Las políticas de igualdad social no resolvieron la integración de los afrocubanos en igualdad de condiciones.
La pobreza está generalizada en Cuba. Estimados de varios economistas cubanos la colocan en más del 50% de la población, de acuerdo con los ingresos relacionados al trabajo y las pensiones. Hay una amplia franja desprotegida que las estadísticas oficiales no reconocen.
Desde el 2008, el gobierno de Raúl Castro aplicó una política de reducción de la asistencia social a los pensionados que tuvieran un familiar con empleo. El investigador y profesor Carmelo Mesa Lago alertaba de esta errada política en un país que tiene salarios paupérrimos que no alcanzan para comer todo el mes.[1]
El gobierno cubano es el único de América Latina que no publica el índice de pobreza en el país, ni el costo de la canasta básica, ni el desempleo oculto. Tampoco monitorea la discriminación racial ni publica las desventajas políticas, sociales y educacionales de esta “minoría”. Según el Censo de población del 2012, el 36% de la población cubana es negra o mulata.[2]
La pobreza generalizada tiene los sectores más vulnerables en los afrocubanos, los jubilados, las madres solteras y los discapacitados. Las políticas públicas oficiales hablan de intenciones políticas, pero no presentan ningún resultado de inclusión social de estos sectores.
La política igualitaria de la Revolución Cubana a partir de 1959 eliminó en la ley la discriminación racial, pero prohibió hablar del asunto, que se convirtió en otro de los tantos “temas tabús” prohibidos por el Partido Comunista de Cuba.
Los niveles de igualdad social alcanzados en los años 80 del siglo pasado, gracias al subsidio soviético, se desplomaron con la crisis económica y social de Cuba en los primeros años de la década del 90. Aún hoy, los indicadores económicos y sociales no han remontado a los alcanzados en 1989, el año precrisis.
El gobierno y su prensa oficial, así como sus intelectuales “orgánicos”, defienden que el tema del racismo obedece a los prejuicios mantenidos desde la época colonial en el “imaginario social”, y por lo tanto es mediante la educación que se eliminarán los perjuicios raciales. Sin embargo, las investigaciones y los activistas por la integración racial cuestionan las desigualdades económicas, sociales, culturales, civiles y políticas que se desprenden de la realidad práctica en Cuba.
El gobierno de la Isla no ha aplicado políticas de discriminación positivas para los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los afrocubanos, que tienen un punto de partida desigual en la inclusión social desde 1959. Frente a la ausencia de políticas públicas específicas se ha instalado el racismo de manera estructural, que se manifiesta en la sobrerrepresentación negra y mestiza en la población penal, el desigual acceso a los empleos mejor remunerados, un “blanqueamiento” de los estudiantes universitarios desde la década de los 90 y una localización mayoritaria en los barrios marginales o periféricos de las ciudades.
En contradicción con otros investigadores que colocan la discriminación racial en el empleo solo en los nuevos emprendimientos privados, el no acceso a los empleos mejor remunerados de los afrocubanos incluye los empleos estatales.
El conglomerado militar GAESA, mayoritario en el control económico del turismo en la Isla, no permite el acceso a los afroamericanos a los puestos mejor remunerados. Aunque estos datos no se publican, basta realizar una visita a los hoteles en la Isla para constatar que los puestos de gerentes y supervisores, recepcionistas y hasta camareros, tienen una sobrerrepresentación blanca y, en segundo lugar, “de mujeres y hombres de buen ver”.[3]
Los afrocubanos que no son “de buen ver”, ocupan los puestos menos calificados, independientemente de su calificación profesional.
Otros indicadores de desigualdad de acceso lo señalan varios investigadores estadounidenses en una encuesta aplicada en el año 2017 en Cuba[4]. Los resultados indican que, entre los entrevistados, los afrocubanos[5] están en amplia desventaja en relación a la población blanca en lo que respecta a ingresos anuales, cuentas bancarias, acceso a Internet, viajes al extranjero y acceso a remesas familiares.
El 95% de los afrocubanos recibían alrededor de 3000 cuc anuales, moneda convertible solo en Cuba, frente al 58% de los blancos. Es decir, que entre los de menores ingresos, los afrocubanos son la casi absoluta mayoría.
El 50% de los blancos tienen una cuenta bancaria, frente al 11% de los afrocubanos.
El 45% de los blancos cubanos logran un ahorro de alrededor de 500 cuc, mientras solo el 8% de afrocubanos lo logran.
El 70% de los afrocubanos declaró no tener acceso a Internet, frente al 25% de blancos que declararon no tenerlo.
