A días de celebrarse una nueva edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano surgen evidencias de nuevos ejercicios de censura contra obras que habían sido postuladas al concurso.
La semana pasada, la cinta “Llamadas desde Moscú”, primer largometraje de Luis Alejandro Yero, y “La Habana de Fito” de Juan Pin Vilar, fueron apartadas del concurso y de otras secciones sin mediar explicación a sus realizadores.
Este “modus operandi” de las autoridades culturales cubanas es conocido. Existe un fuerte escrutinio de las obras que ejerce presión sobre el Comité de Selección del Festival y que mutila la curaduría del evento.
De esta manera, algunos cineastas son notificados de su inclusión o exclusión en el último momento y sin mayores aclaraciones. En el caso de las obras mencionadas, ambas exhiben una narrativa alternativa incómoda para el poder político; la primera, en torno al apoyo solapado del Gobierno cubano a la invasión de Rusia a Ucrania y a la presencia de los cubanos del lado ruso del conflicto bélico; la segunda, reflexionando sobre el derrumbe de una utopía revolucionaria desde la memoria de uno de los cantautores más conocidos en América Latina.
Esta no es la primera vez que el festival habanero determina a última hora y unilateralmente la eliminación de obras candidatas, sino que se trata de un sostenido ejercicio de violencia institucional. El año pasado los organizadores censuraron las cintas “Vicenta B”, del cineasta cubano Carlos Díaz Lechuga —que incluso contaba con el apoyo del Fondo de Fomento del Cine Cubano del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)— y “Corazón Azul”, de Miguel Coyula.
Otro caso de censura que denunció el Observatorio de Derechos Culturales fue el veto a la proyección de las palabras de agradecimiento del realizador Alejandro Alonso, ganador del Coral al mejor corto documental con “Abisal”, quien no se encontraba en la Isla para asistir a la gala de premiación.
De tal manera, en cada edición han ocurrido violaciones similares, determinadas por el criterio ideológico de los organizadores. Otros festivales pertenecientes al mismo gremio, como la Muestra Joven, vio su cierre definitivo debido al peso de repetidos actos de censura –por ejemplo, las prohibiciones contra las obras de los cineastas Yimit Ramírez y José Luis Aparicio– eventos que provocaron que varios autores retiraran sus obras y rechazaran cualquier vínculo con el ICAIC.
Justamente, la censura y uso malintencionado del documental de Pin Vilar por parte de las autoridades oficiales motivaron la conformación, hace medio año, de la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), nucleada con el objetivo de reclamar por canales convencionales, más garantías, derechos y autonomía para el gremio.[1]
En respuesta a los recientes eventos de censura en el festival que se celebra este mes, la ACC reiteró su “frontal denuncia a este dañino ‘modus operandi’” y reclamó directamente al “grupo de funcionarios que destruye nuestro cine, nuestra cultura y vulnera los derechos de cada cubano”. También identificó a los directivos del ICAIC como los hacedores de “una plataforma usada para cercenar, silenciar, amedrentar y excluir”.
Aunque la ACC ha pujado ante autoridades del Ministerio de Cultura, del ICAIC, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba, los cineastas cubanos no han recibido soluciones claras, aunque sus representantes sí han sufrido vigilancia, amenazas y coerciones.
Además, a raíz de la crisis institucional derivada de las confrontaciones con la ACC, la apuesta de la administración cultural oficial consistió en blindarse con un nuevo presidente del ICAIC, conocido como comisario orgánico al régimen y con historial de criminalización de artistas cubanos.[2]
Recientemente, se hizo pública la declaración del viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, que describe la película de Yero como un “daño a la Revolución”. Posteriormente, este cuadro político trató en sus redes sociales de manera irrespetuosa a los miembros de la ACC, cuestionándoles sus declaraciones contra la censura.
En paralelo, el Ministerio de Cultura (MINCULT), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y el ICAIC descalificaron al Festival de Cine INSTAR, organizado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera y cuya nueva edición comienza el 4 de diciembre en ocho países diferentes.
Numerosos funcionarios del régimen cubano atacaron este festival independiente asegurando que los participantes son “poco creativos e infelices”, “pagados por el enemigo”, que participan en una “operación a gran escala contra la cultura revolucionaria” y que “pretenden falsear las realidades de una nación en medio de sostenida hostilidad”.
Tanto desde ejercicios claros de coacción y censura, como desde una narrativa de trinchera y revictimización, las instituciones cubanas han violentado y realizado asesinato a la reputación de numerosos creadores audiovisuales cubanos, formados y con carrera probada en la Isla. En la ACC se encuentran Premios Nacionales de Cine, docentes y profesionales del sector. La obra de Luis Alejandro Yero ha sido premiada en Mar del Plata, FICUNAM y La Habana.
En particular, “Llamadas desde Moscú” tuvo su estreno oficial en la sección Forum de la Berlinale 2023. Por su parte, Juan Pin ha dirigido más de 500 programas para la televisión con elevado rating nacional. También organizó los conciertos de trova y música de vanguardia de artistas reconocidos como Francisco Céspedes o Fito Páez para instituciones oficiales. En 2017 dirigió el documental “Pablo Milanés”, ganador del Premio Lucía del Festival Internacional de Cine de Gibara.
