Hay un argumento que hoy circula con fuerza en ciertos espacios ilustrados, progresistas y jurídicamente sofisticados: el régimen de Maduro es una dictadura, sí, pero ni siquiera ese hecho —grave, probado y sostenido en el tiempo— permitiría justificar una intervención que viole el derecho internacional. Hacerlo, se dice, abriría la puerta al imperialismo, al colonialismo y a la ley del más fuerte. Defender la norma sería, en últimas, un acto civilizatorio.
Ese es el argumento que se nos ofrece. Y es impecable… solo si se acepta mirar la realidad desde una abstracción casi total.
Porque lo que ese razonamiento omite, sistemáticamente, es que el derecho, la soberanía y la autodeterminación no existen en el vacío. Existen —cuando existen— en CONDICIONES MATERIALES CONCRETAS. Y cuando esas condiciones son negadas o borradas del análisis, el resultado no es prudencia ni ética, sino una forma sofisticada de evasión política.
El primer problema de fondo es tratar el derecho internacional como si operara por sí mismo, como si fuera una fuerza autónoma capaz de producir efectos independientemente de quién detenta el poder material.
Invocar la Carta de la ONU como si fuera un árbitro funcional presupone que sus mecanismos están diseñados para proteger a los pueblos frente a las potencias. Pero basta una mínima honestidad intelectual para admitir que no es así. El Consejo de Seguridad no está bloqueado por una falla circunstancial; está estructuralmente organizado para reflejar y preservar un equilibrio de poder entre Estados que, en este caso, sostienen activamente al régimen venezolano.
Rusia y China no son observadores neutrales de la crisis venezolana. Son ACTORES MATERIALES DE SU REPRODUCCIÓN. Saben usar el veto, y lo han hecho de manera sistemática, no solo en Venezuela, sino en múltiples escenarios donde el derecho internacional choca con sus intereses estratégicos. Plantear que la solución “correcta” era llevar el caso a un órgano cuyo bloqueo es previsible, permanente y funcional al statu quo no es defender el derecho: es fetichizar la norma cuando ya no produce ningún efecto real.
El segundo problema es la forma en que se invoca la soberanía. Se habla de ella como si fuera una cualidad intacta del Estado venezolano, una propiedad jurídica que basta con nombrar para que exista. Pero la soberanía no se mide por su proclamación formal, sino por la capacidad efectiva de decisión. Y hoy Venezuela no decide de manera autónoma su política energética, ni su financiamiento externo, ni la configuración de su aparato militar, ni la organización de su sistema electoral. Lo que existe es el control territorial de un aparato coercitivo sostenido por alianzas externas, economías criminales y flujos de poder que no responden al interés de la población.
En ese contexto, la pregunta relevante no es si una intervención viola la soberanía, sino qué soberanía se está defendiendo. Porque confundir al Estado con la sociedad, y al régimen con el pueblo, es uno de los errores más persistentes —y más funcionales— en la defensa indirecta de sistemas autoritarios. La soberanía popular no se preserva cuando se protege al aparato que la anuló.
Aquí aparece una omisión que resulta imposible de justificar sin reconocer un sesgo profundo. Durante más de veinte años, Venezuela ha sido intervenida de manera constante por potencias extranjeras. China ha condicionado su economía mediante deuda, captura de activos estratégicos e infraestructura crítica. Rusia ha intervenido en defensa, seguridad y entrenamiento militar. Irán ha exportado tecnologías de control social, inteligencia y represión. Todo eso son INTERVENCIONES REALES, MATERIALES Y SOSTENIDAS EN EL TIEMPO. Sin embargo, rara vez son nombradas como violaciones graves de la soberanía por las mismas personas que hoy dicen defenderla. No generan la misma alarma moral ni la misma defensa apasionada del orden internacional.
Esa asimetría no es casual. Revela que el problema no es la intervención como fenómeno, sino quién la ejerce. Cuando la intervención proviene de actores no occidentales, se naturaliza o se relativiza. Cuando proviene de Estados Unidos, se convierte en una amenaza civilizatoria. El criterio no es jurídico; es político.