Después de la reforma migratoria del 2013, declararon viajar al exterior un 31% de blancos frente a solo un 3% de afrocubanos.
Las remesas familiares son recibidas, según los resultados de la encuesta, por el 78% de los entrevistados blancos, frente al 22% de los afrocubanos.
Un 85% de los afrocubanos declararon no tener familiares en el exterior, frente a un 28% de los entrevistados blancos.
Estas desigualdades estructurales exigen políticas de acción positivas o de discriminación positiva que el gobierno aún no ha implementado.
El gobierno de Cuba es Estado parte de la Convención contra la discriminación racial en la ONU. Rendición de cuentas en 2016 y 2018.
El Gobierno de Cuba entregó un informe a la ONU como Estado parte de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial que se hace público el 9 de septiembre de 2016. Con retraso de tres años —debió presentarse en 2013—, el informe oculta la problemática de la represión y de la discriminación racial en la Isla.[6]
En el informe, el Gobierno niega que existan casos de discriminación racial en Cuba, ya que los organismos estatales no han recibido la denuncia de ningún caso. Se niega a crear, o a permitir que se cree, una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente del Estado para monitorear la discriminación racial en el país. Considera que el Estado es suficiente, con sus organismos, para hacer cumplir la prohibición por ley de la discriminación racial.
Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con la violencia estatal contra las Damas de Blanco?[7] Los arrestos arbitrarios, las golpizas, las intimidaciones, los allanamientos de morada y la lapidación moral ejercida por los medios oficiales del Estado-Partido contra las Damas de Blanco quedan ocultos e impunes ante la ONU y ante la opinión pública nacional.
El gobierno cubano decide que esa realidad no existe, y esa es la grave consecuencia de no permitir un Órgano Nacional Independiente que monitoree los abusos de la policía nacional y los órganos de la Seguridad del Estado contra todos los ciudadanos y ciudadanas. Al ser la violencia una política de Estado, las autoridades actúan con total impunidad. Por eso en el informe del Gobierno no aparece ningún caso de discriminación racial.
En marzo de 2015, en un programa televisado de la Mesa Redonda[8], el presidente de la Comisión Aponte de la UNEAC comentó que había sido un pedido al entonces vicepresidente Miguel Díaz-Canel la creación de un Observatorio Nacional contra la discriminación racial, para que la población pudiera acceder y hacer las denuncias. La respuesta del viceministro fue negativa. La respuesta en el informe de septiembre de 2016 sigue siendo negativa.
El Gobierno se niega a monitorear y hacer justiciables los casos múltiples de discriminación racial en la Isla. Si existe alguno, según el Gobierno, esto se debe a rezagos culturales del pasado, y por lo tanto su política se dirige a la educación.
En el caso de las Damas de Blanco, se aplican tres tipos de discriminación: la discriminación racial, la discriminación contra la mujer y la discriminación política. Al silencio estatal y partidista sobre esta violencia, se suman los silencios de la prensa y la blogosfera oficialistas, así como de los activistas oficiales contra la discriminación racial y de género.
Para estos últimos, las Damas de Blanco tampoco existen. Los y las académicas cubanas residentes en Cuba no hablan del tema. Las Damas de Blanco no existen, y por lo tanto no son en su mayoría afrocubanas, mujeres, ni se manifiestan pacíficamente cada domingo para ir a misa.
Este escandaloso silencio solo es denunciado por los periodistas independientes cubanos, las organizaciones de Derechos Humanos internacionales y las organizaciones independientes como el CIR: Comité cubano por la Integración Racial. Revistas de debates intelectuales, como Temas y Cuba posible, también discriminan a las Damas de Blanco: no existen.
Dice el Gobierno, en el referido informe, que no hay diferencias entre los ocupados blancos y afrocubanos en las empresas de capital mixto o extranjero. Como he referido en este texto, basta entrar a los hoteles en Cuba y, por pura observación, detectar que los afrocubanos son los porteros, cocineros o asistentes de cocina, los auxiliares de limpieza y los parqueadores. Muy raro es encontrar algún afrocubano en las recepciones de los hoteles y mucho más raro que sean afrocubanos los gerentes del hotel por la parte cubana.
No es un asunto de nivel profesional. Los parqueadores en los hoteles son también ingenieros de profesión. El conglomerado GAESA es el responsable de esta sobrerrepresentación blanca en los puestos de mayor remuneración, por ser el conglomerado que controla y decide de forma mayoritaria sobre el turismo en Cuba.
Parecería que el gobierno cubano no controla a GAESA, que es un monopolio paralelo que no rinde cuentas en el Parlamento ni es auditado por la Contraloría de la República. Sin embargo, como monopolio estatal, aunque sea de manera discrecional, es también responsable de las políticas discriminatorias raciales.