Una mirada revisionista al comportamiento del Ministerio de Cultura cubano, sus dependencias e instituciones ejecutoras en el área del cine –pero no circunscrita a esta–, alerta sobre la censura sostenida, incrementada y amplificada en momentos de crisis institucional, así como la toma de decisiones veladas y violatorias de los derechos de información, reunión, creación y exhibición de los realizadores cubanos.
El ejercicio represor no se limita a los creadores residentes en la Isla, sino que la invisibilización, el asesinato de reputación, y la obstaculización al trabajo se extiende, mediante misiones diplomáticas y asociaciones de amistad consular, a los creadores exiliados, en demérito de su obra. Al respecto, el Observatorio de Derechos Culturales ha mantenido un estudio de casos de censura continuada contra cineastas como Fausto Canel, Miguel Coyula y Carlos Lechuga, quienes desde sus respectivas épocas (1959- 2023) y metodologías, han experimentado vigilancia, coacción, prohibiciones y demonización por parte de la nomenclatura cultural del país, incluso habiendo tenido estos realizadores una formación y currículum asociados a las vías convencionales, siendo premiados y homenajeados por la institución cultural oficial.
Debido a la innovación conceptual y el alcance del género cinematográfico, este se muestra como un medio ideal para describir las diversas realidades de las sociedades, es también un medio de enseñanza y reflexión intercultural. Esta impronta que juega con el tiempo, la imagen, el arte, la moral, la estética y la política misma es sumamente peligrosa para la narrativa autoritaria que ha querido mantener el Estado como canon de lo revolucionario cubano.
Recordemos que desde marzo de 1959 el cine cubano ha sido una de las principales plataformas de la diplomacia cultural cubana para exportar una visión de “resistencia” hacia América Latina y el mundo por medio del ICAIC. Sobre todo, en la década de los sesenta con espacios como el “Noticiero ICAIC Latinoamericano”, el instituto internacionalizó la estética de la guerrilla y los procesos de liberación nacional a través de las obras comisionadas. En lo doméstico, el cine ha sido un medio de construcción y transmisión de memoria cultural, siempre desde la jerarquía historiográfica del régimen cubano.
En particular, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano constituye, desde su fundación, un nodo para irradiar influencia, establecer colaboraciones y absorber finanzas desde La Habana.
En resumen, es de suponer que este sea uno de los terrenos de mayor conflicto y mejor custodiados por la administración cultural cubana. En consecuencia, el comportamiento de los directivos demuestra un irrespeto general por los realizadores audiovisuales cubanos sin distinción de generación, quienes se encuentran subordinados a una Espada de Damocles susceptible de truncar sus carreras, dependiendo de qué produzcan, qué declaren y cuánto reivindiquen sus derechos.
Si el cine es una herramienta de cambio social, tal y como ha sido promovido por el régimen cubano, las autoridades culturales operan a destiempo intentando clausurar selectivamente sus voces plurales.
Tras el descalabro sostenido de los servicios sociales más básicos, la represión policial y jurídica contra ciudadanos, la persecución contra el periodismo independiente y la detención de más de 1000 presos políticos, buena parte de ellos enfrentando hasta 20 años de cárcel por manifestarse de forma pacífica, varios de ellos artistas galardonados internacionalmente como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, no existe actualmente una estrategia potencial de construcción de consenso interno y legitimación del Gobierno cubano, ni dentro ni fuera del territorio nacional.
Es inconcebible sustraer de reflexión social un cine que el propio Estado ha politizado hasta el extremo, convirtiéndolo en un instrumento de propaganda política. El ODC alerta lo peligroso de esta mutilación en los disímiles terrenos en disputa de la cultura cubana, porque las violaciones de derechos culturales impactan amplificadamente: primero contra los creadores, luego contra los receptores culturales, y por último contra el devenir mismo de la cultura nacional. Por tanto, la censura contra los cineastas cubanos no es solamente una vulneración de los derechos de estos creadores, sino una restricción contra la producción, conservación y evocación de la memoria colectiva de la nación cubana y le compete a cada ciudadano.
El ODC aboga por alejar la creación cinematográfica de compromisos y militancias disfuncionales en respeto a una audiencia que merece conocer nuevos lenguajes, lecturas y perspectivas. El ODC sugiere a instituciones internacionales socias del FINCL distanciarse de la administración cultural autoritaria de la Isla.
La larga data de cultura moralizante promovida por Cuba en la región exporta sesgos que perpetúan el apartheid político, el culto a la personalidad, la movilización de masas bajo presupuestos totalizantes y, en suma, la violación de derechos humanos. La cultura cubana independiente tiene tanto derecho como la de otros pueblos a resignificarse más allá de la menguada descripción de una única realidad, que dista mucho de ser la experiencia de vida diaria de los cubanos.
Notas:
[1] https://hypermediamagazine.com/sociedad/cine-independiente-y-autonomofobia-de-estado/
[2] https://hypermediamagazine.com/sociedad/sobre-nombramiento-del-cuadro-alexis-triana-como-presidente-del-icaic-nota-de-prensa-no-65/
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