La relación entre Cuba y Venezuela durante las últimas dos décadas simboliza uno de los fenómenos geopolíticos y económicos más singulares del siglo XXI en América Latina. Lo iniciado como una afinidad ideológica entre Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz se transformó rápidamente en una estructura de subsidios cruzados e intercambio de servicios que redefinió las economías de ambos países. Para Cuba, el apoyo venezolano significó un salvavidas tras el colapso de la Unión Soviética; para Venezuela, representó la consolidación de un liderazgo regional y el acceso a un aparato de seguridad y servicios sociales que legitimó el proyecto de la Revolución Bolivariana.
El andamiaje legal de esta relación se estableció en 2000, con la firma del Convenio Integral de Cooperación Venezuela-Cuba. Venezuela se comprometió a suministrar petróleo en condiciones preferenciales, que la Isla pagaría con servicios profesionales, principalmente en las áreas de salud, educación y deportes. En sus inicios, estipulaba el envío de 53 000 barriles diarios de crudo a la Isla. Las condiciones de financiamiento eran bastante generosas: un período de pago de 15 años a una tasa de interés de 2% y la posibilidad de amortizar con bienes y servicios. Este volumen aumentó poco a poco hasta alcanzar picos de entre 100 000 y 115 000 barriles diarios hacia 2008, cubriendo en ese momento más de 60% del consumo interno de energía de Cuba.
Se puede afirmar, por tanto, que el flujo de hidrocarburos ha sido la columna vertebral de la ayuda venezolana. De hecho, según estimaciones de analistas energéticos y organismos internacionales como la CEPAL, Venezuela transfirió a Cuba aproximadamente 35 000 millones de dólares entre 2003 y 2015, solo en subsidios energéticos.
Durante los años de precios altos del petróleo (2004-2014), el valor del suministro anual promediaba 3 000 millones de dólares. Cuba aprovechó esta ayuda y reexportó el crudo que su capacidad industrial no podía procesar ni consumir en períodos de baja demanda: refinaba una parte en la instalación de Cienfuegos y vendía los derivados en el mercado internacional, obteniendo divisas frescas. Se calcula que, en años pico, el país obtuvo hasta 700 millones de dólares al año con esta práctica, lo que constituía un subsidio indirecto masivo a su balanza de pagos.
La contraprestación cubana se materializó en la exportación de servicios profesionales, siendo la Misión Barrio Adentro su programa más emblemático. Las cifras de este intercambio son objeto de debate debido a la opacidad de las cuentas públicas, pero expertos como Carmelo Mesa-Lago han señalado que Venezuela llegó a pagar a Cuba precios muy superiores a los del mercado por cada galeno o técnico. Por ejemplo, mientras un médico cubano recibía un estipendio modesto en bolívares y una parte en dólares depositada en Cuba, el gobierno venezolano pagaba al Estado cubano el equivalente a más de 5 000 USD mensuales por cada profesional. Hacia 2012, el intercambio de servicios representaba para Cuba ingresos de aproximadamente 6 000 millones de dólares anuales.
La ayuda no se limitó al intercambio de crudo por servicios. Venezuela financió, además, proyectos de infraestructura crítica en Cuba, como la refinería de Cienfuegos. PDVSA invirtió inicialmente 166 millones de dólares para reactivar esta planta de la era soviética y se proyectaron asignaciones adicionales por más de 1 300 millones de dólares con el fin de ampliar su capacidad de procesamiento.
Otros proyectos incluyeron también el cable submarino de fibra óptica ALBA-1, tras una inversión venezolana estimada en 70 millones de dólares; además de un financiamiento para la construcción de petrocasas y el desarrollo de polos agrarios que, en gran medida, no alcanzaron la autosuficiencia prometida.
Sin embargo, el colapso de la producción petrolera en Venezuela y la caída de los precios internacionales a partir de 2014 marcaron el fin de la época dorada de las ayudas. PDVSA, que en 1998 llegó a producir 3,2 millones de barriles por día, vio disminuir su producción a menos de 700 000. Esta situación, por supuesto, impactó drásticamente los envíos a Cuba. De los 105 000 barriles que recibía en 2012, la cifra descendió a aproximadamente 55 000 en 2017 y se mantuvo entre 30 000 y 50 000 en el período 2020-2024.
La reimposición de sanciones estadounidenses a mediados de 2024 —con el argumento del incumplimiento de los acuerdos de Barbados sobre garantías democráticas— limitó la capacidad de PDVSA para operar con empresas internacionales que aportaban diluyentes y tecnología. Al disminuir la eficiencia de PDVSA, el volumen de crudo enviado a Cuba se redujo drásticamente. Para 2025, se estabilizó en niveles mínimos históricos, por debajo de los 30 000 barriles diarios. Como consecuencia directa, la Isla entró en una crisis energética que ha provocado apagones masivos.
