En una entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, reveló datos sorprendentes sobre la implicación del régimen nicaragüense en la facilitación del tránsito de más de 100 000 migrantes hacia Estados Unidos. Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, en entrevista exclusiva con Esta Semana y CONFIDENCIAL, develó las complejidades de esta operación, destacando sus importantes implicaciones.
Según Orozco, el régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha venido orquestando el movimiento de un importante número de migrantes irregulares procedentes de Cuba, Haití y varios países extracontinentales, predominantemente de Asia y África. En esta operación estratégica participan más de 700 vuelos chárteres gestionados por una quincena de compañías que operan en diferentes países, todas ellas bajo la supervisión de Aeronáutica Civil de Nicaragua.
La operación comenzó predominantemente con ciudadanos cubanos, incorporando después a haitianos, y ahora se ha ampliado para incluir a personas de diversas naciones asiáticas y africanas. La escala de esta operación no es sólo una cuestión de números; es un esfuerzo multifacético que implica provocación política, ganancias económicas y complejidad logística.
Nicaragua ha modificado estratégicamente su modus operandi tras la detección de esta red. La reducción del número de vuelos y los cambios en las rutas, como las operaciones Curazao-Aruba, significan un cambio táctico. El uso de vuelos chárteres no comerciales y de líneas aéreas comerciales como medio secundario pone de manifiesto un enfoque sofisticado para continuar esta operación bajo un escrutinio cada vez mayor.
Desde una perspectiva económica, esta operación es una empresa lucrativa para el régimen nicaragüense. Sólo los ingresos fiscales de los vuelos chárteres han supuesto unos ingresos multimillonarios. La orquestación de estos vuelos, gestionados por una empresa internacional no nicaragüense capaz de coordinar a más de 15 empresas especializadas, supone una máquina bien engrasada. Esta empresa, que opera con licencias en países como Alemania, Francia y Estados Unidos, trabaja con la aprobación tácita y la participación directa del gobierno nicaragüense.
Políticamente, esta operación es una provocación calculada hacia Estados Unidos. Los motivos del régimen de Ortega son dos: beneficiarse económicamente de la operación y enfrentarse ideológicamente a EE.UU. Esta estrategia no sólo desafía las políticas de inmigración de EE.UU., sino que también plantea importantes problemas de seguridad debido al escaso control de las identidades de los inmigrantes, lo que podría permitir la entrada en EE.UU. de personas con pasaportes falsos o, incluso, terroristas.
La respuesta de Estados Unidos a esta situación está siendo objeto de deliberación, con posibles acciones que van más allá de las sanciones. Se está investigando el alcance de la implicación de Nicaragua, incluido su posible papel en una red más amplia que facilita el traslado de inmigrantes a terceros países. De confirmarse, esto supondría una escalada significativa en la naturaleza de las actividades del régimen, alineándolas con operaciones criminales a nivel estatal.
Mientras tanto, el impacto de la migración nicaragüense en su economía, especialmente a través de las remesas, es significativo. Aunque el control del gobierno sobre estos flujos financieros es indirecto, existe una creciente preocupación sobre cómo estos fondos podrían reforzar el control autoritario del régimen. El comportamiento cambiante de las remesas de los emigrantes, junto con los factores políticos y económicos que influyen en las decisiones migratorias, dibuja un panorama complejo de la situación actual en Nicaragua.
En 2024, se espera que las tendencias migratorias entre los nicaragüenses reflejen las del año anterior, influidas en gran medida por las políticas de inmigración de Estados Unidos y el panorama político y económico interno de Nicaragua. La decisión de emigrar está profundamente ligada tanto a la necesidad económica como a la desilusión política, lo que refleja una crisis más amplia dentro del país.
La participación de Nicaragua en este movimiento migratorio a gran escala plantea cuestiones críticas sobre las consecuencias éticas y jurídicas de la migración irregular patrocinada por el Estado. También subraya los retos a los que se enfrentan países como Estados Unidos a la hora de gestionar la seguridad de las fronteras y la inmigración en un panorama mundial cada vez más complejo.
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“Por ahora, solamente le puedo confirmar que necesitamos todos los dólares que podamos conseguir”, dijo el coronel Antonio de la Guardia.
