística alimentaria ante el bloqueo naval de los submarinos alemanes. El Ministerio de Alimentación pasó a ser el único comprador e importador de alimentos y reguló los precios; de tal modo, garantizó dividendos justos y mercados de venta para sus agricultores. Asimismo, prohibió el desarrollo inmobiliario en terrenos fértiles y transformó infinidad de terrenos públicos en huertos, logrando duplicar la producción de alimentos en tres años.
De hecho, la salud de las clases más pobres mejoró. Durante la economía de guerra británica, el Ministerio de Alimentación priorizó la distribución de leche, huevos y jugo de naranja para niños y mujeres embarazadas, y fortificó el pan con calcio y vitaminas.
En el caso del Reino Unido, las asignaciones limitadas de alimentos buscaban la equidad: el sacrificio debía ser compartido para mantener alta la moral. Esto pudo funcionar porque el Estado cumplía con su parte y el cupón de racionamiento era una promesa de entrega que se cumplía.
Si bien es cierto que el racionamiento es el eje central en todas las economías de guerra, la libreta de abastecimiento en Cuba ha resultado más bien un instrumento de dependencia y control que un mecanismo de equidad. El Estado incumple todo el tiempo con la entrega de productos básicos, lo cual obliga a la población a acudir al mercado negro, las tiendas en divisas o mipymes, creando una desigualdad profunda que el Reino Unido evitó a toda costa.
El ciclo de distribución se ha fracturado: el arroz llega con semanas de retraso, el aceite desaparece por meses, la leche para niños es sustituida por mezclas de dudoso valor nutricional… El Estado ya no tiene la capacidad de sostener el subsidio universal y el racionamiento apenas administra la escasez extrema, generando una ansiedad social permanente que consume la mayor parte del tiempo y la energía mental de la población.
A diferencia de Gran Bretaña, Cuba no ha logrado que su sistema de racionamiento garantice la nutrición básica; por el contrario, los productos han desaparecido casi por completo. Así, mientras Londres destinó parte de sus recursos a fomentar la agroindustria nacional como solución a la imposibilidad de importar alimentos debido a una situación de guerra real, La Habana, en tiempos de paz, no ha logrado revertir la escasez con una producción interna, fruto de su mala gestión y falta de transparencia en las inversiones domésticas.
Una comparación más reciente podría establecerse con Ucrania. Este país, literalmente en una economía de guerra, con campos minados, puertos bloqueados e infraestructura eléctrica destruida por misiles, no solo ha logrado alimentar a su población; sigue siendo uno de los mayores exportadores de granos del mundo.
La economía de guerra ucraniana se basa en la resiliencia y la descentralización. A pesar de la ley marcial, el sector privado agrícola ucraniano ha mantenido su operatividad mediante una logística flexible. El Estado facilita, pero no asfixia la producción.
Por su parte, Cuba, en una economía de guerra sin bombas, sufre una parálisis logística superior a la de un país invadido. Mientras Ucrania exporta trigo en medio de una guerra, la Isla importa 80% de lo que consume y sufre de desabastecimiento de pan por falta de trigo.
El problema cubano, por tanto, no es la falta de paz, sino el exceso de centralización. En Ucrania, la guerra es un obstáculo externo a superar; en Cuba, la economía de guerra es un marco administrativo que refuerza el control estatal sobre una agricultura que ya no produce.
Bajo el supuesto esquema de guerra cubano, el combustible sigue siendo priorizado para el turismo, dejando a los tractores sin diésel para trabajar los campos y que se pudran las cosechas por falta de transporte. Además, la inexistencia de fertilizantes y plaguicidas ha reducido los rendimientos a niveles históricos. La industria azucarera, por ejemplo, otrora el motor de la Isla, ha caído a niveles de producción del siglo XIX.
Asimismo, los precios topados por el Estado, en un contexto de inflación galopante, hacen que producir alimentos sea una actividad con pérdidas. El campesino, atrapado en una economía de guerra que le exige entregar su cosecha a precios estatales mientras debe comprar sus insumos en un mercado negro dolarizado, opta por la producción de subsistencia o el abandono de las tierras.
