Marlene Azor es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (México), DEA en Sociología por la Universidad de París VIII, y máster en Sociología por la Universidad de Barcelona y la Universidad de La Habana.
Durante casi dos décadas fue profesora de la facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, hasta su censura en 1999. Desde entonces, ha trabajado el fenómeno autoritario a través de la sociología, el periodismo y la teoría política.
Entre sus últimas publicaciones se encuentran Cuba los cambios necesarios (2011-2016): las fallidas políticas públicas y Discursos de la resistencia: los proyectos políticos emergentes en Cuba (2002-2012). Además, es editora y coautora del libro Derechos Humanos: realidades y desafíos en Cuba.
Ha publicado artículos en revistas especializadas e indexadas en Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Francia, España y México. Actualmente, su línea de investigación es Políticas públicas y Derechos Humanos; temas con los que colabora para varias ONG cubanas y latinoamericanas.
La información oficial que reciben los organismos internacionales por el gobierno cubano son datos inaccesibles y no verificables.
Sobre las dimensiones políticas de la inseguridad alimentaria en Cuba, Food Monitor Program (FMP)[1] conversa con ella.
Cuba ha sido halagada como uno de los pocos países del mundo en desarrollo en haber logrado los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996: reducir a la mitad el número de personas desnutridas para el año 2015. Además, cuando es cuestionada la seguridad alimentaria en la Isla, los veredictos de los comisionados son halagadores en tanto “nadie se salta comidas” o “nadie se va a la cama con hambre”. ¿En qué medida son constatables los indicadores sobre seguridad alimentaria para Cuba? ¿Qué opinión le merece esta lectura frente a la realidad cubana actual?
El problema es que la información sobre Cuba ha estado secuestrada por una dictadura totalitaria en los últimos sesenta y tres años. Secuestrados los medios de difusión por el único partido en el poder, el PCC, y secuestrada toda la institucionalidad administrativa política cívica y jurídica por el mismo Partido. Por eso, no ha existido transparencia en la información pública.
Siendo un derecho en la Constitución de la República de 2019, el Decreto-Ley no. 6 “Del sistema de Información del gobierno” (30 de julio de 2020, Gaceta Oficial, no. 54) —así como su reglamento, el Decreto-Ley 9—, restringe y prácticamente anula el derecho constitucional a la información pública para los ciudadanos. A pesar de ser considerados fuente de información, los ciudadanos no tienen garantías de acceder a la información gubernamental. Quien solicite información debe firmar con la autoridad un convenio de “confidencialidad” para que no pueda utilizar estos datos de manera pública. Por ello, desde el índice de pobreza hasta la calidad nutricional de la canasta básica son informaciones “secretas” en Cuba.
Hoy la libreta de racionamiento subsidia solo 19 productos durante 10 días al mes.
El gobierno hace una encuesta sobre los hogares cubanos anualmente (ingresos y egresos); sin embargo, no es posible acceder a esta información. Por tanto, la información oficial que reciben los organismos internacionales por el gobierno cubano son datos inaccesibles y no verificables.
Los funcionarios de la FAO y de la CEPAL, muy cercanos al gobierno cubano, han declarado que Cuba es un ejemplo a seguir en el tema de la seguridad alimentaria y esto se debe a una libreta de racionamiento subsidiada que nació en 1962, pero que no cubre las necesidades nutricionales de los ciudadanos, pese a su carácter universal.
Por ejemplo, en el año 2013, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, dijo: “Cuba tiene hoy una situación de seguridad alimentaria comparable con aquella de países desarrollados, con un índice de subnutrición de menos de 5 por ciento de la población”.
Esta aseveración falsa es el resultado de la manipulación de datos del gobierno cubano. Los funcionarios de la FAO y la CEPAL, como Marcelo Resende, Frei Betto, Alicia Bárcenas y José Graziano da Silva, se han comportado hasta la fecha como “compañeros ideológicos” del gobierno cubano y no como profesionales independientes, ni como funcionarios imparciales de organismos internacionales.
