En respuesta a la audiencia celebrada la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, las autoridades cubanas están defendiendo la existencia de su sector privado. La audiencia, dirigida por la representante republicana de EE.UU. María Elvira Salazar, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, se tituló “El mito de los nuevos empresarios cubanos: Un análisis de la política hacia Cuba de la Administración Biden”. Salazar expresó su escepticismo sobre la autenticidad del sector privado en Cuba, sugiriendo que podría ser una estratagema del régimen cubano para infiltrarse en el mercado estadounidense con millones de dólares.
Haciéndose eco de las preocupaciones de algunos activistas cubano-americanos y de sus colegas republicanos, Salazar cuestionó la independencia de las pequeñas y medianas empresas cubanas, proponiendo que podrían estar bajo un férreo control estatal y ser accesibles sólo a aquellos con conexiones de élite.
En respuesta a estas acusaciones, Johana Odriozola, viceministra de Economía de Cuba, en una entrevista a CNN en Español, hizo hincapié en la importancia del sector privado, citando como prueba más de 10 000 microempresas y pequeñas y medianas empresas. “Son personas reales, se puede hablar con ellas”, afirmó Odriozola, destacando las inversiones tangibles y el empleo que generan estas empresas.
Por otra parte, Johana Tablada, subdirectora del departamento de EE.UU. del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, criticó la premisa de la audiencia en un artículo publicado en el sitio oficial cubano de noticias, Cubadebate. Aunque reconoció la intención del gobierno de apoyar el desarrollo del sector privado, advirtió contra la injerencia de EE.UU. en los asuntos internos de Cuba.
A pesar de las restricciones impuestas recientemente y los aumentos de impuestos a las empresas privadas y sus empleados, los funcionarios cubanos insisten en que estas empresas son parte integral de la economía socialista de la isla. Desde su autorización en 2021, el gobierno ha implementado varias restricciones operativas, incluyendo topes a los empleados y limitaciones a la propiedad.
Cabe destacar que el sector privado en Cuba ahora emplea al 35% de la fuerza laboral, superando a las empresas estatales. Estos datos, presentados por el economista cubano Juan Triana, subrayan el significativo impacto de estas empresas en la economía de la isla.
La administración Biden considera el auge del sector privado, aunque bajo estrictas regulaciones, como una oportunidad para influir y apoyar la independencia cubana del control estatal. El primer ministro Manuel Marrero anunció recientemente planes para que las empresas privadas colaboren con el Estado, lo que complica aún más la valoración de su autonomía.
Odriozola defendió estas políticas, afirmando que las empresas deben atenerse a la legislación nacional y que no ha habido rechazos a registros de empresas.
Contrastando con su postura inicial, la representante Salazar pareció suavizar su posición al final de la audiencia, preguntando sobre las formas en que el Congreso podría ayudar a los cubanos no afiliados al gobierno a establecer empresas privadas.
El ex representante de EE.UU. Joe García, que habló con Salazar en el Capitolio, mencionó planes para organizar una reunión entre ella y empresarios cubanos. Sin embargo, la directora de comunicaciones de Salazar, Mariza Smajlaj, aclaró más tarde que no está prevista tal reunión con García ni con los empresarios. Salazar mantiene su escepticismo, haciendo hincapié en la necesidad de que los empresarios puedan recurrir legalmente contra el gobierno por cualquier mala práctica antes de reconocer un sector empresarial libre y justo en Cuba.
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Por Isabel Díaz
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