La creciente tensión entre Venezuela y Guyana por la disputada región del Esequibo ha reavivado los temores de un conflicto fronterizo entre ambos países. En esta sesión de preguntas y respuestas, el experto de Crisis Group, Phil Gunson, explica las causas de la disputa, su reciente recrudecimiento y la posibilidad de que derive en violencia.
¿Qué está pasando?
Una serie de tensos encuentros por mar y tierra a lo largo de la frontera que está en disputa entre Venezuela y Guyana han reavivado los temores de que pueda estallar un conflicto entre los dos Estados suramericanos. El anuncio del gobierno venezolano, el 7 de enero, de su intención de celebrar elecciones en el recién creado estado de Guayana Esequiba, que incluye buena parte de la vecina Guyana, fue el preludio de la más reciente ronda de fricciones. El 1 de marzo, un buque de guerra de la guardia costera venezolana se acercó a embarcaciones petroleras de ExxonMobil, que operaban en el bloque offshore Stabroek, al noreste de la capital guyanesa, Georgetown, para informarles que se encontraban en lo que Venezuela considera su zona económica exclusiva. En respuesta, el gobierno guyanés movilizó su fuerza aérea y guardia costera a la zona, notificó a organizaciones multilaterales y a sus aliados, y emitió una queja formal por lo que calificó como una amenaza a su integridad territorial.
El respaldo internacional a la postura de Guyana no se hizo esperar. Los líderes de la Organización de los Estados Americanos, la Mancomunidad de Naciones, la Comunidad del Caribe (Caricom) y varios gobiernos, incluidos los de Francia, Canadá y el Reino Unido, también protestaron. Durante una visita a Guyana a finales de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que sería un “muy mal día para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil”. Sin embargo, Caracas rechazó la queja guyanesa, alegando que el incidente tuvo lugar en aguas del disputado territorio del Esequibo, que Caracas afirma le pertenece a Venezuela.
Georgetown también ha intentado que el gobierno de Maduro abandone su plan de celebrar elecciones en el Esequibo, un territorio aproximadamente del tamaño de Florida que representa cerca de dos tercios de la actual Guyana. El 6 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores guyanés solicitó formalmente “medidas provisionales” a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual actualmente está estudiando la disputa bilateral, destinadas a disuadir a Venezuela de incluir el Esequibo en sus elecciones parlamentarias y regionales previstas para el 25 de mayo. El ministerio advirtió que, si no se toman medidas, podría producirse un “perjuicio grave e irremediable para los derechos de Guyana”.
Este reciente episodio se produce tras años de creciente animosidad entre ambos países por su disputada zona fronteriza, una región escasamente poblada a la que en gran medida solo se puede acceder por avión o barco. Con una población compuesta en su mayoría por comunidades indígenas, contrabandistas y trabajadores de minas de oro ilegales, la zona está plagada de delincuencia y violencia. Grupos criminales armados tanto de Venezuela como de Colombia se pelean las extorsiones de mineros y lugareños o controlan rutas de narcotráfico, mientras que los abusos sexuales a mujeres son habituales.
La rampante delincuencia en la región ha generado cada vez más disputas interestatales. En un incidente ocurrido el 17 de febrero, seis soldados guyaneses resultaron heridos por armas de fuego en la frontera entre Venezuela y Guyana en un ataque que parece haber derivado de un malentendido entre las fuerzas de seguridad guyanesas y miembros de un grupo del crimen organizado venezolano que intentaban extorsionar a la tripulación de un bote. El ministro de Relaciones Exteriores guyanés, Hugh Todd, culpó al gobierno venezolano por no poner freno a la actividad criminal, diciendo que “la inacción… es complicidad”, mientras que su homólogo venezolano, Yvan Gil, calificó el incidente como una “operación de falsa bandera… diseñada para manipular la opinión pública y desviar la atención de las violaciones al derecho internacional que Guyana comete en la Guayana Esequiba”.
¿Qué hay detrás de la disputa?
