Fuego a América

Durante las últimas semanas, los estadounidenses han sido testigos de lo que parece ser una manifestación masiva de apoyo al terrorismo en los campus universitarios de élite. 

En Columbia, Yale, Princeton, NYU, UCLA, Northwestern, Texas y otras universidades, turbas enmascaradas ocuparon las facultades con tiendas de campaña, establecieron las autoproclamadas “zonas autónomas”, se enfrentaron a la policía, acosaron y amenazaron a los estudiantes que parecieran judíos y emitieron demandas para que sus universidades dejen de invertir en el “genocidio” israelí. 

Políticamente, estas protestas han mostrado una mezcla incoherente de progresismo universitario, islamismo de línea dura, nacionalismo árabe, y anarquismo y comunismo revolucionarios, incluidos elogios sin tapujos a Corea del Norte. El único hilo unificador diríase fuera la oposición a Israel y a su supuesto patrón imperial, los Estados Unidos.

¿Se han convertido en masa los estudiantes universitarios estadounidenses al yihadismo anarcocomunista? 

No exactamente. Muchos son de extrema izquierda y antiisraelíes. Algunos son extranjeros, o hijos de extranjeros, que han importado las conspiraciones y odios de sus países de origen. Muchos más, admitidos bajo los relajados estándares de admisión de la era de la pandemia, y orgullosamente ignorantes de la historia estadounidense y mundial, están llevando a su conclusión lógica el seudoconocimiento “decolonial” que sus familiares impulsan.

Pero los estudiantes no son la única facción activa en las protestas universitarias. Quizás ni siquiera sean la más importante de ellas. Tal como en las protestas “mayoritariamente pacíficas” de Black Lives Matter en el verano de 2020, los “agitadores externos” (radicales y organizadores profesionales, matones del bloque negro de Antifa, revolucionarios marxista-leninistas y radicales palestinos e islamistas) han desempeñado un rol clave en la organización e intensificación de las protestas en los campus. 

Así mismo, han organizado e intensificado la campaña general de protesta antiisraelí que comenzó casi inmediatamente tras el 7 de octubre de 2023. Esta red de agitadores, en gran medida descentralizada, a su vez está apoyada política y financieramente por una vasta red de organizaciones progresistas sin fines de lucro, ONG, fundaciones y grupos de dinero oculto con respaldo en última instancia de los grandes donantes alineados con el Partido Demócrata.

El primer indicio de que las protestas no son realmente orgánicas es su sorprendente parecido con las rondas anteriores de agitación organizada por la extrema izquierda, desde el “levantamiento” del verano de 2020 hasta las peleas entre Antifa y los Proud Boys en 2016 y 2017. La creación de zonas “liberadas” o “autónomas” en los campus, por ejemplo, es un sello típico de un maniobrar anarquista ya conocido, lo mismo en la Zona Autónoma del Capitolio de Seattle que en la Zona Autónoma del Ayuntamiento de Nueva York hace cuatro veranos. 

También conocido es cómo se manejan estas zonas, con gente de seguridad enmascarada que prohíben filmar a los de afuera y dirigen a los reporteros hacia representantes entrenados en el manejo de los medios. Durante los enfrentamientos con la policía o con los contramanifestantes, los estudiantes y sus aliados han desplegado las clásicas tácticas de “bloque”, tapándose las caras y usando ropa similar para permanecer en el anonimato, haciendo cadenas humanas para interferir con los intentos de la policía de realizar arrestos e intentando los “desarrestos” (es decir, lanzándose en grupo de manera concertada sobre los agentes de policía) para rescatar a sus camaradas detenidos. En Yale, los estudiantes activistas hicieron pública la información personal de los policías enviados para desalojarlos del campamento, otra táctica de acosofrecuentemente utilizada por Antifa.

Estas semejanzas no son accidentales. Todas estas tácticas requieren cierto grado de instrucción y entrenamiento. Los videos de la Universidad de Columbia mostraron a la “consultora de protestas” profesional Lisa Fithian (una veterana de Occupy, BLM, Standing Rock y Stop Cop City) enseñando a los estudiantes cómo atrincherarse en Hamilton Hall. 

“La ‘consultora de protestas’ profesional Lisa Fithian (una veterana de Occupy, BLM, Standing Rock y Stop Cop City)”.

A la par, un video reciente desde dentro del campamento de protesta en UCLA mostró a hombres enmascarados que conducían un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Cuando la policía desalojó los campamentos de las universidades de Texas-Austin, Columbia y City University de Nueva York la semana pasada, aproximadamente la mitad de los arrestados (45 de 79 en Texas, 134 de 282 en Nueva York) no tenían conexión con la universidad donde fueron detenidos. Algunos, como el reconocido anarquista James Carlson, de 40 años, arrestado en el Hamilton Hall de Columbia, tenía antecedentes relacionados con protestas de hasta dos décadas atrás.

