El pasado 8 de enero, el Ministerio de Cultura anunció la liberación por renovación de los viceministros Fernando Rojas y Kenelma Carvajal Pérez, quienes pasarán a cumplir respectivamente las funciones de asesor del ministro de Cultura y tareas para el Comité Central del Partido, hasta ahora no especificadas.
En sus lugares, el comunicado informó que serían designadas Lizette Martínez Luzardo y Lillitsy Hernández Oliva, quienes hasta ahora habían ocupado la dirección general de Políticas Culturales y la presidencia del Consejo Nacional de las Artes Escénicas respectivamente. Según el Ministerio de Cultura, la “liberación” de los cargos responde a una “política de renovación paulatina de los cuadros de dirección a todos los niveles” y “ratifica en la práctica la confianza de la Revolución en los jóvenes”. Asimismo, el Consejo de Dirección de la entidad cultural agregó en el texto “la consagración, lealtad revolucionaria e intachable conducta ética” de los cuadros salientes.
Dos días después de esta “renovación”, el Gobierno publicó la remoción de Luis Morlote Rivas, hasta entonces en la presidencia de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), siendo sustituido de forma temporal por la musicóloga Marta Bonet hasta el X Congreso de la organización, previsto para junio. Según el comunicado, la periodista y funcionaria Magda Resik pasaría a asumir la vicepresidencia primera.
A la semana siguiente de estas decisiones, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) anunció la promoción de dos nuevas vicepresidentas Gladys González Martínez y Yanin Martínez Guillén. Además, la Comisión de Cuadros del instituto promovió a Osner Peraza Ferrer como cuadro, para atender la Oficina de Atención a la Producción audiovisual, cuyas funciones se potenciarían en la Dirección de Creación artística. Nuevamente, el comunicado afirmó que estos cambios tienen el objetivo de “promover a jóvenes en áreas fundamentales de la institución, para lograr avanzar en temas vitales para el desarrollo del cine cubano”.
La destitución o sustitución de puestos dentro del comisariado político de la Isla se ha hecho habitual en los últimos años, como parte de una metodología ad hoc de “parchear”, “reciclar” y buscar chivos expiatorios ante administraciones fallidas. También obedece a la larga tradición de un poder autoritario, personalista, divorciado del consenso y de la rendición de cuentas, altamente interdependiente entre los organismos del Comité Central del Partido Comunista, el Estado y el Gobierno. De hecho, la sustitución fue originalmente propuesta por Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, lo que demuestra la estrecha subordinación de las entidades culturales del país al designio del Partido, bajo un fuerte sustrato ideopolítico.
Historial represivo de los cargos salientes
Tanto Rojas como Carvajal han acumulado suficiente descrédito y rechazo entre los artistas independientes por su posición servil y justificativa de las políticas de censura y represión ejercidas por el ministerio que representan. Rojas fue uno de los personajes oficiales representativos de episodios de coartación de la libertad artística y cívica como la firma del Decreto no. 349, la reunión con artistas durante la jornada del 27 de noviembre de 2020 y el enfrentamiento con algunos de estos el 27 de enero de 2021, ocasión en la que el actual ministro Alonso Grau agredió a un periodista de Diario de Cuba (DDC) y luego los artistas fueron detenidos violentamente e interrogados por agentes de la Seguridad del Estado.
Carvajal, miembro de la familia Castro, también ha tenido una activa participación en foros internacionales, defendiendo la política cultural del régimen cubano. Durante la promulgación del Decreto no. 349 fue activa en la presión y coerción ejercida sobre artistas, en especial contra la curadora Anamely Ramos, quien luego fuera despedida de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte.
En diciembre pasado, ambos ministros “liberados” participaron igualmente en el descrédito de iniciativas independientes como el Festival de Cine Instar, organizado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt. Al respecto, Carvajal refirió: “Una vez más, la maquinaria de la contrarrevolución atentando contra el sistema institucional de la cultura y la fiesta del cine del pueblo cubano”. Mientras, Rojas justificaba la exclusión de películas del oficialista Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano por considerarlas “un ataque a la Revolución”. En esta misma tónica el ministerio había perdido aún más autoridad tras el más reciente episodio de presión frente a los cineastas cubanos, quienes, habiendo conformado una asamblea para exigir libertad y derechos creativos, no habían percibido más que dilaciones y amenazas veladas.
En lo concerniente a Morlote, en sus respectivas funciones de diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, anterior presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) (2006-2019), y luego a la cabeza de la Uneac, también ha sido visible como figura represiva y hostigadora contra artistas cubanos. Por ejemplo, ha atacado y criminalizado a intelectuales y artistas firmantes de textos como “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, así como ha restado relevancia y justificado la represión policial y penal contra los manifestantes del 11J. Cabe señalar que estuvo durante dos décadas integrando las directivas, a diferentes niveles, de la AHS, organización oficialista que se ha destacado en la represión y proscripción de artistas cubanos como el grupo de punk Porno para Ricardo, los artistas plásticos Odalys Ochoa y Fred Munster, la periodista Sol García Basulto, los creadores de “Poesía sin fin”, los músicos de Omni Zona Franca, los artistas de Pro-Arte Libre, el grupo Perséfone Teatro y la actriz Iris Mariño.
