Los sucesos de confrontación ciudadana hacia el Estado totalitario, acontecidos en Cuba desde fines del 2018, han modificado el contexto y las estructuras de oportunidad política. El impacto de estas pudiera producir un aumento en los niveles de movilización social, que por primera vez tendrían el potencial de modificar los resultados históricos fallidos de organizaciones cubanas y potenciar un camino hacia la democracia.
En el contexto de las democracias, las oportunidades políticas para los movimientos sociales han sido amplias; las diversas instituciones existentes dentro el marco legal del Estado garantizan la participación política de la mayoría de los ciudadanos. Estas instituciones se han encargado de enviar señales a los actores sociales o políticos que conforman las sociedades civiles para alentarlos a usar recursos, en su mayoría financiados por el mismo Estado, con los que pueden formar movimientos políticos y sociales, contestatarios o no.
Estos puentes o puntos de acceso garantizados por las democracias han sido definidos como estructuras de oportunidad política. En la práctica, han funcionado como filtros entre los movimientos sociales legales, sus elecciones de estrategias y sus capacidades para el cambio social, que siempre se dan dentro de los marcos definidos por el sistema democrático.
En las sociedades regidas por gobiernos totalitarios, se produce una situación contraria: los movimientos tienen que surgir al margen del Estado y asumir una actitud de confrontación disruptiva, al no tener otras opciones ante un Estado que las desconoce, las reprime y las denigra. Esto produce un fenómeno que favorece a su vez el surgimiento de nuevos movimientos contestatarios.
En el contexto de sociedades totalitarias como la cubana, que no cuentan con estructuras de oportunidad política que garanticen el accionar independiente al Estado de sus ciudadanos, las estrategias políticas de los movimientos disidentes locales se han basado en cuestionar al Estado y en crear y operar organizaciones al margen este, funcionando en la ilegalidad y adoptando estrategias de confrontación orquestadas fuera de los canales establecidos por la legalidad del gobierno de partido único[1].
Esta manera de operar de movimientos marginalizados y carentes de oportunidades legales para disentir en Cuba, hace que las oportunidades políticas se produzcan en escenarios sumamente complejos, no siempre basados en decisiones estratégicas, sino mas bien reactivas y fundamentadas en la desesperación, y que con alta probabilidad conducen a actos de confrontación con el Estado o, eventualmente, a movilizaciones[2]. En un modelo como el cubano (donde la confrontación con el Estado y sus agentes, o la movilización, son mucho más riesgosas que en una democracia), se han necesitado oportunidades políticas definidas que reducen los costos de las acciones colectivas cuando estas han ocurrido.
Hasta hace poco, los grupos contestatarios o disidentes en la Isla habían diseñado estrategias de oportunidades políticas contenidas y singulares, enfocadas hacia la confrontación con el Estado, pero sin producir sustanciales adhesiones de ciudadanos a sus causas. Solo lograban adscribir a sus empeños a un número limitado de seguidores o simpatizantes, que en su casi totalidad serían personas estigmatizadas, perseguidas y, sobre todo, vigiladas por las instituciones de seguridad del régimen, lo cual limitaba aún mas el ejercicio de sus estrategias de oportunidad política.
Muchas de estas acciones llevadas a cabo por la disidencia cubana, al menos en los últimos 30 años, han usado una variedad de recursos limitados en alcance: algunas, apelando a la denuncia a violaciones de derechos humanos puntuales, como las diseñadas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dirigida durante años por Elizardo Sánchez; otras, organizando marchas de protesta que se circunscriben a sus miembros, como las caminatas organizadas por las Damas de Blanco; o recurriendo a mecanismos constitucionales legales, con proyectos ingeniosos como el ideado y dirigido por el activista Oswaldo Payá en 1998, que abogaba por reformas políticas en Cuba a favor de mayores libertades individuales. También han realizado huelgas de hambre, como la protagonizada por el Movimiento San Isidro, o la más reciente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), liberada por José Daniel Ferrer.
Estas acciones estratégicas de oportunidad política, que no han sido las únicas, tienen un elemento común: han estado diseñadas en la búsqueda de una estrategia de confrontación con el Estado totalitario, pero sin generar adhesiones masivas de ciudadanos[3].
En este punto, es necesario mencionar que a las limitaciones con que habían operado en Cuba las organizaciones independientes enfocadas en el disenso, se sumarían sus incapacidades casi absolutas de hacer llegar sus mensajes políticos a la ciudadanía, debido al control total de los canales de comunicación por parte del poder totalitario. Este apagón informativo, mantenido durante muchos años, impedía la canalización de cualquier demanda legítima al poder político.
Estas condiciones precarias de operación han llevado a que las fuerzas de oposición en Cuba hayan ofrecido históricamente una imagen de debilidad, desorganización, ineficacia y, sobre todo, de impotencia. La percepción generalizada de impotencia, que ha sido común en regímenes no democráticos, ha actuado como un freno real a la movilización en la Isla[4].
