En una era en la que las transacciones digitales se han convertido en algo habitual en muchas partes del mundo, el concepto de una economía sin efectivo no es nuevo. Sin embargo, para las naciones arraigadas en sistemas financieros tradicionales como Cuba, llevar a cabo una transición de este tipo es una tarea ingente, sobre todo, si la principal fuerza afectada, es el —una vez más— incipiente sector privado.
Históricamente, Cuba ha estado profundamente inmersa en un ecosistema basado en el efectivo. Su infraestructura económica, dominada en gran medida por el Estado, ha dejado poco espacio a las empresas privadas durante décadas. Sólo en los últimos años se ha producido un renacimiento —con innumerables altibajos— del sector empresarial privado, marcando una nueva era de diversificación económica, que, sin embargo, nunca ha conseguido despuntar del todo.
No obstante, el emprendimiento persiste. Las iniciativas de inversión y de toma de ventajas dentro de la economía estatal de la isla, se mantienen. La posibilidad de derrocar al Estado por unas vías que le son ajenas subyace. Pero cuando estas empresas empiezan a regresar al cosmos económico del país, el Estado crea un obstáculo inesperado: un repentino impulso hacia la bancarización y la banca electrónica.
El paso a una sociedad sin efectivo no ha sido impulsivo, aunque sí inexplicable, dado que las condiciones para ello eran inexistentes. Aunque es cierto, que el país se enfrentaba a una grave escasez de efectivo provocada por una combinación de factores, como la rápida devaluación de la moneda y el aumento de los precios al consumo. Estos problemas pusieron a prueba las reservas bancarias, lo que dificultó satisfacer la demanda de efectivo del público.
La respuesta inmediata: Banca electrónica
En respuesta a la crisis de efectivo, las autoridades pusieron en marcha un ambicioso y cuestionado plan económico: una gran transición hacia la banca electrónica. Esto significaba promover las transacciones en línea, las transferencias bancarias y los pagos con tarjeta, reduciendo así la dependencia de la moneda física. A primera vista, parecía una solución con visión de futuro, en línea con las tendencias financieras mundiales.
Sin embargo, esta transición vino acompañada de medidas estrictas, en particular un límite diario de retirada de efectivo para las empresas de 5000 pesos cubanos. Aunque esta medida se diseñó para incentivar las transacciones electrónicas, no tenía en cuenta las realidades del funcionamiento de las empresas.
Consecuencias imprevistas para las empresas privadas
Las empresas privadas, especialmente las que habían surgido recientemente en el nuevo panorama económico, se encontraron atrapadas en una encrucijada financiera. Aunque muchas reconocían las ventajas a largo plazo de la banca electrónica, sus operaciones seguían dependiendo en gran medida del efectivo. Tanto si se trataba de hacer frente a emergencias sobre el terreno como de tratar con proveedores arraigados en los métodos tradicionales de transacción, la necesidad de efectivo seguía siendo primordial.
Las nuevas restricciones bancarias dieron lugar a un giro irónico: los proveedores, recelosos del cambiante panorama financiero e inseguros sobre su acceso al efectivo necesario, empezaron a dar prioridad a los pagos en efectivo frente a las transacciones electrónicas. Este cambio contradecía directamente la intención principal de las nuevas reformas bancarias. En consecuencia, las empresas se vieron atrapadas en un callejón sin salida, necesitando efectivo para operaciones esenciales pero limitadas por las restricciones de retirada.
Implicaciones y retos más amplios
El desarrollo de los desafíos ha revelado problemas sistémicos más profundos. Por un lado, la reciente liberalización del sector privado significa que muchos empresarios navegan por aguas desconocidas. Muchos aspectos de los negocios formales, como la fiscalidad y las declaraciones de la renta, son conceptos nuevos para ellos.
Además, ha surgido una importante brecha entre las zonas urbanas y rurales. Las empresas urbanas, con mejor acceso a la infraestructura digital, son más adaptables al cambiante ecosistema financiero. Por el contrario, las entidades rurales, especialmente los proveedores, siguen anclados en las transacciones en efectivo.
En común, en muchos casos, ambas comparten, y con razón, la desconfianza hacia el Estado. En últimas, el encargado durante décadas de preparar las sucesivas muertes de la empresa privada en la isla, quizás, su tantas veces negada gallina de los huevos de oro.
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