Las discusiones sobre la demarcación de la frontera entre los dos países tienen sus raíces en la época colonial y llegaron a un punto álgido en 1899. Ese año, Venezuela y el Reino Unido acordaron establecer un tribunal internacional para resolver la disputa sobre la frontera de la Guayana Británica. Venezuela, que había roto relaciones con Londres, estuvo representada por EE. UU., mientras que la Guayana Británica fue representada por el Reino Unido. Un juez ruso desempeñó el papel de tercero supuestamente imparcial. Caracas alega que el fallo del tribunal fue resultado de un acuerdo tras bastidores entre los gobiernos ruso y británico, el cual finalmente fue aceptado por los jueces estadounidenses como el mal menor. De haberse opuesto, se decía, las otras partes podrían haber emitido un fallo mayoritario aún más perjudicial para Venezuela (y para los esfuerzos de Washington por minimizar la presencia de potencias europeas en las Américas). El argumento venezolano sobre por qué deben controlar ellos el Esequibo se basa en la publicación póstuma de un memorando escrito por un miembro de la delegación estadounidense que describe el supuesto acuerdo. Esto se convirtió en la base del repudio de Venezuela al fallo de 1899, que presentó formalmente ante la ONU en 1962.
En 1966, cuando la Guayana Británica estaba a punto de lograr su independencia como Guyana, el Reino Unido, Venezuela y las autoridades de Georgetown firmaron lo que se conocería como el Acuerdo de Ginebra, en el que se comprometieron a buscar una solución pacífica y mutuamente aceptable a la disputa fronteriza en un plazo de cuatro años o a acordar una forma de resolución. Una comisión mixta creada por ambos países no logró llegar a un acuerdo dentro del plazo estipulado, y en 1970 firmaron el protocolo de Puerto España, que esencialmente archivó el asunto durante doce años, hasta que, en virtud del artículo IV del Acuerdo de Ginebra, en 1987 remitieron el caso al secretario general de la ONU. Una serie de representantes personales de sucesivos líderes de la ONU no lograron desestancar el asunto, que seguía sin resolverse cuando el presidente Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, proclamando su “revolución bolivariana”.
La reivindicación del Esequibo era (y sigue siendo en gran medida) uno de los pocos temas que une a los venezolanos de todas las tendencias políticas, y Chávez insistió en la postura venezolana de larga data. Sin embargo, esto pronto entró en conflicto con sus esfuerzos por atraer a los vecinos caribeños del país a su esfera de influencia. Caricom, con sede en Georgetown, siempre ha respaldado firmemente la postura guyanesa, al igual que Cuba, por lo que Chávez moderó las reivindicaciones de Venezuela para cortejar a sus vecinos caribeños y posibles aliados en otras partes del mundo. En febrero de 2004, Chávez visitó Georgetown y, en un discurso a menudo citado por sus oponentes como una capitulación, dijo públicamente que “el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región [del Esequibo] que vaya en beneficio de sus habitantes”. En 2008, fue más allá y describió la disputa entre Venezuela y Guyana como el resultado de una estrategia estadounidense destinada a derrocar al gobierno izquierdista del presidente guyanés Forbes Burnham (1980-1985) generando un conflicto entre ambos países. Los esfuerzos por promover esta reivindicación fueron minimizados durante el gobierno de Chávez (1999-2013) y sólo fueron retomados por su sucesor, Nicolás Maduro, una década después de la muerte de Chávez.
¿Cuál es la situación jurídica actual de la reclamación de Venezuela?
En enero de 2018, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, determinó que los buenos oficios de la organización internacional no habían logrado resolver la disputa del Esequibo y decidió que la CIJ actuaría como mecanismo de arbitraje, según lo previsto en el Acuerdo de Ginebra. En marzo de ese año, Guyana solicitó formalmente a la CIJ que se pronunciara sobre el asunto. Sin embargo, Venezuela cuestionó la jurisdicción de la Corte. En diciembre de 2020, la CIJ dictaminó que sí tenía jurisdicción en virtud del Acuerdo de Ginebra y, en enero de 2023, ordenó a Venezuela que se abstuviera de adoptar cualquier medida que modificara la situación actual en el territorio en disputa.
Aunque es parte en los procedimientos de la CIJ, el gobierno de Maduro aún se niega a reconocer la autoridad de la Corte en el asunto y ha pedido que se reanuden las conversaciones bilaterales. Pero Guyana se ha negado a entablar un diálogo directo, argumentando que el caso ha seguido todos los pasos estipulados en el Acuerdo de Ginebra: las partes intentaron llegar a un acuerdo y, al no lograrlo, remitieron la decisión al secretario general de la ONU. El secretario general, en cumplimiento de los términos del acuerdo, optó por la CIJ como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Los expertos señalan que, en efecto, el Acuerdo de Ginebra ha cumplido su ciclo.
