En una intrincada batalla legal centrada en la presunta implicación del senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, en una conspiración de sobornos, la presencia de lingotes de oro en la casa de Menéndez se ha convertido en el centro de atención. Estos lingotes, una representación de la grandeza y el supuesto soborno del que el senador formó parte, superan la atención que recibieron las fotos del baño de Mar-a-Lago del expresidente Trump. Sin embargo, apuntan a una cuestión mayor y más significativa, afirma Daniel Richman, catedrático de Derecho Paul J. Kellner en la Facultad de Derecho de Columbia, en una columna para Lawfare.
Los casos de corrupción pública han estado recientemente bajo la lupa del Tribunal Supremo. El Tribunal ha hecho hincapié en distinguir entre la auténtica corrupción pública y lo que se considera un comportamiento político normal. Por ejemplo, apunta Richman, aunque los lingotes de oro y el dinero en efectivo escondido pueden no ser rutinarios en política, no prueban automáticamente la corrupción. La actual acusación contra el senador Menéndez, supervisada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tendrá que trabajar dentro de estos límites establecidos por el Tribunal.
Un precedente crítico en este caso es el veredicto en “McDonnell contra Estados Unidos” (2016), sostiene el profesor. En este caso, se había descubierto que el gobernador de Virginia, Robert F. McDonnell, y su esposa habían recibido numerosos regalos de un empresario. Sin embargo, el Tribunal invalidó su condena, determinando que estos regalos, a cambio de concertar reuniones o realizar llamadas telefónicas, no constituían un “acto oficial.” Así pues, lo que se considera un “acto oficial” a los ojos de la ley se convirtió en el debate central.
Para procesar con éxito al senador Menéndez, advierte el artículo de Lawfare, el gobierno debe demostrar que aceptó pagos o sobornos a cambio de “actos oficiales”, según la definición de la sentencia “McDonnell”. La acusación contra Menéndez enumera múltiples acciones que aceptó, entre ellas proporcionar información sensible a Egipto, facilitar la venta de armas a Egipto, perturbar investigaciones y presionar a funcionarios de la administración Biden sobre la presa del Gran Renacimiento Etíope.
La definición de “acto oficial” del Tribunal Supremo, precisa Richman, se limita a decisiones o acciones sobre asuntos específicos que implican un poder gubernamental formal. Sigue siendo incierto si las acciones emprendidas o prometidas por Menéndez se ajustan a esta definición.
El momento y la claridad del supuesto quid pro quo añaden complejidad al caso. Para ser condenado, el Gobierno debe demostrar que hubo un acuerdo claro y específico entre el funcionario y la parte sobornadora. La acusación alega que hubo una conexión directa entre los regalos que recibió Menéndez, como un Mercedes-Benz descapotable de 60 000 dólares, y sus esfuerzos por intervenir en nombre de determinados partidos.
La narrativa establecida por la acusación pinta un cuadro vívido de presunta corrupción, enmarca la publicación, que implica un monopolio de exportación halal creado para canalizar dinero al senador Menéndez a cambio de pasar por alto cuestiones de derechos humanos, asegurando la ayuda militar a Egipto. Si el juicio sigue esta narrativa, sugiere Richman, los jurados tendrán la tarea de navegar por una historia de tratos internacionales, intrigas políticas y presuntos sobornos. A pesar de las complejidades que presenta la sentencia “McDonnell”, el núcleo de la defensa girará probablemente en torno a la afirmación de que el senador Menéndez actuó en interés público, y sus conexiones con el presunto soborno fueron meras coincidencias o regalos de amigos.
A medida que se desarrolle el juicio, los expertos jurídicos y el público seguirán de cerca la intersección de la política, las relaciones personales y la ley en este caso de alto riesgo.
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