Es evidente que la situación actual del régimen cubano, a medida que pasen los días, entrará en una espiral de descomposición general que no podrá ser detenida por la represión ni tampoco por las promesas de mejoría futura por parte de un gobierno dictatorial; con un carácter represivo ya evidente, tanto en el plano interno como internacional.
A los grupos que dentro del entramado de sus propios intereses ejercen el control del país en este momento, al margen del gobierno títere y sus figuras sin peso ni reconocimiento, solo les queda esperar medidas globales de aislamiento que empeorarán la tensa situación en las calles, con la consabida repercusión a nivel de gobernabilidad y de la capacidad de mantener una paz social que se debilita rápidamente y urge recuperar para evitar males mayores.
Los acontecimientos de los últimos días, así como aquellos nuevos que se suceden a cada minuto, señalan claramente que, de persistir en aferrarse al poder, la situación puede escalar a un panorama de abierta violencia. El enfrentamiento entre agentes armados y una población acorralada que luego de décadas de abandono y pobreza, sumados a la urgencia que impone la pandemia, se ve dejada a su suerte mientras muere, de forma mísera, al ser rechazada de los atestados hospitales por el total colapso del servicio de salud pública, tiene un costo demasiado alto.
Por esta y otras razones, la única salida posible que se le deja a esa masa desesperada es un salto hacia adelante que pueda significar el escape a esta disyuntiva criminal en que se ve inmersa sin remedio: el derrocamiento, no importa a que costo, del sistema que le obliga a escoger entre la aniquilación o una solución que pasa irremediablemente por el fin del propio orden que le ha llevado a este punto.
La situación insostenible a la que nos han conducido sesenta y dos años de políticas económicas erradas, represión, inmovilismo, simulación y una política que ha utilizado el miedo como método de control han producido el despojo absoluto, tanto físico como cultural en la ciudadanía, de aquellos derechos en los que se fundamenta la capacidad productiva y de supervivencia de una nación.
Una voluntad suicida de mantener el control no puede extenderse a costa del sacrificio de la población civil que sufre en este momento una situación límite que amenaza directamente y sin ambages su capacidad de sustento y sobrevivencia. La tozuda persistencia en el poder de los incapaces que buscan la salvación de una cleptocracia corrupta en todo aspecto solo hará que la situación empeore.
Agotadas todas las vías para mantener el poder y el desigual e inhumano orden impuesto, sin recursos para garantizar la alimentación y salvaguarda del pueblo, es hora de analizar cuáles son aquellas salidas que pueden aplicarse al momento y establecer las bases por las cuales ha de regirse esta etapa de cambio; unas que garanticen una solución civilizada y que deben comenzar a contemplarse con toda seriedad por parte de aquellos que hasta ahora, sordos y ciegos, detentan un poder ilegítimo sustentado solo por la fuerza.
Reconocer de inmediato a la oposición y permitir su articulación en grupos legales no solo evitará que el conflicto escale a un punto de no retorno, también ofrecerá una señal importante de que se está dispuesto a la negociación y a la búsqueda de caminos consensuados para resolver la situación actual.
Se deben devolver de forma inmediata a la ciudadanía, verdadero y único agente de cambio capaz, aquellos derechos conculcados y la plena libertad de emprendimiento y desarrollo para aliviar la grave situación de escasez alimentaria y de bienes existente en la Isla. Son las personas y su infinita capacidad creativa las que pueden de inmediato y sin dilación comenzar a solucionar por sí mismos su precaria condición. El Estado debe poner a su disposición, y sin trabas de ningún tipo, todos los medios que permitan la producción de alimentos y bienes, así como la entrega de servicios, liberando el ejercicio del trabajo individual y permitiendo que los profesionales y graduados entreguen sus conocimientos para el beneficio de todos en aquellas ramas económicas que lo demanden y del modo que estimen.
Es necesario que un trabajo libre contribuya en un plazo acotado al restablecimiento de un mercado interno capaz de suplir las necesidades básicas de las personas en el menor tiempo posible, a la par que nos libre de la excesiva dependencia externa.
La oposición, por su parte, debe establecer una coalición en que las diversas fuerzas existentes estén representadas y actúen en conjunto a través de una hoja de ruta que trace la dirección en que se ordenará el país mientras dure la instalación de aquellos cambios que la ciudadanía exige y que son acuciantes para la supervivencia.
Gestionar la amnistía de todos los detenidos por causas políticas.
