Soy una mujer cubana migrante en situación irregular en España, con los privilegios de ser blanca, joven y tener habilidades que me permiten trabajar desde casa y dedicar mi tiempo libre a informarme, a leer acerca de feminismos y de antirracismo, a empaparme en datos que me ayudan a entender la dimensión de lo que pasa a mi alrededor y debatir con mis compañeras cubanas de lucha.
No soy activista, y es también un privilegio aprender sobre formas de opresión y violencia. El periodista de Granma Javier Gómez Sánchez y yo, aparentemente tenemos eso en común: que no nos haya tocado el feminicidio de cerca. A diferencia de mujeres como Deyni, quien lleva años acompañando a víctimas de la violencia machista en Cuba.
Pienso en Lauren, otra mujer cubana migrante, joven, racializada y en supuesta situación de prostitución, asesinada en mayo en Moscú. Su presunto femicida, Alexandr Alexándrov, fue arrestado bajo los cargos de asesinato, secuestro y extorsión. Lauren llevaba unos siete meses en Moscú y era parte de una comunidad que ha sufrido el abandono institucional del gobierno ruso y de la misión diplomática cubana durante la pandemia de la COVID-19.
El asesinato de Lauren fue un feminicidio, pero en Rusia, a pesar de que se estima que al año mueren más de 14.000 mujeres víctimas de la violencia machista, esta fue despenalizada en 2017. Cuba tampoco tiene una legislación específica contra la violencia de género, y el feminicidio de Lauren no va a ser recogido en las estadísticas de la ONEI. Lauren no fue protegida y no va a recibir justicia suficiente. Esa impunidad es parte de la definición de feminicidio propuesta por Marcela Lagarde, que reconoce tres responsables: victimario, sociedad y Estado. Ya en 1993, la Asamblea General de la ONU, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentenciaba el deber de los Estados de no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de eliminar la violencia contra la mujer, aplicando con este fin una política y medios apropiados.
Contar las historias de cada una de estas mujeres es esencial, pero hablar de feminicidios con números también nos permite quitarle al opresor la capacidad de revictimizarnos, justificando el delito porque llevábamos muchos tatuajes o porque teníamos sexo con quien queríamos.
En América Latina, a pesar de la gran tasa de impunidad y lo enraizada que está la misoginia como consecuencia de siglos de dominación colonial, todos los países han incorporado legislaciones para tipificar el delito de feminicidio y castigarlo con penas más severas. Todos, a excepción de Cuba y Haití. El Salvador, el país con mayor índice de feminicidios, reconoce incluso el suicidio feminicida, castigándolo con penas de entre 5 y 7 años.
El delito del feminicidio tampoco está tipificado en el actual código penal de España, por lo que el agravante de violencia de género no se aplica en todas las sentencias en las cuales esta violencia es ejercida fuera de la pareja. No obstante, no ha pasado una semana desde el inicio del Estado de Alarma declarado por la pandemia sin que se reporte un femicidio. Hasta el 20 de agosto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género había documentado 29 víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas, y 3 menores; mientras que redes independientes reportan 64 feminicidios en 2020.
En el mismo período, en Cuba (con una población cuatro veces menor), al menos 13 muertes de mujeres por agresiones de parejas o exparejas se dieron a conocer en las redes sociales o la prensa independiente. Estos datos indicarían tasas similares en ambos países este año; aunque, considerando que las cifras manejadas en Cuba no son oficiales, su tasa pudiera ser mucho mayor. Desde 2003 hasta la fecha, se reportan 1064 feminicidios en España. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud, entre 2010 y 2019 murieron por agresiones 1299 mujeres cubanas, pero estos datos no permiten conocer si fueron consecuencia de alguna forma de violencia de género o de otro hecho delictivo.
Según cifras publicadas por la Delegación del Gobierno español, las víctimas se encontraban entre las edades de 18 y 84 años; 20 eran de nacionalidad española y solo 6 habían interpuesto una denuncia previa, contando con medidas de protección. Las regiones con mayor incidencia son Andalucía y Cataluña. Fuera de las variaciones demográficas, lo que han tenido en común todos los casos ha sido la respuesta institucional: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), así como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español), expresaron sus condolencias y reiteraron su compromiso para acabar con los crímenes machistas.
En una encuesta de 2014, el 30 % de las mujeres en España reconocía haber sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica, en comparación con un 35 % en la Unión Europea, similar a los índices globales publicados por la OMS, pero inferior al 39 % registrado en Cuba en 2016. El reconocimiento a las demandas de colectivos feministas —contra el machismo, el acoso y el racismo; por la igualdad salarial y el apoyo al colectivo trans y a las mujeres migrantes— fue ratificado el 8 de marzo por más de 120.000 personas en Madrid, 50.000 en Barcelona y 120.000 en Valencia, que asistimos a las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, convocadas por organizaciones como la Comisión Estatal 8M Huelga Feminista y sus capítulos locales, así como otras redes, asambleas, coordinadoras y movimientos feministas locales.