De acuerdo a los indicadores de la ONU, hoy Cuba sufre una inseguridad alimentaria de moderada a grave.
Como usted comenta, el derecho a la alimentación tuvo como supuesto precedente en Cuba la implementación de la libreta de abastecimiento en 1962: un programa social nacional de alimentos subvencionados. El gobierno cubano también ha gestionado otros programas de alimentación y nutrición donde estipula que las personas tienen el derecho a alimentos inocuos, saludables, nutritivos, aptos para el consumo, que satisfagan los hábitos alimenticios de su sociedad. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos y sus interrelaciones, sobre todo en un contexto donde no solo existe inseguridad alimentaria, sino también energética, represión y violencia jurídica, ¿cómo considera el estado actual de la alimentación como derecho en Cuba?
Hoy la libreta de racionamiento subsidia solo 19 productos durante 10 días al mes, marcialmente administrados. Los veinte días restantes la población debe buscar alimentos sin subsidios y muy escasos. Hacer largas filas, no se tienen garantías de acceso.
Y en cuanto a la inocuidad, el gobierno vende productos por esta libreta de racionamiento que no traen ninguna garantía de lo que va a comer el consumidor. Por ejemplo, se vende en vez de carne de res, una masa cárnica que nadie sabe qué elementos la constituyen, ni aparecen los componentes ni los nutrientes desglosados. Otro tanto con subproductos de pescados. Son las proteínas básicas que se venden a la población, junto a los huevos y el pollo per cápita al mes. Sin embargo, nadie sabe de qué están compuestos.
El gobierno les pide a los consumidores una confianza ciega en que son inocuos. Sin embargo, en mi experiencia como consumidora en Cuba, “el picadillo de res extendido” —como nombra el gobierno a este sustituto de la carne de res— presentaba un aspecto nauseabundo y conocí cómo varias de mis colegas se intoxicaron por soya mal elaborada o por el estado de descomposición de esta “masa cárnica”. En resumen, la supuesta seguridad alimentaria que proporciona la libreta de racionamiento no garantiza ni las kilocalorías diarias imprescindibles ni la inocuidad de los alimentos.
La crisis alimentaria en Cuba se debe a una administración incompetente, pero también a una finalidad política de control social y dominio político.
Esto se mantiene como “secreto de Estado”, mientras que el gobierno cubano desinforma a la comunidad internacional. De acuerdo a los indicadores de la ONU, hoy Cuba sufre una inseguridad alimentaria de moderada a grave. No hay accesibilidad a los alimentos todos los días, no existe la garantía de inocuidad y 59% de la población de 14 provincias encuestadas manifiestan que no pueden alimentarse desayuno, almuerzo y comida: se saltan una o dos comidas al día. Sugiero ver al respecto el V Informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos sociales en Cuba.
Como hemos estado comentando, uno de los indicadores fundamentales para el funcionamiento de un gobierno es garantizar el acceso económico y físico a los alimentos. Considerando el desabastecimiento sistémico en Cuba, así como las medidas de la Tarea Ordenamiento que han resultado cada vez más segregacionistas, ¿cómo asumiría usted la crisis alimentaria en Cuba: como efecto colateral de una administración deficiente o como finalidad política?
Creo que la crisis alimentaria en Cuba se debe a una administración incompetente, pero también a una finalidad política de control social y dominio político. La política económica desde 1959 ha sido errática: una planificación centralizada en una estructura piramidal que no produce prácticamente nada, ni bienes ni servicios.
La crisis alimentaria de hoy se remonta a los inicios de los años 90 del siglo pasado, cuando el gobierno perdió los subsidios soviéticos (4 000 millones de dólares o rublos durante casi treinta años). No se producían en Cuba los alimentos, sino que se importaban de todo el campo “socialista”. La pérdida de los subsidios significó entrar en un período de más de treinta años de crisis estructural y humanitaria.