“El reconocido anarquista James Carlson, de 40 años, arrestado en el Hamilton Hall de Columbia”.

“Lo que estamos viendo es un verdadero brebaje de contenido revolucionario interactuando en los campus”, dice Kyle Shideler, director de Seguridad Nacional y Contraterrorismo en el Centro de Políticas de Seguridad en Washington, DC, un experto en temas internos de extremismo de extrema izquierda. “En la izquierda, tenemos una gran variedad de izquierdistas revolucionarios, que sirven como turbas alquiladas, proporcionando la masa crítica para cualquiera sea la causa izquierdista del momento. 

Del otro lado, tenemos las redes islamistas y palestinas: Musulmanes Estadounidenses por Palestina y su filial Estudiantes por la Justicia en Palestina (CAIR, en inglés), el Movimiento Juvenil Palestino. Estamos viendo una verdadera mezcla de diversos tipos de motivación radical, y todos se están activando al mismo tiempo”.

Los grupos de extrema izquierda activos en las protestas incluyen a Antifa y a otros anarquistas: se ha distribuido literatura anarquista en los campamentos y los sitios web de Antifa han publicado despachos de sus “camaradas” dentro de los mismos. También se incluyen varios grupos comunistas y marxista-leninistas, incluido el Partido Comunista Revolucionario Maoísta, el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL, en inglés) y la coalición Internacional ANSWER [“responded”], un grupo fachada del PSL que trabajó con varios grupos musulmanes para organizar la marcha del 13 de enero a favor de Gaza en Washington, en la cual los manifestantes ondearon una bandera yihadista negra. 

El 29 de abril, por ejemplo, poco antes de que los asaltantes enmascarados irrumpieran en el Hamilton Hall de la universidad de Columbia y se atrincheraran en su interior, en The People’s Forum [“El Foro del Pueblo”], un espacio para eventos en Manhattan afiliado al PSL y financiado por Neville Roy Singham (negociante rico que “trabaja estrechamente con la maquinaria mediática del gobierno chino y su financiamiento de la propaganda a nivel global”, según su perfil de agosto en The New York Times), se instó a sus activistas a correr a la universidad de Columbia para “apoyar a nuestros estudiantes”. 

“Neville Roy Singham (negociante rico que ‘trabaja estrechamente con la maquinaria mediática del gobierno chino y su financiamiento de la propaganda a nivel global’, según su perfil de agosto en The New York Times)”.

Llamados similares a una “acción de emergencia” se distribuyeron por todas las redes radicales de Nueva York.

Estos grupos, dice Shideler, normalmente operan de manera descentralizada, utilizando tácticas exitosas extraídas de décadas de organización anarquista, que son difundidas a través de redes de activistas de izquierda de boca en boca, así como a través de entrenamientos formales impartidos por profesionales como Fithian o la “incubadora de movimientos” sin fines de lucro Momentum Strategies. 

“Si nos fijamos en Fithian”, dice, “ella ha consultado con cientos de grupos sobre cómo hacer estas cosas: cómo organizarse, cómo protestar, cómo asegurarse de que su gente no vaya a la cárcel, cómo ayudarlos toda que caigan en prisión”. 

No hay un solo decisor; antes bien, son grupos descentralizados de “afinidad” que trabajan juntos para lograr un objetivo común, que es coordinado abiertamente en las redes sociales y Google Docs. Esto puede crear una impresión de planificación centralizada. Shideler cita las tiendas de campaña similares que han surgido en varios campus, lo que ha provocado especulaciones de que alguna entidad secreta las esté comprando en masa. 

“La gente sigue señalando: ¡Todos tienen las mismas tiendas!”, dice. “Bueno, sí, es porque los organizadores les indicaron que compraran una y les enviaron un documento de Google con un enlace a una tienda específica en Amazon. Así que todos fueron y compraron la misma tienda”.

De hecho, es un error ver las protestas universitarias como un movimiento “estudiantil”, así como considerar a los de afuera como “infiltrados” o de alguna manera separados del movimiento. En realidad, los estudiantes activistas han estado trabajando junto con personas externas, con quienes están vinculados por el solapamiento de las redes de activismo y las organizaciones a nivel nacional. 

