En noviembre de 1996 Europa hizo algo que hoy parece de otra época: dijo que no.
Estados Unidos acababa de aprobar la Ley Helms-Burton, que permite demandar ante sus tribunales a empresas extranjeras por usar bienes confiscados en Cuba y negar visados a sus directivos. Bruselas respondió con una norma breve y seca, el Reglamento 2271/96, que prohíbe a las empresas europeas obedecer esas sanciones ajenas y les promete protección si las persiguen por ello. El 22 de noviembre ese escudo cumple treinta años.
Nací en Nuevitas y crecí en Sola, en Camagüey. Vivo en Alemania desde 2001. Desde aquí he visto lo que pasa con ese escudo: casi nada. No porque no haga falta, sino porque nadie lo usa y nadie lo mide.
Un dato basta. En enero de este año el gobierno federal alemán respondió por escrito al Bundestag, en el documento 21/3723, que no tiene cifras sobre cuántas empresas alemanas sufren las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Treinta años de ley y el país más fuerte de Europa no sabe a cuántas de sus empresas protege.
Mientras tanto, el miedo hace el trabajo que la ley prohíbe. Bancos que devuelven transferencias legales, navieras que no cargan, proveedores que cancelan sin dar razones. En Suiza, que ni siquiera pertenece a la Unión, la Cámara de Comercio Suizo-Cubana tiene hoy unas 40 empresas socias, cuando hace pocos años eran entre 60 y 70. Su presidente dice que no se sienten protegidas.
Entre enero y junio de este año Suiza exportó a Cuba medicamentos por menos de 9.000 francos. Nadie lo prohibió por escrito. Bastó con el riesgo. Y quien paga al final no es un consejo de administración. Es una abuela en Camagüey que busca una medicina que no llega.
Hasta aquí la primera mitad. Si me quedo en ella, miento.
Porque la otra mitad también tiene cifras. Según Prisoners Defenders, a finales de septiembre había en Cuba 1.351 presos políticos, un récord según la propia organización. Personas encarceladas por protestar, por escribir, por decir en voz alta lo que muchos dicen en voz baja. El embargo no las metió en la cárcel. Las metió un gobierno que lleva décadas usando el embargo como excusa para todo lo que él mismo no resuelve: la comida, la luz, la libertad.
Este 28 de octubre la Asamblea General de la ONU votó por trigésimo cuarta vez una resolución contra el embargo. Salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año habían sido 165 a favor y 7 en contra. Es fácil leer esa caída como un castigo a La Habana. La dirigencia cubana ha hecho méritos para recibirlo. Pero una abstención en Nueva York no saca a nadie de la cárcel en Cuba. Solo deja más solas a las empresas que Europa prometió proteger hace treinta años.
Por eso esta columna se llama como se llama: las dos mitades en la misma frase. Contra el embargo y contra el fracaso de la dirigencia, los presos políticos incluidos. No una después de la otra, ni una como nota al pie de la otra. Juntas, porque así las vive la gente en la Isla, cada día.
Algo se mueve, aunque poco. El 13 de octubre los dos grandes colegios de abogados de Alemania pidieron a su gobierno que el escudo europeo se amplíe a las sanciones de Washington contra la Corte Penal Internacional y que por fin se haga cumplir. Es poco, pero es más de lo que se dijo en treinta años.
El 22 de noviembre estaré en Berlín, con un Stabat Mater y voces de lados distintos, porque nadie tiene la verdad entera. Y dejo aquí una pregunta para quien lea desde Miami, desde Madrid o desde Camagüey: ¿Quién va a contar por fin lo que cuesta el miedo?
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