Mary Anastasia O’Grady: “Cuba está matando de hambre a su pueblo”

En un análisis de Mary Anastasia O’Grady para The Wall Street Journal, la difícil situación de Cuba bajo su actual régimen sale a la luz, a raíz de las recientes protestas al oriente de la isla. La semana pasada, los ciudadanos de Santiago y otras ciudades del este de Cuba expresaron su desesperación y enfado por la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad, dando continuidad a las protestas del 11 de julio de 2021. Una vez más, los manifestantes, al grito de “libertad” y “patria y vida”, mostraron la lucha de una nación contra la austeridad y la represión.

El gobierno cubano ante el descontento, explica la columnista, puso en marcha una estrategia destinada a controlar la narrativa. Un componente fundamental de este plan fue cortar el acceso a teléfonos móviles e Internet para impedir la difusión de los actos de protesta. Estas tácticas están diseñadas para proteger al régimen del escrutinio internacional, especialmente de los legisladores estadounidenses que podrían simpatizar con la difícil situación de Cuba bajo las actuales sanciones.

La líder del Partido Comunista de Santiago, Beatriz Johnson, intentó una maniobra de relaciones públicas al enfrentarse a los manifestantes desde una azotea, afirmando posteriormente en la televisión cubana que no había ninguna discordia real entre ella y los manifestantes. Del mismo modo, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel recurrió a Twitter, calificando las protestas de meras expresiones de “insatisfacción”, y asegurando que el gobierno estaba dispuesto a “atender las quejas de nuestro pueblo”.

A pesar de estos intentos de restar importancia a la situación, los informes sobre el terreno mostraban un panorama totalmente distinto. Periodistas independientes informaron del desprecio público hacia la dirigente partidista Beatriz Johnson y de cánticos generalizados contra Díaz-Canel. Además, la policía realizó registros puerta a puerta en Santiago, El Cobre y Bayamo para detener a sospechosos de disidencia, mientras el gobierno señalaba a Estados Unidos como responsable de los disturbios.

El problema subyacente sigue siendo el uso de los alimentos como arma contra la población cubana, cuya situación es ahora más grave que nunca desde la revolución de 1959.

O’Grady destaca el doble discurso del régimen y sus esfuerzos por acallar el descontento nacional. Así, la periodista señala la paradoja que representa la abundancia de recursos mostrada por el gobierno ante la crisis y las restricciones en la distribución. La repentina aparición de camiones distribuyendo azúcar y arroz cuando arreciaron las protestas plantea dudas sobre el control del gobierno sobre los recursos y su interés en el cuidado de una población sometida y desvalida económicamente desde hace más de seis décadas.

La política de Estados Unidos hacia Cuba, a menudo criticada por agravar las dificultades, no impide que la isla compre productos agrícolas estadounidenses. El verdadero reto para Cuba es la escasez de divisas, gran parte de las cuales se desvían para mantener la lealtad de los militares y otros cuerpos de seguridad y para las cuentas personales y corporativas de la mafia que dirige el país. La ONG Archivo Cuba documentó 79 casos de “muertes y desapariciones atribuidas al Estado cubano en 2023”, un sombrío testimonio de la represión en curso.

El estancamiento económico en Cuba se atribuye al control ejercido por las élites del Partido Comunista, con pruebas de inversores extranjeros que se enfrentan a penas de prisión por amenazar los intereses de los capos del régimen. O’Grady argumenta que la narrativa que culpa a la política de Estados Unidos del sufrimiento de Cuba es engañosa, señalando que los problemas económicos de la isla son en gran parte autoinfligidos por la mala gestión y la corrupción.





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