Nicaragua, bajo el férreo control del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, fue testigo de una preocupante consolidación del totalitarismo a lo largo de 2023. Este período marcó un alejamiento significativo de las normas democráticas, caracterizado por un desmantelamiento sistemático de la oposición política, la libertad de prensa y las libertades civiles.
Mientras la nación se prepara para el 17º aniversario del reinado de Ortega y Murillo, el 10 de enero, su implacable búsqueda de la consolidación del poder refleja el modelo comunista de Cuba, dejando un rastro de erosión democrática a su paso. El último año ha sido testigo de una represión sin precedentes de cualquier atisbo de oposición, con casi 3.500 organizaciones sin ánimo de lucro ilegalizadas desde 2018 y los últimos vestigios de libertad de prensa y expresión sofocados. Esta expansión autoritaria también se extendió a la toma de control de la principal institución privada de educación superior del país.
La mano dura del gobierno quedó patente en la persecución generalizada de disidentes políticos y activistas de derechos humanos. A pesar de la liberación de 222 presos políticos hacia Estados Unidos en febrero, el régimen acumuló al menos cincuenta nuevas víctimas a finales de año. Se acusó de traición a 94 nicaragüenses, lo que dio lugar a su desnacionalización y confiscación de bienes.
La expulsión a México del marido y el hijo de Karen Celebertti, acusados de conspiración, ha atraído la atención internacional. Celebertti, ex directora de Miss Nicaragua, y su familia fueron implicados en “acciones terroristas” durante el fallido intento de golpe de Estado de 2018 contra Ortega, una afirmación que niegan vehementemente.
El gobierno autoritario de Ortega y Murillo, desprovisto de cualquier ideología de izquierda genuina, ha sido criticado por su singular enfoque en la represión y el terror de Estado, entrelazado con una corrupción rampante para mantener el poder. El abogado nicaragüense Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en el exilio en Costa Rica, afirma que el régimen ha evolucionado hacia una dictadura totalitaria inequívoca e incuestionable.
Este estrangulamiento político ha precipitado una crisis migratoria masiva, con más de 371 000 nicaragüenses detenidos en varios puntos fronterizos de Estados Unidos desde octubre de 2020 hasta noviembre de 2023. El gobierno de Ortega aparentemente utiliza esta ola migratoria como palanca en las negociaciones con Estados Unidos, con la esperanza de aliviar las sanciones impuestas desde 2018.
La Iglesia católica no se ha librado de esta ola de represión. La continua detención de sacerdotes ha suscitado la preocupación del Papa Francisco, poniendo de relieve el desprecio del régimen por las libertades religiosas.
La crisis nicaragüense, que dio un giro drástico en abril de 2018, representa la ruptura democrática, institucional y socioeconómica más grave de la nación en el siglo XXI. El tándem Ortega-Murillo ha monopolizado de manera efectiva los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ejerciendo control sobre las fuerzas militares, policiales y paramilitares.
A pesar de la condena internacional y de unas prácticas electorales cuestionables, el régimen de Ortega y Murillo se mantiene firme, ignorando las críticas y pintando una fachada de paz y prosperidad. Sin embargo, la caída del país en el autoritarismo sigue proyectando una larga sombra sobre su futuro, con las voces de la disidencia sistemáticamente silenciadas y el espectro de la tiranía dinástica acechando.
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En 2024, Cuba se enfrenta a una grave crisis humanitaria, con enormes urgencias económicas y alarmante desesperación social. La emigración sigue funcionando como única válvula de escape.