El riesgo del coronavirus supuso una reducción considerable de la asistencia con respecto a 2019 —año que cerró con 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta en un lustro—, cuando el 8M sitúo a España en todas las portadas internacionales. Esto no impidió que las marchas de este año fueran instrumentalizadas por la oposición política como chivo expiatorio de la tardía actuación de los gobiernos autonómicos y del gobierno central en la toma de medidas para la contención del coronavirus. Un hecho que ignoraba la asistencia a otros eventos multitudinarios en espacios cerrados y la concentración de personas en el transporte público, y que no hizo más que poner en evidencia la misoginia imperante en la sociedad española. El discurso de odio, y el acoso continuado a los colectivos feministas y las mujeres que encabezaron la marcha, no ha cesado aún.
El 11 de marzo, la OMS categoriza la COVID-19 como pandemia. El 14 de marzo el Gobierno decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión de la enfermedad. Mientras escuchaba a Pedro Sánchez anunciar el confinamiento obligatorio, me mantenía al tanto del primer taller sobre feminismo, género e inclusión del proyecto itinerante Locas, Brujas, Raras y Lesbianas, que transcurría en la Residencia Arthaus en La Habana.
El 17 de marzo, y a pesar de la animosidad en diferentes sectores de la opinión pública, el Ministerio de Igualdad de España impulsó un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19, reafirmando nuevamente el compromiso político del gobierno para contrarrestar este problema paralelo de salud pública y las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas a partir de las medidas de confinamiento.
Este Plan de contingencia incluyó declarar como esenciales a todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia machista, como la línea 016 —que atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes—, así como medidas específicas de refuerzo, como el sistema de mensajería instantánea con geolocalización dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o un chat de contención y asistencia psicológica gestionado por la Administración Central, además de una guía de actuación y recursos disponibles para mujeres amenazadas durante esta situación de emergencia.
Se puso también en marcha una campaña de comunicación institucional para profundizar la concienciación contra la violencia de género y por el buen trato durante el período de confinamiento. Fuera de España, las Embajadas y Consulados ofrecieron esta atención las 24 horas.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que acordaba los criterios para el reparto de un total de 100 millones de euros entre el Gobierno y las comunidades y ciudades autónomas, fue aprobado en mayo sin el apoyo de los principales partidos de la oposición: el Partido Popular y Vox. El negacionismo de la violencia de género y de las desigualdades estructurales de la sociedad patriarcal, tiene en España entre sus mayores voceras a Macarena Olona y la hispanocubana Rocío Monasterio, diputadas del partido de ultraderecha Vox, formación que también niega el cambio climático y se reconoce heredera del franquismo. Las confrontaciones que ambas han propiciado, en relación a estos temas, se han vuelto episodios virales en el pleno del Congreso.
Los datos, sin embargo, demostraron la urgencia de estas actuaciones. Al finalizar el Estado de Alarma, el 21 de junio, las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género se elevaban a 29.700, un 57,9 % más que el año anterior, mientras que la Policía Nacional informaba de 8.790 detenidos, 8.412 denuncias, 245.000 contactos con víctimas y 70.000 controles.
Durante ese período, a través de la primera consejería telefónica para víctimas de violencia machista en la isla, YoSiTeCreo en Cuba acompañó a 30 mujeres, entre 18 y 70 años de edad, víctimas de violencia física, psicológica, policial, sexual, y un caso de violencia obstétrica. “Tengo miedo, no tengo a donde ir”, clamaba una de ellas. Poco después, el 21 de julio, el grupo encargado de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar que coordina la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), anunció la creación de una guía para atender denuncias telefónicas sobre violencia de género e intrafamiliar en Cuba, herramienta que aún no es pública.
Los primeros datos de víctimas mortales por violencia de género en España fueron publicados en 2003, luego un debate nacional impulsado por asociaciones de mujeres que atendían a víctimas, y la elaboración de una Proposición de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género presentada por el Grupo Socialista en el Congreso en 2002. En diciembre de 2004, con la llegada de este partido al gobierno, fue aprobada como Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. A raíz de esta ley se crean la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que desde 2012 publican un Boletín Estadístico Mensual y desde 2018 responden al Ministerio de Igualdad.
En Cuba, no se planifica legislar al respecto al menos hasta el año 2028.
Entre las garantías legales que esta ley ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género en España están el derecho a la información y a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada; prerrogativas en materia de Seguridad Social; programas de inserción laboral con incentivos a empresas; ayudas económicas; prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores; becas y ayudas al estudio, entre otras. Estas protecciones se hacen valer a través de 106 Juzgados Exclusivos de Violencia sobre la Mujer, 341 Juzgados Compatibles y 31 Juzgados de lo Penal especializados.