En este momento no puede dilatarse la adopción de un papel conciliador y de cooperación con individuos civiles e instituciones oficiales de dentro y fuera que asuman la asistencia de la población dentro del estado de calamidad pública y emergencia como parte de las medidas de auxilio, lejos de toda diferencia que debe posponerse.
El pedido de ayuda a la comunidad internacional para evitar más muertes y la instalación de hospitales de campaña y mecanismos de socorro debe ser de inmediato, con independencia del país que lo ofrezca. Las autoridades civiles y militares deben trabajar en coordinación para permitir el acceso de los organismos internacionales de asistencia. Toca a la oposición crear los medios con que se velará por el destino de lo recibido y que llegue a los lugares más necesitados; así como el gobierno conjunto y las disposiciones futuras mientras dure la transición a un sistema que permita la administración pública y su funcionamiento hasta que pase la emergencia.
Es de primordial importancia que se reconozca y comprenda por el poder actual lo imposible del sostenimiento de un orden público mediante la coacción y la imposición de métodos que sienten en las personas ánimos que llamen a la confrontación y a la resolución violenta que pueda desembocar en un conflicto fratricida.
El régimen debe cesar de inmediato toda acción dirigida al castigo de los inocentes que expresan su inconformidad en medio de una situación insostenible para ellos. Toda disposición, ordenanza o ley de carácter punitiva y penal que vaya en contra de las personas, su libertad o el ejercicio de sus derechos debe ser derogada con urgencia.
Todos los agentes destinados a la vigilancia o control de las personas y las fuerzas armadas, así como todos sus medios logísticos, deben emplearse de inmediato en tareas relativas a la asistencia de los enfermos y a la distribución de ayudas.
Los detenidos que cumplan penas menores deben ser liberados para evitar el hacinamiento y los focos de contagio en las prisiones. Encarcelar personas en medio de una pandemia letal es una medida criminal que va en contra de la condición humana y con la cual se les condena a la muerte, lo que se inscribe abiertamente en aquellos delitos de lesa humanidad en los que no debe incurrirse de ninguna manera por la gravedad que revisten. Capacitar adecuadamente a los responsables del orden en los centros de detención, cuarteles y unidades policiales sería una buena manera de comenzar este camino.
Insistir voluntariamente en tergiversar y obviar una realidad existente e ineludible solo provocará un mal mayor en el que no habrá ganancia posible para los involucrados. Reconocer que el momento de dar un paso al lado llegó, y ceder, permitirá la reconstrucción sin rencores ni venganzas del país y su tejido social.
Aplicar desde ya, en todas direcciones y a todos los niveles, procedimientos y directrices que eviten la normalización diaria de la violencia en la vida diaria como único medio de validación es un deber de todos los que, de una parte u otra, deben trabajar para encontrar formas civilizadas para zanjar diferencias. Desde el Gobierno sería un acto de reconciliación y abriría un espacio donde no se ajustarán cuentas de modo indiscriminado con los responsables directos de la debacle nacional a la que hoy nos enfrentamos.
Hacer la paz se vuelve a cada minuto más que necesario, imprescindible, para identificarnos como hermanos todos los que conformamos el pueblo cubano. Reconocer los errores pasados y presentes disminuiría la posibilidad de detonar un conflicto real y palpable que de otra manera podría estallar en cualquier momento.
La solución a esta hora compleja en la que chocan el derecho humano más elemental contra una voluntad errada de sostener lo insostenible pasa por el trabajo conjunto y voluntario de esa parte que debe, puede y tiene por obligación para con el pueblo al que pertenece, dar el primer paso hacia una reconciliación sincera en la que se reconozca el espacio que pertenece al otro, se establezcan sus competencias antes cuestionadas o prohibidas, se abran oportunidades y se permita a las personas, agrupadas en una sociedad civil libre y capaz, generar por sí mismas las condiciones que solo esta es puede producir para su propio mejoramiento en un ambiente de conciliación y mutua confianza.
Virgen de la Caridad: ¡Salva a Cuba!
Me sorprenden y estremecen estas y otras declaraciones: “no nos dejemos robar las redes sociales por el enemigo”.
Ya el CCPCC tomó nota de esta espléndida hoja de ruta. Y la puso en su lugar. Muchísimas gracias por indicar el camino. Vamos bien, Canel. La luz de Soyla nos alumbra. Toda-vía.