La defensa de los derechos humanos por parte del sistema internacional se ha mostrado ineficiente y estructuralmente más lenta que el avance del crimen organizado y la consolidación de regímenes autoritarios.
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos —más allá de las valoraciones políticas que suscite— expone un choque directo entre principios fundamentales del orden internacional. Por un lado, la soberanía territorial y la prohibición del uso de la fuerza, sin autorización del Consejo de Seguridad. Por otro, la violación sistemática de la soberanía popular, los derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas frente a crímenes de lesa humanidad.
En pocas palabras, el mundo vuelve al dilema que planteó Kofi Annan tras el genocidio de Ruanda: si la intervención humanitaria es un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo debe responder la comunidad internacional ante un genocidio o ante violaciones masivas y sostenidas de derechos humanos?
De ese debate surgió, en términos políticos —aunque no jurídicos—, la idea de una tensión entre dos dimensiones de la soberanía: la soberanía estatal (territorio, gobierno, no intervención) y la soberanía popular o humana (los derechos fundamentales de las personas).
Está claro que el ex secretario general de la ONU no defendía capturas unilaterales de jefes de Estado, intervenciones armadas sin autorización del Consejo de Seguridad, ni que un Estado extranjero “represente” la soberanía del pueblo de otro país. Sin embargo, ese mismo debate interpela hoy a la comunidad internacional: si hubo una reacción inmediata ante una acción unilateral de Estados Unidos en Venezuela, por considerarla una violación de la soberanía territorial —llegando incluso algunos a calificarla como “golpe de Estado”—, esa misma contundencia debió existir frente a la violación flagrante de la soberanía popular perpetrada por Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024, cuando quedó en evidencia ante el mundo un fraude electoral con alevosía, también calificado por muchos como un golpe de Estado.
Las declaraciones, informes y pronunciamientos de la ONU durante los últimos años no impidieron la existencia de más de mil presos políticos, prácticas sistemáticas de tortura, ni el ejercicio de una política de terror. La ineficiencia —o insuficiencia— del sistema de derecho internacional puede leerse como inacción: inacción no por falta de normas, sino por la incapacidad política de aplicarlas.
Esa incapacidad es especialmente evidente cuando no se activa la Responsabilidad de Proteger / Responsabilidad de Responder (R2P/R2R), principio impulsado por el propio Kofi Annan. Según este enfoque, cuando un Estado no puede proteger a su población, no quiere hacerlo, o es el principal perpetrador de violaciones graves de derechos humanos, la comunidad internacional adquiere una responsabilidad subsidiaria de actuar.
En el caso venezolano, la prolongada inacción frente a violaciones graves de derechos humanos no demuestra la caducidad del derecho internacional, sino la urgencia de replantear los mecanismos de poder y decisión del sistema internacional, para superar los límites actuales de su aplicación.
Esto obliga a reabrir un debate largamente postergado: la reforma de las Naciones Unidas, en particular de un Consejo de Seguridad inoperante, cuya estructura de vetos bloquea la aplicación efectiva de la R2P u otros mecanismos que, alineados con el derecho internacional, permitan intervenir para salvaguardar la vida y la integridad física de miles de inocentes. Inocentes que murieron, fueron torturados o se vieron forzados —más de siete millones, en el caso de los venezolanos— a abandonar su país, en el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.
A ello se suma la falta de voluntad política internacional para avanzar en nuevos mecanismos de prevención y combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que hoy amenazan no solo a Venezuela, sino también a democracias de la región como México, Ecuador o Bolivia.
Lo que está en juego no es solo un país. Está en juego la credibilidad del sistema internacional como marco capaz de poner límites reales al poder. Está en juego la idea misma de que el crimen organizado no puede capturar al Estado sin consecuencias. Y está en juego si los gobiernos autoritarios pueden permanecer impunes indefinidamente mientras controlen la violencia, el dinero ilícito y los vetos diplomáticos.
Si la comunidad internacional reacciona con firmeza únicamente cuando se viola la soberanía territorial, pero tolera durante años la violación sistemática de la soberanía popular, el mensaje es devastador: los derechos humanos se vuelven retóricos, la legalidad se vuelve selectiva y la impunidad se vuelve negociable.
En ese escenario, la soberanía deja de ser responsabilidad —como planteó Kofi Annan— y vuelve a ser escudo. No para proteger a los pueblos, sino para blindar a quienes los victimiza.