Las revueltas “estudiantiles”, a su vez, existen como una continuidad de un movimiento de protestas antiisraelíes mucho más amplio. Los campamentos en las universidades, por ejemplo, comenzaron de inmediato tras el “bloqueo económico” del 15 de abril a nivel nacional, en el cual los manifestantes bloquearon el puente Golden Gate de San Francisco e “inundaron” Wall Street en Nueva York. Los llamados a participar en la “Acción A15” se difundieron ampliamente en las redes anarquistas y de extrema izquierda, mientras que grupos palestinos e islamistas (SJP, AMP, CAIR y Within Our Lifetime, “En nuestra vida”) pidieron simultáneamente una “Huelga por Gaza” el 15 de abril. 

Dados los informes de que las “zonas de liberación” y los “campamentos” universitarios a nivel nacional ya estaban planeados desde noviembre de 2023, parece probable que “el movimiento” haya decidido el momento de las protestas universitarias con mucho tiempo de antelación.

El “movimiento”, por su parte, si bien recluta entre los estudiantes y otros radicales automotivados y dispuestos a asumir los riesgos, depende en gran medida de la financiación de donantes progresistas y de organizaciones sin fines de lucro conectadas con las altas esferas del Partido Demócrata. 

Tomemos como ejemplo el epicentro del movimiento de protestas a nivel nacional, la Universidad de Columbia. Según un reportaje del New York Post, el campamento de Columbia fue organizado principalmente por tres grupos: Students for Justice in Palestine (“Estudiantes por la justicia en Palestina”, SJP), Jewish Voice for Peace (“Voces judías por la paz”, JVP) y Within Our Lifetime (“En nuestra vida”, WOL). 

Tomemos cada uno por turno.

JVP es, en esencia, la rama “judía” del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, respaldados por los habituales donantes progresistas ricos, incluidos algunos como el Fondo de los Hermanos Rockefeller, que fue clave a la hora de vender a la opinión pública el acuerdo de Obama con Irán. 

JVP y su brazo de acción política afiliado, Acción JVP, han recibido desde 2017 al menos $650.000 dólares de varias ramas del imperio filantrópico de George Soros; otros $441.510 dólares de la Fundación Kaphan (fundada por el antiguo empleado de Amazon, Sheldon Kaphan); $340.000 dólares del Fondo de los Hermanos Rockefeller; y cantidades más pequeñas de donantes progresistas, como la Fundación Quitiplas, según los reportes de New York Post y el NGO Monitor, un instituto de investigación pro-israelí. 

JVP también ha recibido casi 1,5 millones de dólares de varios fondos asesorados por donantes (permiten a los clientes ricos donar de forma anónima a través de sus instituciones financieras), los cuales son administrados a través de las ramas de donaciones benéficas de Fidelity Investments, Charles Schwab, Morgan Stanley, Vanguard y TIAA, según la revisión de documentos tributarios de dichas instituciones, realizada por NGO Monitor.

SJP, por el contrario, es la resultante de las redes islamistas disueltas durante el procesamiento por parte del gobierno estadounidense de la Fundación Tierra Santa (Holy Land Foundation, HLF) y organizaciones benéficas relacionadas que recaudaban fondos para Hamas. SJP es una subsidiaria de otra organización llamada Musulmanes Estadounidenses por Palestina (American Muslims for Palestine, AMP). 

De hecho, SJP no tiene “una estructura corporativa formal propia, sino que opera a título de AMP en los campus”, según una demanda presentada la semana pasada contra el Fondo Educativo de AJP, la organización sin fines de lucro que es la matriz de AMP. 

Tanto AMP como SJP fueron fundadas por la misma persona, Hatem Bazian, un académico palestino que antes recaudaba fondos para KindHearts, una organización benéfica islámica disuelta en 2012 de conformidad con un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual congeló los activos de este grupo para recaudar fondos para Hamas (en dicho acuerdo, KindHearts nunca admitió haber actuado de manera inadecuada). 

“Hatem Bazian, un académico palestino que antes recaudaba fondos para KindHearts, una organización benéfica islámica disuelta en 2012 de conformidad con un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.

Varios de los principales líderes de AMP son ex recaudadores de fondos para HLF y organizaciones benéficas relacionadas, según el testimonio ante el Congreso, en noviembre de 2023, del ex funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jonathan Schanzer. 

Una demanda federal en curso presentada por la familia de David Boim, un adolescente estadounidense asesinado en un ataque terrorista de Hamas en 1996, llega incluso a alegar que AMP es una “continuación disfrazada” y un “alter ego legal” de la Asociación Islámica por Palestina (IAP, en inglés), y que fue financiada con fondos fundacionales del actual funcionario de Hamas, Musa Abu Marzook, antes de disolverse junto con HLF. AMP ha negado ser una continuación de IAP.