La precariedad funcional de los movimientos críticos, a menudo ha hecho parecer al régimen como invulnerable a la protesta popular. Sin embargo, el régimen ha presentado debilidades sustantivas, que han surgido por varias razones: la brecha entre la rígida ideología estatal y las realidades sociopolíticas del país; las ineficiencias institucionales del propio Estado totalitario; y los cambios en la geopolítica y la economía internacional, con la caída de los subsidios venezolanos, el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses durante la pasada administración de Trump, y las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia.
Además, con la llegada de la telefonía celular y el Internet a la Isla, el férreo control estatal de la comunicación comenzó a romperse, lo que otorgó a los movimientos independientes de canales de comunicación directos con la ciudadanía cubana, sorteando el bloqueo de los medios masivos. Este sería un cambio paradigmático importante: el poder totalitario comienza a perder su capacidad única de comunicarse con la ciudadanía, mientras los gobernados adquieren la habilidad de criticar, demandar, y sobre todo, movilizarse. Con ello se potencian a niveles inimaginables las oportunidades políticas de los ciudadanos y los movimientos sociales[5].
En esta nueva coyuntura, que vulneraba la sensación de invencibilidad de la dictadura cubana, se hacía indispensable que los grupos contestatarios se enfocaran en un diseño de estrategias de oportunidad políticas centradas en lograr adhesiones sustanciales de ciudadanos a la causa de la democratización. Este proceso de recambio de las estrategias para el ejercicio de oportunidades políticas ya ha comenzado a gestarse en la Isla.
El proceso lo iniciaría un grupo de artistas independientes a partir de diciembre de 2018, como respuesta a la entrada en vigor del Decreto No. 349, destinado a regular las actividades artísticas y culturales en el país. Una de las principales consecuencias de las protestas contra este decreto se materializaría con la creación de un movimiento que resultará crucial en el proceso de recambio de estas oportunidades políticas: el Movimiento San Isidro (MSI).
Con la fundación del MSI, bajo el liderazgo de Luis Manuel Otero Alcántara, se inició una dinámica de potenciación de las actividades de la disidencia cubana, amplificada por el uso de las redes sociales. La desarticulación por la fuerza del plantón del MSI en noviembre pasado —iniciado en protesta por el encarcelamiento de un artista urbano— generó un incremento del descontento entre sectores intelectuales, artísticos, activistas y periodistas independientes, quienes iniciarían una acción colectiva de cientos manifestantes en una sentada frente al Ministerio de Cultura, exigiendo el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura y el hostigamiento a representantes del arte.
Esta acción colectiva transcendental —que ocurrió de una manera espontánea— marcó una diferencia con la mayoría de las acciones de alcance limitado que se habían producido en el país. Aunque la sentada fue disuelta por decisión de sus participantes, sin que se cumpliera el pliego petitorio de los manifestantes y sin generar una cascada de movilizaciones posteriores, sí potenció un contexto político cargado de dinamismo, que tendría un impacto enorme en el rediseño de la estructura de la oportunidad política en la Cuba totalitaria.
Inmediatamente después de la sentada frente al Ministerio de Cultura, muchos de los artistas e intelectuales participantes se agruparían bajo una cierta configuración organizacional definida por un acrónimo: 27N[6]. El nuevo movimiento —con un liderazgo plural y poco definido, surgido precisamente como parte del fenómeno que se fundamenta en el fracaso de la intermediación de intereses por parte de las instituciones de Estado cubano, que se negaron establecer un puente mínimo como estructura de oportunidad que canalizase demandas legítimas— comenzó a demandar la apertura de un canal de diálogo con el gobierno, y la inclusión no solo de miembros del 27N, sino también del MSI y de periodistas de medios independientes. La respuesta de las autoridades fue la represión a sus miembros mediante amenazas, hostigamiento y detenciones ilegales.
Muchos críticos comenzarían a interpelar este nuevo proceso de dinamización de las oportunidades políticas ciudadanas potenciado por el MSI y 27N, debido a lo que algunos han percibido como una manera marginal de expresión y acción por parte de algunos miembros del MSI, y a la supuesta poca voluntad de mantener una estrategia más disruptiva por parte del 27N, que en un inicio favorecía un diálogo con las élites totalitarias.
Aquí es importante —en respuesta a los críticos de movimientos como el MSI, 27N o incluso UNPACU— no pasar por alto el hecho de que las acciones colectivas de los movimientos revolucionarios que pueden potenciar cambios sociales son, como diría John Dunn, “actos de gran complejidad (…). La acción colectiva es un proceso dialéctico, un viaje complejo hacia un destino por definición impreciso, con viajes paralelos y desviaciones, con oportunidades aprovechadas o perdidas, limitaciones sorteadas, superadas o concedidas en una serie de interacciones mas o menos complejas con otros actores encontrados en su curso”[7].
La cita de Dunn explica perfectamente lo que se está gestando en Cuba: el proceso que podrá producir un cambio que desmantele el sistema totalitario, no está exento de dificultades, oportunidades desaprovechadas, saltos o desviaciones, pero parece mostrar una voluntad de solidaridad y de integración entre los principales grupos que parecen conformarse como líderes en un proceso de cambio.