Un síntoma de la hambruna de los 90 fue la desaparición de todos los animales callejeros en Cuba, las personas los cazaban para comer. De esta hambruna latente no se ha salido y la causa es la política económica del gobierno.
Un síntoma de la hambruna de los 90 fue la desaparición de todos los animales callejeros en Cuba.
En Cuba, 51.24 % de la tierra fértil está ociosa y no se cultiva, son datos oficiales de un viceministro primero en 2021. El gobierno aún hoy mantiene maniatada a la propiedad privada de la tierra, que no puede ni crearse, ni producir libremente, ni comerciar libremente al margen del Estado. El gobierno obliga a todos los productores a sujetarse a un plan central de producción y a depender de los insumos y créditos que pueda vender el Estado, en dependencia de la solvencia económica de este.
Los productores no son libres, tienen la obligación de entregar al Estado 75% de sus cosechas o de su ganado a precios por debajo del mercado, algo que desincentiva la producción. El gobierno le llama a esta especie de confiscación “el encargo estatal”.
Las nuevas mypimes recién aprobadas siguen maniatadas a las obligatorias empresas intermediarias estatales, únicas con derecho a importar y exportar. En el país no existen mercados mayoristas de bienes y servicios al margen del Estado. Todo productor tiene que pasar por estas empresas ineficientes e improvisadas que determinan todo: precio de sus servicios, a cuál proveedor internacional se va a pedir el insumo o la maquinaria, y a quién se puede exportar. Una burocracia improvisada, numerosa, lenta y parasitaria entre el productor y el consumidor nacional o internacional.
El Estado quiere ser el proveedor nacional de alimentos importando productos, pero no permitiendo la producción libre de estos dentro del país.
La Tarea Ordenamiento de 2021 no hizo más que disparar la mayor inflación del país en toda su historia republicana porque el sistema económico no produce y el gobierno aumentó radicalmente, de un día para otro, el precio de todos los servicios públicos de agua y electricidad.
Cada año el Gobierno importa 80% de los alimentos que se consumen. Pero eso no significa una oferta estable, accesible, satisfactoria, saludable o de acuerdo a los salarios y pensiones paupérrimos cubanos. La crisis alimentaria es parte de la crisis estructural del sistema cubano y lleva más de treinta años de existencia por la voluntad política del gobierno cubano.
En Geopolítica del Hambre, Josué de Castro explica que ningún factor exterior hiere tanto al hombre como el alimentario: “El hambre deshumaniza, un hombre que tiene hambre no puede ser un hombre libre. […] El comer siempre lo mismo explica la pérdida de ambición, la falta de iniciativa, la tristeza de las poblaciones en situación de socio-segregación alimentaria”. ¿Podríamos entonces considerar el hambre como parte de un mecanismo de dominación? ¿Qué opina al respecto?
La política del hambre para controlar y someter a las poblaciones se ha utilizado frecuentemente en las guerras civiles y en las guerras internacionales, pero también en casos como el Holodomor ucraniano de 1932 y 1933, en el cual Stalin lo utilizó como estrategia para rendir a la población ucraniana al imperio soviético, con millones de muertos ucranianos por inanición.
Mientras los ciudadanos estén ocupados en conseguir el alimento diario, poco tiempo y poca voluntad se puede dirigir a los asuntos públicos restantes que les afectan.
En el caso de las dictaduras totalitarias (la URSS, Europa del Este, Cuba y Corea del Norte), estas comienzan bajo el manto de una revolución, pero desmantelan todo el aparato productivo anterior, confiscan las tierras y criminalizan a los campesinos para imponer una estatalización forzosa y monopólica de la tierra que vuelve a generar los latifundios —esta vez menos productivos porque se gestionan con una planificación central de la economía—, un control casi absoluto no solo de la propiedad de la tierra, sino de todos los mecanismos económicos para hacerla producir.