Hoy, sin embargo, National SJP es legalmente un “patrocinio fiscal” de otra organización sin fines de lucro: una organización 501(c)(3) en White Plains, Nueva York, llamada la Fundación WESPAC. Este patrocinio fiscal es un acuerdo legal en el que una organización sin fines de lucro más grande “patrocina” a un grupo más pequeño, en esencia otorgándole el estatus de exención de impuestos del patrocinador y brindándole apoyo administrativo, a cambio de honorarios e influencia sobre las operaciones del patrocinio. 

A los efectos legales y fiscales, el patrocinador y el patrocinado son la misma entidad, por lo que dicho patrocinio queda exento del requisito de revelar sus donantes de forma independiente, así como de la necesidad de presentar un Formulario 990 ante el IRS. Esto hace que los patrocinios fiscales sean una “forma conveniente de enmascarar los vínculos entre los donantes y sus causas controversiales”, según el Capital Research Center. En concreto, los donantes pueden utilizar eficazmente a las organizaciones sin fines de lucro, como WESPAC, para ocultar sus conexiones directas con las causas controversiales.

Algo parecido parece estar sucediendo con WESPAC. Dirigida por el investigador de mercado Howard Horowitz, WESPAC revela muy poco sobre sus donantes, aunque informes dispersos y revelaciones públicas sugieren que el grupo se utiliza como intermediario entre las instituciones más grandes y los radicales pro-palestinos. 

“Dirigida por el investigador de mercado Howard Horowitz, WESPAC revela muy poco sobre sus donantes”.

Desde 2006, por ejemplo, WESPAC ha recibido más de medio millón en donaciones de la Fundación Elias, una fundación familiar dirigida por el inversionista de capital privado James Mann y su esposa. WESPAC también ha recibido cantidades menores de Grassroots International (un grupo “ambientalista” fuertemente financiado por Thousand Currents), la Fundación Sparkplug (un grupo de extrema izquierda financiado por la fortuna de Wall Street, de Felice y Yoram Gelman) y el Fondo Bafrayung, dirigido por Rachel Gelman, heredera de la fortuna de Levi Strauss. (Gelman, que se describe a sí misma como una “abolicionista”, apareció en el artículo del New York Times en 2020: “Los niños ricos que quieren derribar el capitalismo”). En el 2022, WESPAC también recibió $97.000 dólares de la Fundación Tides, el brazo que otorga subvenciones del Tides Nexus.

“WESPAC ha recibido más de medio millón en donaciones de la Fundación Elias, una fundación familiar dirigida por el inversionista de capital privado James Mann y su esposa”.

Sin embargo, WESPAC no es simplemente el patrocinador fiscal de SJP (vinculado a Hamas), sino también el patrocinador fiscal del tercer grupo involucrado en la organización de las protestas en la universidad de Columbia, Within Our Lifetime (WOL), anteriormente conocidos como el SJP de Nueva York. 

Fundada por el abogado palestino-estadounidense Nerdeen Kiswani, un ex activista del accionar de SJP en Hunter College y CUNY, WOL ha emergido en los últimos siete meses quizás como el grupo antisemita más notorio del país, y han sido excluidos de Facebook e Instagram por glorificar a Hamas.

“Nerdeen Kiswani, un ex activista del accionar de SJP en Hunter College y CUNY”.

Una lista completa de las provocaciones de este grupo requeriría de muchas páginas, pero son ellos la fuerza organizadora central en la serie de protestas “Flood” en Nueva York desde el 7 de octubre pasado, incluyendo varios bloqueos de puentes y carreteras, un disturbio en noviembre en la estación Grand Central, el vandalismo en la Biblioteca Pública de Nueva York, y las protestas en el encendido del árbol de navidad del Rockefeller Center. 

Además de sus tácticas de confrontación, las protestas lideradas por WOL tienden a contar con otras características distintivas. Estas incluyen su retórica de erradicación del Estado judío (con cánticos árabes de “ataca, ataca a Tel Aviv”), la exhibición manifiesta de banderas de Hezbolah y otras insignias explícitas de la resistencia islamista, la presencia callejera de grupos árabes enmascarados, y la intimidación antisemita de los contramanifestantes, por parte de dichos grupos.

El papel de WOL parece ser el de una tropa de choque, similar al papel jugado por los militantes del bloque negro en la nómina anarquista. WOL, sin embargo, está conectada con elementos aparentemente más “tradicionales” del movimiento antiisraelí. Abdullah Akl, un destacado líder de WOL (de hecho, es el hombre que dirige los cánticos de “ataca a Tel Aviv” en este video y también figura como “organizador de campo” en el sitio web de MPower Change, el “proyecto promocional” dirigido por Linda Sarsur. 