¿Por qué ha resurgido esta disputa que duró tanto tiempo inactiva?
Las relaciones entre Caracas y Georgetown comenzaron a cambiar drásticamente con el descubrimiento por parte de ExxonMobil, a partir de 2008, de vastas reservas petroleras offshore que convertirían a la hasta ahora pobre Guyana en un potencial gigante energético. Irónicamente, ExxonMobil había salido de Venezuela el año anterior después de que el gobierno expropiara sus activos sin compensación e impusiera cambios radicales en las condiciones bajo las cuales las compañías petroleras extranjeras podían operar en el país. A pesar de la disputa del Esequibo, Guyana continuó beneficiándose entre 2005 y 2015 de la iniciativa Petrocaribe, bajo la cual Caracas suministraba petróleo a bajo costo a los países vecinos. Sin embargo, esa iniciativa terminó cuando la economía venezolana inició un declive catastrófico, debido a la mala gestión, la corrupción y, posteriormente, a las sanciones estadounidenses. Mientras tanto, la economía de Guyana se convirtió en la de más rápido crecimiento del mundo.
Gran parte de su petróleo offshore se encuentra bajo aguas sobre las que Venezuela reclama soberanía, en parte basada en su argumento de control sobre el Esequibo. Para el gobierno de Maduro, que intentaba rescatar una economía que se contrajo hasta en un 80 por ciento durante su primera década en el poder y enfrentaba sanciones devastadoras, la reclamación del Esequibo comenzó a cobrar una relevancia mucho mayor en su cálculo económico. El Esequibo también ha servido para generar apoyo en torno a una causa patriótica, una consideración vital para un gobierno que ha venido perdiendo progresivamente gran parte de su popularidad y que presuntamente usó su control absoluto sobre el sistema electoral y judicial, así como su aparato de seguridad, para frustrar la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
A finales de 2023, el presidente Maduro anunció que Venezuela celebraría un referéndum consultivo en diciembre de ese año con el fin de obtener el respaldo público para una nueva fase en la campaña por el control del Esequibo. Se pidió a los votantes que rechazaran el fallo de 1899 y la jurisdicción de la CIJ, y que aprobaran la creación del estado de Guayana Esequiba y concederles la ciudadanía venezolana a sus habitantes. En total, hubo cinco preguntas que fueron aprobadas por amplios márgenes, aunque los centros de votación, prácticamente vacíos, contrastaban con la versión oficial de que habían votado más de diez millones de personas. Poco después, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó la creación del nuevo estado, que incluye el propio Esequibo y el municipio venezolano fronterizo de Sifontes. Maduro nombró gobernador a un general retirado (y posteriormente a un almirante), con sede en Tumeremo, capital municipal de Sifontes.
Las manifiestas intenciones de Venezuela sobre el territorio en disputa generaron preocupación en América Latina y el Caribe. Tras la decisión de Venezuela de crear la Guayana Esequiba, la presión regional, especialmente del gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, llevó a los presidentes Maduro y Ali a reunirse en persona el 14 de diciembre de 2023, bajo los auspicios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Caricom. En la reunión, a la que también asistieron varios jefes de gobierno caribeños y altos representantes de Brasil, Colombia, Honduras y la ONU, ambos presidentes firmaron la Declaración de Argyle (nombrada así por el aeropuerto de San Vicente y las Granadinas donde se celebró el encuentro), en virtud de la cual se comprometieron a no intensificar la disputa y establecer una comisión conjunta para abordarla.
Sin embargo, este avance diplomático no logró calmar el malestar entre ambas partes sobre el terreno, provocado en gran parte por la intervención más directa de Venezuela sobre la región en disputa. Las fuerzas armadas venezolanas desplegaron personal y equipo militar en la frontera y comenzaron a producir videos en los que, según afirmaban, aparecían atendiendo las necesidades de la población del Esequibo. En una medida que causó especial preocupación en Georgetown, en julio de 2024 terminaron de construir un puente que conecta el territorio continental venezolano con una base militar en la disputada isla fluvial de Anacoco, que se extiende a ambos lados de la frontera. El gobierno guyanés, que afirma que la base está ubicada en su territorio, convocó al embajador venezolano y declaró que la medida constituía una violación de la Declaración de Argyle.
¿Qué tan probable es que se produzca un conflicto armado?