A pesar de que Venezuela tuvo que importar diluyentes o gasolina para su propio consumo, el gobierno de Nicolás Maduro priorizó el envío de crudo a Cuba. Según datos de monitoreo de buques como TankerTrackers.com, a finales de 2023 y principios de 2024, el país bolivariano mandó cargamentos de crudo y gasoil valorados en 400-500 millones de dólares anuales. Si bien la cifra era significativamente menor que en la década anterior, seguía siendo vital para la supervivencia del sistema eléctrico cubano.
Dentro de todo esto, un aspecto fundamental, aunque difícil de cuantificar en cifras monetarias, ha sido la ayuda en materia de inteligencia y seguridad. La presencia de militares y agentes de inteligencia cubanos dentro de los gobiernos de Chávez y Maduro ha sido clave para la estabilidad del chavismo. Informes de organismos internacionales y desertores sugieren que Cuba proporcionó la estructura para los servicios de contrainteligencia venezolanos a cambio de la continuidad de los subsidios petroleros. Esta relación, en realidad, constituía un pago político que aseguraba la supervivencia mutua de ambos regímenes.
Lo cierto es que la ayuda venezolana tuvo un efecto paradójico en Cuba. Si bien evitó el colapso total tras la desaparición del subsidio soviético, generó una nueva dependencia extrema. La Isla pospuso reformas estructurales necesarias en su economía agrícola e industrial porque los ingresos provenientes de Venezuela eran suficientes para importar alimentos y mantener el aparato estatal.
En medio de este panorama, Washington identificó específicamente este vínculo como el cordón umbilical que sostenía tanto al chavismo como al castrismo. A partir de 2017, las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA y las navieras que transportaban petróleo a Cuba complicaron el flujo de ayuda, obligando a ambos países a utilizar métodos de transporte clandestinos, apagando los transpondedores de los buques y realizando trasvases en alta mar, con el consiguiente aumento de los costos operativos.
Todos estos hechos, unidos al mal manejo de los fondos públicos e inversiones nacionales, así como a fallidas políticas económicas internas, han sumido a Cuba en una crisis estructural en el último quinquenio. La falta de divisas generadas por la reventa paralela del crudo venezolano, junto con el decrecimiento súbito de los ingresos provenientes del sector turístico, provocó en la Isla una contracción de las importaciones que ha golpeado duramente al sector alimentario, sobre todo en términos de abastecimiento.
Desde finales de 2019 e inicios de 2020, comenzaron a escasear alimentos básicos incluso en las antiguas tiendas en CUC y posteriores MLC. Ante el desabastecimiento, los precios de los productos alimentarios y las colas para adquirirlos se incrementaron día a día. El pueblo desplazó sus compras primeramente hacia el mercado ilegal y luego a las mipymes. Hoy en día, un cartón de huevos que en 2020 podía costar hasta 300 CUP se vende por un precio que ronda los 3 000 CUP.
La seguridad alimentaria —definida por la FAO como el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos— ha dejado de ser en Cuba un desafío logístico para convertirse en una crisis de supervivencia nacional. Sin el subsidio energético venezolano, la incapacidad del gobierno cubano para alimentar a su población casi ha puesto fin al modelo de distribución estatal: la libreta de abastecimiento. En varias ocasiones, las autoridades ministeriales de Agricultura y Comercio Interior han declarado públicamente la falta de fondos para adquirir los pocos productos que se venden mediante este método de control y que representan más de 80% de dicha comercialización.
Las cosas, no obstante, han tomado un cariz de incertidumbre desde el 3 de enero de 2026, cuando el presidente estadounidense Donald Trump autorizó una operación militar para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y enjuiciarlo en Estados Unidos. Esto ha provocado que, si bien se mantienen las estructuras y agentes políticos chavistas en el poder, la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, haya iniciado un acercamiento con la nación norteña, entre cuyas demandas se encuentra el cese de todo tipo de negocios con Cuba.
Las consecuencias a corto plazo para la Isla no auguran nada bueno. Más allá de la falta de alimentos y su respectivo encarecimiento, dos de los aspectos que han contribuido grandemente a la inseguridad alimentaria en Cuba son el déficit de combustibles y el envejecimiento del sistema eléctrico nacional. Ya de por sí, la crisis energética en el país mantiene apagones prolongados y continuos en todo el territorio nacional, lo que imposibilita a la población el acceso garantizado al agua potable, así como a medios para cocinar y preservar la comida.
