En un revés legal para el Estado de Texas, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito falló a última hora del martes en contra de restablecer la Ley 4 del Senado (SB4), la polémica ley estatal de deportación de inmigrantes, subrayando que la aplicación de la ley de inmigración sigue siendo un poder “probablemente reservado a Estados Unidos”.
La decisión se produjo con una votación de 2-1, manteniendo la suspensión de la SB4 en medio del escrutinio legal sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración del Estado. Este veredicto anticipado, emitido justo antes de que el tribunal escuche nuevos argumentos sobre el asunto la próxima semana, subraya el difícil camino que afronta Texas para validar la ley, que ha sido criticada por invadir la jurisdicción federal en materia de inmigración.
La jueza presidenta Priscilla Richman, que representa la opinión mayoritaria, declaró que los esfuerzos de Texas por abordar lo que percibe como un “vacío enorme” en la aplicación de la ley de inmigración, debido a la inacción federal, no pueden suplantar las asignaciones constitucionales de poder. “Es improbable que Texas pueda ponerse en el lugar del soberano nacional en virtud de nuestra Constitución y nuestras leyes”, declaró Richman. Richman subrayó además la antigua postura del Tribunal Supremo de que la gestión de la inmigración -que abarca la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos- es una prerrogativa exclusivamente federal.
Según el análisis de Richman, el SB4, al crear delitos penales estatales separados para la entrada no autorizada en Texas, desafía directamente esta exclusividad federal. Por el contrario, el juez Andrew S. Oldham, al disentir, lamentó que la decisión del tribunal suponga probablemente el fin de la aplicación de la SB4, expresando curiosidad por sus posibles repercusiones si se hubiera promulgado.
La ley impugnada tipifica como delito la entrada no autorizada en Texas procedente de México, faculta a las fuerzas de seguridad locales para detener a los inmigrantes sospechosos de entrada ilegal y autoriza las órdenes judiciales de expulsión. Sus defensores, en su mayoría republicanos de Texas, sostienen que la SB4 es crucial para proteger al estado de los cruces migratorios sin precedentes y de las amenazas que representan los cárteles mexicanos de la droga. Critican la supuesta negligencia del gobierno federal en la protección de la frontera.
Sin embargo, el panel de apelaciones, poco persuadido por los argumentos del estado y la descripción de los cruces fronterizos como una “invasión” por parte de la gobernadora Greg Abbott, confirmó que las leyes federales de inmigración se oponen a los intentos legislativos de Texas. Esta postura reafirma una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 contra una ley de inmigración similar de Arizona, que hace hincapié en la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
Richman se refirió al caso de Arizona para ilustrar la amplia discreción que poseen los funcionarios federales de inmigración, incluidas las decisiones de deportación y las solicitudes de asilo, subrayando cómo la SB4 podría socavar esta discreción federal. “El ejercicio más amplio de la discrecionalidad federal es la decisión del Ejecutivo de no perseguir ni civil ni penalmente a los mismos no ciudadanos a los que Texas ha señalado al promulgar nuevas leyes estatales”, explicó, argumentando que dicha discrecionalidad probablemente pertenece únicamente al poder Ejecutivo.
Esta última decisión judicial añade otro capítulo al tumultuoso periplo jurídico de la ley SB4, que entró en vigor brevemente la semana pasada antes de que interviniera el Tribunal Supremo, lo que pone de relieve la controversia existente en torno a la jurisdicción estatal frente a la federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
El juez Oldham, en su voto particular, criticó el bloqueo preventivo de la SB4, sugiriendo que su base teórica impedía un juicio justo de sus implicaciones prácticas. Anticipó que el tribunal de apelación mantendría su postura contraria a la SB4, citando el razonamiento de la mayoría, y expresó su frustración por el estancamiento de la promulgación de la ley a pesar de su aprobación legislativa y de que pretendía abordar los problemas de seguridad fronteriza de Texas.
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