Caracas podría verse tentada a emplear la fuerza de las armas para hacer valer sus pretensiones, dada la enorme disparidad entre el tamaño y la capacidad de sus fuerzas armadas y las de la minúscula Fuerza de Defensa de Guyana. Pero cualquier acción de este tipo desencadenaría una respuesta regional e internacional inmediata a nivel diplomático e incluso, potencialmente, militar. A medida que el ruido de sables se ha intensificado, algunos aliados de Guyana han enviado señales explícitas de que actuarían en defensa del país en caso de ataque. En enero de 2024, Londres envió un buque patrullero de altamar, el HMS Trent, de visita a Georgetown para reafirmar su compromiso con la seguridad guyanesa. Washington ha enviado altos funcionarios civiles y militares, desplegado recursos militares en la región, realizado ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Guyana y recientemente firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad con Georgetown. En una reunión celebrada el 14 de marzo, los miembros del G7 calificaron las acciones de Venezuela de “inaceptables y una violación de los derechos soberanos internacionalmente reconocidos de Guyana”. De hecho, Venezuela está en desacuerdo sobre la cuestión del Esequibo no solo con sus adversarios tradicionales, sino también con algunos de sus aliados más cercanos, como La Habana y, potencialmente, Beijing, cuya Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China (CNOOC) tiene una participación del 25 por ciento en el bloque Stabroek.
En estas circunstancias, cualquier maniobra militar venezolana en el Esequibo podría resultar contraproducente. El mayor riesgo de conflicto interestatal que se haya visto en Suramérica desde 1995, bien podría derivarse no de una invasión total, sino de un error de cálculo de alguna de las partes que podría resultar en una escalada imprevista, aunque probablemente de corta duración. No hay carretera entre Venezuela y Guyana y una gran parte del Esequibo es montañosa o densamente boscosa, lo que complica cualquier posible incursión de infantería y significa que una columna blindada venezolana tendría que entrar por el norte de Brasil para penetrar la zona; una posibilidad que llevó al gobierno brasileño a finales de 2023 a enviar refuerzos militares a su frontera norte. Sin embargo, las instalaciones petroleras offshore de Guyana son vulnerables al asedio de la armada y la fuerza aérea de Venezuela, y la superioridad aérea de las fuerzas armadas venezolanas que, entre otros activos, cuentan con cazabombarderos Su-34 de fabricación rusa, representa una amenaza que Guyana por sí sola no tiene forma de contrarrestar.
¿Qué nos depara el futuro inmediato?
El gobierno de Maduro parece decidido a seguir adelante con su plan de elegir un gobernador y ocho diputados a la Asamblea Nacional para representar al recién creado estado de Guayana Esequiba, a pesar de que casi la totalidad de su población y territorio están controlados por Guyana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha aclarado quién votará ni cómo. No existe un censo electoral para el nuevo estado y algunos expertos han sugerido que se podría invitar a los votantes venezolanos en general a emitir su voto en nombre del nuevo estado.
Mientras tanto, los esfuerzos por evitar una futura confrontación van cobrando fuerza, pero hasta ahora han sido en vano. En respuesta al incidente del 1 de marzo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anfitrión de la reunión de Argyle y uno de sus tres garantes clave (junto con Caricom y Brasil), celebró de inmediato una ronda de reuniones para abordar la reciente escalada. El presidente Maduro, sin embargo, exige una reunión con Ali, su homólogo guyanés, acusándolo de tener un “plan guerrerista”. El 15 de marzo, Ali reiteró que el asunto estaba en manos de la CIJ y que no habría ninguna reunión bilateral mientras Venezuela siguiera “ignorando flagrantemente la Declaración de Argyle”. Caricom señaló en abril de 2024 que, al consagrar en la ley la defensa del nuevo estado, Venezuela estaba violando la Declaración de Argyle, subvirtiendo el derecho internacional y dando señales de una posible agresión contra su vecino. En una muestra de que tan delicado es el tema de los planes electorales de Venezuela, el gobierno de Georgetown manifestó que cualquier ciudadano guyanés que participe en las elecciones del 25 de mayo estará cometiendo traición.
Tal y como están las cosas, la trayectoria del conflicto depende en gran medida de las intenciones estratégicas del gobierno de Maduro respecto al Esequibo, que siguen siendo difíciles de determinar. Caracas puede creer que la presión concertada y la retórica belicosa obligarán al gobierno de Georgetown a ceder una parte de su bonanza petrolera para aplacar a Venezuela y garantizar un entorno empresarial menos turbulento, aunque parece poco probable que la CIJ obligue a Guyana a realizar concesiones territoriales reales. Si bien es posible que Maduro esté considerando los beneficios que una escalada pueda generar para su gobierno, aún no hay indicios de que las fuerzas armadas venezolanas se estén preparando para una intervención a gran escala.
