El pasado 9 de septiembre se aprobó la nueva Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, que sustituye los decretos-leyes 125 de 1991 y 358 de 2018 y reúne materias que antes estaban dispersas: propiedad, usufructo, herencia y transmisión de tierras. Con ella, se intenta resolver una contradicción que el gobierno lleva décadas administrando: la necesidad de que los productores tengan más iniciativa, que inviertan y asuman riesgos, pero conservando amplias facultades para decidir cómo pueden hacerlo. La supervivencia económica exige flexibilizar; la preservación del orden político busca mantener la dependencia.
La norma llega ante el deterioro profundo de la capacidad de producir alimentos en el país. La producción registrada de carne de cerdo pasó de 41.400 toneladas a 5.200 en cuatro años; la de yogur, de 177.700 a 12.000 toneladas. Estas reducciones, de hasta un 93 %, documentan una pérdida extraordinaria de capacidad para transformar materias con cierre en el 2025; desde entonces se ha registrado un escenario aún peor.
Food Monitor Program ha evaluado la pérdida creciente de acceso a los alimentos con un incremento en la inseguridad alimentaria en el país, impactada igualmente por el colapso en el acceso a servicios como el agua para potabilizar y la energía para conservar y cocinar los alimentos. Esta reorganización llega después de años de contracción y medidas ineficientes como la Tarea Ordenamiento que han tenido como consecuencia para las familias cubanas tanto la pérdida de alimentos de su dieta como la falta de ingresos suficientes para comprarlos.
El mensaje oficial promete una mayor estabilidad jurídica para recuperar la producción y donde se “ponen en valor los activos del país sin descuidar los principios socialistas”. Sin embargo, este impulso requiere una mirada global y sistémica del problema cubano, allí donde la burocracia no resuelve por sí misma obstáculos como recogida, refrigeración, procesamiento de alimentos, o la importación de pienso animal, servicios veterinarios, o bombeo de agua, etc.
El retroceso industrial y el recorte en la entrada de combustible al país atraviesan conexiones enteras entre el campo cubano y la mesa de las familias. Por lo que recuperar una parte de la cadena mientras las demás continúan deteriorándose puede generar esfuerzos productivos que terminan en pérdidas. Este ha sido el ritmo administrativo sobre el productor cubano, marcado por políticas personalistas, irreales y de parches coyunturales, discursos vacíos y fomentadas en una fragmentación controlada que ha desincentivado históricamente a los campesinos.
A estas alturas, cumplir una meta de siembra genera grandes dudas sobre la relevancia de su resultado: ¿se logrará abastecer de agua y abono al cultivo? ¿Se podrá recoger a tiempo? ¿Serán retribuidos monetariamente los campesinos y Acopio transportará la cosecha? ¿Cómo se comercializarán los productos?
Aun ampliando el usufructo de la tierra a nuevos actores, la seguridad de quien produce continúa dependiendo de cuánto tiempo puede trabajar, qué decisiones puede tomar y cómo se resuelven sus conflictos con la administración. Un derecho de uso inestable y sometido a decisiones en un ecosistema burocratizado e ineficiente ofrece menos autonomía de la que su nombre sugiere.
La ley, por ejemplo, reconoce los cuidados en el trabajo agrícola, hasta ahora figura ausente en la legislación sobre el campo. Sin embargo, debe reconocerse que el sostén de la vida cotidiana no ocurre en muchos casos dentro del funcionamiento natural de la convivencia rural, sino en hogares vulnerables y en plena supervivencia. Si las nuevas contribuciones siguen recayendo sobre mujeres sin servicios que alivien su carga, reconocerlas jurídicamente sería un avance insuficiente para ampliar sus posibilidades económicas.
El problema de fondo es más amplio; quedarse en el campo exige una expectativa de vida viable. La posibilidad de continuar una finca pierde atractivo si implica trabajar sin electricidad suficiente, depender de suministros inciertos y no poder sostener a la familia con los ingresos obtenidos sin tener que recurrir al mercado ilegal. A ello se agrega el alza de la criminalidad apuntada al robo de cosechas y el sacrificio ilegal de ganado, ante los que los campesinos muchas veces se encuentran indefensos.
Entonces, debemos evaluar el impacto en la diferencia entre decisiones de jure, como la presente ley, y de facto, entre cuadros políticos y comunicaciones perdidas en papel. La confidencialidad política es también una dimensión que distancia entre disponer de un derecho y poder ejercerlo, si el campesino en cuestión es “cívicamente incómodo” o peor, ya catalogado como disidente u opositor por sus ideas.
Sirvan de ejemplo las incontables violaciones de derechos a la familia Urquiola en su finca El Infierno en Viñales, Pinar del Río, donde se cruzan malas prácticas contenidas sobre el derecho del campesino, del adulto mayor, y de la comunidad migrada. Y es que, en casos más “cotidianos”, el orden autocrático cubano ha concentrado las decisiones que afectan el acceso a la tierra y la continuidad del trabajo según los reclamos de sus actores inmediatos (por impagos o por denunciar un abuso puede poner en peligro su actividad, por ejemplo).
Así, la dependencia política puede favorecer el silencio y destruir la confianza para el desarrollo económico. De ahí que Food Monitor Program ponga en duda la aplicación concreta de la reforma si no se revisa el funcionamiento del poder general en el país sobre el sistema agroalimentario. No se rechazan acá las funciones necesarias de la regulación pública, pero se avisa que su legitimidad requiere de reglas transparentes y previsibles, decisiones motivadas y mecanismos de reclamación efectivos. Evaluar únicamente al campesino traslada hacia abajo responsabilidades que pueden originarse mucho más arriba.
Además, la celebrada apertura ocurre dentro de una sociedad que ha visto el nivel más alto de desigualdad en décadas, una población envejecida y en recesión demográfica y un capital humano exhausto y deprimido.
Así, buscando desesperadamente capital en el exterior y montados en una red ya dolarizada y digitalizada de alimentos (con preferencia en mercados online y exportación, por ejemplo) las garantías sobre empresas con financiación, transporte y compradores asegurados tiene ventajas frente a una familia que depende de ingresos diarios. Si la entrega de mayores superficies y el acceso a recursos favorecen sistemáticamente a los primeros, podrían surgir explotaciones más grandes y productivas junto a pequeños productores cada vez más subordinados. De ahí que el observatorio también llame la atención sobre quién pueda participar en esta expansión y bajo qué condiciones, sobre todo considerando que muchos beneficiados han sido aquellos con cartas blancas en el gobierno cubano.
Tampoco una recuperación de la oferta garantiza, por sí misma, una mejora equivalente de la alimentación. Los compradores con divisas pueden ofrecer precios que los salarios y las pensiones en pesos no permiten pagar. Exportar o abastecer esos mercados puede generar ingresos necesarios para sostener negocios y financiar nuevas inversiones. Pero para que esos beneficios alcancen a los hogares más vulnerables, hacen falta mecanismos distributivos concretos, y asistencias sociales que han ido en detrimento en la última década.
Food Monitor Program apuesta por una recuperación del campo cubano que busque autonomía en un productor consecuente con su medio y con el rescate nacional. Para ello se debe escuchar tanto a quienes producen como a quienes compran. El alcance de esta reforma entonces depende de que los derechos socioeconómicos dejen de verse como promesas administrativas y puedan sostener decisiones cotidianas, inversiones duraderas y una alimentación digna.