Historial represivo de los cargos entrantes
Por su parte, los nuevos cargos, Hernández Oliva y Martínez Luzardo, también llegan con un historial represivo conocido. Martínez Luzardo, quien ya había sido premiada anteriormente con un puesto como diputada en la Asamblea Nacional, fue una de las funcionarias que salió a hacer frente a los participantes en la protesta pacífica ya mencionada frente al Ministerio de Cultura, en enero de 2021. Además, se encargó, junto al también recientemente promovido a la dirección del ICAIC Alexis Triana, de tergiversar los hechos ocurridos ese día, justificar y legitimar en televisión nacional la represión ejercida por los funcionarios, y realizar asesinato de la reputación contra los artistas implicados.
En el caso de Hernández Oliva vale apuntar que ha permitido y participado en incidentes de censura, criminalización y coacción contra artistas en su anterior rol de presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Mientras se encontraba en este cargo desatendió deliberadamente situaciones como la de la artista y bailarina cubana Rosmery Almeida Tapia, quien en octubre de 2022 fuera detenida por auxiliar a personas heridas en una manifestación pacífica en La Habana. Esta funcionaria fue incluso más activa en la criminalización de otros artistas miembros del CNAE como Yunior García Aguilera, luego de que el dramaturgo convocase a una Marcha Cívica en noviembre de 2021. En esta ocasión Hernández Oliva le retiró las obligaciones contractuales del gremio, desconociéndolo como institución y negando cualquier otro vínculo con él. Asimismo, ha colaborado indirectamente en la invisibilización y coerción sistemática contra grupos de teatro independiente como Perséfone Teatro, del director Adonis Milán, y Teatro Kairos LCAP, de la directora Lynn Cruz.
En lo que a la Uneac se refiere, la nueva vicepresidencia será ocupada por Resik, quien como periodista en espacios de la televisión nacional ha cimentado la narrativa oficialista promoviendo, por ejemplo, la campaña de desprestigio contra el documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar. Tanto Morlote como Resik también suscribieron el “Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países” (Cubadebate, 2022), misiva destinada a legitimar la represión contra las protestas desatadas en La Habana tras el paso del huracán Ian, y donde estos comisarios condenaban las críticas ciudadanas catalogándolas como “discursos de odio”, “difamación” y “distorsiones” de la realidad cubana.
Peraza Ferrer, por su parte se desempeñaba como jefe del Departamento del Registro del Creador Audiovisual y Cinematográficos. Desde el año 2019 y bajo el Decreto Ley 373 se crea esta dependencia controlada por el ICAIC, haciendo parte del mecanismo que filtra quién puede considerarse o no creador según su militancia en las estructuras oficialistas con previa aprobación del Comité de Admisión. El escrutinio de un aval orgánico es también parte del engranaje que posibilita y justifica la discriminación contra los artistas independientes críticos. Peraza Ferrer pasa a atender la Oficina de Atención a la Producción Audiovisual y Cinematográfica, encargada de las relaciones contractuales con los creadores o colectivos y con poder burocrático para gestionar las cuentas corrientes con las instituciones bancarias. Aunque estas dependencias fueron reclamos del colectivo de cineastas, en los últimos cuatro años no han funcionado más que como estructuras de vigilancia y control, vinculadas a la presente crisis entre profesionales y funcionariado.
El ODC recuerda que esta nueva remoción de cargos se da en un contexto marcado por constantes enfrentamientos entre el Ministerio de Cultura y el sector artístico independiente, en un escenario de incremento de la represión y demandas de cambio y autonomía, poniendo en franca crisis al sistema cultural del país. En un momento en que, tanto el Ministerio como la Uneac han sido duramente cuestionados, la dirección del Partido, agotados los recursos, no tiene más que ofrecer que un cambio cosmético. El ODC colige que no existirá variación de cuadros alguna que asegure una mejoría de esta condición, en tanto la administración cultural esté subordinada a una política autoritaria, directamente trazada desde la élite del poder y asistida por órganos represivos como el Departamento de Seguridad del Estado.
El ODC advierte que, tanto el comportamiento de los comisarios salientes como el de las nuevas encargadas, ha sido consistente con prácticas de censura y menoscabo de los derechos culturales. Sus administraciones no solamente han dejado premeditadamente desprotegidos y vulnerables a los artistas a su cargo, con quienes guardaban obligaciones contractuales y responsabilidad ética a tenor de su encargo profesional, sino que han afectado profundamente la salud de la cultura nacional y el derecho de los cubanos a percibir un arte autónomo y plural.
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“Por ahora, solamente le puedo confirmar que necesitamos todos los dólares que podamos conseguir”, dijo el coronel Antonio de la Guardia.