“MPower Change, el ‘proyecto promocional’ dirigido por Linda Sarsur”. 

MPower Change, a su vez, es un patrocinio fiscal de NEO Philanthropy, otro gran intermediario progresista. NEO Philanthropy y su “hermana” de tipo 501(c)(4), NEO Philanthropy Action Fund, han recibido más de 37 millones de dólares de las Fundaciones Open Society de George Soros, sólo desde 2021, así como una financiación sustanciosa del Fondo Rockefeller Brothers, la Fundación Ford y la Fundación Tides.

Es de notar que Tides es un nombre que sigue apareciendo una y otra vez. Tides Nexus, del que forma parte la Fundación Tides, es una de las redes progresistas de dinero oculto más grandes del país, controlando más de mil millones en activos. Su lista de principales donantes es un elenco estelar de multimillonarios y fundaciones izquierdistas, incluidos Soros, Peter Buffett y su Fundación NoVo, el fundador de eBay (Pierre Omidyar), el Fondo de los Hermanos Rockefeller, la Fundación Ford, y el Fondo New Venture, controlado por otra potencia de dinero oculto de los demócratas: Arabella Advisors de Eric Kessler. 

Pionero de lo que los críticos han llamado “lavado caritativo de dinero”, mediante patrocinios fiscales para ocultar la pista del dinero a través de múltiples capas de burocracia, Tides, gracias a sus donaciones y patrocinios fiscales, se ha convertido en un importante patrocinador del movimiento de protestas antiisraelíes en todo el país.

De hecho, si se investiga alguna organización radical pro-palestinos, es probable que se encuentre la participación de Tides por alguna parte. El Centro Árabe de Recursos y Organización (Arab Resource and Organizing Center, AROC), que organizó un bloqueo ilegal del puerto de Tacoma en noviembre pasado y una huelga anti-Israel con estudiantes de preuniversitario en San Francisco (donde AROC tiene contrato con el distrito escolar público unificado), es un patrocinio fiscal del Centro Tides. También lo es Palestine Legal, en coordinación con el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) para ofrecer apoyo legal a los estudiantes en los campamentos, así como para presenar quejas de derechos civiles ante el Departamento de Justicia, alegando ambientes “hostiles antipalestinos e islamófobos” en los campus estadounidenses. 

Otro patrocinio fiscal del Centro Tides es el Adalah Justice Project, cuya directora ejecutiva, Sandra Tamari, fue arrestada el 30 de abril en el campamento de la Universidad de Washington en Saint Louis, siendo también una cofundadora de Comité de Solidaridad con Palestina de St. Louis, el cual participó en la “Huelga por Gaza” del 15 de abril, bloqueando la planta local de fabricación de Boeing. Aún otro patrocinio fiscal del Centro Tides es el Community Justice Exchange, desde donde se administraron los fondos de defensa legal y de fianza para el “bloqueo” de Huelga por Gaza/Acción A15, recaudando dinero a través de la plataforma de los demócratas ActBlue. 

“Sandra Tamari, fue arrestada el 30 de abril en el campamento de la Universidad de Washington en Saint Louis”.

Desde el 2020, Tides también ha donado poco menos de 3 millones de dólares a la Alianza para la Justicia Global, una organización sin fines de lucro de extrema izquierda que patrocina fiscalmente a Samidoun, un frente del PFLP liderado por Charlotte Kates, esposa del miembro del Comité Central del PFLP, Khaled Barakat. Barakat, a su vez, se dirigió a los estudiantes de la universidad de Columbia en un seminario el pasado marzo que organizado por WOL y SJP.

“Charlotte Kates, esposa del miembro del Comité Central del PFLP, Khaled Barakat”.

Es difícil saber si la propia Tides está seleccionando a dichas organizaciones para sus donaciones, o si simplemente está actuando como un intermediario para los grandes donantes que prefieren evitar el foco de atención, lo cual podría decirse que es el propósito como tal de la bizantina estructura corporativa de Tides. En definitiva, el hecho es que los donantes ricos han estado subsidiando por meses las protestas callejeras disruptivas por un puñado de radicales revolucionarios y antiisraelíes. Esto lleva naturalmente a una pregunta: ¿Con qué fin?

“Khaled Barakat se dirigió a los estudiantes de la universidad de Columbia en un seminario el pasado marzo que organizado por WOL y SJP”.

