Es probable que Estados Unidos aumente la frecuencia y el alcance geográfico de sus ataques contra presuntos narcotraficantes durante el próximo año, con la posibilidad de que los bombardeos se trasladen a tierra firme en distintos países de América Latina y el Caribe. Esta expansión generará riesgos físicos y operativos para las organizaciones que operan en la región, además de riesgos de cumplimiento normativo por la ampliación de la aplicación de sanciones.
Desde el 17 de octubre, los ataques militares estadounidenses dirigidos contra presuntos narcotraficantes en el sur del mar Caribe han aumentado tanto en frecuencia como en extensión geográfica, con operaciones frente a las costas de Colombia y en el océano Pacífico oriental. Estados Unidos reconoció públicamente ocho ataques en doce días, una escalada respecto al ritmo anterior, que era de aproximadamente uno cada dos semanas.
El primer ataque, anunciado por el secretario de Defensa Pete Hegseth el 20 de octubre, tuvo lugar el 17 de octubre frente a la costa de Colombia, y apuntó contra presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un importante grupo insurgente colombiano implicado en la producción y el tráfico de cocaína.
El 21 y 22 de octubre, el ejército estadounidense atacó por primera vez presuntas embarcaciones de narcotráfico en el océano Pacífico oriental. El 23 de octubre, Estados Unidos atacó otra embarcación en el mar Caribe, en una operación realizada de noche. El 27 de octubre, llevó a cabo tres ataques dirigidos contra cuatro embarcaciones en el Pacífico oriental.
Hegseth declaró que las autoridades mexicanas participaron en las tareas de búsqueda y rescate tras uno de los ataques, lo que sugiere que pudo haberse producido cerca de México; aunque no se ha confirmado, de ser cierto marcaría otra expansión geográfica. Luego, el 29 de octubre, el ejército estadounidense atacó otra embarcación en el Pacífico oriental.
Con ello, el número total de ataques estadounidenses reportados contra presuntas embarcaciones de narcotráfico asciende a 14. Mientras tanto, el 23 de octubre, el presidente Donald Trump declaró ante la prensa que «la tierra será lo siguiente», y añadió que, si bien su administración podría informar al Congreso sobre los planes para atacar a narcotraficantes en tierra, no necesariamente pediría autorización para hacerlo.
- Desde que los líderes estadounidenses comenzaron a anunciar ataques el 2 de septiembre, Estados Unidos ha ofrecido muy pocos detalles sobre la ubicación de los objetivos o las pruebas de su culpabilidad.
- Desde agosto, Estados Unidos ha ampliado sus despliegues militares en el mar Caribe, con al menos ocho buques de guerra y miles de efectivos adicionales enviados a la zona, elevando el total a más de 10.000 militares a finales de octubre. El 23 de octubre, Estados Unidos voló bombarderos B-1 cerca de Venezuela, y el 24 de octubre, el Pentágono anunció el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, que incluye aviones furtivos de combate y aeronaves de vigilancia, hacia la región.
- Las tensiones entre la administración Trump y el gobierno colombiano se intensificaron inicialmente en enero de 2025 por cuestiones de inmigración y deportación, lo que llevó a Estados Unidos a amenazar con imponer aranceles a Colombia. Desde septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro ha criticado repetidamente los ataques estadounidenses en la región, lo que llevó a Trump a llamarlo el «líder de la droga ilegal» el 19 de octubre. Poco después, su administración impuso sanciones contra el propio Petro y contra el ministro del Interior Armando Benedetti.
Ataques cinéticos de EE. UU. contra presuntos narcotraficantes
El creciente énfasis del gobierno de Trump en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental sugiere que las operaciones militares estadounidenses contra los cárteles y otros grupos criminales probablemente se expandirán tanto geográficamente como en frecuencia durante el próximo año, con una posibilidad cada vez mayor de que los ataques se extiendan a objetivos terrestres.
