La economía cubana se enfrenta actualmente a su crisis más grave desde el colapso de la Unión Soviética, en la década de 1990. Las cifras oficiales pintan un panorama sombrío de la situación. El gobierno informa de una tasa de inflación anual del 30%, y se espera que el déficit presupuestario supere el 18% en 2024. Según el ministro de Economía, Alejandro Gil, la economía se contraerá aproximadamente un 2% en 2023.
La crisis ha provocado un aumento significativo de la emigración desde Cuba, alcanzando niveles no vistos desde la revolución de 1959. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos informa de que alrededor de 425 000 migrantes cubanos se dirigieron a Estados Unidos y 36 000 solicitaron asilo en México durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023. Esto representa más del 4% de la población total, y se cree que muchos otros emigraron a países como Uruguay, España o Rusia. El impacto de este éxodo se siente en muchas áreas, incluida la educación, donde las escuelas cubanas se enfrentaron a una escasez de 17 000 profesores al comienzo del semestre académico en septiembre.
Varios de los problemas de Cuba se han visto exacerbados por acontecimientos recientes. Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos impuso 240 nuevas sanciones a Cuba y añadió al país a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
El sector turístico, que representó el 11% del PIB en 2019, no se ha recuperado de la pandemia, con solo 2 millones de visitantes en 2023, muy lejos de las esperanzas del gobierno de 3,5 millones.
Venezuela, uno de los principales aliados de Cuba, redujo sus envíos de crudo a la isla el año pasado, alegando dificultades para procesar suficiente petróleo para sus propias necesidades. Esto obligó al gobierno cubano a racionar y advertir de cortes de electricidad, aunque los suministros se restablecieron brevemente en septiembre antes de volver a cortarse en noviembre.
Sin embargo, el mayor problema radica en la reticencia del gobierno cubano a permitir que florezca el sector privado. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018, se ha producido una expansión gradual de la iniciativa empresarial privada.
En 2021, a los cubanos que antes estaban limitados a trabajar como empresarios individuales se les permitió operar pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) con hasta 100 empleados. En la actualidad, existen 10 000 MiPYMES de este tipo, que contribuyen al 14% del PIB. Cubren vacíos en los que el ineficiente Estado ha fallado, como son las empresas de reparto de comida, por ejemplo.
Asimismo, la reunión anual de la Asamblea Nacional celebrada en diciembre dejó claro que los nuevos intentos de abrir la economía al libre mercado se enfrentarían a la resistencia de los ancianos dirigentes del régimen, muchos de los cuales se formaron bajo el régimen de Castro. Esteban Lazo, presidente de la Asamblea, de 79 años, expresó su frustración durante una reunión, diciendo: “Estamos atascados. Tenemos que aumentar la producción”.
Las quejas de Esteban Lazo apuntan a síntomas, no a causas. Es su resistencia y la de los viejos dirigentes que constantemente torpedean cualquier cambio posible, la que ha impedido reformas clave que el país necesita a gritos. Esto es especialmente evidente en el sector agrícola, donde los agricultores no pueden importar sus propios equipos ni vender la mayor parte de sus productos directamente a los consumidores, teniendo que pasar por el Estado. En años, el gobierno no ha proporcionado a los agricultores ni combustible ni piezas de repuesto, lo que ha provocado un descenso del 35% en la producción agrícola de 2019 a 2023.
Por otro lado, el diseño del funcionamiento de la moneda parece nacido de las soviéticas oficinas de la antigua Junta Central de Planificación, entidad encargada de fijar los precios y el ritmo artificial del mercado nacional. Así, si bien el sistema de doble moneda de Cuba se abolió en 2021, persisten los tipos de cambio oficiales fijos de 24 pesos cubanos por dólar estadounidense para las empresas estatales y 120 para los particulares.
Pero, en la realidad, el tipo de cambio en el mercado negro supera los 270 pesos por dólar. Esta disparidad crea diversas distorsiones, la mayoría de las cuales favorecen a los ricos. Por ejemplo, la gasolina cuesta 30 pesos por litro, equivalentes a unos diez centavos de dólar en el mercado negro, más barata que en Kuwait, donde el combustible está muy subvencionado. Las mansiones de lujo de principios del siglo XX, confiscadas por el Estado a la “burguesía” tras la revolución de 1959, pueden alquilarse a un agente inmobiliario estatal en La Habana por unos 300 dólares estadounidenses al mes si se pagan en pesos, en efectivo y con las conexiones adecuadas.
En lugar de reconocer la insuficiencia del tipo de cambio oficial, el gobierno culpa al mensajero. En la reunión de la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero acusó a publicaciones independientes, como El Toque, que rastrean el tipo de cambio en la calle, de publicar lo que denominó tipos “ficticios” y calificó a quienes publican estos datos de “enemigos” de la revolución.
A simple vista, la situación económica de Cuba es un complejo entramado de factores internos y externos, en lo que incide la influencia y el terror sobre la sociedad de una generación anquilosada en el poder desde 1959 y la aquiescencia de unos administradores, que parecen —al tiempo que llenan los bolsillos propios y ajenos— contar las horas y minutos que faltan para que los temibles ancianos les cedan sus sillones.
Mientras, millones de personas viven en la más angustiosa desesperanza, los listos de toda la vida van haciendo fortuna y la nación parece encaminada convertirse en el mismo sitio de encomiendas y enchufes políticos con el que sobrevivió a todo lo largo del dominio español.
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En 2024, Cuba se enfrenta a una grave crisis humanitaria, con enormes urgencias económicas y alarmante desesperación social. La emigración sigue funcionando como única válvula de escape.