“Tal como normalmente lo veo”, dice Shideler, “es que, a tales fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, fondos flotantes, patrocinadores fiscales, yo los considero como el acelerador y el freno. No necesariamente controlan el contenido, pero sí pueden controlar el tamaño, el alcance y la cantidad, simplemente controlando cuánto dinero fluye. Cuando quieren que las cosas se aceleren, pueden aumentar la cantidad de dinero con que contribuyen a todos estos diferentes elementos revolucionarios; y, cuando quieren que se frenen, pueden disminuir la cantidad de dinero. En realidad, no dirigen el barco. Se trata de revolucionarios comprometidos, que creen en lo que dicen, y aceptan el dinero porque les resulta útil. En este sentido, no están controlados. Pero, obviamente, puede saberse cuándo y dónde harán las cosas, en función de cuánto dinero se les da”.

Esta no es la primera vez que elementos del establishment progresista se han puesto del lado de redes equivalentes de radicales, prestándole apoyo financiero y cobertura política. Muchas de estas mismas organizaciones filantrópicas han financiado generosamente la “acción directa” disruptiva de los manifestantes climáticos, incluido Just Stop Oil! y el Movimiento Sunrise, lo que condujo directamente a concesiones por parte de la administración Biden, tales como la creación del American Climate Corps. 

Los grandes donantes de dinero progresistas, incluidos Tides y Soros, derrocharon dinero en Black Lives Matter y en varios fondos para fianzas relacionados, durante el violento verano de 2020. Los fiscales federales simpatizantes retiraron los cargos o solicitaron sentencias reducidas para los radicales de extrema izquierda que cometieron violencia durante los disturbios de BLM, aunque se ensañarían con cada chamán de poca monta que deambuló por el Capitolio [N. del E.: el 6 de enero de 2021]. 

En 2022, los Demócratas volvieron a apoyarse en los radicales para organizar protestas callejeras contra la decisión de Dobbs versus Jackson de la Corte Suprema.

Pero esta es la primera vez que estas redes radicales, financiadas por donantes, declaran la guerra a un presidente demócrata. Shideler especula que, cualquiera que sea el objetivo final de financiar las protestas antiisraelíes, el mismo se encuentra más cerca de los Estados Unidos que de Gaza. “Tiene más que ver con política interna, y esto puede verse en el lenguaje dirigido explícitamente contra Joe Biden, a pesar de que él y su administración hayan manejado el conflicto de una manera extremadamente antiisraelí y pro-palestina”. 

Una razón para acosar a Biden es que esto le confiere su administración cierta cobertura para ignorar al bloque debilitado, pero aún influyente, de demócratas proisraelíes, permitiéndole al presidente afirmar, en esencia, que él tiene sus manos atadas. Pero también podría reflejar una lucha de poder dentro del partido, entre lo que antes era una franja progresista insurgente (ahora respaldada por una fila criminal de donantes multimillonarios y energizada por cuadros jóvenes que ascendieron a través del cursus honorum profesional-gerencial) y lo que queda del tambaleante antiguo establishment de Clinton. O, más bien, sería una demostración de fuerza por parte de la facción que ya ha ganado, con un claro mensaje para los perdedores: esto es lo que somos ahora, ponte en cola o serás destruido.

Es aquí donde el desbordante papel de Tides en la financiación de las protestas puede ser especialmente significativo. Más que cualquiera de los gigantes del dinero oculto de la izquierda, Tides se ha integrado estrechamente con la facción dominante de Obama en el Partido Demócrata. 

“Cheryl Alston, miembro de la junta directiva de Tides”.

Cheryl Alston, miembro de la junta directiva de Tides, por ejemplo, fue designada por Obama para desempeñarse en dos periodos en el comité asesor de la federal Corporación de Garantías de los Beneficios de Pensiones. Dylan Orr, miembro de su junta directiva, trabajó en el Departamento del Trabajo de Obama, convirtiéndose en la primera “persona abiertamente transgénero designada en una administración presidencial estadounidense”. Tim Wang, también miembro de dicha junta directiva, es socio gerencial del Grupo Westley, una firma de capital de riesgo en energías limpias, fundada por Steve Westley, el ex copresidente de Obama para los Estados Unidos en California, a quien Obama casi nombra como Secretario de Energía. Lori Chatman, miembro de la junta, funge como presidente de la división de capitales de Enterprise Community Partners, una organización sin fines de lucro para viviendas y “equidad racial”, dirigida por Shaun Donavon, quien fue el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Obama, además de director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Y la ex secretaria de la junta directiva de Tides, Suzanne Nossel, se desempeñó como Subsecretaria de Estado adjunta para las organizaciones internacionales, dentro de la administración Obama (Nossel renunció a la junta en 2021).

