Un informe publicado por Prisoners Defenders arroja luz sobre la creciente crisis de derechos humanos en Cuba, revelando un alarmante aumento del número de presos políticos y de casos de violencia y tortura sancionados por el Estado. Sólo en el último mes se han añadido a la lista 31 nuevos presos políticos, con lo que el total asciende a 1.092. El informe detalla la continua represión de la disidencia por parte del régimen cubano, especialmente tras las protestas a gran escala que sacudieron la isla en julio de 2021.
Las manifestaciones masivas de 2021, que estallaron por demandas de libertad y necesidades básicas, se saldaron con la detención de entre 6.000 y 8.000 personas. Más de 2.000 fueron procesadas formalmente, y más de 1.000 recibieron penas de prisión. En marzo de 2024, la determinación del pueblo cubano no ha decaído, como demuestra el reciente aumento de las protestas pacíficas en todo el país, especialmente en ciudades orientales como Santiago de Cuba y Holguín. A pesar del carácter pacífico de estas protestas, 24 participantes fueron encarcelados, lo que indica un patrón implacable de represión.
La respuesta de las autoridades cubanas a estas protestas ha sido duramente criticada. Los vídeos que circulan por las redes sociales muestran escenas inquietantes de brutalidad policial, como agentes de Bayamo persiguiendo y agrediendo agresivamente a civiles. En marcado contraste, Beatriz Johnson Urrutia, alta funcionaria del Partido Comunista, afirmó que no había pruebas de agresión por parte de los manifestantes, una afirmación que contradice flagrantemente los relatos de testigos presenciales y las pruebas grabadas.
El informe también destaca terribles casos de tortura en las prisiones cubanas. Uno de los relatos más escalofriantes es el de Ibrahim Domínguez Aguilar, preso político de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, quien fue golpeado por siete guardias mientras estaba esposado. Asimismo, Reynier Reinosa Cabrera sufrió una brutal agresión por parte de los guardias de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana. Estos incidentes no son aislados, sino que forman parte de una práctica de tortura más amplia y sistémica que ha sido ampliamente documentada por Prisoners Defenders.
Esta crisis se extiende más allá de la violencia directa. El concepto de encarcelamiento “predelictivo”, por el que se detiene a personas no por delitos que hayan cometido sino por delitos que podrían cometer, ha atrapado a más de 11.000 personas, en su mayoría jóvenes afrocubanos. Esta política, arraigada en las prácticas discriminatorias del marco jurídico socialista, no ha disminuido a pesar de las recientes reformas del Código Penal.
A medida que aumenta la sensibilización internacional, el informe pide una reevaluación significativa de las relaciones diplomáticas con Cuba. Critica la complacencia y la hipocresía de la diplomacia internacional, argumentando que la perpetuación de los abusos contra los derechos humanos bajo el pretexto de la conveniencia política y económica es inexcusable. “No podemos hacer nada” es un estribillo utilizado con demasiada frecuencia por quienes podrían marcar la diferencia pero optan por la inacción, sugiere el informe.
Prisoners Defenders insta a la comunidad internacional a recordar estos abusos, estableciendo paralelismos con atrocidades históricas que en su día se ignoraron hasta que fue demasiado tarde. “Es imperativo e ineludible poner fin a este monstruo de barbarie y no esperar a que cambie por sí solo, por la comodidad de unas relaciones diplomáticas hipócritas”, afirma el informe, pidiendo una postura proactiva contra las violaciones de derechos humanos en Cuba.
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Por Hypermedia
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