En el informe, tampoco se dice nada sobre la discriminación racial en el cuentapropismo emergente. Conozco de casos que han sido rechazados en su ingreso a restaurantes privados, supuestamente por falta de capacidad, y seguidamente entran blancos que tampoco tenían reservación. Es decir: la discriminación no es solo en los puestos de trabajo, sino además hacia los clientes. No es un problema de estar bien o mal vestidos: es un problema del color de la piel.
La sobrerrepresentación penal de afrocubanos y la sobrerrepresentación de los afrocubanos en los barrios más pobres del país, constituyen también “rezagos del pasado”. El gobierno cubano, 60 años después de instalado en el poder, dice que el problema es “heredado” y “cultural” y se muestra incompetente a la hora de realizar acciones de políticas positivas para equilibrar este desbalance.
La ausencia de la sociedad civil independiente en las consultas para elaborar los Informes a la ONU —algo que se le señala reiteradamente al Gobierno de Cuba por parte de los Comités de la ONU—, hace que los informes del gobierno sean triunfalistas en temas que demuestran graves violaciones a los derechos humanos en general. En particular, este Informe sobre la discriminación racial describe una sociedad ideal que solo está en la mente de los burócratas encargados de “inflar los globos” del gobierno cubano ante la ONU.
Sin contrapartida ciudadana, el gobierno se siente impune ocultando la represión y edulcorando el estado de la discriminación racial en Cuba.
Informe y señalamientos de la ONU sobre la discriminación racial en Cuba. Septiembre de 2018.
En la página de Naciones Unidas, país Cuba, no pudimos encontrar el Informe que rindió el gobierno cubano el 15 y 16 de agosto de 2018 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En cambio, sí pueden consultarse las observaciones finales y señalamientos de este Comité al Informe del gobierno cubano.[9]
Entre los señalamientos y recomendaciones se encuentran las siguientes:
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas; por ejemplo, mediante la capacitación, para garantizar que los jueces, los fiscales y los abogados conozcan las disposiciones de la Convención, a fin de que puedan aplicarlas en los casos pertinentes. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo Informe periódico incluya ejemplos concretos sobre la aplicación de la Convención por los tribunales nacionales.
El Comité reitera su anterior recomendación (véase CERD/C/CUB/CO/14-18, párrafo 13) e insta al Estado parte a establecer una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los Principios de París, que tenga como mandato promover y proteger los derechos humanos, así como dar seguimiento a la lucha contra el racismo y la discriminación racial. El Comité refiere al Estado parte a su recomendación general número 17 (1993) sobre el establecimiento de instituciones nacionales para facilitar la aplicación de la Convención:
- que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes;
- que establezca un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos independiente, así como estrategias apropiadas de protección, y prevea la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para su funcionamiento efectivo;
- que investigue todo acto de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización contra defensores de derechos humanos, y castigue debidamente a los responsables;
- que adopte las medidas necesarias para que los defensores de derechos humanos, en particular los líderes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes, no sean objeto de restricciones arbitrarias para poder asistir y participar en las reuniones y trabajos que realizan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos;
- que realice campañas de información y sensibilización sobre el trabajo fundamental que realizan los defensores de derechos humanos, a fin de fomentar un entorno seguro y propicio que les permita llevar a cabo su labor, libres de todo tipo de intimidación, amenazas, ataques y represalias.
Tomando en cuenta sus recomendaciones generales número 32 (2009) sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, y número 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para adoptar e implementar las medidas especiales necesarias a fin de poner fin a la discriminación estructural que afecta a la población afrodescendiente, entre otras, para:
- Mejorar las condiciones de vida de esta población, garantizando su protección contra la discriminación por parte de organismos estatales y funcionarios públicos, así como de cualquier persona, grupo u organización;
- Eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, especialmente en las esferas del trabajo, vivienda, participación política y representación en cargos de decisión.
- Combatir la pobreza, la exclusión social y marginación que afecta de manera desproporcionada a la población afrodescendiente.
El Comité recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para la elaboración del plan nacional para la erradicación de todas las formas de discriminación racial, asegurando que el mismo contenga metas claras y específicas, mecanismos de evaluación de sus resultados y prevea la asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su implementación efectiva. El Comité insta al Estado parte a asegurar que tanto el proceso de elaboración como el de implementación del referido plan se lleven a cabo con la participación efectiva de la población afrodescendiente y de todos aquellos grupos de origen nacional o étnico que continúan enfrentando discriminación y exclusión social.