Los ataques recientes se producen mientras la Casa Blanca adopta una serie de medidas para reprimir a las organizaciones criminales regionales, incluidos los cárteles mexicanos. En febrero, la administración designó a los principales grupos —como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua— como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), ampliando así los medios legales y financieros para atacar a esas organizaciones. Desde entonces, otros grupos han recibido designaciones similares, entre ellos organizaciones mexicanas menores y las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros.
En agosto, filtraciones indicaron que Trump había ordenado en secreto al Pentágono comenzar a utilizar la fuerza contra los cárteles. Los ataques posteriores son la manifestación de esa orden, mientras que la expansión reciente de los bombardeos al océano Pacífico oriental, el aumento en su frecuencia y el despliegue continuo de más recursos en la región demuestran la intención del gobierno de llevar a cabo más operaciones cinéticas contra los grupos responsables del narcotráfico regional.
Además, las declaraciones de finales de octubre que reflejan el interés de Trump en atacar objetivos terrestres sugieren que se avecinan operaciones cinéticas no marítimas. Estos acontecimientos indican que, a lo largo del próximo año, las operaciones cinéticas de Estados Unidos contra grupos criminales se expandirán aún más en el plano geográfico, en su frecuencia y en cuanto a la variedad de objetivos y tácticas empleadas. Dichas operaciones podrían incluir ataques contra aeronaves utilizadas en el tráfico de drogas y diversos objetivos en tierra, posiblemente con participación de fuerzas especiales, además de los actuales ataques aéreos y con drones. Es probable que Estados Unidos también incremente sus actividades encubiertas contra los grupos de narcotráfico, incluyendo labores de inteligencia y operaciones de sabotaje destinadas a capturar o asesinar a los líderes criminales.
- El gobierno de Trump ha declarado en ocasiones que las operaciones cinéticas tienen la intención de enviar un mensaje a los narcotraficantes. Tras el primer ataque, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que las fuerzas estadounidenses podrían haber capturado a los individuos, pero optaron por llevar a cabo un ataque letal en su lugar.
- En julio de 2024, Estados Unidos arrestó al líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, mediante una operación encubierta destinada a engañarlo para que abordara un avión que finalmente aterrizó en El Paso, Texas, donde las autoridades estadounidenses lo detuvieron junto con Joaquín Guzmán López, hijo del cofundador del cártel de Sinaloa, El Chapo.
Las siguientes regiones presentan un mayor riesgo de ser objeto de operaciones militares estadounidenses contra grupos de narcotráfico durante el próximo año, ordenadas de más a menos probables:
- Venezuela: Dado el doble objetivo del gobierno estadounidense de combatir a los grupos de narcotráfico venezolanos —como el Tren de Aragua— y aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es seguro que los ataques frente a las costas de Venezuela continuarán en las próximas semanas y meses.
También es probable que Estados Unidos empiece a lanzar ataques con drones y bombardeos aéreos contra dichos grupos en el territorio continental venezolano, con la posibilidad de golpear fuerzas de seguridad venezolanas, dada la conexión entre organizaciones criminales y el ejército.
La mayoría de los ataques se producirían probablemente cerca de la frontera con Colombia o a lo largo de la costa, en especial al oeste de Caracas, donde el Tren de Aragua es más activo. Sin embargo, también podrían verse afectadas las zonas cercanas a la frontera con Guyana, dada la información sobre incursiones de grupos criminales venezolanos en ese país durante el último año.
Tampoco puede descartarse un escenario en el que Estados Unidos lance operaciones en Venezuela con el objetivo de derrocar a Maduro, aunque sigue siendo improbable en los próximos meses, ya que la administración Trump no parece en la actualidad decidida a deponerlo directamente.
- México: Trump y otros altos funcionarios de su administración han discutido repetidamente la posibilidad de llevar a cabo ataques con drones y/o operaciones de fuerzas especiales contra los cárteles mexicanos. El propio Trump se ha ofrecido a ayudar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra los cárteles, aunque ella se negó, alegando que ello violaría la soberanía nacional.