Por su parte, las comunidades autónomas gestionan las asistencias directas, como son los centros de acogida en sus diferentes modalidades: Centros de Emergencias para estancias de hasta 30 días, Centros Integrales atendidos por un equipo —psicóloga, trabajadora social y educadoras— para estancias de hasta 6 meses, y pisos tutelados para estancias aproximadas de un año. Cada año son más las solicitudes de Órdenes de protección presentadas ante los tribunales y aprobadas, y alrededor de un 70% de los juicios se resuelven con sentencias condenatorias; lo cual indica un mayor acceso a protecciones y una menor impunidad, pero no una reducción de la violencia a escala social.
Sin embargo, estas políticas feministas de Estado se conforman desde un feminismo del 99%, eurocentrista, elitista, abolicionista de género y del trabajo sexual, que —de la mano con el racismo institucional que tiene su máxima expresión en la Ley de Extranjería— impide que minorías étnicas, racializadas o migrantes, y quienes se sitúan en las intersecciones u otros márgenes, tengan acceso a esta protección en igualdad de condiciones, condenándoles a la precariedad. La Delegación de Gobierno anunció medidas específicas dirigidas a mujeres en situación de trata y explotación sexual, para garantizar el acceso a las redes de acogida independientemente de su situación administrativa, y estos servicios proporcionados por entidades locales y ONGs dedicadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad también fueron declarados esenciales.
A pesar de que la ley les promete protección, tanto la burocracia como una tradición —relacionada con las prácticas eugénesicas del franquismo— de retirada de custodias justificada en la falta de recursos económicos o el capacitismo, pueden desalentar a muchas mujeres a denunciar situaciones de violencia. Y ante los rebrotes de COVID-19, las medidas más recientes incluyen el cierre de prostíbulos, lo cual deja en la calle a miles de trabajadoras sexuales que han mantenido su reclamo al gobierno ante el abandono institucional durante la pandemia; abandono sufrido también por las trabajadoras de hogar y las temporeras del sector agrícola. La violencia de género a la que están expuestos estos colectivos se ve acentuada por la carencia de protecciones en materia de derechos laborales. A falta de la aprobación a nivel de Estado de una Ley de Identidad de Género —que sí existe en varias autonomías—, el colectivo trans también puede quedar desprotegido, ya que la Fiscalía General del Estado solo reconoce la violencia de género contra elles cuando han obtenido el reconocimiento legal de su identidad.
¿Será este el feminismo esnobista del que nos acusaba en Granma Javier Gómez Sánchez? ¿Un feminismo excluyente, que pretende custodiar quién recibe protecciones sociales?
El feminismo que me inspira no es el de Irene Montero, sino el de Angela Davis: antirracista, anticarcelario, antimilitarista, antimperialista, anticapitalista. El feminismo decolonial de resistencias del Sur global, que propone una economía feminista en torno a los cuidados, que defiende nuestro derecho a abortar, que encarna la tradición emancipadora del afrofeminismo cubano, con la que nuestros historiadores tienen una deuda.
El feminismo con que me identifico es el que está en Cuba con las coleras, las migrantes internas y les trabajadores sexuales, y que reclama un Código de Familia inclusivo. Es el feminismo que estoy aprendiendo de las mujeres que presentaron la Solicitud de Ley Integral Contra La Violencia de Género: Sandra, Marta, Deyni, Ailynn; las que sostienen YoSiTeCreo En Cuba y piden refugios ya.
Intuyo que Javier Gómez Sánchez, y las instituciones que este periodista representa, le temen más a este feminismo que estamos aprendiendo y articulando a pesar de las distancias. Quizá se sientan intimidados por mujeres como La Diosa, o por quienes denuncian el acoso sexual institucionalizado, ejercido muchas veces por los cuerpos policiales o con su complicidad. Su artículo pareciera un ataque preventivo. Probablemente él, ellos, han sido testigos de las violencias que vivimos las mujeres en Cuba; sin embargo, tal vez les preocupe más el hecho de que las luchas, los textos, las denuncias asumidas desde una perspectiva de género propicien una plataforma que nos vaya uniendo. Y que a su vez esa plataforma se convierta en un espacio para desarmar las segregaciones ideológicas que nos han impuesto, con el objetivo implícito de perpetuar las estructuras heteropatriarcales y violentas que los privilegian, los sostienen y los perpetúan en el poder.
Crimen sin castigo
Los que defienden causas imprescindibles, evadidas o segregadas a últimos planos por el gobierno cubano, es decir, los ecologistas, los que luchan contra la homofobia y contra la violencia de género, ¿también están financiados por los Estados Unidos? Si esto fuera así, entonces habría que pensar que los Estados Unidos están actuando dignamente.
