El Tribunal de Apelaciones pide que se bloquee la ley
Los abogados que representan a un grupo de demandantes han pedido al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. que detenga la aplicación de una nueva ley de Florida. Esta ley impone restricciones a determinados ciudadanos no estadounidenses o residentes permanentes de China, prohibiéndoles poseer propiedades en Florida. Los abogados alegan que la ley “impone una atroz discriminación por origen nacional”.
Se presentó un extenso escrito de 57 páginas ante el tribunal de apelaciones con sede en Atlanta, en el que se expone que esta ley, aprobada en la reciente primavera por el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de mayoría republicana, no solo es inconstitucional, sino que también viola directamente la Ley Federal de Vivienda Justa (FHA). El movimiento para acudir al tribunal de apelaciones surgió después de que el juez de distrito Allen Winsor rechazara imponer una medida cautelar contra dicha ley (SB 264) en agosto.
El escrito lamenta que la legislación señale explícitamente a las personas de ascendencia china, cercenando sus derechos de propiedad. Tal medida contrasta con las intenciones de la FHA, que pretendía erradicar las prácticas discriminatorias en materia de vivienda.
Entender los matices de la ley
Aunque la ley general impone limitaciones a los ciudadanos de los países que Florida considera “países extranjeros de interés” —entre los que se incluyen naciones como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria y China—, la demanda actual se centra especialmente en las cláusulas que afectan a la población china.
Las especificaciones de la ley hacen que las personas “domiciliadas” en China sean en gran medida inelegibles para la compra de propiedades en Florida, aunque se han mencionado algunas excepciones. Se estipula que estas personas pueden adquirir una propiedad residencial, no mayor de dos acres, siempre que esté situada a más de cinco millas de cualquier base militar y posean visados no turísticos. Entre los demandantes que impugnan la ley, tres están en Estados Unidos con visado, uno solicita asilo y otro es una empresa inmobiliaria, Multi-Choice Realty, conocida por atender a una clientela china importante.
En su rechazo de la medida cautelar, el juez Winsor se refirió a decisiones anteriores del Tribunal Supremo de EE.UU., mencionando que los estados han tenido autoridad para limitar la propiedad de extranjeros dentro de sus fronteras a menos que se haga por un motivo infundado o irrazonable. Subrayó que la ley clasifica en función del domicilio y no de los orígenes raciales o nacionales.
Contexto histórico e implicaciones
Sin embargo, el escrito de los demandantes, presentado recientemente, cuestiona las conclusiones del juez Winsor, sugiriendo que el uso que la ley hace del término “domicilio” en referencia a China es un sustituto transparente del origen nacional. Dado que la gran mayoría de las personas domiciliadas en China son de origen chino, el escrito acusa al tribunal de distrito de pasar por alto el uso flagrante de sustitutos de la discriminación, una violación de precedentes establecidos desde hace mucho tiempo.
Llamando la atención sobre los prejuicios históricos, el escrito señalaba cómo la nueva ley se hace eco de las discriminatorias “leyes de extranjería” de hace más de un siglo. Estas leyes, concebidas para restringir el derecho de los inmigrantes asiáticos a poseer tierras, tenían como objetivo intrínseco disuadir a los inmigrantes asiáticos de establecerse permanentemente en EE.UU. Estas prohibiciones han sido un testimonio de la historia de discriminación racial de EE.UU. contra los estadounidenses de origen asiático.
El escrito continuaba diciendo: “El SB 264 no sólo remite a este capítulo racista de la historia estadounidense, sino que perpetúa estereotipos odiosos al tratar a los chinos como meros instrumentos del gobierno chino”.
Sin embargo, el juez Winsor, nominado por el expresidente Donald Trump, se mantuvo firme en su creencia de que los demandantes no podían probar de forma concluyente ningún motivo ilícito subyacente tras el respaldo de la Legislatura a la ley. Sostiene que no hay pruebas suficientes que apunten a un “propósito discriminatorio” sobre la base de los informes del comité legislativo presentados.
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