Los estrechos lazos económicos entre Estados Unidos y México, y la buena relación actual entre Sheinbaum y Trump, probablemente han impedido hasta ahora que la Casa Blanca lance ataques contra los cárteles mexicanos. Sin embargo, es probable que Estados Unidos lleve a cabo operaciones cinéticas contra grupos mexicanos dentro del territorio nacional durante el próximo año, dado que son responsables de la gran mayoría del narcotráfico hacia Estados Unidos, y que tanto Trump como otros altos funcionarios han expresado reiteradamente su deseo de actuar con más contundencia en México.
Dichos ataques apuntarían probablemente a zonas remotas de Estados fronterizos como Sonora y Chihuahua, así como a Estados con alto control de los cárteles, como Sinaloa.
- Colombia: El ejército estadounidense ya ha afirmado haber atacado al ELN en la operación del 17 de octubre, lo que demuestra su disposición a golpear a grupos colombianos.
El papel de Colombia como principal productor mundial de cocaína hace del país un objetivo especialmente atractivo para los ataques estadounidenses, sobre todo en el contexto del aumento de tensiones entre los presidentes Petro y Trump.
Pero, los ataques estadounidenses en Colombia son solo moderadamente probables en el próximo año, ya que la presencia de múltiples empresas energéticas estadounidenses en el país y los estrechos vínculos económicos entre ambos (mucho mayores que con Venezuela) lo convierten en un blanco menos conveniente. Si se produjeran ataques, probablemente ocurrirían cerca de la frontera venezolana o en zonas clave de producción de cocaína, como los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander.
- Ecuador: Aunque la administración Trump ha prestado poca atención a los grupos ecuatorianos en comparación con los de otros países de la región, la visita de Rubio a Ecuador en septiembre incluyó la firma de acuerdos para ampliar la cooperación en materia de seguridad.
El presidente Daniel Noboa ha declarado en varias ocasiones durante el último año que desea recibir asistencia estadounidense para combatir a las bandas locales, que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de Sudamérica. Noboa también intenta promover una reforma constitucional que permita bases militares extranjeras en el país.
Si la administración Trump busca autorización local para realizar operaciones (como ya solicitó sin éxito en México), Ecuador podría ser una alternativa atractiva para atacar de forma más amplia a los grupos de narcotráfico, especialmente dado que Estados Unidos ya ha designado a dos bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas.
No hay indicios de que esto se esté debatiendo actualmente, pero si Estados Unidos llegara a actuar contra grupos ecuatorianos, los ataques se concentrarían probablemente en provincias especialmente violentas como Guayas y Esmeraldas.
- Haití: Al igual que Ecuador, el gobierno haitiano ha pedido en reiteradas ocasiones asistencia en materia de seguridad —incluida la estadounidense— para combatir la violencia extrema de las pandillas que ha convertido a Haití en el país más violento del hemisferio occidental.
El gobierno de Estados Unidos ha prestado poca atención a Haití recientemente, y las pandillas haitianas no son actores de peso en el narcotráfico regional, lo que hace poco probables las operaciones directas en el país en los próximos meses.
Aun así, las condiciones locales sugieren que la violencia podría empeorar en medio de una creciente inestabilidad política, lo que podría hacer que las operaciones militares estadounidenses en Haití resulten más atractivas con el tiempo, especialmente si las pandillas llegan a tomar el control total del país.
- Otras Islas del Caribe: Las islas caribeñas son con frecuencia nodos críticos en el narcotráfico regional, ya que los traficantes suelen desplazarse entre varias islas antes de dirigirse a México, donde los grupos mexicanos se encargan del traslado de drogas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, estas rutas no son homogéneas, y la mayoría de los traficantes no pasan por un único país, lo que complica identificar un único lugar en el que el ejército estadounidense pueda concentrar sus esfuerzos. Aun así, hay algunos países que resultarían más atractivos para operaciones cinéticas estadounidenses.
