En una medida inesperada, el gobierno cubano destituyó el viernes a sus ministros de Economía e Industria Alimentaria. Esta decisión se produce tras la intensa reacción pública contra un polémico plan de austeridad presentado el mes pasado, que proponía medidas como una drástica quintuplicación del precio del gas. Este plan se enmarcaba en la crisis económica más profunda de la historia reciente de Cuba.
Granma, el periódico oficial del Partido Comunista, informó escuetamente de que los ministros de Economía, Alejandro Gil, y de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, habían sido relevados de sus cargos. Gil, que también ocupaba el cargo de primer viceprimer ministro del país, había sido una figura fundamental en la aplicación de estrategias económicas, en particular una reforma monetaria que precipitó una inflación galopante en los dos últimos años. El breve reconocimiento de los esfuerzos de los ministros por parte de Granma sugiere que es poco probable que los funcionarios destituidos vuelvan a desempeñar funciones similares de alto nivel.
La economía y el sector alimentario cubanos han experimentado un importante declive bajo la dirección de los ministros destituidos. En particular, la estructura de gobierno altamente centralizada y la influencia dominante del Partido Comunista implican que ciertas decisiones críticas se tomaron fuera del control directo de los ministros.
Gil, un ingeniero de 60 años, que ascendió al cargo de primer ministro en 2019, ha sido un defensor clave de varias políticas fallidas. Sus iniciativas abarcaron desde la reforma monetaria y los esfuerzos por regular el precio del dólar en la calle hasta la imposición de restricciones bancarias al floreciente sector privado. La devaluación del peso cubano bajo estas políticas ha sido tan severa que los pensionistas estatales reciben ahora un mísero equivalente a 8 dólares al mes.
A pesar de las optimistas previsiones de Gil sobre una recuperación económica en 2023, el PIB de Cuba se contrajo hasta un 3%, tras un prolongado periodo de recesión económica exacerbado por la pandemia y una tibia recuperación en 2022.
El sector alimentario se ha visto especialmente afectado. La producción de alimentos ha caído a su nivel más bajo en un siglo, las raciones de alimentos del gobierno se han reducido, y los informes sobre el hambre y la desnutrición son cada vez más frecuentes en las redes sociales. En consecuencia, Cuba depende en gran medida de la importación de alimentos.
Aunque las implicaciones de estos despidos siguen siendo inciertas, abundan las especulaciones sobre si esto señala un cambio estratégico en la gobernanza o una mera búsqueda de chivos expiatorios para desviar la culpa de la mala gestión económica.
Los observadores, especialmente en Miami, siguen de cerca los acontecimientos. Joe García, ex congresista que apoya activamente el espíritu empresarial independiente en Cuba, señaló: “Se avecinan cambios porque son necesarios para Cuba. Tienen que reestructurar su economía porque no hay otra alternativa”.
El momento de estos despidos también es digno de mención, ya que se producen justo un día después de que el gobierno se viera obligado a aplazar la polémica subida del precio del gas, un componente clave de la iniciativa de austeridad más amplia destinada a “corregir las distorsiones” y estabilizar la asediada economía. Este acontecimiento subraya aún más la urgencia y los complejos retos a los que se enfrenta el panorama económico cubano.
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