A partir de ahí se introduce el argumento del “precedente peligroso”: aceptar esta intervención abriría la puerta a que cualquier potencia desconozca elecciones en otros países y se arrogue el derecho de intervenir. Pero ese razonamiento solo funciona si se eliminan todas las CONDICIONES MATERIALES CONCRETAS del caso venezolano. El fraude electoral probado, el colapso institucional, la inexistencia de competencia política real, los crímenes sistemáticos contra la población, el reconocimiento explícito de una autoridad electa alternativa y la solicitud expresa de apoyo externo son borrados del análisis para construir una analogía abstracta y alarmista para movilizar incautos o personajes con ausencia de pensamiento crítico y exceso de culpa pequeñoburguesa.
Eso no es prudencia jurídica. Es negar el análisis concreto de una situación MATERIAL concreta, sustituyéndolo por un escenario hipotético diseñado para inmovilizarcualquier acción.
Lo mismo ocurre cuando se invocan Afganistán, Irak o Libia como advertencias universales. Esos casos se presentan como pruebas concluyentes de que toda intervención termina en desastre, independientemente de las estructuras sociales, la configuración del poder interno o el grado de colapso del Estado. La historia se convierte así en un espantajo retórico: no para entender procesos, sino para clausurar la discusión. El desastre pasado se usa como coartada para la inacción presente.
Pero quizá el punto más problemático de todo este enfoque es la manera en que se trata a los venezolanos. Se reconoce su alegría, su alivio momentáneo, pero inmediatamente se la encuadra como ingenua, emocional o mal informada. Se les recuerda que hay costos, que hay intereses, que el escenario es incierto. Todo eso es cierto. Y precisamente por eso resulta insultante suponer que no lo saben y avanzar con vehemencia restándoles agencia.
Los venezolanos (y quienes sí los apoyamos) no creen que esta intervención sea altruista. No ignoran los riesgos. No desconocen los costos. Lo que hacen es algo mucho más elemental y profundamente racional: comparan ESCENARIOS MATERIALES posibles con una REALIDAD MATERIAL insoportable. Decidir que incluso una transición incierta es preferible a la reproducción infinita del hambre, la represión y el exilio no es irracionalidad. Es cálculo bajo condiciones extremas. Negarles esa racionalidad es una forma refinada de paternalismo y ANULACIÓN DEL YO y de su autonomía y AUTODETERMNACIÓN.
Al final, más allá del lenguaje elevado y las referencias normativas, EL RESULTADO MATERIAL de esta posición es claro: La dictadura permanece. La represión continúa. El empobrecimiento se profundiza. El multilateralismo no actúa. Y la responsabilidad política se diluye en una defensa abstracta de normas que ya no producen resultados. No es neutralidad. Es conservación pasiva del orden existente.
No se trata de idealizar a Estados Unidos ni de negar los intereses en juego. No se trata de celebrar la fuerza como principio. Se trata de algo más básico: no convertir el derecho en un refugio moral que permita mirar hacia otro lado cuando las CONDICIONES MATERIALES ya no admiten espera. Cuando una norma deja de servir a quienes viven bajo coerción, defenderla como un absoluto no es civilizatorio. Es otra forma —más pulcra, más sofisticada— de administrar la dominación sin hacerse cargo de sus efectos reales.
Y hay algo todavía más bajo en el discurso de los moderados alarmistas que hoy agitan el miedo diciendo que “los colombianos seremos los siguientes”, como si aquí existiera una dictadura comparable, como si (por lo menos por ahora, y créanme que no es gracias a personajes como esos) no hubiera alternancia política, prensa libre, tribunales, oposición real y protesta social cotidiana. Ese argumento no es ignorancia: es una forma obscena de narcisismo moral. Usan el sufrimiento venezolano no para entenderlo, sino como espejo para mirarse a sí mismos como sujetos responsables, prudentes y superiores, mientras niegan toda empatía real con quienes llevan años viviendo bajo represión, hambre y exilio.
Son precisamente ese tipo de moderados —obsesionados con verse correctos, incapaces de asumir costos éticos, cómodos en su legalismo estéril— los que históricamente han facilitado las dictaduras: no porque las amen, sino porque nunca están dispuestos a incomodarse para detenerlas. Y lo más miserable es que muchos de ellos sí lo saben. Simplemente no les importa, porque su prioridad no es la libertad ajena, sino preservar intacta su autopercepción de virtud.