En primer lugar, Trinidad y Tobago podría ser atractivo por su proximidad a Venezuela, por los comentarios del gobierno elogiando los ataques militares de EE. UU. en la región y por su participación en los ejercicios militares celebrados del 26 al 30 de octubre; esto sugiere que el gobierno podría incluso invitar a operaciones estadounidenses contra pandillas trinitarias, así como contra el Tren de Aragua, que supuestamente está ampliando su presencia en el país. Los ataques se centrarían probablemente en la isla de Trinidad, donde la presencia de grupos criminales es mucho mayor que en Tobago.
Por otra parte, la administración Trump señaló en septiembre a Jamaica, las Bahamas y la República Dominicana (así como a Haití y Belice) como países de tránsito o producción de drogas ilícitas, lo que indica un interés estadounidense potencial por grupos allí.
Finalmente, Cuba también podría ser objetivo, pese a su papel relativamente reducido en el narcotráfico, debido a la postura de la administración Trump contra el gobierno autoritario de izquierdas cubano (la oposición estadounidense al régimen madurista en Caracas es un factor importante detrás de los ataques en Venezuela). No obstante, la administración no ha mostrado un enfoque elevado en Cuba últimamente, por lo que esto es improbable en el corto plazo.
- Honduras, Guatemala y El Salvador (Triángulo Norte): Estos llamados países del Triángulo Norte han albergado históricamente a diversos grupos transnacionales de narcotráfico, incluidos MS-13, Barrio 18 y cárteles mexicanos.
El Salvador ha registrado una caída de la actividad de grupos criminales y de los homicidios desde la entrada en vigor en marzo de 2022 de un estado de emergencia para combatir la delincuencia, lo que convierte al país en un blanco poco probable para operaciones (aunque el gobierno de Nayib Bukele podría optar por apoyar las actividades anti-cárteles de Estados Unidos en otros lugares).
Guatemala y Honduras, en cambio, mantienen altos niveles de violencia y se sabe que grupos criminales trafican drogas hacia México, lo que los convierte en posibles objetivos futuros de ataques estadounidenses, que se ejecutarían probablemente en áreas remotas con alta presencia criminal, incluidas la frontera Guatemala-México y zonas costeras.
A pesar de la expansión de los ataques, es poco probable que las operaciones estadounidenses contra los grupos criminales latinoamericanos reduzcan de manera sustancial el narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que implica que la mayoría de los grupos atacados tampoco reaccionarán con represalias significativas contra objetivos estadounidenses, aunque este riesgo podría aumentar si los ataques llegaran a representar una amenaza existencial para alguno de ellos.
El objetivo principal de las organizaciones regionales de narcotráfico es la generación de ingresos, y el mercado estadounidense sigue ofreciendo beneficios muy elevados. Estos fuertes incentivos económicos, junto con la alta tolerancia de los grupos criminales a las amenazas físicas contra sus miembros y su capacidad constante para adaptar sus tácticas bajo presión, hacen improbable que la intensificación de los ataques estadounidenses en América Latina provoque una disminución sustancial o sostenida del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Aunque algunos grupos puedan modificar sus operaciones para evitar los ataques, no dejarán de mover drogas hacia el norte, y, en el caso extremadamente improbable de que lo hicieran, otro grupo ocuparía su lugar en el mercado en cuestión de meses. Dado que estas organizaciones buscan operar con el mayor sigilo posible, también es poco probable que respondan a los ataques estadounidenses atacando intereses, ciudadanos o empresas de Estados Unidos, ya que tales acciones atraerían una atención indeseada hacia sus actividades concretas.
No obstante, la posibilidad de represalias podría aumentar en el próximo año, especialmente si las operaciones estadounidenses llegan a amenazar la supervivencia de grupos específicos, lo que podría suceder si uno de ellos sufre un número de bajas excepcionalmente alto (por ejemplo, más de 100 miembros en unos pocos meses), o si los ataques lo debilitan hasta el punto de fracturarlo en múltiples facciones.
En tal caso, las operaciones estadounidenses elevarían el riesgo de que miembros individuales llevaran a cabo ataques de represalia sin la aprobación de la dirigencia central. Aunque este riesgo sigue siendo bajo en general, una desestabilización interna grave aumentaría considerablemente la amenaza.