En el caso cubano, se pueden consultar las inversiones del presupuesto anual de los últimos años registrados en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) y ver cómo la agricultura, con crisis alimentaria, recibe unos por cientos de inversiones ridículos en comparación a la inversión que se hace en el turismo; sector controlado por los militares y sus colaboradores en el poder.
En otras palabras, el Estado quiere ser el proveedor nacional de alimentos importando productos, pero no permitiendo la producción libre de estos dentro del país. Así, pretende controlar hasta el detalle todos los procesos productivos y continuar controlando socialmente a la población sometida para mantener su dominio político.
Los ciudadanos cubanos son usados como rehenes-apéndices del Estado: o se acepta el dominio del PCC o no se puede ser empresario privado en Cuba.
Es una ganancia neta que los alimentos sean vendidos en moneda extranjera por las tiendas del consorcio militar GAESA porque, además de apropiarse de las divisas frescas de las remesas familiares, impone un impuesto de 240% al precio de los productos que vende: tiene un mercado cautivo.
En cambio, las tiendas o los mercaditos que venden en pesos cubanos, moneda con la cual se pagan los salarios y las pensiones, están de manera permanente desabastecidos. Según el V Informe de OCDH, solo un tercio de la población recibe remesas, por eso la crisis alimentaria en Cuba es grave. Aunque el Informe es aproximativo por encuestar 14 de las 15 provincias cubanas, es bastante cercano a la realidad, según el monitoreo que llevo del tema desde 2016, frente a la ausencia de información pública oficial.
¿Qué relación con el poder considera usted que tengan otros “síntomas” que acompañan el drama de conseguir comida en , como la espera, la incertidumbre, la desesperanza?
El drama alimentario en Cuba es de larga data. Algunos estimados no oficiales señalan que la incertidumbre sobre lo que se va a comer al día, y si se va a lograr, constituye 90% de las preocupaciones de los ciudadanos. Como he señalado, los alimentos no son accesibles, saludables ni suficientes, debido a la política económica del Gobierno.
El Informe presentado recientemente en Cuba sobre los impactos del embargo estadounidense, en Naciones Unidas, es un nuevo fraude del gobierno cubano.
Las colas o filas enormes existen en Cuba, como en las restantes dictaduras totalitarias citadas; en el caso cubano, desde 1962. Mientras los ciudadanos estén ocupados en conseguir el alimento diario, poco tiempo y poca voluntad se puede dirigir a los asuntos públicos restantes que les afectan. Este es un efecto colateral del dominio político, cuando se controla por el Estado hasta el mínimo detalle.
Las recientes protestas por los prolongados cortes de electricidad tienen que ver con la pérdida de los escasos alimentos que no se pueden mantener refrigerados y se pierden por esta razón. Recientemente, el laico Frei Betto, teólogo de la liberación brasileña y asesor actual de la FAO y del gobierno cubano en el tema alimentario, declaró que en “Cuba no hay hambre, sino que los cubanos tienen mucho apetito”, y sugirió freír las cáscaras de las papas o de otras verduras, como alternativa, desconociendo que la libreta de racionamiento ni siquiera aporta el aceite comestible indispensable para el mes.
La indignación popular frente a estas declaraciones se hizo evidente en las redes sociales. El Plan Nacional Alimentario en Cuba (SAN) —del cual también es asesor Frei Betto— es un conjunto de declaraciones de “buenas intenciones” con relación a la alimentación, pero en el cual no se puede encontrar ninguna medida encaminada a transformar la estructura agraria ineficiente o promover otro tipo de acceso a la tierra. Es decir, que este Plan propone continuar con todos los mecanismos de control sobre la producción de alimentos en el país, que lo mantiene hace más de treinta años en la crisis alimentaria, estructural y humanitaria por incompetencia del gobierno y su política errada.
Cuba tiene hoy una de las canastas básicas de alimentos más pobres de toda América Latina, en calidad y cantidad.