Entretanto, la mayoría de las tierras cultivables, pertenecientes al Estado, son las menos productivas. La burocratización de la agricultura bajo el mando de cuadros militares o administrativos ha impedido la innovación y la respuesta rápida que requiere la seguridad alimentaria. Mientras en el Reino Unido el Gobierno respetó la propiedad privada, si bien dictó qué debía sembrarse, y en la Ucrania actual los granjeros son los héroes de la retaguardia económica, en Cuba el Estado mantiene la mayoría de las tierras subutilizadas o entregadas en usufructos precarios que no ofrecen seguridad al productor.
En resumen, el sector agrícola nacional, que debería ser el pilar de cualquier economía en resistencia, se encuentra en un estado de postración en el caso cubano.
Por otra parte, uno de los fenómenos más contradictorios de la economía de guerra cubana es la coexistencia de la retórica socialista con la dolarización de facto del acceso a la comida.
Ante la incapacidad del Estado para importar alimentos, las mipymes han logrado llenar los estantes con productos importados (leche en polvo, arroz, frijoles, azúcar, carnes, aceite, detergente, etc.) a precios regidos por la tasa del mercado informal del dólar. Esto ha creado una profunda brecha ética y social: en la cacareada economía de guerra del gobierno cubano, el acceso a la alimentación no depende del mérito o del trabajo en el sector estatal, sino del poder adquisitivo de divisas.
El resultado de este sistema alimentario segmentado es la inseguridad alimentaria real que sufren los jubilados, empleados estatales y otros sectores vulnerables. Según los parámetros de varios organismos internacionales, esto constituye una violación de los estándares de seguridad alimentaria, ya que la disponibilidad de alimentos existe, pero su asequibilidad es nula para el grueso de la población.
La economía de guerra en Cuba ha traído, por tanto, consecuencias biológicas directas. La dieta del cubano promedio se ha vuelto excesivamente dependiente de los carbohidratos ante la carencia de proteínas animales y vegetales. Como resultado, los ancianos que viven solos, cuyos ingresos por pensiones no cubren siquiera 10% de sus necesidades alimentarias básicas, están entrando en cuadros de desnutrición crónica. Asimismo, la falta de pan y leche ha convertido el desayuno en una crisis diaria para las familias con niños, cuyo impacto se refleja en el bajo rendimiento escolar y en el desarrollo físico de las nuevas generaciones.
Esto, sin contar que la alimentación se ha vuelto el eje de toda conversación y preocupación. La vida en Cuba se ha reducido a la búsqueda de comida: una verdadera “guerra” diaria que erosiona el tejido social, fomenta la corrupción a pequeña escala e incita a la emigración. La economía de guerra resulta, entonces, una herramienta de control político, ya que una población agotada por la búsqueda de comida tiene menos energía para la movilización política.
El gobierno cubano sostiene que la economía de guerra es una respuesta a factores externos. Sin embargo, la crisis alimentaria es, en gran medida, autoinducida por la negativa a liberar las fuerzas productivas internas y las inversiones masivas en la construcción de hoteles de lujo —gestionados por el conglomerado militar GAESA—, en lugar de gastar recursos en la infraestructura hidráulica y energética necesaria para la agricultura.
La comparación entre Cuba, el Reino Unido y Ucrania revela las profundas diferencias entre una economía que se moviliza para proteger la vida del ciudadano mediante la eficiencia y la logística y otra que se organiza para gestionar su propio colapso, formalizando la escasez estructural. Con el Reino Unido, la historia demostró que una economía de guerra bien gestionada puede incluso mejorar la salud pública y, con Ucrania, que la producción puede mantenerse bajo el fuego si hay voluntad política para ello.
Sin embargo, Cuba es el único país que padece los síntomas nutricionales de una nación derrotada en guerra (desnutrición proteica, falta de alimentos básicos, colapso de la producción agroindustrial) sin atravesar un conflicto armado. Esto revela la fragilidad extrema de un sistema que ha sacrificado la soberanía productiva en aras del control político.
La actual estrategia de “guerra” parece intentar ganar un tiempo que se agota cuando la despensa está vacía. Así, mientras la alimentación siga siendo un campo de batalla ideológico y no un derecho gestionado con eficiencia, se seguirá produciendo solo un resultado: el empobrecimiento sistemático del pueblo cubano y una crisis humanitaria silenciosa que ninguna retórica puede ocultar.
