Es común escuchar de la opinión pública una idea profundamente arraigada, que el derecho internacional nació para proteger a las personas. Sin embargo, esa afirmación, aunque comprensible, es históricamente incorrecta.
El derecho internacional público surge como un derecho de Estados para Estados. Su finalidad originaria fue ordenar la coexistencia entre soberanías, regular la guerra, el comercio y las relaciones diplomáticas. La protección del individuo no era su núcleo, sino una cuestión doméstica reservada a cada Estado. La arquitectura jurídica internacional fue diseñada, en esencia, para preservar el equilibrio entre soberanos, no para supervisarlos en nombre de sus ciudadanos.
No es sino tras la Segunda Guerra Mundial, con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando emerge formalmente el derecho internacional de los derechos humanos como una rama diferenciada que busca tener la fuerza suficiente para actuar a pesar de sus propios creadores. No obstante, su aparición no sustituyó la lógica estatal del sistema; se insertó dentro de ella. Y allí comienza la paradoja.
El sistema internacional de derechos humanos está construido sobre la base del consentimiento estatal. Son los Estados quienes firman, ratifican y delimitan el alcance de los tratados; son ellos quienes aceptan o no la jurisdicción de tribunales; son ellos quienes ejecutan las decisiones. No existen, salvo contadas excepciones, mecanismos coercitivos automáticos. No hay una policía internacional que haga cumplir sentencias, no hay una autoridad supranacional con poder general de intervención. El sistema descansa, fundamentalmente, en la presión diplomática, la reputación internacional y los costos políticos.
Esto no significa que sea inútil, ha sido una herramienta invaluable, ha creado estándares, ha abierto canales de denuncia, ha permitido visibilizar abusos, ha producido jurisprudencia transformadora y ha acompañado transiciones democráticas, pero su naturaleza estructuralmente interestatal impone límites claros. Y esos límites se hacen dramáticamente visibles cuando las violaciones son masivas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo. Es decir, cuando estamos ante contextos autoritarios que no tienen ningún interés de observar dichas normas, porque tienen muy claros los límites del propio sistema.
En contextos donde un gobierno concentra el poder, neutraliza los contrapesos internos y no muestra voluntad de cumplimiento, el sistema internacional se convierte en un espacio declarativo más que protector. Las resoluciones condenan, los informes documentan, los relatores denuncian. Pero la maquinaria jurídica internacional carece de herramientas directas para salvaguardar la vida de las personas en el terreno, que es lo realmente urgente.
El caso de Cuba evidencia esa tensión estructural, especialmente ahora cuando ve con ojos expectantes la experiencia venezolana. Cuando las restricciones a libertades fundamentales, la represión a la disidencia y el deterioro de condiciones materiales se prolongan en el tiempo, la población queda atrapada entre dos planos, un orden jurídico internacional que reconoce sus derechos y una realidad política que los vacía de contenido.
Es entonces cuando emergen discursos que proponen acciones que trascienden la soberanía estatal, tales propuestas suelen ser inmediatamente calificadas como violatorias del derecho internacional. Y, en efecto, el principio de no intervención constituye uno de los pilares del sistema. Sin embargo, pocas veces se examina con la misma severidad la inoperancia estructural frente a violaciones persistentes.
Aquí radica la paradoja central, el sistema fue diseñado para proteger la soberanía y, posteriormente, incorporó la protección de la persona; pero cuando ambas dimensiones entran en conflicto agudo, la primera suele prevalecer. La inacción suele ser la salida “racional” para sistemas diseñados con mandatos estrechos, dependencia presupuestaria/política, fragmentación operativa, y déficits de rendición de cuentas,
Ello no implica validar intervenciones indiscriminadas, un orden internacional basado en acciones unilaterales constantes se fracturaría rápidamente, generando más inestabilidad y, probablemente, más sufrimiento. La historia demuestra que las intervenciones sin legitimidad multilateral ni planificación humanitaria sólida pueden agravar los escenarios que pretenden resolver. Pero tampoco es sostenible mantener la ficción de que los mecanismos actuales bastan para proteger efectivamente a poblaciones sometidas a violaciones sistemáticas.
Reevaluar la operatividad del sistema no significa desmantelarlo, sino fortalecerlo, implica debatir seriamente cómo elevar los costos reales del incumplimiento, cómo articular mecanismos de presión coordinada, cómo reducir la discrecionalidad política que paraliza órganos multilaterales, y cómo equilibrar soberanía con responsabilidad. Porque, en última instancia, cualquier reforma dependerá de la voluntad de los Estados y los Estados no actúan por altruismo, sino por incentivos y costos. La protección efectiva de los derechos humanos requiere alterar esa ecuación.
Existe además otra dimensión incómoda, las discusiones sobre intervención y soberanía suelen producirse en foros académicos y diplomáticos, lejos de quienes padecen las restricciones cotidianas. No siempre coinciden las voces externas que rechazan toda forma de presión con las de quienes, desde la desesperación, consideran que el statu quo ya no es una opción viable. Una de las muestras más dolorosas fue el genocidio en Ruanda y la respuesta del sistema de Naciones Unidas.
El desafío consiste en no instrumentalizar el sufrimiento humano ni convertirlo en justificación automática de agendas geopolíticas, pero tampoco ignorar que la protección meramente declarativa es insuficiente cuando lo que está en juego es la dignidad y la supervivencia.
El sistema internacional de derechos humanos es uno de los mayores avances normativos del siglo XX. Pero su grandeza moral contrasta con su fragilidad operativa, reconocer esa tensión no es un acto de negación, sino de madurez jurídica y política. La verdadera pregunta no es si debemos preservar el sistema, sino cómo transformarlo para que, sin destruir el equilibrio internacional, pueda cumplir con su promesa fundacional, que la dignidad humana no dependa exclusivamente de la voluntad del poder de quien gobierna.