Tal vez sea una coincidencia que un imperio filantrópico de dinero oculto, vinculado a Obama, esté financiando un movimiento de protesta diseñado para socavar el apoyo estadounidense a la guerra de Israel contra Hamas (que, por cierto, resulta ser el apodo en la Casa Blanca de un tal Ben Rhodes, el hombre responsable de construir la cámara de resonancia de la prensa y las ONG, para primero vender el acuerdo con Irán y luego ser reutilizado en la guerra política interna durante la era Trump). 

Quizás sea una coincidencia que una victoria israelí en esta guerra, que comenzó con un espantoso ataque terrorista, planeado y patrocinado por Irán, asestaría un golpe demoledor al proyecto Obama-Biden de realinearse con Irán, que sigue siendo la verdadera pero nunca explicitada política para el Medio Oriente de la actual administración. Dicho realineamiento, a su vez, requiere de sembrar en el público estadounidense, generalmente pro-Israel y antiterrorista, la idea de que Israel no es en realidad un amigo, sino más bien un etno-estado sectario con un lobby doméstico agresivo que se empeña en arrastrar a los jóvenes estadounidenses a otra guerra inútil en el Medio Oriente. Todo para que los judíos puedan seguir pateando a los pobres palestinos, tal como los blancos amargados del interior del país votan por Trump porque quieren patear a los negros y los mexicanos. 

Lo que parece, en lo que sin duda es otra coincidencia, ser precisamente el mensaje de los manifestantes, al comparar explícitamente al sionismo con la supremacismo blanco local.

Nos encontramos así en un entramado invariable de coincidencias.

Y, después de toda esta especulación, queda aún otra pregunta básica. En realidad, ¿es todo esto legal?

A juzgar por las leyes vigentes, la respuesta parecería ser “no”. Tal como ha informado Joseph Simonson del The Washington Free Beacon en múltiples ocasiones, las reglas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) prohíben explícitamente a las organizaciones sin fines de lucro de tipo 501(c)(3) y 501(c)(4) participar en “actividades planificadas que violen la ley” o “inducir a la comisión de un delito”. La norma del IRS Rev. Rul. 75-384 establece explícitamente que, incluso una “organización de protesta contra la guerra” comprometida con la “paz mundial”, si patrocina “manifestaciones en las que se insta a los manifestantes a cometer violaciones de las ordenanzas locales y del orden público”, no calificaría para el estatus de exención de impuestos.

Cuando le pregunté a Shideler su opinión sobre por qué no sólo el IRS, sino también las autoridades federales y locales, parecían reacias a actuar contra lo que parecían ser claras violaciones de la ley, me ofreció una cita de The Wire: “Si sigues las drogas, obtienes drogas y traficantes de drogas. Si sigues el dinero, no sabes lo que vas a sacar”. 

Muchos de los agitadores profesionales, involucrados en la infracción de la ley, están literalmente en la nómina de la maquinaria política de las grandes ciudades, o brindan servicios importantes, tales como la movilización para conseguir votos y el reclutamiento telefónico durante las primarias demócratas con escasa participación. 

Como se mencionó anteriormente, Abdullah Akl, el organizador de WOL que aparece por toda Nueva York pidiendo a “Abu Obeida” que “ataque a Tel Aviv”, también es un empleado del MPower Change de Linda Sarsour. Y la propia Sarsour ha aparecido en varios campamentos de protesta y acciones directas en Nueva York. Pero su Asociación Árabe Estadounidense de Nueva York, que coorganizó con WOL la “Protesta Inunda a Brooklyn por Palestina” del 21 de octubre pasado, desde 2010 ha recibido 6,8 millones de dólares de fondos de los contribuyentes de Nueva York, según una revisión de sus registros hecha por el New York Post.

“Abdullah Akl, el organizador de WOL que aparece por toda Nueva York pidiendo a ‘Abu Obeida’ que ‘ataque a Tel Aviv’, también es un empleado del MPower Change de Linda Sarsour”.

Una idea de las preguntas incómodas que podrían hacerse, en cualquier intento serio de investigar a estos grupos, puede deducirse de la acusación de un gran jurado en Georgia, en 2023, donde los fiscales presentaron cargos estatales RICO contra varias decenas de anarquistas y revolucionarios, involucrados en la campaña de protestas Stop Cop City, en contra de la construcción planificada de un centro de entrenamiento policial en Atlanta. 