- No existen datos completos sobre el tamaño del mercado ilegal de drogas en EE. UU., dada la naturaleza de la industria. Pero en 2013 la Oficina de Política Nacional sobre Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) estimó que el mercado ilegal de drogas en EE. UU. valía 100.000 millones de dólares.
El informe de 2022 de la Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking del Congreso estadounidense estimó que los cárteles obtienen anualmente entre 700 millones y 1.000 millones de dólares en ingresos por fentanilo (una droga considerablemente más barata de producir en comparación con la cocaína).
- Algunos grupos serían más propensos a realizar ataques de represalia contra objetivos estadounidenses. Entre ellos figuran grupos guerrilleros izquierdistas colombianos como el ELN, que son comparativamente más impulsados por motivos ideológicos, y las bandas haitianas, que ya han mostrado disposición a atacar específicamente objetivos estadounidenses y a secuestrar ciudadanos estadounidenses por rescate.
Los ataques estadounidenses y las operaciones más amplias dirigidas contra grupos regionales de narcotráfico crearán amenazas para la seguridad del personal, aumentarán los costes operativos y plantearán desafíos de cumplimiento relacionados con la financiación del terrorismo para las empresas en los países afectados.
La ampliación de los ataques militares de EE. UU. generará inquietud entre las empresas que operan en la región, al crear incertidumbre sobre la seguridad del personal local y de los viajeros corporativos, así como por el posible daño indirecto a las instalaciones o las interrupciones logísticas.
Esta preocupación será especialmente pronunciada para entidades como las organizaciones humanitarias y las industrias extractivas, que suelen operar en zonas más remotas, donde es muy probable que se concentren los ataques terrestres. Los riesgos también aumentarían en el improbable caso de que los ataques estadounidenses alcanzaran áreas más pobladas.
El incremento de las primas de seguros y la necesidad de una mayor supervisión y presencia de seguridad elevarán aún más los costes operativos. Cualquier campaña sostenida de EE. UU. dirigida contra un país concreto podría llevar a algunas empresas a suspender la expansión de operaciones e inversiones allí. Esto dañaría las economías locales, agravando los problemas persistentes de bajo crecimiento del PIB y desempleo mantenidos desde la pandemia de COVID-19, especialmente en países que ya enfrentan graves dificultades económicas como Venezuela, Honduras, Haití y Jamaica.
Asimismo, a medida que EE. UU. amplíe los ataques cinéticos por toda la región, aumentará la probabilidad de disputas con los gobiernos locales por violaciones de soberanía.
Basándose en el comportamiento previo de la administración Trump hacia el presidente colombiano Gustavo Petro, tales disputas podrían derivar en la ampliación de aranceles y/o sanciones estadounidenses, generando preocupaciones adicionales en torno a las cadenas de suministro y el cumplimiento normativo.
Aunque algunos países podrían amenazar con medidas de represalia contra EE. UU., la importancia del mercado estadounidense para las exportaciones de la mayoría de las economías regionales hace improbable que alguna adopte acciones significativas y sostenidas.
Finalmente, es probable que EE. UU. complemente los ataques cinéticos mediante el uso de las designaciones de Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) para reprimir las redes de apoyo de los grupos designados.
A medida que aumenten los esfuerzos de aplicación, esta estrategia incrementará las cargas de cumplimiento para las empresas, que deberán garantizar que no interactúan con grupos criminales ni con instituciones financieras vinculadas a ellos.
- En junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley FEND Off Fentanyl de 2024 para prohibir ciertas transacciones con las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por su presunta implicación en el blanqueo de dinero para cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel del Golfo y el CJNG.
Las restricciones estadounidenses también provocaron efectos en cadena sobre el sistema financiero mexicano, ya que los prestamistas reforzaron sus mecanismos internos de supervisión e incluso cancelaron las cuentas de algunos clientes para reducir el riesgo de ser objeto de medidas similares.
* Artículo original: “The Outlook for U.S. Strikes on Drug Traffickers in Latin America and the Caribbean”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