Pero esto también responde a la intención de mantener a la población dependiente y cautiva del gobierno y a su afán de dominio político absoluto. Los ciudadanos cubanos son usados como rehenes-apéndices del Estado. Incluso los nuevos emprendedores cubanos tienen como condición discrecional, al margen de la ley, no criticar ni cuestionar las políticas del gobierno que restringen y anulan sus derechos empresariales: o se acepta el dominio del PCC o no se puede ser empresario privado en Cuba.
Varios economistas cubanos están planteando al gobierno, desde la década de los años 90 del siglo pasado, la libertad económica de la propiedad, la producción y el comercio al margen del Estado, y la eliminación de todas las intermediaciones estatales que obstaculizan la producción de alimentos. No han sido escuchados.
Las cooperativas pesqueras siguen prohibidas en Cuba, como declaró el Gobierno en su Informe voluntario sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la CEPAL, en 2019, aunque en el informe no aparecen las causas de esta prohibición. Siendo una isla rodeada de mar, la pesca privada está reducida al consumo personal. Por eso, en la dieta cubana, el pescado y los frutos del mar están ausentes como componentes esenciales, y la libreta de racionamiento da una cuota personal risible de pescado de baja calidad o de subproductos reelaborados.
Algunas estimaciones mundiales sitúan la inflación en Cuba como la segunda más alta.
En Cuba, la soberanía alimentaria ha sido una etiqueta recurrente como “logro revolucionario” ¿Cómo interpreta usted esta narrativa que Cuba promueve de cara a organismos internacionales? ¿Considera que representa una voluntad gubernamental genuina o una estrategia de legitimación? ¿Como historiadora y teórica política, podría comentarnos un poco más sobre las consecuencias del discurso de la soberanía en sistemas totalitarios/autoritarios?
La soberanía alimentaria no es más que el derecho de todo Estado a crear programas nacionales para garantizar la alimentación. Pero en una dictadura totalitaria como la cubana, hacer un Plan Nacional de “buenas intenciones” sin el control público independiente al PCC no garantiza el derecho humano a la alimentación.
Como mencioné, este SAN habla de mayor autonomía para los productores, pero mantiene maniatados a todos los productores a las empresas “socialistas” emergentes e improvisadas, que son las únicas autorizadas a exportar-importar insumos, maquinarias, productos.
Las inversiones extranjeras directas en la agricultura se permiten solo en la colaboración con empresas estatales socialistas, o como proveedores en consignación para mercados mayoristas aún inexistentes. Los inversores extranjeros no pueden colaborar directamente con los productores privados. Mientras tanto, la deuda acumulada con el Club de París y otros países aumenta el riesgo. Y, hasta el momento, el capital internacional no está interesado en invertir de esta manera por falta de pagos e inseguridad jurídica.
La comunidad internacional pudo conocer la hambruna de los 90 en la ex URSS a partir del shock que produjo de un día para otro la subida drástica de los precios de los alimentos.
Hay un Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, pero tampoco en este Plan se observa un cambio estructural de la economía cubana, que sesenta y tres años después muestra una política económica y una estructura fracasadas.
En otras palabras, un Plan Nacional Alimentario en el contexto de una dictadura totalitaria no garantiza el derecho sustantivo a los alimentos. Tampoco garantiza la seguridad alimentaria en el país. Ambos Planes son utilizados por el gobierno cubano para garantizar un apoyo en la comunidad internacional. Lamentablemente, han sido hasta el momento manipulaciones fraudulentas creadas a puertas cerradas y sin control público, con datos, cifras y objetivos no verificables y especulativos.
En mis vivencias en la Unión Soviética, en los finales de los años 70 e inicios de los años 80 del siglo pasado, experimenté la diferencia entre el consumo de alimento en Moscú y la periferia. La comunidad internacional pudo conocer la hambruna de los 90 en la ex URSS a partir del shock que produjo de un día para otro la subida drástica de los precios de los alimentos. Tampoco la ex URSS —ni los países de Europa del Este— había logrado la seguridad alimentaria y, sin embargo, la propaganda de estos partidos en el poder lo señalaban como un “logro” del sistema “socialista”.