Esta voluntad, que es fundamental para garantizar un proceso de transición exitoso —como planteé en un articulo anterior publicado en este medio—, está claramente definida en el magnífico manifiesto lanzado por el 27N el 12 de abril del 2020: una declaración programática que se constituye en un importante hito en la lucha contra el totalitarismo, al definir un modelo organizativo de corte horizontal con un programa sin inclinaciones ideológicas, marcando de una manera clara y concisa el camino estratégico hacia la construcción de un sistema democrático en Cuba.
Cuidadosamente redactado, este programa del 27N marca nuevo paradigma en las oportunidades políticas en Cuba, y pudiera servir de modelo a otros grupos con el mismo objetivo. Lo cual facilitaría la futura integración de variadas organizaciones independientes hacia un movimiento con mayor alcance.
La plataforma programática lanzada por el 27N, y las acciones de adhesión ciudadana a la causa del MSI, vistas recientemente en el barrio de San Isidro, trazan un camino positivo y esperanzador para la ocurrencia de acciones que, coordinadas por un movimiento unificador, pudieran modificar el contexto político y las estructuras de oportunidad política en Cuba. Estas, su vez, pudieran conducir a una transición democrática, al marcar el inicio de verdaderas interacciones estratégicas con el Estado totalitario, interacciones que ya no estén marcadas por acciones reactivas y fundamentadas en la desesperación[8].
Lo que vendrá, será una tarea más ardua: la organización de un proceso masivo de resistencia civil, que solo será posible con la creación de los consensos grupales que demanda el 27N en su plataforma.
Notas:
[1] Aunque no existen estudios específicos sobre oportunidades políticas en el contexto cubano y las decisiones estratégicas disponibles para los movimientos independientes locales, sí hay disponible literatura que refleja la manera en que operan movimientos sociales en contextos similares. Ver: Schock, K. (1999). “People power and political opportunities: Social movement mobilization and outcomes in the Philippines and Burma”. Social Problems, 46, 355-375; Schock, K. (2005). Unarmed insurrections: People power movements in non democracies. Minneapolis: University of Minnesota Press.
[2] Las oportunidades políticas en escenarios complejos, y su vinculación con decisiones estratégicas que pueden conducir o no a protestas, se encuentran bien desarrolladas en el siguiente texto: Meyer, D. S. (2004). “Protest and political opportunities”. Annual Review of Sociology, 30,125-145.
[3] Haroldo Dilla ha mencionado que además de los grupos abiertamente disidentes, en los años 90 emergerían grupos reformistas que, aunque realizaban ciertas críticas al gobierno, no cuestionaban la legitimidad del orden establecido y trataban “siempre de encontrar espacios para mostrar su coincidencia co el oficialismo en todos los temas en que sea posible”. Dilla los llamaría “críticos consentidos”.
[4] Dilla ofrece una caracterización interesante de las organizaciones opositoras que operaban durante los 90s y las dos primeras décadas del siglo XXI, a las que caracterizaba por poseer una “incapacidad crónica”, debido a que el régimen les impedía la comunicación emergente con la sociedad cubana, que define como un “cerco sanitario represivo”.
[5] ¿Ayudarán las mejoras en las tecnologías de la información a derrocar los regímenes autocráticos? Los optimistas sobre este tema enfatizan el papel de las nuevas tecnologías para facilitar la coordinación y mejorar la información sobre las intenciones y vulnerabilidades de un régimen. La “Primavera Árabe”, que comenzó en diciembre de 2010 en Túnez, Egipto, Libia y otros lugares, ha llevado a un debate generalizado sobre el papel de las tecnologías de medios como Facebook, Twitter, Skype y YouTube para facilitar el cambio de régimen. Una discusión similar siguió al uso de tales tecnologías durante las manifestaciones masivas contra el régimen iraní en junio del 2009. Ver: Kirkpatrick, David D. (2011). “Wired and shrewd, young Egyptians guide revolt”. New York Times, February, 1; Musgrove, Mike. (2009). “Twitter is a player in Iran’s drama”. Washington Post, June, 1.
[6] Movimiento que Armando Chaguaceda y Melissa C. Novo definirían como “la frágil confluencia de mundos tradicionalmente segmentados por la represión y la propaganda; ahogados ante la imposibilidad de articularse sin mediaciones institucionales y obligados a reproducir discursos preconcebidos que se dirigen, acríticamente, hacia una disciplina cultural y una normalización de la conducta”.
[7] Dunn, J. (1972). Modern Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 233.
[8] El siguiente artículo sería fundamental para los líderes de los grupos disidentes cubanos, al analizar las estrategias para la formación de coaliciones opositoras estratégicas entre diferentes movimientos en sistemas no democráticos. Ver: Acemoglu, D., Egorov, G., and Konstantin Sonin. (2008). “Coalition formation in non-democracies”. Review of Economic Studies, 75 (4): 987–1009.
Manifiesto del 27N
El 27 de noviembre de 2020 más de trescientos intelectuales, artistas y periodistas acudimos al Ministerio de Cultura para exigir el reconocimiento de nuestras libertades y derechos ciudadanos; y para expresar el rechazo a la violencia de Estado, sostenida por años e incrementada en los últimos meses.