El Comité recomienda al Estado parte asegurar que la variable basada en el origen étnico o nacional y ascendencia sea utilizada en los registros de detención a fin de obtener información fiable sobre la población penitenciaria y le solicita que proporcione tal información en su próximo informe.
Y sobre las múltiples formas de discriminación contra las mujeres:
El Comité recomienda al Estado parte que, tomando en cuenta su recomendación general número 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, incluya una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial para hacer frente a las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes. Asimismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos para eliminar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el acceso al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política y cargos de decisión;
- que adopte medidas efectivas para prevenir el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y el abuso de autoridad por agentes del orden en contra de personas afrodescendientes, garantizando el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza y llevando a cabo capacitaciones sobre el uso de la fuerza y el restablecimiento del orden utilizando mecanismos convencionales;
- que vele por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera efectiva y exhaustiva y por que, cuando estén fundamentadas, los autores sean enjuiciados y castigados, teniendo en cuenta la gravedad de tales actos;
- que vele por que las personas afrodescendientes que han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por agentes del orden tengan acceso a recursos efectivos de indemnización, y no sean objeto de represalias por haber interpuesto una denuncia.
Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a considerar la ratificación de los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
Todas estas recomendaciones del Comité contra la discriminación racial en la ONU apuntan al presente estado de ausencia de monitoreo e indefensión de los afrocubanos, entre los sectores más vulnerables del país, y las medidas a implementar.
Medidas jurídicas, económicas, sociales y culturales en pos de políticas específicas positivas de inclusión social, frente a una discriminación que resulta estructural por las desventajas de los afrocubanos en el acceso al empleo mejor remunerado, en el acceso a la justicia, en el acceso a las viviendas y en el acceso a la educación superior.
La sobrerrepresentación en la población penal y los estereotipos también impiden el acceso igualitario a las representaciones sociales de estos sectores marginados en la televisión, en el cine, en los puestos políticos más importantes y en los servicios y la producción estatal y no estatal.
Una condición paralela y necesaria es eliminar la discriminación política, que impide la legalización en Cuba de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las que luchan contra la discriminación racial. Que sean escuchadas las demandas de la Cofradía de la Negritud y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR). Esta última, permanentemente reprimida en sus actividades culturales y ciudadanas, y a cuyos integrantes se les prohíbe participar en eventos sobre afrodescendientes fuera del país.[10]
La risa totalitaria
En torno a la resistencia de la izquierda melancólica a aceptar el fracaso, a obviar sus causas y excusar sus consecuencias para no injuriar lo sagrado, es que la risa totalitaria radicaliza su imaginario: su violencia se vuelve sardónica. Así se convierte, la risa de Castro, en el síntoma del Estado cubano.
Notas:
[1] Carmelo Mesa Lago: Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas económicas sociales y sus efectos. Editorial Colibrí, 2012, páginas 155, 200, 204-208.
[2] Alejandro de la Fuente: “Cuba hoy: la pugna entre el racismo y la inclusión” en The New York Times, 26 de abril 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/04/26/cuba-racismo-afrocubanos/
[3] Los negros afrocubanos son empleados como personal de seguridad y maleteros, parqueadores, asistentes de cocina, aunque su calificación sea universitaria. El “buen ver” tiene que ver con los rasgos más parecidos a los blancos occidentales, pero también incluyen la vestimenta, que en Cuba es bien difícil de adquirir, aunque una vez en el empleo se les provea de uniformes.
[4] Katrin Hansing and Bert Hoffmann: “Cuba’s New Social Structure: Assessing the Re-Stratification of Cuban Society 60 Years after Revolution”, en GIGA Research Programme: Accountability and Participation, número 315, febrero 2019.
[5] La encuesta explica que se aplica la distinción de “blancos” y “afrocubanos” para incluir negros y mestizos.
[6] Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Informe Estado parte Cuba, 9 de septiembre 2016. En http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCUB%2f19-21&Lang=es
[7] Marlene Azor Hernández: “La triple discriminación contra las Damas de Blanco” en https://www.analisislatino.com/opinion/?id=9612
[8] 20 de marzo 2015, programa Mesa Redonda, “El racismo sobre la Mesa”, en Youtube.
[9] Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º combinados del Cuba, 20 de septiembre 2018, en Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Concluding observations (2018) CERD/C/CUB/CO/19-21
[10] “Inmigración impide salir de Cuba al activista Juan Antonio Madrazo Luna”. Editorial de Diario de Cuba, 28 de octubre 2019.” Gabriela Sotomayor: “Defensores, disidentes y periodistas sufren acoso en Cuba, dice la ONU; el gobierno lo niega”, en Proceso.com.mx, 6 de septiembre 2018.