El Informe presentado recientemente en Cuba sobre los impactos del embargo estadounidense, en Naciones Unidas, es un nuevo fraude del gobierno cubano. Los datos y las cifras que aparecen en ese informe, como en los anteriores, son cifras especulativas de lo que hubiera ingresado al país si hubieran existido inversiones millonarias de Estados Unidos, con líneas de créditos blandos negociados con el gobierno cubano. Un intercambio comercial ideal y subsidiado que no ha logrado el gobierno cubano con ningún país occidental en los últimos sesenta y tres años.
La supuesta soberanía de hacer planes alimentarios no garantiza el derecho a la alimentación en una dictadura totalitaria.
Por último, ¿qué iniciativas de la sociedad civil considera actualmente provechosas o qué estrategias recomendaría seguir para abordar, denunciar, evaluar o contrarrestar el tema de la inseguridad alimentaria en Cuba?
Creo que una organización como la de ustedes puede incidir en desmantelar una narrativa falsa sobre la seguridad alimentaria en Cuba. No conozco otra iniciativa ciudadana especializada en el tema de los alimentos en Cuba, lo cual no quiere decir que no exista.
La supuesta soberanía de hacer planes alimentarios no garantiza el derecho a la alimentación en una dictadura totalitaria: no hay transparencia informativa y se reprime cualquier cuestionamiento de las políticas públicas del gobierno. Los regímenes políticos no se pueden evaluar por sus intenciones, sino por sus resultados.
La situación real se debe mostrar de acuerdo a los indicadores de la ONU: Cuba sufre una crisis alimentaria a partir de la pérdida de los subsidios soviéticos y su sistema económico impide la producción de alimentos, al no permitir la propiedad privada, el comercio y producción libres al margen del Estado cubano. Esto es imprescindible para concientizar a los organismos internacionales sobre la situación de crisis alimentaria sostenida, que no tiene que ver con los eventos naturales o el embargo estadounidense, sino con el sistema económico cubano impuesto por la dictadura.
Algunas estimaciones mundiales sitúan la inflación en Cuba como la segunda más alta, luego de Zimbabue.
Pienso, además, que es necesario desmantelar el sistema económico cubano de control absoluto de todos los mecanismos económicos y exigir la libertad económica de la propiedad privada, pequeña y mediana, y de la producción y comercio privados, así como eliminar el monopolio estatal del comercio interior.
La libreta de abastecimiento/racionamiento creada en 1962 fue menguando en la cantidad y calidad de los productos hasta hoy, que solo garantiza 19 productos; una de las canastas básicas de alimentos más pobres de toda América Latina, en calidad y cantidad, y que no atestigua el acceso estable y necesario a los alimentos.
Tampoco está garantizada la inocuidad de los alimentos y los alimentos necesarios no son accesibles a los ciudadanos, ya sea por la falta de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, por la falta de producción en el país, por la falta de explotación de las tierras fértiles o por las prohibiciones estatales sobre la producción de alimentos.
Por eso, algunas estimaciones mundiales sitúan la inflación en Cuba como la segunda más alta, luego de Zimbabue. La inseguridad alimentaria en Cuba es de moderada a grave, una hambruna latente y prolongada por voluntad política del partido único en el poder.
Nota:
[1] La siguiente conversación forma parte de las entrevistas a expertos que conduce FMP (https://www.foodmonitorprogram.org).
© Imagen de portada: Marlene Azor.
Catherine Zuaznábar: “Yo quería volver a bailar en Cuba” (I)
“A veces los bailarines se exigen demostrar que son buenos. Esa etapa para mí ya pasó. He estado en grandes compañías. He bailado obras de grandes coreógrafos”.