La acusación identificó toda una red fraudulentas de organizaciones sin fines de lucro, patrocinadores fiscales y fondos de fianzas que eran, en realidad, grupos fachada controlados por tres compañeros de cuarto anarquistas, que utilizaron millones en fondos exentos de impuestos, recaudados con fines aparentemente caritativos, para promover lo que los fiscales alegan que era una violencia conspiración criminal, involucrando la ocupación ilegal de terrenos públicos, los enfrentamientos planificados con la policía, y campañas organizadas de acoso y filtración de la información privada (doxxing) contra los policías y los ciudadanos privados que trabajaran en las empresas de construcción contratadas para construir la instalación. 

El Fondo de Solidaridad de Atlanta, por ejemplo, era un fondo de fianzas utilizado para ayudar a los manifestantes de Stop Cop City arrestados. Y el Fondo de Defensa de la Justicia Forestal, mientras tanto, reembolsaba a los “Defensores de los Bosques” (léase, a los oficiales del grupo y sus camaradas de Antifa) por la compra de tiendas de campaña, suministros para acampadas, equipos de vigilancia, radios de onda corta, drones y municiones.

¿De dónde proviene el dinero? De donaciones solicitadas a través de redes de izquierda para la organización y recaudación de fondos. Una de esas redes fue la Alianza por la Justicia Climática (CJA, en inglés), un grupo que agrupa a más de 80 “organizaciones comunitarias”, incluida la Alianza de Justicia Global de Base, que organizó una protesta ilegal contra Israel dentro del Capitolio en diciembre pasado, en la cual más de 50 activistas fueron arrestados. 

El sitio web de CJA promueve un conjunto de causas de extrema izquierda e incluye una página de “Palestina libre” que proclama que “el camino hacia la justicia climática pasa por una Palestina libre”. Hasta el día de hoy, ocho meses después de que la acusación RICO en Georgia alegase que el Fondo de Defensa de la Justicia Forestal era una organización benéfica fraudulenta, y que pagaba compras de municiones para promover una conspiración criminal, la CJA mantiene una página de Stop Cop City instando a sus lectores a donar al Fondo de Defensa de la Justicia Forestal y el Fondo de Solidaridad de Atlanta. CJA también respaldó una “declaración de solidaridad” con Stop Cop City, la que reivindica, según la inexorable lógica de la interseccionalidad, que la lucha contra la “gentrificación y la violencia policial” en Atlanta es parte de la lucha contra el cambio climático.

CJA es una subsidiaria del Centro Estratégico de Movimientos, una 501(c)(3) con sede en California que ha recibido financiación de la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Tides y varias ramas de las redes de Open Society. Pero tiene otro apoyo financiero, uno que puede resultar sorprendente: usted, el contribuyente estadounidense. En noviembre, la Agencia de Protección Ambiental anunció que confiaría a la CJA 50 millones de dólares en subvenciones federales, en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, los que se distribuirían en sub-subsidios para financiar proyectos de “justicia ambiental” por parte de las “organizaciones comunitarias sin fines de lucro”.

“Toda persona tiene derecho a beber agua limpia, respirar aire limpio, y vivir en una comunidad saludable y segura”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris en una declaración sobre la subvención de la EPA. “Sin embargo, durante demasiado tiempo, las comunidades de bajos ingresos, las comunidades de inmigrantes, las comunidades nativas y las comunidades de color han soportado niveles desproporcionados de contaminación del aire, el agua y el suelo. Es por esto que el presidente Joe Biden y yo hemos puesto la equidad en el centro de la mayor inversión climática de nuestra nación en toda su historia. El anuncio de hoy pone ese compromiso en acción, al garantizar que los recursos críticos para financiar proyectos de justicia ambiental en todo el país, lleguen a las organizaciones que mejor conocen a sus comunidades”.

Harris (hay que darle crédito) es una artista de esa jerga oficial, hecha precisamente para no significar nada para el ciudadano común. No deja de ser sorprendente descubrir, sin proponérnoslo y gracias al esfuerzo honesto, pero quizás ingenuo, de algún fiscal estatal republicano, lo que la vicepresidenta quiere decir cuando ella dice que su administración está garantizando “que los recursos críticos para financiar proyectos de justicia ambiental en todo el país lleguen a las organizaciones que mejor conocen a sus comunidades”. Lo que quiere decir es que el gobierno federal está canalizando decenas de millones de dólares de dinero público a un grupo que cree que la “justicia ambiental” implica la abolición de la vigilancia policial, así como la lucha perpetua contra la “supremacía blanca” y la liberación de Palestina.

Es sorprendente lo que podemos encontrar al halar estos hilos. Quizás por eso mismo, hasta la fecha, ha existido tan poca voluntad política para halarlos.

Título original en inglés: “The People Setting America On Fire”, publicado el 6 de mayo en Tablet Magazine.
Traducción: Orlando Luis Pardo Lazo.

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