En noviembre de 1996 Europa hizo algo que hoy parece de otra época: dijo que no.
Estados Unidos acababa de aprobar la Ley Helms-Burton, que permite demandar ante sus tribunales a empresas extranjeras por usar bienes confiscados en Cuba y negar visados a sus directivos. Bruselas respondió con una norma breve y seca, el Reglamento 2271/96, conocido como Estatuto de bloqueo, que prohíbe a las empresas europeas obedecer esas sanciones ajenas y les promete protección si las persiguen por ello. El 22 de noviembre ese escudo cumple treinta años.
Nací en Nuevitas y crecí en Sola, en Camagüey. Vivo en Alemania desde 2001. Desde aquí he visto lo que pasa con ese escudo: casi nada. No porque no haga falta, sino porque nadie lo usa y nadie lo mide.
Un dato basta. En enero de este año el gobierno federal alemán respondió por escrito al Bundestag, en el documento 21/3723, que no tiene cifras sobre cuántas empresas alemanas sufren las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Treinta años de ley y el país más fuerte de Europa no sabe a cuántas de sus empresas protege.
Mientras tanto, el miedo hace el trabajo que la ley prohíbe. Bancos que devuelven transferencias legales, navieras que no cargan, proveedores que cancelan sin dar razones. Nadie lo prohibió por escrito. Basta con el riesgo. Y cada transferencia devuelta tiene al otro lado a alguien concreto: una familia que esperaba ese dinero, un taller que no recibe la pieza, una pequeña panadería privada que no puede pagar a su proveedor.
Quien paga al final no es un consejo de administración. Es una abuela en Camagüey que busca una medicina que no llega. Es el joven que abrió un negocio propio con lo que le mandó un primo desde Madrid y ve que el envío vuelve con la palabra “Cuba” tachada como un error.
Por eso esta columna mira primero a la gente. A quienes en la Isla se sostienen unos a otros cuando falta la luz, a las iglesias y las organizaciones que llevan ayuda que sí llega, a los pequeños negocios privados que intentan comprar y vender dentro de lo permitido. Para ellos el escudo europeo no es una abstracción jurídica: es la diferencia entre una transferencia que llega y una que vuelve.
El jueves 28 de octubre la Asamblea General de la ONU votó por trigésima cuarta vez una resolución contra el embargo. Salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año habían sido 165 a favor y 7 en contra. Se puede discutir mucho sobre ese cambio. Lo cierto es que una abstención en Nueva York no hace llegar ni un medicamento más a Camagüey y deja más solas a las empresas que Europa prometió proteger hace treinta años.
Algo se mueve, aunque poco. El 13 de octubre los dos grandes colegios de abogados de Alemania pidieron a su gobierno que el escudo europeo se amplíe a las sanciones de Washington contra la Corte Penal Internacional y que por fin se haga cumplir. Es poco, pero es más de lo que se dijo en treinta años.
El 22 de noviembre estaré en Berlín, con un Stabat Mater en una iglesia y, al día siguiente, un foro abierto donde hablan voces de distintas direcciones, porque nadie tiene la verdad entera. Las donaciones de esos días van directamente a organizaciones que trabajan en la Isla. Y dejo aquí una pregunta para quien lea desde Miami, desde Madrid o desde Camagüey:
¿Quién va a contar por fin lo que cuesta el miedo?

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