La cronología del incidente con Exxon Mobile y la retórica que lo acompaña sugieren, sin embargo, que Maduro podría estar poniendo a prueba la determinación de la administración Trump con respecto a la defensa de su aliado Guyana. Caracas ha empezado a llamar a Irfaan Ali “el Zelenski del Caribe” tras la reunión en la Casa Blanca entre Trump, su vicepresidente J.D. Vance y el líder ucraniano Volodymyr Zelenski, en la que el dirigente ucraniano fue desairado por sus homólogos estadounidenses, un apodo que puede tener la intención de ridiculizar las quejas de Guyana sobre la “agresión” venezolana. Sin embargo, el gobierno de Maduro se ve obligado a actuar con cautela mientras continúa el debate en Washington entre los partidarios de más sanciones dirigidas a un cambio de régimen en Caracas, y aquellos que prefieren un acuerdo sobre política energética y migratoria. Al momento de escribir, EE. UU. no ha amenazado a Venezuela con imponer más sanciones en respuesta a la disputa del Esequibo.
Por ahora, no se perciben fisuras en la política estadounidense de apoyo a Guyana. El 13 de marzo, la embajadora estadounidense en Georgetown, Nicole Theriot, afirmó que Washington “siempre apoyará a Guyana” y respaldó la postura guyanesa “100 por ciento frente a esta agresión”. Mientras Rubio visitaba Guyana y advertía a Venezuela sobre las consecuencias de cualquier ataque, un crucero de la armada estadounidense realizaba ejercicios con embarcaciones guyanesas en altamar. Si llegara a darse un conflicto entre las dos naciones, Rusia posiblemente tomaría el lado de Caracas, pero China, que pronto recibirá ganancias sustanciales por su participación en el bloque Stabroek, seguramente usaría la presión diplomática para prevenir hostilidades directas.
En este clima de inestabilidad, la búsqueda de una solución diplomática es cada vez más urgente. No se espera que la CIJ se pronuncie sobre la disputa hasta al menos mediados de 2026, y dada la intención anunciada por Venezuela de ignorar el resultado de sus deliberaciones, es poco probable que ese veredicto marque el final del asunto. De hecho, algunos observadores advierten que el período entre las elecciones de Guyana a finales de este año y el fallo de la CIJ podría ser particularmente tenso. Si las elecciones resultan en una coalición de gobierno más débil en Georgetown, Caracas podría ver una oportunidad para cambiar las condiciones sobre el terreno antes del veredicto de la Corte. Como se señaló anteriormente, el primer ministro de San Vicente, Gonsalves, ha estado intentando superar el actual impasse mediante una diplomacia itinerante; Brasil también esperaba poder mediar en la crisis, aunque las tensiones entre Caracas y Brasilia tras las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado han obstaculizado esos esfuerzos.
Con pocos caminos hacia un acuerdo a la vista, el gobierno de Maduro puede considerar que podría obtener beneficios políticos y económicos aumentando la tensión, sin arriesgar mucho. Pero con Guyana en vilo y grupos armados no estatales operando libremente en las fronteras del Esequibo, un incidente violento en el territorio en disputa podría convertir la desconfianza reinante entre ambos Estados en una confrontación armada. Aunque llevar barcos de la armada estadounidenses o británicos a las aguas en disputa podría funcionar como un mecanismo de disuasión, también aumentaría los riesgos de una confrontación accidental entre ambas naciones sudamericanas. Es indispensable que la región, con Brasil y Caricom a la cabeza, advierta a Caracas sobre las consecuencias de cualquier agresión armada. En principio, el fallo de la CIJ debería ser el punto final en la disputa. Para evitar el conflicto, será esencial presionar a Venezuela para que reconozca la jurisdicción de la Corte, pero también estar preparados para afrontar las consecuencias de la negativa de Caracas a través de diálogos diplomáticos y advertencias sobre los riesgos de su intransigencia.
* Artículo original: “Venezuela Presses Territorial Claims as Dispute with Guyana Heats Up”. Traducción: Crisis Group.
* Sobre el autor: Phil Gunson es analista principal de Crisis Group para la región de los Andes.
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