En los primeros meses de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha comenzado a aplicar lo que ya había anunciado como “la mayor operación de deportación interna” en la historia de Estados Unidos. La administración afirma que estas medidas—que incluyen cientos de vuelos de deportación y la invocación por parte de Trump de la poco utilizada Ley de Extranjeros Enemigos de 1798—son necesarias para frenar la inmigración irregular hacia el país. Según los expertos, los países receptores probablemente están recibiendo presiones económicas y políticas por parte de Estados Unidos para aceptar a los deportados.
¿Qué está ocurriendo?
Desde que Trump asumió el cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a ciudadanos no estadounidenses mediante vuelos chárter y comerciales, aunque se desconoce el número exacto de migrantes. Según datos de Witness at the Border, un grupo estadounidense de defensa de los migrantes, desde principios de año se han realizado más de 350 vuelos de deportación [PDF]. Algunos de ellos utilizaron aeronaves militares, cuyo uso fue suspendido a comienzos de marzo por resultar caro e ineficiente, según informó el Wall Street Journal. De acuerdo con ICE, el coste medio por hora de un vuelo chárter estándar es de 8.577 dólares, y puede alcanzar casi los 27.000 dólares en el caso de vuelos “especiales de alto riesgo”, dependiendo de los requisitos de la aeronave.
La deportación más destacada tuvo lugar el 15 de marzo, cuando Trump invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para deportar a El Salvador a más de doscientos presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, designada como organización terrorista por Estados Unidos. (Según informes, el gobierno estadounidense ha presentado pocas pruebas sobre la supuesta pertenencia de estas personas al grupo.) Trump había prometido durante su campaña presidencial que invocaría esta ley—una autoridad de tiempos de guerra que le otorga amplios poderes para detener, reubicar o deportar a ciudadanos extranjeros de países considerados adversarios—para erradicar a los inmigrantes indocumentados. Un juez federal bloqueó temporalmente la medida, pero el caso llegó al Tribunal Supremo, que revocó la decisión y permitió que la administración Trump continuara con las deportaciones.
Estas deportaciones forman parte de la promesa de Trump de actuar con firmeza contra la inmigración no autorizada, que él califica de “invasión”. Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump y exdirector interino del ICE (2017–2018), declaró que la política de deportación de la administración da prioridad a la expulsión de personas con antecedentes penales y de aquellas consideradas amenazas para la seguridad nacional.
Sin embargo, las cifras de deportaciones no son tan altas como se esperaba. Según datos federales, aunque los cruces fronterizos han caído en picado, la administración Trump deportó a menos personas en febrero de 2025 que la administración de Joe Biden en febrero del año anterior. Biden deportó aproximadamente a cuatro millones de personas durante su mandato, frente a los casi tres millones expulsados por su predecesor, Barack Obama, a quien con frecuencia se apodaba “el deportador en jefe”. Los expertos señalan que el alto número de deportaciones bajo Biden se debió probablemente a que la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos fue mucho mayor.
Estos son los países que han recibido vuelos de deportación
Durante las visitas realizadas en febrero, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio alcanzó acuerdos con El Salvador y Guatemala, que accedieron a aceptar vuelos de deportación tanto de sus propios ciudadanos como de personas de otras nacionalidades. Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Honduras, India, México y Panamá también han aceptado recibir vuelos de deportación desde Estados Unidos o ya los han recibido. Lo mismo ocurre con Venezuela. (Caracas había dejado de aceptar estos vuelos después de que Washington anunciara nuevas sanciones al sector petrolero venezolano, y solo reanudó su cooperación tras el traslado de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador por parte de Estados Unidos).
Mientras tanto, varios centenares de migrantes—en su mayoría venezolanos—han pasado por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, establecida por Estados Unidos para detener a presuntos terroristas y combatientes enemigos tras los atentados del 11-S. A finales de marzo, la administración Trump envió a un nuevo grupo de migrantes a esta base, en espera de su deportación.
Algunos países, como Colombia y Panamá, han declarado que están proporcionando a los migrantes alimentos, agua y atención médica, además de la posibilidad de solicitar asilo con la ayuda de agencias de Naciones Unidas. Sin embargo, persisten las preocupaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre el trato que reciben los migrantes al llegar a otros países, como El Salvador, donde algunos deportados han sido enviados a la tristemente célebre megacárcel del país—utilizada por el presidente Nayib Bukele en su campaña contra las pandillas.
La administración Trump también estaría negociando acuerdos con varios otros países, incluidos algunos de África, Asia y Europa.
¿Cuál ha sido la respuesta?
Muchos migrantes se dirigen a Estados Unidos para huir de la pobreza, la violencia, la inestabilidad política y otras formas de precariedad, y los expertos señalan que muchos países no están preparados para recibirlos de vuelta.
Algunos países receptores han aceptado acoger a los deportados por Estados Unidos probablemente por las presiones económicas y políticas ejercidas por la administración Trump. A finales de enero, Colombia impidió el aterrizaje en su territorio de dos aviones militares con deportados estadounidenses, pero luego revocó su prohibición tras una amenaza de Trump de imponer fuertes aranceles de represalia a las importaciones colombianas.
A nivel interno, la agenda de deportaciones de la administración Trump ha encontrado resistencia. Expertos legales afirman que las políticas de la Casa Blanca carecen de transparencia y han cuestionado la autoridad de la administración para deportar migrantes sin el debido proceso, mientras que varias organizaciones de derechos humanos han interpuesto demandas. En abril, la administración Trump reconoció en una declaración judicial haber cometido un “error administrativo” al trasladar el mes anterior a un hombre de Maryland a una prisión en su país de origen, El Salvador, pero alegó que no podía garantizar su retorno dado que ya no se encontraba bajo custodia estadounidense.
* Artículo original: “Here’s Where Trump’s Deportations Are Sending Migrants”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
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