Los retos de la inmigración en Estados Unidos

La frontera entre Estados Unidos y México suele aparecer en los titulares por cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal, pero un aspecto significativo de esta situación son los cientos de miles de solicitantes de asilo que alegan legalmente el temor a regresar a sus países de origen en virtud de la legislación estadounidense. Esta primavera, cerca de la frontera, el encuentro de NPR en Casa Alitas, un gran refugio de Tucson, Arizona, puso de relieve el lado humano de estas estadísticas.

Yajaira Peñaloza, una venezolana que llegó a Estados Unidos el día de Navidad, describió su viaje no como un acto de desesperación, sino como un “regalo” del Niño Jesús. Sin visado pero con fecha de juicio fijada para 2026, Peñaloza está navegando por las complejidades legales de la búsqueda de asilo. “Estamos haciendo todo lo posible para estar aquí legalmente, mientras esperamos”, explicó, destacando su intención de encontrar trabajo en cuanto reciba un permiso de trabajo federal.

Para comprender mejor los matices jurídicos de estos casos, NPR consultó a Muzaffar Chishti, un experto del Migration Policy Institute. La conversación, editada para mayor claridad, arroja luz sobre el delicado equilibrio entre el control de la inmigración y las obligaciones humanitarias.

Steve Inskeep: Muchos podrían calificar a Yajaira de “inmigrante ilegal” por haber entrado sin visado. Sin embargo, ella afirma que está siguiendo los procedimientos legales. ¿Puede aclarar su situación?

Muzaffar Chishti: Yajaira, como muchos otros en la frontera, llegó sin autorización, lo que técnicamente no le otorga estatus legal. Sin embargo, al presentarse en un puerto de entrada y expresar su temor a ser perseguida en su país de origen, entra en un proceso que, si bien la sitúa en un procedimiento de expulsión, también le concede el derecho a comparecer en una audiencia. Este procedimiento no le confiere un estatuto jurídico inmediato, pero la protege de la deportación mientras solicita formalmente asilo.

Chishti: Dado que no tenía visado, ¿tenía Estados Unidos la obligación de permitirle la entrada en un puerto de entrada?

Chishti: Sí, Estados Unidos está obligado por los compromisos internacionales en virtud del protocolo de la ONU a permitir que las personas que expresan un temor creíble de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social, entren y soliciten asilo.

Inskeep: ¿Su nacionalidad venezolana le otorga alguna consideración especial bajo la actual política de inmigración de Estados Unidos?

Chishti: El presidente Biden amplió el año pasado una disposición especial que permite a los nacionales de determinados países, entre ellos Venezuela, entrar directamente en Estados Unidos en el marco de un programa llamado “parole”, que proporciona un estatus legal y autorización de trabajo. Desgraciadamente, Yajaira no se acogió a esta opción, ya que necesitaba un patrocinador en Estados Unidos, por lo que debe solicitar asilo tradicionalmente.

Inskeep: Mientras espera su audiencia, ¿puede Yajaira trabajar?

Chishti: Legalmente, sí. Los solicitantes de asilo pueden solicitar una autorización de trabajo seis meses después de presentar su solicitud de asilo, lo que les permite mantenerse económicamente durante la potencialmente larga espera de una audiencia.

Inskeep: El uso de la “parole” ha sido controvertido, sobre todo durante el mandato del secretario Alejandro Mayorkas, que se enfrentó a una destitución por su presunto uso excesivo. ¿Puede dar más detalles sobre esta autoridad?

Chishti: La autoridad de “parole” se remonta al menos a la Segunda Guerra Mundial y está concebida para casos en los que no existe otra base legal para la entrada, como motivos humanitarios o un beneficio público significativo. De hecho, esta administración ha utilizado ampliamente esta autoridad, una práctica que actualmente se enfrenta a desafíos legales.

Inskeep: ¿Está el sistema simplemente desbordado por el gran número de personas que solicitan asilo?

Chishti: Precisamente. La infraestructura actual, tanto en términos de marco jurídico como de recursos, se diseñó para una época y un tipo de desafío fronterizo diferentes. La realidad actual exige un replanteamiento de nuestro enfoque de las solicitudes de asilo. Lo ideal sería trasladar la tramitación inicial de estos casos de los jueces de inmigración a los funcionarios de asilo, que están mejor equipados para gestionarlos con eficacia y conocimiento de causa.





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