Por tanto, esto significa que, sin los barriles diarios de petróleo a Cuba en condiciones preferenciales, el déficit energético será total a corto plazo. La falta de crudo venezolano no solo apagará las luces; paralizará la escasa industria nacional, el transporte y la cadena de refrigeración de alimentos. El país se verá obligado a comprar combustible a precios de mercado internacional; una tarea imposible para el Banco Central, en teoría sin reservas de divisas.
La ruptura de la cadena de frío, aunque pueda parecer un tema menor, es un asunto de vital importancia, ya que la seguridad alimentaria no solo se trata de producir o importar, sino también de conservar. Sin el petróleo venezolano, Cuba se enfrenta a un colapso total del sistema electroenergético nacional, que imposibilitará a los centros de acopio y refrigeración estatales conservar las carnes, lácteos o vegetales; la falta de electricidad detendrá la industria alimentaria; las familias cubanas perderán en su totalidad la capacidad de conservar alimentos en sus hogares y se verán obligadas a una economía de consumo diario de subsistencia, elevando aún más los precios y fomentando el acaparamiento.
Asimismo, la agricultura cubana sufrirá una parálisis mecánica. La falta de diésel detendrá los tractores de labranza y los sistemas de riego, que dependen de motobombas. En 2026, la transición a una agricultura de tracción animal —intentada en los años 90— resulta insuficiente para alimentar a una población urbana que ha perdido sus vínculos con el campo. Además, desaparecería la producción nacional de fertilizantes y plaguicidas, que requiere una alta intensidad energética y materias primas petroquímicas, reduciendo el rendimiento por hectárea a niveles mínimos históricos.
De igual manera, podría significar la desaparición total de la canasta básica subsidiada. Esto empujaría a la población al mercado libre o informal, donde los precios de los alimentos básicos —medidos en una moneda local devaluada— serían prohibitivos para los jubilados y empleados estatales. La inflación de los alimentos podría alcanzar niveles hiperinflacionarios, similares a los de Venezuela en 2018.
Ante la incapacidad del Estado, las mipymes y el mercado negro se convertirán en las únicas fuentes de comida. Sin embargo, esto desencadenará un apartheid nutricional agudo. Solo aquellos con acceso a divisas podrán comprar alimentos a precios internacionales en mercados privados; mientras el otro sector de la población enfrentará una inseguridad alimentaria severa, con una carencia crítica de proteínas y vitaminas. O sea, no resulta descabellado pensar que la desnutrición crónica y el retorno de enfermedades ligadas a la falta de vitaminas, como las neuritis de los años 90, serán riesgos inminentes en 2026.
Con la caída de Maduro, se supone que Cuba busque el auxilio de Moscú y Pekín. Sin embargo, el escenario presenta limitaciones para estos aliados. Rusia se encuentra desgastada por el conflicto en Ucrania y sus propias sanciones, por lo que su apoyo sería simbólico, incapaz desde un punto de vista financiero de sustituir el subsidio petrolero venezolano de forma gratuita. Por otro lado, China ha mostrado una actitud pragmática hacia la Isla, ofreciendo créditos solo con garantías de pago. Sin el petróleo venezolano como moneda de cambio, el país pierde su atractivo estratégico para Pekín.
Sin duda, Venezuela sostuvo a la economía cubana durante años de relativa estabilidad, permitiéndole a Cuba evitar las reformas de mercado emprendidas por otros países socialistas. No obstante, esta relación cimentó una vulnerabilidad crítica.
El encarcelamiento de Maduro y el fracaso del chavismo han desnudado la fragilidad estructural de la economía cubana. El gobierno de Cuba, tras la caída de la URSS, volvió a cometer el error de crear dependencias que, si bien son exitosas para la preservación del poder político a corto plazo, suelen ser insostenibles y costosas para el desarrollo económico a largo plazo de los pueblos involucrados.
En resumen, el panorama geopolítico del Caribe podría enfrentar a un cambio de paradigma no visto desde la caída del Muro de Berlín. Sin petróleo venezolano, el gobierno cubano llegará a un punto de quiebra a lo largo de 2026. La continuidad de la élite militar y política del país dependerá de su decisión de intentar una transición controlada para salvar parte de su influencia o aferrarse al poder hasta que la realidad material del país haga imposible el control del orden público.
En cualquier caso, la Cuba de 2026 será un país obligado a reinventarse desde sus cenizas ante la crisis alimentaria más grave de su historia moderna. La alimentación dejará por completo de ser un derecho social garantizado por el Estado para convertirse en un artículo de lujo y en una herramienta de control o insurgencia política.
Si el Gobierno no comienza desde ya una reforma agraria profunda y real, que devuelva la propiedad de la tierra a manos privadas para incentivar la producción, se enfrentará a una hambruna sistémica que desestabilizará el orden social de manera irreversible. En este escenario, la comida no será solo un problema nutricional, sino el factor determinante de la supervivencia del Estado cubano.
