Una audiencia en el Congreso celebrada el jueves sobre el sector privado en Cuba sacó a la luz la profunda división política entre republicanos y demócratas respecto a la política hacia Cuba. La sesión, dirigida por la representante estadounidense María Elvira Salazar, una cubanoamericana de Miami, se convirtió rápidamente en un campo de batalla de puntos de vista divergentes sobre la legitimidad y el papel de las empresas privadas en Cuba.
La representante Salazar, que preside el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, desató la polémica al denegar la petición del representante Joaquín Castro de permitir a la representante Barbara Lee participar en la audiencia.
Salazar se refirió a Lee como “amiga de Fidel Castro” e inadecuada para un debate centrado en el apoyo a los esfuerzos de liberación del pueblo cubano. Esta decisión dio lugar a un acalorado, aunque breve, intercambio entre Salazar y Lee, que se produjo fuera de los micrófonos. El representante Greg Stanton transmitió más tarde la condena de Lee a la acción de Salazar como “indignante”.
En su discurso de apertura, Salazar describió el crecimiento de las empresas privadas en Cuba como un “plan” orquestado por el gobierno cubano para eludir el embargo estadounidense, del que se benefician principalmente los hijos de los dirigentes cubanos. Haciéndose eco de esta opinión, el representante republicano Mark Green, de Tennessee, argumentó que la participación del ejército cubano en todos los negocios niega esencialmente la existencia de un sector privado. Por el contrario, el demócrata Sydney Kamlager-Dove, de California, tachó estas afirmaciones de “teoría de la conspiración”.
Los testimonios de los funcionarios de la administración Biden hicieron hincapié en la complejidad de entender un sector privado dentro de un régimen comunista, abogando por un enfoque matizado. Los funcionarios destacaron el importante crecimiento de las empresas privadas, conocidas como MiPYMES, que se han convertido en esenciales para proporcionar servicios básicos y alimentos en medio de las luchas del gobierno.
Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló la ironía de que el gobierno comunista de Cuba confíe ahora en la empresa privada. Desde la autorización de las pequeñas y medianas empresas privadas en agosto de 2021, han surgido casi 10 000 empresas, a pesar de los estrictos controles gubernamentales y las recientes medidas para aumentar los impuestos y las limitaciones a su expansión.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, criticó la premisa de la audiencia, argumentando en contra de descartar estas empresas como meras estratagemas del gobierno. Destacó la ambivalencia del gobierno cubano hacia la empresa privada, lo que indica una falta de pleno respaldo, pero tolerancia.
En la audiencia también se abordaron las políticas de la administración Trump, en particular las formuladas por el senador de Florida, Marco Rubio, y el representante Mario Díaz-Balart, dirigidas a negar fondos a los militares cubanos y a fomentar un sector privado cubano independiente. Se debatieron los esfuerzos de la administración Biden para apoyar a estas empresas, incluidas las regulaciones propuestas para conceder acceso bancario estadounidense a las empresas cubanas, pero aún no se han promulgado.
El representante Castro abogó por un nuevo compromiso con Cuba en la línea de las políticas del anterior presidente Obama, incluida la retirada de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Destacó que las políticas históricas de Estados Unidos no han producido los cambios deseados en Cuba y sugirió apoyar los esfuerzos empresariales cubanos.
Hacia el final de la audiencia, la postura de Salazar pareció suavizarse. Preguntó sobre las formas de ayudar a los pequeños empresarios cubanos que no están afiliados al régimen. Sin embargo, la sesión concluyó prematuramente debido a que los representantes fueron llamados a votar, dejando muchas preguntas y debates sin terminar.
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“Por ahora, solamente le puedo confirmar que necesitamos todos los dólares que podamos conseguir”, dijo el coronel Antonio de la Guardia.
